El Consejo del Pueblo Maya se opone a la creación de una Superintendencia Nacional del Agua

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se reunió en 2025 con autoridades indígenas, organizaciones y otros sectores de la sociedad civil para la elaboración de la propuesta de la Ley de Aguas en Guatemala, con el objeto de escuchar los aportes desde sus experiencias y saberes para la construcción de esta normativa, orientada hacia el bien común.

El ejercicio realizado con las comunidades solo fue un trámite. Después de conocerse la propuesta que el gobierno de Bernardo Arévalo busca presentar al Congreso, algunas organizaciones como el Consejo del Pueblo Maya (CPO) afirman que el borrador es una muestra de que se busca privatizar el agua porque buscan crear otra entidad para regular este bien común.

Una Superintendencia Nacional del Agua 

La preocupación según ha externado CPO, es que en el artículo dos de la propuesta, se buscará crear la Superintendencia Nacional del Agua como ente rector en materia de aguas, con las funciones y atribuciones establecidas en esta ley. “No quisiéramos que el agua se privatice como se podría hacer con la ley que está planteando porque dice que habrá una Superintendencia… El gobierno para esta iniciativa hizo reuniones regionales, prácticamente no se consensuó con toda la población; consideramos que estas decisiones se deben realizar de una manera integral, donde se consoliden las propuestas o puntos de vista de nuestras comunidades”, dijo María Isabel Gómez, integrante de esa organización maya. 

Esta nueva entidad reguladora, según la propuesta “diseñará y ejecutará una estrategia nacional para la construcción de una cultura del agua que favorezca el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, acompañe a los usuarios, a las comunidades y a los diversos sectores de la población en la búsqueda y puesta en práctica de tecnologías, formas novedosas, culturalmente pertinentes y al alcance de todos que den solución a problemas concretos planteados por la sociedad y por la gestión del agua, que valore la ciencia y los conocimientos y saberes locales, ancestrales y tradicionales, y sirvan para dar a conocer y replicar mejores prácticas”, tal como cita el artículo 13.

“Estuvimos participando y dimos nuestras propuestas claras y definidas, pero ahora que vemos el borrador, lamentablemente no está acorde con la base de datos recolectada de las regiones, no están tomados en cuenta nuestros aportes, sólo levantaron la información pero no está en la iniciativa de ley. Además, lo que nos preocupa es que la propuesta menciona que se va a crear una superintendencia de Aguas”, señaló Pedro Chacaj de Coordinación Política del CPO. 

“Lo que queremos es desmercantilizar el agua, porque el agua es un bien natural y comunitario según nuestra cosmovisión maya, por eso se sigue con la protección, el cuidado desde nuestras comunidades, no queremos que se privatice como podría ser en la ley que se está planteando, ya que propone una Superintendencia que administrará el agua. Entonces al final, se respondería a empresas nacionales y transnacionales”, detalló Gómez de la dirección política de CPO. 

En análisis 

En la organización comunitaria de los 48 Cantones de Totonicapán se indicó que se ha conformado una comisión para revisar esta propuesta del Ejecutivo, ya que el año pasado fueron convocados a participar en las mesas de diálogo por lo que deben revisar su contenido, ya que como organización tienen sus propios métodos comunitarios para resguardar el vital líquido. Afirman que será hasta que se concluya la revisión que posiblemente se pronuncien. 

La organización Tz’unun Ya’ de San Pedro La Laguna en el departamento de Sololá, afirmó que han realizado algunas sesiones con expertos para analizar la propuesta y que todavía tienen “dudas en cuanto a los vacíos sobre el Derecho Humano al Agua y los Pueblos Indígenas”, detalló Josué Chavajay de la referida organización. 

Asimismo, afirma que no han establecido una posición binaria de estar a favor o en contra: “consideramos que este momento es una oportuna ocasión para promover una iniciativa de gran alcance. Sin embargo, debe ser un instrumento que fomente la gestión participativa, priorice los derechos humanos, respete las formas propias de los pueblos en términos de gestión y cuidado del agua, busque revitalizar los cuerpos de agua y tenga en cuenta la consulta con los pueblos originarios”, enfatizó Chavajay. Agregó que por lo tanto deben examinar cómo quedó la propuesta final. 

Una convocatoria cerrada 

Según Tz’unun Ya´, la convocatoria fue únicamente en redes sociales, pero consideran que esto no resultó muy eficaz, ya que en el caso de ellos nunca les confirmaron si se habían inscrito y que en el caso de Sololá se cambiaron las fechas de las sesiones tres veces. 

“Hubo una percepción que se señaló: que la convocatoria fue selectiva, realizada por redes sociales, a las cuales muchas personas, autoridades indígenas y líderes comunitarios no tienen acceso. La estrategia fue percibida como “cerrada”

Otra de las precauciones en este tema, según Chavajay, es “que la Ley de Aguas se convierta únicamente en el motor para los grandes negocios, y que unos pocos terminen monopolizándola en lugar de estar al servicio de la vida. Que la ley permita el uso legal del agua para monocultivos, minería e hidroeléctricas”. 

Afirma que el desafío más importante en la iniciativa “es robustecer los procedimientos de democratización de la gestión del agua y de la política. Otro gran reto es cómo incorporar en el proyecto legislativo que el agua es un ser vivo con derechos y hacerla realidad en la práctica”, puntualizó Chavajay. 

Para Tz’unun Ya’ la propuesta se inclina también al modelo de alianza público-privada, pero considera que este modelo no ha tenido éxito. “En otros países, donde han privatizado la gestión del agua, se están esforzando por regresar a la gestión pública, dado que el mercado no puede manejar el agua por ser un recurso esencial. El mercado tiene la capacidad de proporcionar alternativas en términos de asequibilidad y accesibilidad para obtener un teléfono, un vehículo o Internet. Sin embargo, si el agua es regulada por estas lógicas, sólo aquellos con recursos económicos podrían acceder a ella”, detalló Chavajay de dicha organización. 

La Superintendencia de Agua 

En la propuesta se logra leer que el objetivo principal es normar, ordenar, administrar, planificar y coordinar el uso, aprovechamiento, goce y protección de las aguas en función del interés social, preservando el carácter de bien público, inalienable e imprescriptible del agua. 

Parte de las funciones de la Superintendencia también es garantizar el ejercicio del derecho humano al agua a todos los habitantes de la República. Asegurar la disponibilidad de agua para garantizar el derecho humano a este recurso, las actividades productivas y para los sistemas naturales proveer un marco jurídico que concilie y dé certeza a los diversos usos y aprovechamientos del agua. 

CPO presenta propuesta 

El CPO recientemente hizo pública una propuesta política para “transformar de raíz la gestión del agua en Guatemala, planteando un modelo que prioriza el bienestar colectivo por encima del lucro y reconoce el agua como vida y como un derecho fundamental”.

La propuesta según representantes de la organización, se posiciona frente a la “mercantilización del agua” y apuesta por una gestión comunitaria, democrática y plurinacional, orientada al Buen Vivir y al servicio de las mayorías históricamente excluidas. El modelo se sustenta en la filosofía, cosmovisión y experiencia histórica del Pueblo Maya en el cuidado, protección y administración del agua, a través de sistemas comunitarios propios, normas colectivas y autoridades legítimas”, dieron a conocer durante una conferencia de prensa en Quetzaltenango. 

La propuesta se centra en “el reconocimiento jurídico de los sistemas comunitarios de agua, la participación vinculante de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, la protección integral de cuencas y nacimientos, así como la priorización del uso del agua para la vida, la alimentación y la reproducción de las comunidades. Asimismo, la propuesta plantea el reconocimiento del agua como sujeto de derechos”, según un comunicado de CPO. 

El CPO informó que tras dar a conocer la propuesta que han elaborado, el MARN tuvo una reunión de acercamiento con ellos por medio del viceministro de Aguas, Jaime Carrera, con quien se reunieron en Quetzaltenango el 12 de febrero. 

Fuente: Prensa Comunitaria