Guía para la lucha campesina: Declaración por los Derechos Campesinos para enfrentar el saque neoliberal
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) es nuestra arma legal. La Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó en diciembre de 2018. Ecuador la ratificó mediante resolución de la Asamblea Nacional (RL-2021-2023-156) el 18 de abril de 2023, gracias al impulso de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro y la Plataforma por los Derechos Campesinos y la Soberanía Alimentaria.
El 18 de diciembre de 2018 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración de la ONU de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales”, como resultado del trabajo paciente de incidencia, durante 17 años, de campesinos y campesinas de todo el mundo, miembros de “La Vía Campesina”, LVC.
En Ecuador, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, CNC-EA, filial de la CLOCLVC, junto a otras organizaciones campesinas nacionales impulsamos acciones de incidencia en la Asamblea Nacional, demandando su ratificación y plena vigencia de esta declaratoria en nuestro país; lo que finalmente ocurrió en la sesión del el pleno de la Asamblea Nacional del 18 de abril de 2023, la que ratificó su transversalidad en todos los niveles del Estado y un insumo importante para la elaboración de nuevas leyes relacionadas con el sector agrario de Ecuador.
¿REALIDAD CAMPESINA?
Somos mujeres y hombres del campo ecuatoriano, presentes en la Sierra, la Costa y la Amazonía. Cultivamos los alimentos que sostienen al país: papa, maíz, frijol, yuca, plátano, arroz, cacao, café, hortalizas, entre otros; criamos animales menores y ganado y producimos leche y derivados lácteos que garantizan la soberanía alimentaria del Ecuador.
En nuestros territorios rurales, cerca del 43,3% de la población vive en pobreza por ingresos, reflejo de una desigualdad estructural que golpea con más fuerza al campo. Mientras un reducido grupo de haciendas y agroindustrias concentra la tierra fértil y el agua para monocultivos de exportación, se desplaza la producción campesina de alimentos y se amplía la brecha entre el campo y la ciudad.
A ello se suman el avance del extractivismo petrolero y minero, junto con las economías criminales vinculadas al narcotráfico, que se aprovechan de la desprotección estatal, vulneran derechos colectivos y ponen en riesgo la vida, la autonomía y los territorios de nuestras comunidades. Las mujeres y los hombres del campo somos sujetos de derechos.
Dos marcos jurídicos nos amparan: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) y la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008 y ratificada por consulta popular el 16 de noviembre de 2025, en cuyo artículo 11, en el numeral 3, establece: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte...”
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