La inmediatez a cambio de nuestro futuro: el intento de privatización del agua en Jalisco

En Jalisco, intentaron acostumbrarnos a ver agua café salir del grifo. Cada vez que las personas organizadas del Área Metropolitana de Guadalajara han alzado la voz, el desgobierno del señor Pablo Lemus ha encontrado un pretexto nuevo para justificar su negligencia: cuando las y los vecinos reclamaron por el fétido olor del agua, el Gobierno respondió que ello no implicaba un riesgo para la salud; cuando la gente se quejó del aumento en la tarifa del agua, las autoridades lo justificaron prometiendo una mejora en el servicio que nomás no llega; cuando las organizaciones exigieron la emisión de una alerta sanitaria, los que habitan Casa Jalisco respondieron que no existía un aumento atípico de enfermedades, aunque al mismo tiempo recomendaron no beber, cocinar ni cepillarse los dientes con el agua del SIAPA; cuando la sociedad en su conjunto exigió una solución, el Gobierno de Jalisco anunció un plan de más de treinta acciones que, es día, nadie conoce.

Al gobernador no le han faltado explicaciones; esas siempre le sobran. Lo que le ha faltado a su gobierno, pese a la “responsabilidad histórica” que él mismo afirmó asumir, es un diagnóstico serio, público y sustentado en evidencia. A la gente, mientras tanto, le ha faltado —y le sigue faltando— agua limpia.

Y no se trata de una inconformidad reciente ni de casos aislados: entre 2020 y enero de 2026, el propio SIAPA recibió 9 mil 148 reportes ciudadanos por mala calidad del agua, un promedio de seis al día. Además, se han documentado reportes de agua sucia provenientes de 208 colonias distintas.

A la crisis del agua le antecede una crisis todavía más profunda: la crisis política. Este problema no comenzó cuando las fotografías del agua café se hicieron virales, comenzó mucho antes: con el deterioro sistemático del SIAPA, su debilitamiento técnico y la opacidad con la que se han administrado sus recursos.  Las contrataciones irregulares, el tráfico de influencias denunciado, los abusos de facultades, el uso partidista de los cargos y recursos públicos y las relaciones entre el gobierno y sus auspiciadores electorales hacen que hoy el agua en Jalisco y el organismo metropolitano encargado del agua vivan una crisis.

El saqueo institucional ha debilitado la capacidad operativa del organismo y, en consecuencia, su aptitud real para garantizar a la gente el acceso material al agua de manera segura. Entonces, al reconocer que este Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar que el agua destinada al uso personal y doméstico sea suficiente, salubre, aceptable y asequible, la gestión de este recurso se convierte en una responsabilidad de Estado. Quien no pueda gestionarla, que dé un paso al costado.

La crisis tampoco puede atribuirse únicamente a una supuesta falta de dinero. Entre 2023 y 2026, el presupuesto anual del SIAPA registró un crecimiento nominal continuo: pasó de aproximadamente 5 mil 504 millones de pesos en 2023 a 6 mil 350 millones en 2026. Todo ello antes de que el Gobierno estatal le reasignara más de mil millones adicionales en medio de la crisis por la calidad del agua.

El problema, entonces, no sólo radica en cuánto dinero ha recibido el organismo, sino cómo lo ha administrado y cuáles han sido sus prioridades. Ejemplo de esto último es uno de los primeros escándalos del sexenio que, con mucha claridad, describió muy precisamente esa descomposición: Elizabeth Castro figuraba como asesora técnica del director del SIAPA y percibía 73 mil 784 pesos mensuales, pese a reconocer públicamente que no desempeñaba sus funciones dentro del organismo y a no contar con el perfil técnico requerido para el cargo. Meses después, la Contraloría estatal determinó que su contratación constituía una presunta falta administrativa grave y solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa sancionarla. Mientras el agua llegaba turbia a los hogares y las redes de drenaje de la ciudad envejecían sin mantenimiento suficiente, el SIAPA seguía encontrando recursos para pagar salarios elevados, contrataciones cuestionadas, servicios privados y deudas acumuladas.

A pesar de todo ello, la respuesta de las autoridades no deja de repartir culpas y pedir más dinero para ejecutar obras que, aunque reconozcamos que puedan ser necesarias, pretenden financiarse bajo las mismas condiciones de opacidad con las que este cúpula partidista que dice gobernar Jalisco opera. Las pruebas son claras: las auditorías externas al SIAPA encontraron que, entre 2023 y 2025, se adjudicaron directamente contratos de obra por más de 692 millones de pesos. En materia de compras, también se identificaron 47 contratos entregados sin licitación por 224 millones de pesos; según la propia auditoría, esto implicó que se pagaran precios más altos y se recibieran bienes y servicios de menor calidad.

La ruta ‘emecista’ por la privatización en Jalisco es fácilmente identificable: debilitar progresivamente la capacidad de una institución pública y después presentar al capital privado como su única posibilidad de salvación. Quieren achicar al Estado y privatizar de facto lentamente, instaurando de a poco el discurso de la virtual eficiencia del sector privado. Tienen una receta bien estudiada:

Primero, se incrementa el gasto burocrático y se ocupan puestos estratégicos con perfiles subordinados a relaciones partidistas y sin preparación técnica; después, transfieren funciones a empresas privadas, aunque el Estado ya cuente con personal para desempeñarlas; paralelamente, reducen el dinero destinado a renovar la infraestructura que sostiene materialmente el servicio; y, por último, proponen que los privados tomen posesión de la prestación, pues el Gobierno está rebasado para seguirla desempeñando. Así privatizaron el transporte público, el alumbrado, la recolección de basura, la obra pública y, ahora, intentan hacer lo mismo con el agua.

Así funciona la mercantilización del ejercicio de un derecho: las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Primero se administra deficientemente para eventualmente responsabilizar a las personas usuarias, incrementarles las tarifas y contratar empresas para “arreglar el problema”. Al final, cuando el sistema está endeudado, desacreditado y materialmente deteriorado, se afirma que la única salida posible es cederle el servicio a la iniciativa privada. En el inter se nos va la vida, y así es como lo justifican.

Si bien las preguntas de quién diseñará las obras, quién recibirá los contratos, cómo se adjudicarán y quién terminará pagándolas son fundamentales, no podemos dejar de preguntarnos primero: después de todo esto, ¿quién sale ganando? Pedir miles de millones sin un diagnóstico público, un programa técnico completo y mecanismos efectivos de vigilancia es exigir un cheque en blanco que, después de años de opacidad y abandono, el Gobierno de Pablo Lemus no merece.

Las personas en Jalisco exigen que su Gobierno no actúe contigentemente pensando en su popularidad como norte de sus decisiones. La gente pide que quienes gobiernen tengan altura de miras y visión de Estado, no sed insaciable de likes.

Frente a esta serpiente que se muerde la cola —un Gobierno que debilita lo público para después justificar su entreguismo privatizador—, la organización popular y una oposición verdaderamente crítica son el principal contrapeso. La frivolidad de los políticos del espectáculo, más preocupados por administrar sus Instagrams que por asumir responsabilidades de Estado, pone en riesgo derechos conquistados y las condiciones materiales necesarias para vivir con dignidad. La crisis del SIAPA forma parte de una disputa más amplia, más grande: la lucha por la vida, en dignidad.

La crisis del agua en Jalisco demuestra que la defensa del territorio, del suelo, de la vida y de lo común exige organización, participación popular y control público sobre las decisiones que afectan la vida cotidiana de todas y todos. El pueblo de Jalisco tiene tiempo que lo entendió y, como decía José Joaquín Fernández de Lizardi: “Una vez que la luz de la libertad ya rayó en los pueblos; es imposible el extinguirla.” 

Fuente: Diario Red