Manifiesto por una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados

Comer bien no puede depender del código postal, del salario o de la suerte. En una sociedad democrática, la alimentación debe ser reconocida y garantizada como un derecho fundamental, al mismo nivel que la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Sin embargo, millones de personas en España no pueden acceder de forma regular a una alimentación saludable porque no pueden pagarla. Mientras el precio de los alimentos básicos aumenta por encima del coste de la vida, las familias sustituyen frutas, verduras, pescado, aceite de oliva o carne por productos más baratos y de peor calidad nutricional. La consecuencia no es solo pobreza: es enfermedad, desigualdad y pérdida de calidad de vida.

No falta comida. Lo que falta es garantizar el acceso a una alimentación digna.

Durante décadas hemos aceptado que el abastecimiento alimentario dependa casi exclusivamente de grandes cadenas de distribución cuyo objetivo legítimo es obtener beneficios. Ese modelo ha generado importantes avances logísticos, pero también una enorme concentración de poder económico, una creciente presión sobre agricultores y ganaderos, el cierre del comercio alimentario de proximidad y una dependencia excesiva de unos pocos operadores privados para algo tan esencial como comer.

La alimentación no puede tratarse únicamente como un mercado. Es un bien común.

La Red Pública de Supermercados: la propuesta de Justicia Alimentaria

Para que la justicia alimentaria deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una realidad material, organizaciones como Justicia Alimentaria defienden la necesidad de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados. Esta propuesta no busca sustituir al sector privado, sino establecer un «suelo mínimo de garantía alimentaria», bajo la premisa de que comer bien no puede depender del código postal o del nivel de ingresos.

Bajo este modelo, la intervención pública se justifica a través de varios ejes transformadores:

La alimentación como un bien común y servicio público: Del mismo modo que el Estado garantiza hospitales o escuelas para asegurar derechos fundamentales, debe proveer una infraestructura pública que garantice el acceso universal a alimentos frescos, saludables y asequibles. La alimentación no puede quedar exclusivamente en manos de un oligopolio de grandes cadenas cuyo único fin es el beneficio financiero.

La prioridad debe ser garantizar alimentos sanos a precios justos. Además, estos espacios deberían priorizar la compra local, la producción de proximidad, el apoyo a la agricultura campesina y, progresivamente, los productos ecológicos. No como un lujo elitista, sino como parte de una transición alimentaria necesaria.

Pero el modelo debe ir mucho más allá de la venta. Estos supermercados públicos podrían incorporar cocinas comunitarias vinculadas a la compra pública alimentaria, escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales. Cocinas capaces de elaborar comida saludable para equipamientos públicos mientras generan empleo digno y arraigo territorial.

Además, el supermercado público debe insertase en toda una red de infraestructuras públicas que funcione con unas lógicas diferentes a las oligopólicas actuales, de esta manera se generan las sinergias y economías de escala necesarias para que el modelo pueda funcionar. Estamos hablando de centros de acopio, centrales de compra, obradores públicos-comunitarios, cocinas centrales, etc. Es necesario repensar la red de distribución alimentaria y recuperar su control público y social. La parte final de la cadena alimentaria, el lugar donde alimento y consumo se encuentran es trascendental pero no hay que olvidar el resto. Estamos hablando de hubs alimentarios al servicio del derecho a una alimentación adecuada, a las antípodas de la situación actual.

También deberían ser espacios de formación y vida comunitaria. Lugares donde aprender a cocinar, entender el etiquetado, recuperar la cultura alimentaria o desarrollar actividades educativas para niños y niñas. Porque alimentarse no es solo consumir calorías; es construir salud, comunidad y territorio.

En ese sentido, el supermercado público no debería parecerse a un hipermercado anónimo, sino a una mezcla entre mercado municipal, centro comunitario y servicio público alimentario. La gestión tampoco puede reproducir los errores de la privatización clásica. El modelo más interesante sería una fórmula público-comunitaria. El ayuntamiento definiría las reglas del juego mediante concesiones de larga duración  estableciendo cláusulas claras: porcentaje de compra local, condiciones laborales dignas, presencia de productos frescos, criterios ecológicos, límites comerciales o políticas de acceso social.

Por eso proponemos abrir un nuevo camino.

Reclamamos la aprobación de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados, una infraestructura pública que garantice el acceso universal a alimentos saludables, frescos y asequibles, fortaleciendo al mismo tiempo la producción local y recuperando espacios públicos hoy abandonados.

No se trata de sustituir al comercio privado ni de eliminar la competencia. Igual que la sanidad pública convive con la privada y la escuela pública con la concertada y la privada, una red pública de supermercados establecería un suelo mínimo de garantía alimentaria para toda la ciudadanía.

Estos establecimientos tendrían una misión de servicio público:

• garantizar precios justos para los alimentos básicos;
• priorizar productos frescos, saludables, de temporada y de proximidad;
• establecer relaciones estables con agricultores, ganaderos y pescadores locales;
• reducir intermediarios innecesarios;
• ofrecer transparencia en la formación de los precios;
• impulsar empleo digno y de calidad;
• asegurar el acceso a la alimentación en barrios vulnerables, pueblos y zonas rurales.

España dispone, además, de una ventaja extraordinaria: una extensa red de mercados municipales e infraestructuras públicas infrautilizadas que pueden recuperarse y adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Allí donde hoy existen edificios vacíos, mercados deteriorados o espacios abandonados, pueden surgir auténticos centros públicos de alimentación capaces de abastecer a los barrios, apoyar a la economía local y convertirse nuevamente en lugares de encuentro ciudadano.

No partimos de cero. Existen experiencias nacionales e internacionales que demuestran que es posible combinar eficiencia económica, precios asequibles y servicio público. También sabemos que comprar a gran escala, reducir intermediarios y orientar la gestión al interés general permite contener precios sin renunciar a la calidad.

Esta propuesta no responde únicamente a una necesidad económica. Es una apuesta democrática.

En un contexto marcado por la emergencia climática, la pérdida de agricultores, la concentración empresarial y el incremento de la desigualdad, garantizar el derecho a la alimentación es una obligación de las instituciones públicas.

Del mismo modo que nadie cuestiona que el Estado garantice hospitales o escuelas, ha llegado el momento de garantizar una infraestructura pública capaz de asegurar el acceso a alimentos saludables para todas las personas.

Por todo ello, solicitamos al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a los partidos políticos y a los Gobiernos autonómicos y ayuntamientos:

• ⁠La elaboración y aprobación de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados;
• ⁠un plan de transformación de los mercados municipales en nodos públicos de alimentación;
• ⁠la colaboración entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para desarrollar esta red y financiación;
• ⁠mecanismos de compra pública que fortalezcan la agricultura, la ganadería y la pesca de proximidad.

La alimentación no puede seguir siendo un privilegio.

Es un derecho.

Y los derechos se garantizan con políticas públicas.

Por ello invitamos a organizaciones sociales, asociaciones vecinales, sindicatos, cooperativas, productores, profesionales de la salud, universidades, entidades locales y a toda la ciudadanía a adherirse a este manifiesto e impulsar una gran campaña de apoyo social.

Justicia Alimentaria promoverá la recogida de firmas y adhesiones para trasladar esta propuesta al Parlamento y abrir un debate imprescindible sobre el futuro de nuestro sistema alimentario.

Porque ningún país puede llamarse verdaderamente justo mientras una parte de su población no pueda permitirse comer de forma saludable.

Es hora de construir una red pública de alimentación al servicio de las personas.

Fuente: Justicia Alimentaria