Paraguay profundiza la «cooperación hídrica» con Israel y pone en riesgo la soberanía
El Gobierno paraguayo avanza en una agenda de cooperación con Israel para la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los desafíos del Chaco. La iniciativa abre interrogantes sobre el modelo de desarrollo que se busca impulsar, el control de un recurso estratégico y las implicancias políticas de esta alianza.
Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la cooperación incluye el intercambio técnico para fortalecer la gobernanza y la operación de los servicios de agua potable y saneamiento, además de un bloque específico sobre el Chaco paraguayo. Por su parte, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) anunció que la gestión hídrica ocupa un lugar central en la agenda bilateral, junto con la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la producción sostenible.
La experiencia israelí en zonas áridas es presentada como una oportunidad para enfrentar los problemas de acceso al agua. Sin embargo, la cooperación tecnológica no puede analizarse al margen de las relaciones de poder, los intereses económicos y las consecuencias sociales y ambientales de las políticas hídricas. En el Chaco, donde el acceso al agua segura sigue siendo una deuda histórica, resulta fundamental preguntarse quiénes definirán las prioridades, quiénes se beneficiarán de las inversiones y cómo se garantizará el derecho al agua de las comunidades indígenas y campesinas frente a las presiones del agronegocio y la expansión de actividades extractivas.
A nivel global, organizaciones sociales, comunidades locales y académicos advierten que la cooperación hídrica internacional puede contribuir a la privatización y mercantilización del agua, convirtiendo un derecho humano en un bien de consumo. Entre los cuestionamientos se encuentra la dependencia tecnológica y económica que pueden generar los sistemas patentados, cuando su mantenimiento, sus repuestos y su gestión quedan sujetos a contratos con proveedores extranjeros.
También se señala el uso de la tecnología hídrica como instrumento de «diplomacia del agua» y poder geopolítico, capaz de mejorar la imagen internacional de los Estados cooperantes, fortalecer alianzas políticas y abrir mercados para sus empresas. En regiones vulnerables, estos proyectos pueden beneficiar principalmente a grandes corporaciones agroindustriales y extractivas, con capacidad económica para acceder a tecnologías costosas, mientras las comunidades indígenas y campesinas continúan enfrentando barreras para acceder al agua y participar en las decisiones sobre su gestión.
La profundización de estos vínculos también tiene una dimensión política ineludible. El acercamiento se produce mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu enfrenta graves acusaciones internacionales por los crímenes cometidos contra el Pueblo Palestino, en el contexto del genocidio en Gaza. En este escenario, presentar la cooperación como una cuestión exclusivamente técnica invisibiliza las responsabilidades políticas y éticas que implica fortalecer las relaciones con el Estado israelí.
El agua es un derecho humano y un bien común, no solamente un recurso para la eficiencia productiva. Cualquier iniciativa en el Chaco debe garantizar la gestión pública y transparente, la participación efectiva de las comunidades afectadas y la protección de los territorios y ecosistemas. La urgencia de garantizar agua segura no puede convertirse en una justificación para profundizar modelos de desarrollo que reproduzcan desigualdades ni para ignorar las consecuencias de las alianzas políticas del Estado paraguayo.
Defender el derecho al agua implica también defender la soberanía del Paraguay sobre sus bienes comunes, garantizando que su gestión responda a las necesidades de la población y no a intereses externos o privados.
Fuente: BASE Investigaciones Sociales
