REDD+ Jurisdiccional como condición para acceder a derechos

Costa Rica fue el primer país de América Latina y el Caribe en recibir pagos del Banco Mundial como parte del programa nacional de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques, más conocido como REDD+ Jurisdiccional. De hecho, el país se presenta como líder en ese tema. (1) Como parte de la propaganda oficial, el gobierno afirma que un porcentaje de los fondos son distribuidos entre las comunidades indígenas que protegen los bosques. (2) Sin embargo, la realidad es distinta. En la última década, el estado nacional ha reducido la inversión en salud, vivienda, educación y otros derechos básicos para la población. Y, en los territorios indígenas, ha condicionado los recursos a la aceptación de REDD+ por parte de las comunidades. Es decir, si no aceptan REDD+, no hay fondos para garantizar los derechos más elementales, incluido el derecho al territorio.

En el país hay presencia de ocho Pueblos Indígenas (Gnobes, Huetar, Chorotegas, Borucas, Broran, Maleku, Cabécar y Bribris) distribuidos en 24 territorios, los cuales tienen la mayor parte de su área de bosque primario o en regeneración. Los territorios más extensos en bosques y proporción del país corresponden a los Cabécares y a los Bribris. El Territorio Indígena Bribri se ubica en el sureste del país, entre la costa Atlántica y el Parque Internacional La Amistad, con una extensión en superficie de 43.690 hectáreas. 

En este artículo, Emmanuel Buitrago Páez, Bribri de Talamanca y miembro coordinador del colectivo Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) —que representa a ocho Pueblos Indígenas de al menos 15 territorios—, cuenta sobre la lucha que llevan adelante para resistir la presión del Estado, que busca someter a los bosques y sus comunidades a los intereses de las empresas contaminantes que están detrás de REDD+ y los mercados de carbono. 

Comunidades en resistencia

Soy Emmanuel Buitrago Páez, del clan Indígena Kólkuák, en el Territorio Indígena Bribri de Talamanca. Ahí vivimos 32 comunidades, distribuidas en clanes que son núcleos de familias, en donde más del 80 por ciento son productores de la tierra. Producimos de forma orgánica banano, plátano y cacao, para el comercio, además de muchos otros productos para el intercambio y consumo. Estando en la frontera con Panamá, tenemos los cinco ríos más importantes de la frontera: Coén, Lary, Tlírí, Urén y Yorki, que unidos forman el río fronterizo Sixaola. Por una estrecha relación con la espiritualidad Sibö/Dios, Iiria/Tierra, más del 70 por ciento de nuestro territorio tiene bosques o está en producción orgánica. 

En este territorio nos hemos posicionado de forma dura en contra del REDD+. Denunciamos que el gobierno de Costa Rica impone modelos de conservación y financiamiento que representan una amenaza para los Pueblos Indígenas, y avanza con sus planes de mercantilización y privatización de los bienes comunes. Eso lo hace por medio de coerción y violencia estructural contra quienes luchamos por defender la tierra, los ríos, las costas y bosques, y reafirmar los derechos a la salud, la educación y la vivienda. 

A los Pueblos Indígenas no nos hace falta REDD+ para proteger los bosques. Tenemos una experiencia extraordinaria de cuidado de los bosques porque éstos están vinculados a nuestra propia vida y espiritualidad. Sin embargo, algunos dirigentes indígenas, presionados por los recortes económicos del estado, terminaron por aceptar los fondos ofrecidos vía REDD+. Mientras, las comunidades siguen sin conocer la verdad sobre el programa: no se informa de dónde viene, quién financia, cómo llegan esos financiamientos y bajo qué condiciones.

De ese modo, esta iniciativa generó divisiones en diversas comunidades indígenas del país debido a los desacuerdos en cuanto a criterios y posiciones sobre las negociaciones, desestabilizando la gobernanza comunitaria y haciéndola perder credibilidad. 

REDD+ Jurisdiccional: el chantaje del estado 

En 2008, Costa Rica fue seleccionada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), del Banco Mundial, con el propósito de iniciar la preparación para implementar el programa REDD+ Jurisdiccional. (3) Desde ese momento, muchas comunidades indígenas han cuestionado el proceder del Estado, ya que no se garantizó participación, ni representación, ni se nos informó. Tampoco se implementó una estrategia para la transparencia del uso de los fondos. 

Como parte de ese proceso, representantes del Estado —mediante instituciones y asociaciones del aparato estatal— empezaron a visitar a las comunidades indígenas de todo el país para supuestamente informarlas y consultarlas sobre el programa de REDD+. Sin embargo, estas reuniones —que no han durado más de tres horas en promedio— no han sido para que las comunidades puedan decidir, sino sólo para informar superficialmente sobre el proyecto REDD+. En nuestro Territorio Bribri de Talamanca somos alrededor de 10 mil personas. Sin embargo, no había más de 100 en dicha reunión. Además de la baja representatividad, en lugar de informar y consultar, lo que hicieron fue pedir que presentaran un listado de necesidades del territorio. Ante las demandas que listaron —puente, acueducto, escuela, etc.— dijeron que serían atendidas por medio del fondo REDD+. Así se aprovechan de la necesidad de las comunidades. 

Ante esto, comunidades indígenas de todo el país comenzamos a realizar manifestaciones y, en 2014, logramos paralizar la implementación de REDD+. (4) El principal motivo fue la poca voluntad del Estado para consultar a las comunidades mediante un proceso libre, previo, informado y de buena fe (como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, del cual Costa Rica es signataria). (5)  

En ese proceso, nosotros, del territorio indígena Bribri de Talamanca enviamos la “Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD+” a diversas autoridades, entre ellas el gobierno de la república de Costa Rica y la Junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI). En el documento, elaborado en 2016 y firmado por más de 300 personas, fuimos enfáticos: “Haciendo uso de nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el Territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante”. (6) 

Sin embargo, tiempo después, el proceso de implementación de REDD+ comenzó a avanzar nuevamente en todo el país. Para ello, fue fundamental la estrategia del Estado de utilizar las necesidades de los Pueblos para justificar este programa y presionar por su aceptación en los territorios.

Como parte de esa estrategia, en 2019 el gobierno aprobó e implementó leyes como la de ‘Fortalecimiento de las finanzas públicas’, que le permitió congelar cada año presupuestos y contratos, incluidos los dirigidos a los territorios indígenas. Esto fue usado como forma de presionar a las comunidades para que aceptaran otras alternativas de ingresos, como REDD+. 

En este contexto, el estado comenzó a suspender contratos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), uno de los pocos fondos que reciben las comunidades como colectivo. Se trata de recursos que el país recauda mediante impuestos y con los cuales retribuye a las comunidades por la conservación de los bosques. De siete contratos vigentes en 2019, el Territorio Indígena Bribri de Talamanca pasó a tener tres en 2023, restringiendo así el apoyo a las comunidades más desposeídas y vulnerables del territorio.

En la misma escalada, el gobierno ha recortado significativamente la inversión en planes y programas educativos, infraestructura, servicios de alimentación escolar, servicios administrativos, becas de transporte y de estudio regular. Esto resulta en mayor desigualdad y representa una falta de garantía del derecho a la educación. Ante esa realidad, algunos de los indígenas consideran que los pocos fondos de REDD+ podrían resolver esa carencia de recursos, cuando en realidad ha sido una acción programática del Estado Dicho escenario se ha convertido en una justificación para el avance de REDD+ en los territorios indígenas, pues lo presentan como medida paliativa de recursos para atender a las necesidades en materia educativa de las comunidades. Y con ello, el estado avanza con REDD+ y a la vez reduce la inversión en educación a la adquisición de mobiliarios para las escuelas, como sillas, mesas, escritorios y otros. 

Lo mismo ocurrió con la salud. El sistema de salud pública es implementado por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que han ocurrido casos de corrupción, de poca inversión y de falta de respuesta a las necesidades de sanidad. Ahora, en Talamanca, por ejemplo —incluido el territorio indígena Bribri—, parte de los fondos que llegan de REDD+ son para apoyar las Juntas de Salud, (7) algo que era de responsabilidad del Estado financiar.

De la misma manera, la poca inversión en el servicio público de agua, como el de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha sido otro argumento para justificar REDD+: según lo presentan, aportaría supuestas soluciones a la falta de infraestructura de agua.

El estado y sus instituciones consideran que los fondos de REDD+ y otros negocios de venta de carbono resolverán problemáticas que en verdad es el estado quien debe atender. En realidad, nada de lo que REDD+ supuestamente aporte resolverá los problemas de fondo, sino que son sólo medidas paliativas, temporales o superficiales. Es al estado a quien le compete dotar de presupuesto a las políticas públicas que desarrollan las instituciones para responder a las necesidades y garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

En cuanto al derecho a la tierra, el Estado tampoco tiene un plan que sea construido con y desde las comunidades para sanear los territorios, es decir, para devolver a los Pueblos Indígenas la totalidad de las tierras que jurídicamente les pertenecen. Por el contrario, impone negocios de carbono desfinanciando políticas públicas que atienden las necesidades y garantizan los derechos de los Pueblos.

Los principales beneficiados: quienes deforestan

Según el documento ´Estrategia Nacional REDD+ Costa Rica´ la inversión total del Estado nacional para reducir emisiones entre 2018 y 2024 es de unos 1.177 millones de dólares. De ese total, el 92 por ciento (US$ 1.082 millones) corresponde a lo que el país ya invierte en políticas relacionadas con REDD, como el Plan Nacional de Desarrollo Forestal o la Política de Áreas Silvestres Protegidas, y que están incluidas en los presupuestos ordinarios institucionales. (8)

En cuanto al ocho por ciento restante (US$ 95 millones), el Gobierno prevé cubrirlo, en parte, con los ingresos que espera obtener por la venta de reducciones de emisiones al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial. (9) Estos ingresos se calculan en US$ 63 millones, de los cuales el país ya ha recibido US$ 34 millones. (10) El gobierno afirma que invertirá ese monto en acciones para alcanzar la meta de reducción de emisiones y para preservar 640 mil hectáreas de bosques. Sin embargo, el programa destinará la mayor parte de ese dinero, el 69 por ciento, al sector privado, como propietarios de tierras y productores rurales. O sea, uno de los sectores con mayor responsabilidad por la deforestación y los conflictos de tierras con comunidades indígenas. Para nosotros, los Pueblos Indígenas, en cambio, está previsto que se destine el 16 por ciento de los ingresos. 

Priorizar el sector que más deforesta en una política de preservación y conservación es un indicativo bastante explícito de a quienes el gobierno y el REDD+ benefician: a los que más amenazan nuestro derecho de los Pueblos Indígenas al territorio y, por lo tanto, a los que más amenazan a los bosques. 

Preservar los bosques: el camino es la garantía del derecho al territorio 

En Costa Rica la ley garantiza el derecho a las tierras de las reservas indígenas exclusivamente a las comunidades que las habitan. Sin embargo, hay terratenientes que usurpan esas tierras con la complicidad del Estado. 

Terratenientes vinculados con políticos, jueces, fiscales y con gobiernos municipales han realizado incendios en territorios, usurpado, amenazado, amedrentado y desplazado comunidades indígenas de sus tierras, pese a la ley. (11) Los territorios indígenas están siendo afectados por grandes productores de monocultivos de piñas y banano, que generan contaminación por uso de agroquímicos en monocultivos, específicamente, en el Pacifico Sur y en el norte del país. 

Muchos indígenas arriesgan sus propias vidas luchando contra esta realidad y en defensa de sus territorios. Desde 2019 hasta la actualidad, por ejemplo, hubo dos asesinatos impunes, se trata de los compañeros indígenas Sergio Rojas, del territorio de Salitre, y Jerhy Rivera, del territorio Térraba. Ambos han sido asesinados por terratenientes invasores. (12) 

La impunidad de las estructuras de los poderes del Estado permite consolidar las agresiones, la discriminación, el racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar las mentes, los bienes, las espiritualidades, las estructuras propias y la diversidad cultural. 

Desde nuestro colectivo Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) responsabilizamos al Estado por las agresiones y violaciones de los derechos indígenas, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y en el derecho internacional de los Pueblos Indígenas. 

Por lo tanto, el Estado costarricense ha sido irresponsable al no asumir su función para garantizar la vida, la conservación y la reafirmación del derecho a la tierra de los Pueblos.

Y ese vacío se utiliza como argumento para la avanzada de REDD+, planteándolo como alternativa de financiamiento para el saneamiento territorial que garantice la recuperación completa de las tierras indígenas en posesión de terratenientes o empresarios y las regrese a sus verdaderos dueños: los indígenas. Más allá de la aprobación de REDD+, es una responsabilidad del Estado saldar la deuda milenaria de devolver las tierras a las comunidades indígenas.

Conclusión

Hay dos propuestas y agendas en curso. Una es la del estado, que impulsa: REDD+; la propiedad intelectual de la biodiversidad; la expansión del monocultivo; la explotación minera; la privatización de servicios y activos públicos; la exploración de petróleo; la explotación de hidroeléctricas; el narcotráfico; la corrupción; los cortes de fondos e inversiones públicas; la privatización de los bosques, de las costas y de las zonas públicas.

Y otra, muy distinta, es la agenda de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, que se basa en la espiritualidad, los bosques, la naturaleza, los alimentos, la medicina, la educación propia, el idioma, la identidad, la cultura, las estructuras propias, pero, sobre todo, en la reafirmación territorial, lo que implica un saneamiento total de los territorios indígenas. 

REDD+ empeña bosques para supuestamente garantizar los otros derechos como educación, salud y tierra, utilizando métodos engañosos, coartando así la libertad y la buena fe de los Pueblos Indígenas. 

El Estado debe garantizar los derechos sin condiciones. Es una función inherente de las instituciones del Estado dar respuestas a las necesidades, planes y políticas públicas. En el caso de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, el Estado debe dotar de recursos económicos a las comunidades para responder a la agenda propia de los Pueblos, sin condicionamiento ni chantaje para que aprueben el REDD+.

Desde los Pueblos hemos vivido el despojo de los ‘bienes comunes’ mediante el clientelismo y la imposición de agendas del Estado y su estructura, evidenciando así la continuidad del modelo colonial asesino, de conquista, de usurpación y de extractivismo de nuestros ‘bienes comunes’ y de la propia VIDA. 

Condenamos las malas prácticas de los gobiernos, impositivas, clasistas y violentas, que despojan a los Pueblos de la identidad, de las tierras, espiritualidad, bosques, costas, ríos y ‘bienes comunes’, por su condición particular por costumbres, idioma, económica y otras barreras sociales.

Exigimos reconocer y respetar el rol fundamental que desempeñan las comunidades indígenas desde sus territorios en aras de mantener y defender las costumbres, espiritualidad y las tierras de sus Pueblos. Reafirmando el derecho de las comunidades indígenas a tener voz, incidencia y respeto a la riqueza cultural que representan, que debe permitirse en todos los espacios políticos, sociales, económicos y culturales. 

Inspirados en el Proyecto de VIDA de los Pueblos planteamos y convocamos a las causas comunes y colectivas. Por el bien común, por la VIDA, seguiremos reafirmando y posicionando nuestros sueños, los cuales tenemos derecho a tejer con la sabiduría ancestral. 

Convocamos a todos los Pueblos a defender y reafirmar el derecho sobre los ‘bienes comunes’, costas, bosques, ríos, alimentos, la educación y la salud propia, a conservar los ecosistemas naturales y culturales, el agua, las estructuras tradicionales, la gobernanza y la autonomía de los Pueblos Indígenas. 

Fuente:  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)