Un modelo excluyente forjado en dictadura
El modelo económico impuesto durante el stronissmo consolidó una estructura latifundiaria, dependiente y extractiva, orientada a la producción de materias primas para capitales extranjeros. Este patrón de acumulación provocó una profunda degradación ambiental y la pérdida de ecosistemas estratégicos como el Bosque Atlántico del Alto Paraná y vastas regiones del Chaco paraguayo.
Lejos de tratarse de un proceso “natural” de desarrollo, este modelo estuvo directamente vinculado a la violencia estatal, al despojo sistemático de comunidades campesinas e indígenas y a la represión de toda forma de disidencia política y social, configurando un vínculo estructural entre autoritarismo político, desigualdad social y destrucción de la naturaleza.
No fue el llamado “libre mercado” el que configuró el modelo productivo paraguayo actual, sino un Estado autoritario que impuso un esquema de desarrollo funcional a los intereses de una minoría económica y política. Este proceso implicó el desplazamiento masivo del campesinado, que a mediados del siglo XX representaba más del 50 % de la población total, y la habilitación de mecanismos de obtención de rentas extraordinarias para un sector muy reducido de la población. El crecimiento económico registrado en ese periodo se sustentó en la profundización de la desigualdad social y en una creciente concentración económica.
Desde la perspectiva de diversos analistas políticos y sociales, durante el stronismo se configuró una Estructura Social Autoritaria de Acumulación, sustentada en tres factores centrales: (1) un contexto internacional favorable para los productos agrícolas básicos, que permitió márgenes elevados de rentabilidad; (2) la conformación de una alianza orgánica entre capital y Estado; y (3) la consolidación de un Estado autoritario que incrementó su control sobre trabajadores y campesinos, limitando su capacidad de organización, resistencia y disputa política.
Durante el régimen de Alfredo Stroessner se consolidó un proceso de distribución de tierras profundamente irregular, que cimentó la desigualdad agraria estructural en Paraguay. Cerca de ocho millones de hectáreas que debían haber sido destinadas a beneficiarios de la reforma agraria fueron entregadas, en cambio, a terratenientes, militares, funcionarios y aliados políticos del régimen, transfiriendo tierras públicas a manos privadas y dando origen a las denominadas “tierras malhabidas”. Esta transferencia masiva —equivalente a casi un tercio del suelo arable del país— fue documentada por la Comisión de Verdad y Justicia y constituye una de las causas estructurales de la actual concentración de la tierra.
Como legado directo de estas políticas clientelares y prebendarias, una proporción mínima de la población controla hoy la mayor parte de las tierras agrícolas del país. Diversas estimaciones señalan que el 2 % o menos de los propietarios concentra alrededor del 80 % de la superficie productiva, mientras cientos de miles de familias campesinas e indígenas permanecen sin acceso a tierra propia, en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Esta estructura agraria profundamente desigual continúa siendo un factor central de la desigualdad rural y de la conflictividad social en Paraguay.
Incluso las tierras que no fueron adjudicadas de manera abiertamente irregular tampoco fortalecieron la justicia distributiva. Una parte significativa de las aproximadamente 3,5 millones de hectáreas administradas por el INDERT en la Región Oriental fue a parar, en proporciones estimadas entre el 35 % y el 40 %, a personas que no cumplían con los criterios de la reforma agraria, incluidas élites económicas y funcionarios públicos. De este modo se consolidó una élite terrateniente con poder político y económico estrechamente ligado al régimen, generando profundas tensiones sociales que hasta hoy se expresan en protestas, conflictos y ocupaciones campesinas.
La consecuencia social de estas políticas fue la expulsión masiva de campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales y tradicionales, traducida en migraciones forzadas hacia los cinturones urbanos, la erosión de los medios de vida rurales y el debilitamiento de las formas comunitarias de producción agrícola. Paralelamente, la lógica exportadora y del agronegocio se afianzó como motor económico dominante, profundizando la pobreza rural, la inseguridad alimentaria local y la concentración de la riqueza en manos de la oligarquía agroindustrial. Este proceso estructuró desigualdades económicas profundas y fue acompañado por mecanismos de represión política y control social que limitaron sistemáticamente la capacidad de resistencia de los sectores populares.
Bibliografía Soler, Lorena; Da Silva, Paulo Renato. Stronismo, nuevas lupas. EdUNILA, 2021. Comisión de Verdad y Justicia. Informe Final. Paraguay, 2008.
