Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP 25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas.
