Ataques, políticas, resistencias, relatos #104

Dos Poemas

Ana Rauber - Movimento de Mulheres Camponesas (MMC/Brasil)

Celebra Bayer-Monsanto la ley de fomento del maíz nativo

El 24 de marzo, en medio de la crisis por el Covid-19, se aprobó (en México) la llamada Ley Federal para el Fomento y la Protección del Maíz Nativo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores. Con tal título muchos habrán supuesto que sería una norma para detener el asalto de las empresas transnacionales de transgénicos sobre las semillas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Lamentablemente, no es así. Más allá de la intención de sus promotoras esta disposición favorece intereses claves de las empresas que desde hace dos décadas quieren avanzar en el país con sus semillas transgénicas y otras de alta tecnología.

Por ello, la Asociación Mexicana de Semilleros AC (AMSAC), cuya directiva está integrada por Syngenta, Bayer (ahora dueña de Monsanto), Corteva (fusión de Dow y DuPont-PHI Mexico) y otras de las mayores transnacionales semilleras globales emitió un boletín el mismo día felicitando a los legisladores por la aprobación de dicha ley. Declaran que esta norma “es un paso importante, […] pues dará certidumbre a los productores de maíz de todo el territorio nacional”. Enfatizan que “continuarán trabajando para promover el objeto de esta ley […] aprovechando los desarrollos tecnológicos, como las semillas mejoradas”. (https://tinyurl.com/vo9pawr)

La AMSAC es miembro directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que a su vez es integrante fundador del Consejo Coordinador Empresarial. Representan, mayoritariamente, a los sectores empresariales que han devastado la vida campesina, la producción sustentable y la alimentación sana. Las seis empresas transnacionales globales dueñas de más de 70 por ciento de los mercados globales de semillas y agrotóxicos (y 100 por ciento de las semillas transgénicas) han estado por años en el consejo directivo de la AMSAC. Es el principal cabildero de la industria semillera, actuando en conjunto con el CNA. Son los que pugnaron y consiguieron privilegios para las transnacionales en todas las leyes existentes relativas a semillas y patentes. (https://tinyurl.com/ruoc3ka ; https://tinyurl.com/t6lxfov)

Antes del voto final en la Cámara de Senadores, de donde salió la iniciativa, la ley de fomento del maíz nativo se votó, con cambios, en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, con 270 sufragios en favor. Ya nadie se opuso. ¿Sería que PRI, PAN, PRD, Morena y todos los partidos de pronto se dieron cuenta de la importancia de proteger a los pueblos de maíz, sus semillas y culturas contra la invasión transgénica? Claro que no. Porque la ley no prevé tal cosa. Tampoco previene el patentamiento de semillas campesinas. Pero sí separa el maíz de sus pueblos, reduciendo el complejo proceso de miles de años de muchos pueblos creando milpas, asambleas, bosques y sus propias formas de gobierno a la promoción de bancos comunitarios de semillas, expresión que la mayoría de los pueblos rechaza, porque proviene del sistema financiero y es ajena a su concepción de las semillas como elemento en la integralidad de política, economía y cosmovisión de sus pueblos. Además, establece que sólo es maíz nativo aquel que reconozca la Conabio, no los propios pueblos y comunidades. Les impone un nuevo Consejo Nacional del Maíz, que aunque es meramente consultivo tiene 16 miembros, de los cuales solamente seis son de comunidades indígenas o ejidos agrarios.

Pero la razón principal por la que las transnacionales aplauden esta ley es porque delimitará áreas geográficas, donde las autoridades reconocerán que hay sistemas de producción de maíz nativo, lo cual significa que abre al resto del país a plantar cualquier otra semilla, desde híbridos a transgénicos o las nuevas semillas biotecnológicas que las empresas llaman edición genética.

Monsanto, Syngenta y demás empresas han insistido en este punto por décadas: que hay que definir áreas, que en realidad no les interesa sembrar donde hay campesinos, solamente en todo el resto del país. Contra esa posición falaz y extremadamente riesgosa, que provocaría que con el tiempo la contaminación transgénica llegara a todo el país, hemos insistido en que todo México —y Mesoamérica— es centro de origen del maíz y por ello se debe prohibir la siembra de cualquier semilla manipulada genéticamente.

Esta posición de la llamada ley de fomento y otros graves errores de ésta —ahora aprobados— fueron claramente expresados por la Red en Defensa del Maíz desde que se publicó el dictamen de comisiones, en octubre 2019 (https://tinyurl.com/vjk8qyl).

Mientras tanto, la Ley Monsanto, como bien se llama a la ley de bioseguridad vigente aprobada en 2005, sigue intocada por todas y todos los ahora legisladores y funcionarios que prometieron en campaña que la derogarían. Más aún, la Semarnat participó en 2020 en un foro en línea sobre bioseguridad en el Convenio de Biodiversidad y su representante se sumó a la posición de la industria semillera de que no es necesario establecer nuevos marcos de bioseguridad, ni siquiera para los impulsores genéticos, transgénicos exterminadores altamente peligrosos.

¿Por qué ninguno de los funcionarios y legisladores hacen su trabajo para realmente garantizar la bioseguridad y que lo que anunció AMLO de que no se permitirá maíz transgénico en el país sea una realidad?

Silvia Ribeiro (Grupo ETC)

Ley de fomento y protección del maíz : ¿Nuevo embate legal contra los pueblos?

El 24 de marzo la Cámara de Senadores aprobó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN) tras un año de correcciones y discusión por parte de las cámaras de senadores y diputados. En la última versión, aunque hubo ajustes, se mantuvo el núcleo de contenidos que traen aparejados enormes problemas, tal como señaló la Red en Defensa del Maíz en su posicionamiento del 2 de octubre de 2019.El primero y más evidente es que la Ley, como ha insistido coloquialmente la senadora Ana Lilia Rivera, “no prohíbe nada”. Cómo puede protegerse el maíz nativo sin decretar una moratoria, frenar o prohibir la siembra experimental, piloto y comercial del maíz genéticamente modificado, así como su trasiego y comercialización.

Hoy sabemos que sus promotoras asumen imposible prohibir el maíz transgénico si la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados lo permite, y si el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) impulsa su comercialización. ¿En dónde queda entonces la promesa del presidente López Obrador de que no habrá cultivos transgénicos en México, al menos los destinados a la alimentación?

El artículo 4 de esta Ley declara que es obligación del Estado garantizar el acceso al consumo de maíz nativo y sus productos derivados, sin organismos genéticamente modificados (OGM), situación poco factible de lograr sin prohibiciones claras de siembra y con un mercado abierto a las importaciones de grano de maíz viable como semilla, procedente de Estados Unidos, donde más del 90 por ciento del maíz es transgénico.

El segundo problema que señaló la Red es que se definiera el maíz nativo como “semilla básica” de conformidad “con el artículo 3 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas” y según la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La LFFPMN aprobada define mejor al maíz nativo, pero lo limita a las razas que sean identificadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), es decir, sólo las catalogadas.

La tercera cuestión son los bancos de semillas. El artículo 13 de La Ley señala que el Estado fomentará la creación de Bancos Comunitarios de Semillas de Maíz Nativo por parte de ejidos y comunidades. Pero entre las atribuciones del Consejo Nacional de Maíz (Conam), instancia también creada por esta Ley, tiene la de opinar para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sobre la autorización y supervisión de los Bancos de Semillas. Hoy, si cualquier ejido o comunidad decide crear y operar un banco de semillas es totalmente libre de hacerlo, no tiene que pedir autorización de ninguna instancia. Esta Ley le da injerencia al Estado para autorizar y supervisar los bancos de semillas de los ejidos y comunidades.

Los bancos de semillas comunitarios tienen poca aceptación campesina pues cada familia acostumbra guardar su propia semilla para la siembra en el siguiente ciclo. Las semillas se intercambian libremente entre la gente por sus canales de confianza.

De lo más grave es que el artículo 12 plantee que Sader, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Cultura y el Conam identificarán las áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de “razas de maíz nativo”, según la información con que cuenten, además de incluir lo dicho por productores y otras instituciones más.

Ésta es una idea desatinada: encapsular la producción de maíz nativo, y por ende toda la riqueza de las milpas, que durante milenios ha funcionado para mantener vivo y diverso, no sólo el maíz, sino la agricultura campesina y las comunidades. Reducirlas a regiones acotadas y definidas por el Estado y algunos productores (verdaderas “reservaciones de maíz nativo”), como todas las estrategias segregacionistas, establecerá también la paradoja de que el resto de regiones no lo son.

No importa que se afirme que en estas regiones “las secretarías establecerán las medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”. Al ser el maíz un cultivo de polinización cruzada, resulta inútil delimitar fronteras que el viento y los insectos no respetan. Por qué poner un freno a los intercambios libres de semillas y saberes entre pueblos, cuando dieron origen a la gran diversidad de razas y variedades que se transforma con los siglos.

Sin darse cuenta, las promotoras de esta Ley, al remitir a las instituciones del Estado y a un Consejo omnipresente la definición de dónde sí y dónde no se cultiva maíz nativo, o la supervisión de los bancos de semillas comunitarios, están contraviniendo el principio de autodeterminación de los pueblos e impidiendo el intercambio de semillas y saberes de los cuales el maíz es fruto.

La discusión sobre reservaciones de maíz se dio en 2011 cuando en aras de poner en marcha la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, popularmente conocida como Ley Monsanto, las secretarías de Agricultura y de Ambiente impusieron una definición de los centros de origen y diversidad de maíz (2011). A los intentos de segregación por regiones las comunidades campesinas e indígenas, junto con gente de ciencia y amplios sectores sociales, reclamamos que todo México y más es centro de origen y diversidad del maíz. Así también frente a la LFFPMN hoy reclamamos que en todo México se siembra y se siembre maíz nativo.

Proponer la estrategia de reservaciones de maíz es permitir la siembra de cualquier cosa y bajo cualquier método en las regiones donde el Estado y su Consejo del Maíz definan que no se siembra maíz nativo. Son las corporaciones semilleras las que han impulsado esta segregación regional con tal de sortear las prohibiciones a la entrada de sus productos, sobre todo las semillas de cultivos genéticamente modificados.

De ahí que no extraña la felicitación a los diputados por la aprobación de la LFFPMN de la Asociación Mexicana de Semilleros AC (AMSAC), donde encomian que se salvaguarde y aproveche “la diversidad genética del maíz nativo y otros recursos fitogenéticos”. Y dicen: “Como Asociación continuaremos trabajando para promover el objeto de esta ley, así como aumentar la producción de alimentos básicos en México, aprovechando los desarrollos tecnológicos como las semillas mejoradas cuyas características han beneficiado enormemente a la productividad agrícola y ayudan a mitigar los efectos negativos del cambio climático haciendo frente a los desafíos de la agricultura moderna”.

En 2010, GRAIN resaltó la presentación que hacía la AMSAC de sí misma como “una asociación que integra a todo el sector semillero en México, que tiene poder e influencia en las decisiones gubernamentales, con capacidad de gestión y participación en leyes y normas y es reconocida por sus servicios e infraestructura para resolver la problemática de sus agremiados”. AMSAC en México es claramente un ‘lobby’ muy eficiente sin relación alguna con la agricultura campesina ni el maíz nativo, y en cambio han sido promotores de los organismos genéticamente modificados, de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas del 2007 y de que México se adhiera al convenio de UPOV versión 91, donde se promueve la privatización de las semillas. En AMSAC están todas las grandes transnacionales de la semilla, entre las que se encuentran en su consejo directivo los gigantes genéticos Bayer, hoy fusionada con Monsanto, y Syngenta, además de Corteva, que hoy suma varias fusiones.

Entonces la industria y las secretarías de Estado celebran el grado de inocuidad de la ley pero ¿es de verdad inocua? No sólo no daña sus intereses sino que los posiciona.

Las comunidades la impugnan por el grave daño que se hace a la milenaria labor de crianza mutua con el maíz y la milpa, y a los pueblos que siguen reivindicando ser gente de maíz en defensa de sus territorios y su autonomía. l

Ana de Ita (Ceccam) y Ramón Vera-Herrera (GRAIN)

A las aguas: gratitud, perdón, respeto y compromiso

Raquel Rigotto *

¡Les invito hoy a expresar nuestra gratitud al Agua! Empezando con los miles de millones de manos que ella ha lavado miles de veces en los últimos días, protegiéndonos de la contaminación por coronavirus. Por su presencia en cada una de nuestras células y en nuestros fluidos, sustentando la vida. Por el contacto húmedo con las semillas, haciendo brotar los alimentos. Por ser la cuna dulce o salada de tantos seres que son la base de toda la cadena alimentaria. Por fecundar los bosques, correr en la savia de los árboles y en la sangre de todos los animales que viven en ellos. Por albergar lo sagrado en los rituales de los pueblos indígenas, negros y blancos. Por el encanto de ríos, cascadas, lagunas y mares. Por el misterio de los acuíferos. Por la generosidad de evaporarse de los ríos de la  Amazonia para volar a través de las nubes y regalarse a otros territorios. Por la abundancia del Cerrado —cuna de las aguas— que alimenta a casi todas las regiones hidrográficas de Brasil. Por sus cantos. Por ...También necesitamos pedirle perdón al agua. Con el corazón consternado, regresamos de una visita que hicimos este año a los pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Formoso, en Tocantins, muy cerca de los ríos Javaé y Araguaia, en la isla de Bananal. Un río abundante y corrientoso, rico en tantos y diversos peces, que alimenta esos maravillosos bosques inundados y hace mucho tiempo es la base de la vida de las personas que están allí. Porque lo que vimos fue un río (y tierra) esclavizado. Parte de las más de 1 millón 400 mil hectáreas de área sembrada con monocultivos-commodities del Tocantins (soja, caña de azúcar, arroz, maíz) están allí, violando las aguas del río y robando su hermosura. La mano y el poder de los grandes hacenderos bloquean las aguas y las obligan a entrar en canales artificiales que van a sus cultivos para irrigarlos. Desde la represa hacia abajo, toda la vida que hay en el lecho del río es quemada por el sol y transformada en arena, donde las camionetas pueden viajar, pero no los barcos de los ribereños y pueblos indígenas. Piracema ya no existe más. Pero hay los canales que traen de vuelta al río el resto del agua de riego del arroz, ahora contaminada por venenos (son más de 22 millones de litros de plaguicidas utilizados anualmente en estos cultivos en Tocantins): los peces flotan muertos en la superficie, los niños se enferman en los pueblos, la vida se desvanece ...

De esta captura/robo de aguas vive el agronegocio, responsable por el 67.1% del agua que se consume en Brasil. Según el Relatório da Agência Nacional de Águas [Informe de la Agencia Nacional de Aguas] publicado en el 2019, se consumen 745 mil litros de agua por segundo, ¡lo que una familia promedio en Brasil tarda 19 años en consumir! [1]

Además, contaminan las aguas de los ríos y acuíferos: un estudio realizado por la Universidad Federal de Mato Grosso mostró que, en Lucas do Rio Verde, Mato Grosso (MT), se encontraron residuos de plaguicidas en 81% de las muestras recolectadas en cuatro ríos, principalmente endosulfán, flutriafol y metolacloro [2]. No es de extrañar que los agronegocios proliferen rápidamente en el Cerrado, cuna de las aguas en Brasil. Y no es sin motivo que los diez municipios que más consumieron plaguicidas en Brasil (en litros, en 2017) también son del Cerrado: Sorriso-MT (14 millones 600 mil), Sapezal-MT (11 millones 100 mil), São Desidério-Bahia (BA) (10 millones 200 mil), Campo Novo do Parecis-MT (9 millones 100 mil), Nova Mutum-MT (9 millones), Formosa do Rio Preto-BA (8 millones 100 mil), Nova Ubiratã-MT (8 millones), Diamantino-MT (7 millones 6 00mil ), Río Verde-Goiás (GO) (7 millones 300 mil), Campo Verde-MT (6 millones 700 mil).

Contaminar las aguas es también lo que hace la minería, otra vertiente del modelo de desarrollo brasileño. Fueron 680 km de cuerpos de agua contaminados en Minas Gerais y Espírito Santo, que recibieron el vertido de 40 millones de metros cúbicos de desechos de la compañía minera Samarco SA, una subsidiaria de las compañías mineras Vale SA y BHP Billiton, en Mariana, Minas Gerais. Y más Brumadinho, con casi trescientos muertos por la irresponsabilidad de las empresas con las aguas aprisionadas.

Por eso, aquí queda una invitación más para todos nosotros en el Día Mundial del Agua: cuando la gratitud es genuina y el pedido de perdón es profundo, ellos pueden unirse para contagiar a otros con nuestro respeto por las aguas: ¡honrarlas! —¡y para fortalecer nuestro compromiso con la lucha en defensa de su libertad y de su vida, que nos da Vida a todos nosotros vivos!

* Raquel Rigotto es profesora en la Universidad Federal de Ceará y miembro de Grupo de Trabajo Diálogos e Convergências Águas/Abrasco [Associação Brasileira de Saúde Coletiva]/RBJA [Rede Brasileira de Justiça Ambiental], además de ser colaboradora de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado.

[1] Agência Nacional de Águas (Brasil). Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2019: informe anual / Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 2019.

[2] Pignati WA et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 22(10):3281-3293, 2017. DOI: 10.1590/1413-812320172210.17742017

La ciudadanía y los pueblos del mundo reclamamos nuestra semilla

Celebremos el Día Internacional de las Semillas, no el Día Mundial de la Propiedad
Intelectual (26 de abril 2020)

#díainternacionaldelassemillas

Estamos viviendo en tiempos con desafíos extraordinariamente difíciles. La crisis sanitaria de Covid-19 ha fomentado una crisis económica, y pone al descubierto los riesgos subyacentes, las fragilidades y las desigualdades de nuestros sistemas alimentarios. Es esencial que recuperemos nuestra diversidad de semillas, nuestros ecosistemas biodiversos, los entornos bioculturales que sustentan sistemas alimentarios locales nutricios y millones de medios de vida y sustento. A la luz de la pandemia, exigimos la plena protección y el cumplimiento de los derechos de campesinas y campesinos y de los pueblos originarios de todo nuestro planeta.

El 26 de abril, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) celebran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2020 bajo el lema: “innovar para un futuro verde”.

Las organizaciones abajo firmantes condenamos esta visión en extremo unilateral y sesgada y estamos sorprendidas por el desvergonzado maquillaje verde, que canta alabanzas al sistema de protección de variedades vegetales de la UPOV y las patentes como si esto impulsara un futuro verde.

Es todo lo contrario. Las patentes y los sistemas de protección de variedades vegetales basados en la UPOV son más bien un obstáculo para la innovación, en especial para la innovación campesina que ha creado la agrobiodiversidad, algo vital para la supervivencia de todos nosotros.

La UPOV forma parte de la arquitectura mundial de las leyes de propiedad intelectual, junto con las leyes de semillas, que apoyan y afianzan los actuales sistemas industriales de alimentación y agricultura de monocultivo. Este sistema se basa en la mercantilización de la naturaleza y los saberes, y socava gravemente los derechos de gente campesina, agricultores y agricultoras y los sistemas agrícolas campesinos, erosiona la biodiversidad y ha ocasionado una gran destrucción de los sistemas que sostienen la vida en la Tierra. La producción agrícola industrializada y las cadenas de suministro de alimentos ponen en gran peligro el futuro del planeta y de los seres humanos, como lo estamos experimentando ahora. Es más, estas cadenas de suministro globalizadas son visiblemente vulnerables frente a pandemias como la Covid-19.

De hecho, el brote de Covid-19 señala las complejas interacciones entre la deforestación, la reducción de la diversidad biológica, la destrucción de los ecosistemas y la salud y la seguridad humanas. Todos estos procesos destructivos en gran medida han sido impulsados por el sistema alimentario global controlado por las corporaciones agrícolas e industriales, del que la UPOV es una parte intrínseca.

Nos oponemos a la afirmación de que los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas equivalen a facilitar la innovación en el fitomejoramiento y “fomentar cultivos resistentes que respaldan la seguridad alimentaria mundial”. El sistema que la OMPI y la UPOV promueven, en cambio, impide, socava, restringe y devalúa la innovación local y los sistemas de conocimientos y saberes tradicionales. Su modelo es particularmente inapropiado para el campesinado y los pueblos originarios del Sur, que dependen en gran medida de los antiguos sistemas de custodia e intercambio de semillas. De hecho, son el ingenio y las innovaciones campesinas lo que ha alimentado al mundo, produciendo cultivos resistentes y brindando alimentos sanos y nutritivos. Así lo siguen haciendo aun en tiempos de crisis.

La agroindustria sigue engañando al público a nivel mundial, pese a que han jugado un papel en provocar las crisis climáticas y ecológicas en que nos encontramos, como lo demuestran las intensidades y frecuencias de las enfermedades infecciosas. No debemos permitir que las corporaciones se reinventen a sí mismas, presentándose como salvadoras, cuando fueron quienes provocaron el problema en primer lugar. Tampoco deben ser recompensadas con derechos de propiedad intelectual que mercantilicen y acaparen las semillas socavando los derechos campesinos.

En todo el mundo, las comunidades pobres y marginalizadas, gravemente afectadas por las burdas desigualdades existentes, se esfuerzan por garantizar el acceso a la atención de la salud, los medicamentos y los alimentos mientras la pandemia de Covid-19 sigue infectando y cobra cientos de miles de vidas. Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios locales son reorganizados y reestructurados por los movimientos sociales por todo el mundo, en interés de las personas y del planeta. Estos movimientos están encontrando formas de vincular a quienes producen en pequeño, y principalmente aquellas que practican la agroecología, con las comunidades locales, y buscan el modo de seguir suministrando alimentos aun en circunstancias difíciles. Esto permite vislumbrar cómo podrían ser los nuevos y más resistentes sistemas alimentarios del futuro.Ésta es una oportunidad para que reinventemos nuestra relación mutua, con la Tierra y con todo lo que hace que le digamos hogar a este planeta. Si alguna vez ha habido un tiempo en que se necesitó nuestra imaginación y acción colectiva, es AHORA. Si alguna vez hubo un tiempo que nos exigió construir sobre las innovaciones de los productores locales de alimentos en todo el mundo, es AHORA.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a las comunidades y pueblos, a cada nación, para que celebremos y protejamos nuestro legado común, y para unirnos y exijamos una transición justa hacia una vida en la que tendremos que convivir con el Covid-19 y superarlo. Para ello es fundamental la necesidad inmediata de democratizar nuestros sistemas alimentarios y los sistemas campesinos de semillas que los sustentan, y que busquemos anclarlos en lo local.

En este día, rendimos homenaje a quienes han mantenido e innovado la biodiversidad agrícola durante los últimos 10 mil años y siguen poniendo alimentos diversos y saludables en nuestras mesas. La biodiversidad y la diversidad cultural están intrínsecamente vinculadas y son el resultado de generaciones de coevolución.

En este día, rendimos homenaje a los movimientos campesinos, de los pueblos originarios y en pos de la soberanía alimentaria. Nos mantenemos unidos instando a toda la gente a actuar y a apoyar una transformación radical de los sistemas alimentarios, cada vez más globalizados y privatizados buscando crear sistemas agroecológicos resistentes basados en la soberanía alimentaria y de las semillas.

En este día, celebramos los saberes y las prácticas de quienes custodian las semillas: gente que produce en pequeña escala, que comercia informalmente, gente sin tierra, trabajadoras y trabajadores agrícolas, gente que maneja desperdicios, a gente que trabaja en los cuidados y aquellas personas que garantizan que todos y todas puedan alimentarse y nutrirse a sí mismas y a sus familias.

En este día, celebramos el Día Internacional de las Semillas, NO el Día Mundial de la Propiedad Intelectual

#díainternacionaldelassemillas

Les pedimos que contribuyan a construir y salvaguardar el mundo y la vida que queremos. Necesitamos con urgencia crear economías locales, una agricultura basada en la ecología y en sistemas alimentarios locales, que creen resistencia a todos los niveles. Esto requiere que los gobiernos reorienten e institucionalicen los subsidios agrícolas y las inversiones en investigación hacia la agroecología, y que inviertan y apoyen los sistemas campesinos de semillas y cadenas de suministro locales. Todas las leyes y políticas en torno a la agricultura y las semillas deben reevaluarse y reformularse, con la gente campesina y los derechos de los pueblos indígenas como eje central, para apoyar tales sistemas alimentarios. Deben eliminarse las barreras a la diversidad, en particular las que se refieren a los recursos genéticos agrícolas, y no deben inhibir el uso e intercambio pleno y libre de variedades y razas agrícolas entre campesinas y campesinos, entre comunidades o con los mejoradores genéticos del sector público.¡Otro sistema alimentario es posible! Juntos podemos resistir al invasor sistema de semillas privatizadas y celebrar la producción agroecológica y los sistemas alimentarios locales participando

Compartan ampliamente esta declaración. Aboguen en defensa del ejercicio de los derechos campesinos, por el reconocimiento y el apoyo a los sistemas de semillas manejados por campesinas y campesinos y la eliminación de todas las leyes de obtentores o variedades vegetales basadas en la UPOV. Impulsemos que se movilicen recursos para invertir en agroecología y en cadenas de suministro locales.¡Innovemos! Compartan sus ideas, o compartan las visiones e innovaciones de otras personas para movilizar nuestros bienes comunes, más allá de la propiedad privada

¡Compren a nivel local! Apoyen a quienes ejercen la agricultura local —son estas personas y comunidades nuestra sangre vital.

¡Compartan las semillas! Participen en redes de intercambio de semillas —nuestras semillas son nuestro futuro.

¡Celebren! Compartan historias de innovación campesina.

¡Somos la semilla! Planten una semilla cada día, compartan fotos, y cuéntennos relatos de semillas.

Utilicen los hashtags #DíaInternacionaldelasSemillas no #WorldIPDay

Firmada por una enormísima cantidad de organizaciones internacionales, regionales y nacionales interesadas en la defensa de las semillas nativas, libres, campesinas, de responsabilidad y confianza.

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Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas #104