Criminalización de defensores alerta la CIDH
Su más reciente informe evidencia que la violencia contra los defensores de derechos humanos persiste en Latinoamérica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las personas defensoras de derechos humanos en América enfrentan un contexto generalizado de amenazas, criminalización y violencia.
En su tercer informe sobre la situación de estas personas, publicado recientemente, la CIDH señala que defender la tierra, el medio ambiente y exigir justicia sigue siendo una labor de alto riesgo en todo el continente.
La CIDH denuncia el uso de la criminalización como mecanismo para frenar la labor de defensa, señalando que actores estatales y no estatales recurren a discursos estigmatizantes, amenazas, hostigamientos judiciales y exilios forzados.
En Perú, por ejemplo, se suele etiquetar a defensores ambientales como “antimineros radicales” u “opositores al desarrollo”, exponiéndolos a represalias; esta práctica, sumada a la falta de investigaciones eficaces, alimenta un clima de riesgo permanente.
El documento destaca que liderazgos indígenas, afrodescendientes, mujeres defensoras y personas LGBTI se encuentran en especial situación de vulnerabilidad debido a la intersección entre su identidad y su activismo.
Además, resalta la reducción del espacio cívico y el aumento de medidas legales que restringen el accionar de organizaciones de la sociedad civil, como ocurre en el Perú con las modificaciones a la Ley APCI, que imponen mayores controles y limitan su financiamiento.
En el caso peruano, la CIDH reporta que entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 58 personas por defender su territorio y la naturaleza; frente a actividades extractivas, minería ilegal y narcotráfico, son algunas de las principales causas de los conflictos y amenazas.
Entre 2013 y julio de 2024, 35 defensores indígenas fueron asesinados en este contexto. La Comisión advierte que la muerte de un líder indígena tiene un impacto colectivo profundo, al afectar la cohesión comunitaria y desarticular procesos de defensa territorial.
Finalmente, la Comisión insta a los Estados a adoptar políticas públicas integrales para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, como otorgar medidas de protección adecuadas con enfoque diferenciado, investigar y sancionar los ataques, prevenir la criminalización y revisar marcos legales restrictivos.
Fuente: Servindi