Lideresa social del Movimiento Ríos Vivos Colombia viene siendo amenazada, vigilada y perseguida

Idioma Español
País Colombia

La lideresa social del Movimiento Ríos Vivos, María Cecilia Muriel, habitante del municipio de Valdivia, quien hace parte de la Coordinación General (máxima instancia del Movimiento) y de las juntas Directivas de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (AMARU) y de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA) articuladas en Ríos Vivos, debido a las amenazas que ha venido sufriendo, decidió cambiar de vivienda después de una compleja reunión sostenida con autoridades locales en la que aumentó su situación de riesgo.

Actualmente en el sector en el que habita, ubicado en la vía que de Valdivia conduce a Puerto Valdivia a las afueras del casco urbano del municipio, una camioneta blanca sin placas y de vidrios negros de donde se han bajado dos hombres armados que han tocado en varias de las viviendas del sector preguntando por Cecilia a altas horas de la noche o la madrugada. Antenoche 6 de septiembre cerca de las 11:00 p.m. sucedió de nuevo, pero en esta ocasión fue una moto negra con rojo sin placas, dos hombres desconocidos distintos a los anteriores tocaron la puerta y ventana de la vivienda de la lideresa, en esta ocasión la correcta, gritando ¡Cecilia, Cecilia! Cecilia vive con su hija de 20 años y su pequeña nieta de cinco años de edad, no durmió anoche en su casa por miedo, teme exponer a su familia y teme por su vida.

El primero de julio de 2020 la administración municipal de Valdivia citó a una reunión a diferentes entidades, tanto del orden departamental como local, debido a la información que había recibido por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en relación a las amenazas que había venido sufrido Cecilia y con el fin de tomar medidas ante el riesgo de la lideresa social, quien expuso en dicho espacio como había recibido nuevas amenazas por parte de dos sujetos desconocidos que afirmó no haber denunciado en la localidad por la desconfianza en las entidades, a pesar de que se encontraban todas las autoridades no se tomó ninguna medida concreta en favor de la lideresa del Movimiento y por el contrario se le expuso a un mayor riesgo al tener que brindar información delicada a un gran número de funcionarios desconocidos. Sin el menor tipo de cuidado ante la gravedad de la situación la institucionalidad aumento el nivel de exposición de la lideresa social, ella misma lo afirmó durante la sesión y dejó constancia de que este tipo de reuniones empeoraban su situación ya delicada, incluso por los ataques que recibió por parte del personero Didier García durante el mismo espacio y en frente de todos. Algunos funcionarios preguntaron a la lideresa si era ella la que salía en el “comercial de la JEP” ¿Qué eso de que se trataba? ¿Por qué decía eso? ¿Qué era lo que hacía el Movimiento? ¿Qué si el Movimiento era legal? la Policía insistió en que por el alto riesgo se debía retirar del Movimiento. La lideresa expuso su preocupación por las publicaciones, durante aproximadamente cuatro meses, por todos los medios de su declaración en el marco de la Audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de los desaparecidos que Empresas Públicas de Medellín (EPM) inundó y a los muertos que desapareció. La JEP en ningún momento solicitó autorización del Movimiento y de la lideresa para esta difusión que genero mayor nivel de exposición y riesgo.

El 25 de febrero de 2020 día en el que el Movimiento convocó a sus integrantes con el fin de recolectar los documentos necesarios para presentar la demanda de reparación en contra de EPM y otros por las graves afectaciones que han generado a la población (Cecilia perdió su vivienda, trabajo como barequera y pescadora, enseres, proyecto porcino y ayudaba a otros en intentar denunciar y buscar justicia). Dos hombres reconocidos como paramilitares en el municipio se le acercaron y dijeron “Quihubo ¿Muy contenta con esos millones que le quitaron a EPM? ojo que tanta plata hace daño” ella de inmediato ingreso al sitio en el que estaba concentrada la comunidad, después salió y abordó el vehículo de la UNP, asignado al esquema colectivo del Movimiento, y los sujetos pasaron en una moto señalándola.

Desde el año 2016 cuando todo Ríos Vivos recibió amenazas el jefe paramilitar de la zona por realizar una protesta en contra de Hidroituango y EPM en el municipio de Valdivia, mediante una llamada advirtió que si seguimos protestando nos matarían a todos y prohibió que gritáramos consignas en contra de EPM e Hidroituango. Los líderes en la localidad, en especial William de Jesús Gutiérrez Nohava y Cecilia Muriel, han recibido múltiples amenazas y ataques situación que hasta el día de hoy no ha cesado. Cecilia y los demás integrantes del Movimiento no volvieron a interponer ninguna denuncia en la localidad debido al maltrato, estigmatización, señalamiento y los actos ilegales del exalcalde Jonas Darío Henao como disparar en contra de la vivienda de un integrante de Ríos Vivos, todo esto sumado a los reiterados ataques del personero municipal que a pesar de las denuncias de la población ha sido reelegido una y otra vez.

Exigimos que la vida de Cecilia Muriel y todos los integrantes del Movimiento Ríos Vivos sea protegida por el Estado Colombiano y por todas las empresas, entidades financieras y países de origen que han invertido en Hidroituango contribuyendo a la situación que hoy sufrimos con la megaobra lo que les hace responsables del riesgo que padecemos.

Fuente:  Movimiento Ríos Vivos

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Megaproyectos

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