Colombia: A siete años de la desaparición del líder embera katio Kimy

La carta expresa "consternación" por las declaraciones hechas por el Vicepresidente Francisco Santos que en una reunión con empresarios en Toronto, afirmó que los Grupos paramilitares no existían y que existían "condiciones favorables para la inversión extranjera" como grandes extensiones de tierras "disponibles" para ser cultivadas debido a que muchos habitantes se vieran obligados a abandonarlas.

02 de junio 2008

Su Excelencia
Jaime Girón Duarte
Embajador de Colombia
360 Albert Street, Suite 1002
Ottawa, Ontario CANADA K1R 7X7

Respetado Señor Embajador:

Hace siete años, el próximo 2 de Junio del 2008, el líder indígena Embera Katío Kimy Pernía Domicó fue obligado por hombres armados miembros de grupos paramilitares a subirse a una motocicleta en la ciudad colombiana de Tierralta. Desde ese día, Kimy nunca fue vuelto a ver.

Amnistía Internacional dirige esta carta abierta a usted para expresar su continua y profunda preocupación acerca de este caso y de las violaciones de los derechos humanos que siguen presentándose en Colombia.

Siete años han pasado desde la desaparición forzada de Kimy pero ni su familia, ni sus amigos y aliados en Canadá, incluyendo parlamentarios, ministros y miembros de numerosas organizaciones de la sociedad civil que lo conocieron y admiraron durante las dos visitas que hizo a Canadá, lo hemos olvidado.

Por el contrario, la desaparición de Kimy continúa siendo en Canadá una preocupación fundamental no sólo porque su desaparición tuvo relación con el megaproyecto de la hidroeléctrica de Urra que recibió $18.2 millones de dólares por parte de la Corporación Export Development Canada, sino también porque aquí en Canadá muchos temen que tal situación pueda volver a repetirse.

Si un eventual acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia es puesto en práctica sin garantías concertadas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, muy probablemente se intensificarán las presiones sobre las tierras de los pueblos indígenas por parte de la inversión extranjera.

De hecho, existe abundante evidencia que grupos paramilitares, con el apoyo de la fuerza pública, continúan amenazando y atacando líderes indígenas, comunidades afro-colombianas, sindicalistas, y defensores de derechos humanos de los sectores más marginados de la población colombiana.

Es de resaltar que muchos de esos crímenes se cometen en lugares que coinciden con áreas de reconocido interés económico y/o estratégico, ya sea por sus recursos naturales o su gran potencial agrícola.

Dada esta evidente realidad, nos preocupó sobremanera las declaraciones hechas por el señor vicepresidente Francisco Santos en una reunión con empresas e inversionistas canadienses el pasado 8 de mayo en la ciudad de Toronto en la cual afirmó que los grupos paramilitares ya no existen.

Tales afirmaciones no solo son contrarias al resultado del nuestro seguimiento y observación imparcial, sino también a los informes presentados por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Cómo pueden los canadienses confiar en que el estado colombiano tomará las medidas necesarias para evitar que los grupos paramilitares sigan actuando si las mismas autoridades continúan negando su existencia y promoviendo el supuesto éxito de un proceso de desmovilización que no ha sido más que un ficción?

Más aún, expresamos nuestra absoluta consternación sobre otra afirmación hecha por el señor vicepresidente Santos en la misma reunión del 8 de mayo en Toronto. Haciendo un listado de las condiciones que dijo eran favorables para la inversión extranjera, entre ellas energía barata y abundante y exenciones fiscales, el señor vicepresidente afirmó que la violencia que había vivido el país tuvo como consecuencia que muchos habitantes se vieran obligados a abandonar grandes extensiones de tierra, las cuales están ahora "disponibles" para ser cultivadas.

Buscando promover el crecimiento que Colombia ha tenido en el sector de los biocombustibles, el vicepresidente Santos afirmó que estas tierras "desocupadas" podían ser usadas para cultivos inmediatamente.

Desde 1985, más de tres millones de colombianos han sido forzados a abandonar sus tierras como resultado de la violencia perpetrada por todos los actores del conflicto armado interno en Colombia. Cerca del 60% de estos colombianos fue desalojado violentamente de tierras situadas en áreas mineras y agrícolas, de gran interés económico y estratégico.

Grupos paramilitares, con apoyo de la fuerza pública, se apropiaron ilegalmente de millones de hectáreas de tierra.

Recientemente, miembros de la rama judicial han documentado testimonios que evidencian que funcionarios estatales muy poderosos conspiraron con los grupos paramilitares en la orquestación de estas expropiaciones. Igualmente inquietante es el hecho que los miembros de las comunidades desplazadas, sus líderes y defensores han sido amenazados o asesinados cuando intentaron reclamar sus tierras.

Consideramos que lo que se necesita urgentemente ahora es que el gobierno colombiano exprese claramente en el exterior y en Colombia que tomará acciones rápidas y eficaces para asegurar que nadie saque provecho de la violencia y que por el contrario se implementen ya, sin dilaciones, las condiciones necesarias para que las comunidades desplazadas puedan, con todas las garantías de seguridad, reclamar las tierras que les fueron violentamente arrebatadas y retornar prontamente a ellas.

Esto es de suma importancia dado el contexto de negociaciones bilaterales que buscan aumentar el comercio y la inversión. Sería muy grave si los inversionistas canadienses sacaran provecho de tierras que son reclamadas por ciudadanos colombianos desplazados por la violencia.

Finalmente, llamamos su atención de nuevo, tal como lo hemos hecho en otros aniversarios de la desaparición de Kimy, respecto a decisiones políticas tomadas por el gobierno colombiano que fomentan la impunidad.

Siete años después de que Kimy fue secuestrado a plena luz del día y a la vista clara de testigos, aquellos que perpetraron este crimen – y aquellos que los ayudaron y los instigaron – nunca han sido llevados ante los tribunales.

En el 2007, el líder paramilitar Salvatore Mancuso testificó acerca de su papel en el asesinato de Kimy Pernía Domicó. En ese momento él estaba detenido en Colombia a la espera de su juicio bajo el controversial proceso de Justicia y Paz que ofrecía significativas reducciones en las penas de prisión. Más aún, el señor Mancuso y otros trece líderes paramilitares han sido extraditados ahora a los Estados Unidos con cargos relacionados con tráfico de drogas y sin ninguna referencia a las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas por ellos.

Estamos profundamente preocupados por las implicaciones que ésta decisión tiene en el esclarecimiento y búsqueda de justicia para Kimy y las miles de otras víctimas de masivas y sistemáticas violaciones los derechos humanos perpetrados por los grupos paramilitares, con el apoyo de la fuerza pública.

Tal como Amnistía Internacional afirmó en su boletín de prensa del día 13 de mayo pasado, la extradición de estos líderes paramilitares socava gravemente las investigaciones adelantadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia.

Consideramos que el resultado de esta decisión será que las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas a través de estos años por los grupos paramilitares, así como el papel clave que jugaron en estos crímenes la fuerza pública, funcionarios estatales, reconocidos líderes políticos y figuras de la clase económica colombiana, quedaran ocultas y por supuesto en la más completa impunidad.

Es imperativo que las investigaciones judiciales en Colombia relacionadas con las violaciones y atrocidades a los derechos humanos cometidas por estos grupos paramilitares, incluyendo la desaparición forzada de Kimy Pernía Domicó, así como la relación de estos grupos paramilitares con la fuerza pública y otros, deban seguir adelantándose a pesar de las extradiciones.

Estaremos a la espera de su respuesta acerca de este tema de vital importancia.
Cordialmente,

Alex Neve
Secretario General
Amnistía Internacional-Canadá (Sección de habla Inglesa)

cc: Miembros del gobierno canadiense:

David Emerson, International Trade Minister & Acting Foreign Affairs Minister

James Lambert, Director General, Latin America and Caribbean Bureau, Department of Foreign Affairs and International Trade

Embajador Matthew Levin, Canada's Ambassador in Colombia

Miembros del parlamento canadiense:

Dean Allison, MP, Committee on International Trade

Guy André, MP, Committee on International Trade

Navdeep Bains, MP, Committee on International Trade

Vivian Barbot, MP, Foreign Affairs and International Development Committee, Bloc Québécois

Ron Cannan, MP, Committee on International Trade

Serge Cardin, MP, Vice Chair of Committee on International Trade

Irwin Cotler, MP, Human Rights Critic, Liberal Party of Canada

Sukh Dhaliwal, MP, Committee on International Trade

Johanne Deschamps, MP, Latin America Critic, Bloc Québécois

Paul Dewar, MP, Foreign Affairs Critic, NDP

Michael Ignatieff, MP, Deputy Leader, Liberal Party of Canada

Peter Julian, MP, Committee on International Trade

Gerald Keddy, MP, Committee on International Trade

Francine Lalonde, Foreign Affairs Critic, Bloc Québécois

Jacques Lahaie, Clerk, Committee on International Trade

John Maloney, MP, Vice Chair of Committee on International Trade

Wayne Marston, Human Rights Critic, NDP

Larry Miller, MP, Committee on International Trade

Keith Martin, MP, International Development Critic, Liberal Party of Canada

Joyce Murray, MP, Committee on International Trade

Bob Rae, Foreign Affairs Critic, Liberal Party of Canada

Lee Richardson, MP, Chair of Committee on International Trade

Caroline St-Hilaire, MP, International Development Critic, Bloc Québécois

Fuente: Servindi