México: resurge el acoso en Montes Azules
Ante los renovados intentos gubernamentales por desalojar a las comunidades indígenas asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”.
En una carta dirigida a Ernesto Enkerlin, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Unofoc demanda que las autoridades sigan el mismo camino de “antecedentes positivos”, como las propuestas de declaratoria en las sierras tarahumara, Arizpe, Manantlán y Gorda, Marismas Nacionales, la región de la mariposa monarca y el Parque Nacional Lagunas de Montebello.
Ramiro Robledo Márquez, director ejecutivo de Unofoc, se pronunció por concertar la mesa de negociación agrario-ambiental en Montes Azules “con una sincera actitud de resolver problemas que requiere la región en materia de conservación de biodiversidad y desarrollo comunitario”.
La misiva a Enkerlin argumenta que organizaciones y grupos de campesinos en la región de Montes Azules “han sido agredidas por el biólogo Ricardo Frías”, enviado de la dependencia, quien se presenta en las comunidades con actitud amenazadora y acompañado por efec- tivos policiacos y de las fuerzas armadas.
Unofoc destaca que Frías “obedece a intereses de Julia Carabias y el grupo de ecólogos que en la región han venido a generar conflictos asociados a empresas como Sano, Pulsar y Diversa desde hace más de 15 años”. También acusan al funcionario de “llegar a levantar información de campo sin previo aviso”.
Por su parte, observadores de la región selvática de Chiapas, como Maderas del Pueblo del Sureste, han documentado los nuevos métodos de los enviados gubernamentales para “convencer” a los indígenas de que abandonen sus poblados. Los funcionarios, habitualmente acom- pañados por soldados y policías que amagan con sus armas, reúnen a los varones por separado y les ofrecen dinero, advirtiendo que si no aceptan la reubicación serán desalojados.
Las reubicaciones han resultado un recurso poco consistente. Y en las comunidades que no están en resistencia, el efecto de la oferta monetaria puede ser poderoso, pues los campesinos ven la alternativa de financiar su cruce a Estados Unidos en busca de trabajo.
A su vez, los organismos civiles y de derechos humanos que conforman la Red por la Paz señalaron que “la cerrazón e inflexibilidad de los funcionarios de la Conanp, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Gobierno de Chiapas manifiestan su incapacidad de diálogo para plantear alternativas que armonicen el respeto a los derechos de las comunidades y la conservación de la diversidad biológica y cultural”.
Las constantes amenazas de desalojo contra las comunidades asentadas en áreas naturales protegidas “hacen necesaria la definición de derechos como la protección de las tierras y territorios de los pueblos, a fin de dar efectividad a instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el ámbito de la legislación interna. Concretamente, reglamentar la fracción VII, párrafo 2 del artículo 27 constitucional que establece: ‘La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas’.”
Fuente: La Jornada