El pasado día 21, durante una gira realizada al estado de Chiapas, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, hizo dos anuncios oficiales que implican otras graves amenazas contra la rica biodiversidad del estado de Chiapas y contra los derechos y los territorios de los pueblos indígenas de la entidad. Dichos anuncios se refirieron, por un lado, a la inminente explotación de yacimientos de petróleo en la Selva Lacandona, y por otro, a la instalación en Chiapas de una planta de “bio”-combustibles con tecnología colombiana (con sus extensivas y depredadoras plantaciones monoespecíficas de palma africana, incluidas), todo lo cual –según Kessel y el gobernador Juan Sabines- significará “más progreso y desarrollo en beneficio de las familias chiapanecas”.

Ante los renovados intentos gubernamentales por desalojar a las comunidades indígenas asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”.

Comunicado Público: "Esta estrategia global de 'despeje y control territorial', disfrazado hábilmente bajo un filantrópico 'espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad', responde en realidad, a los intereses corporativos multinacionales de largo plazo, interesados ahora sí en la conservación ecológica -con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro- de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica

Los gobiernos federal y estatal son responsables directos de estas muertes, dado que, desde el 21 de noviembre de 2005 -tal y como, de forma triunfal se anunció públicamente- firmaron un acuerdo con 28 poblados de la zona el Desempeño/Santo Domingo, comprometiéndose a su reconocimiento y regularización agraria (entre ellos estaba el poblado de Viejo Velazco Suárez)

Desde finales de los años 40s hasta la fecha, el territorio de la Selva Lacandona en Chiapas, ha sido objeto de colonización y manipulación agraria de parte de los distintos gobiernos federales y estatales, quienes a lo largo de los últimos 60 años han jugado con la necesidad de tierra y de supervivencia de comunidades indígenas de los pueblos tseltal, tsotsil, ch’ol y tojolabal

Lo que actualmente se vive en Montes Azules, detrás de los persistentes intentos de desalojo (o reubicación forzosa) y de la resistencia indígena a ello, no es más que una fragorosa y sorda batalla por el control de ese territorio y de sus valiosos y estratégicos recursos naturales