Amparo busca obligar al Congreso a cumplir derechos de pueblos indígenas

La reforma constitucional incorporó un catálogo de derechos para pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, a partir de una iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y construida con propuestas formuladas directamente por los propios pueblos y comunidades. Como antecedente central, en septiembre de 2021 representantes del pueblo Yaqui de la comunidad de Vícam entregaron al titular del Ejecutivo federal una propuesta de reforma constitucional, resultado de un proceso de deliberación comunitaria y de una exigencia histórica de reconocimiento pleno de derechos colectivos.

Aunque la reforma estableció de manera expresa la obligación del Congreso de la Unión de expedir la Ley General en un plazo máximo de 180 días, el ordenamiento no ha sido aprobado. Ante esta omisión legislativa, Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil acudió al Poder Judicial de la Federación para exigir el cumplimiento de la obligación constitucional y que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, afirmó que «ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución para pueblos indígenas y afromexicanos». Señaló que la ley debe garantizar el derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural; eliminar desigualdades históricas y el racismo estructural; reconocer identidades y respetar la autoidentificación, incluyendo a los pueblos afromexicanos; y proteger las lenguas indígenas y el patrimonio cultural.

A continuación el comunicado completo:

Promueve Litigio Estratégico Indígena, amparo por omisión legislativa en favor de pueblos indígenas y afromexicanos.

Ciudad de México. La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió una demanda de amparo con el objetivo de obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante el incumplimiento del mandato constitucional vigente.

El 30 de septiembre de 2024 fue reformado el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificación que incorporó un catálogo de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma tuvo como base la iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y construida a partir de las peticiones y propuestas formuladas directamente por los pueblos y comunidades indígenas del país.

Como antecedente central de este proceso, en septiembre de 2021 representantes del pueblo Yaqui, de la comunidad de Vícam, entregaron al titular del Ejecutivo federal una propuesta de iniciativa de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Dicho documento fue resultado de un proceso de deliberación comunitaria y expresó la exigencia histórica de contar con un marco constitucional y legal que garantizara el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos.

La reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 estableció de manera expresa que el Congreso de la Unión debía expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas dentro de un plazo de 180 días. Sin embargo, a la fecha, dicho ordenamiento no ha sido emitido.

Ante esta omisión legislativa, Litigio Estratégico Indígena A.C. interpuso un juicio de amparo con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación ordene al Congreso cumplir con su obligación constitucional y avanzar en la emisión de la ley reglamentaria correspondiente.

La acción legal busca que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad, y que las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos se traduzcan en normas efectivas y políticas públicas con impacto real.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A. C., explicó que ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Mexicana para pueblos indígenas y afromexicanos.

La activista recordó que la Ley General debe garantizar su derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural; eliminar desigualdades históricas y el racismo estructural, promoviendo una sociedad plural y armónica; el reconocimiento de identidades y respetar la autoidentificación de los pueblos y comunidades, incluyendo a los afromexicanos; y fomentar el desarrollo y uso de lenguas indígenas y preservar su patrimonio cultural, entre otros derechos.

Fuente: Desinformémonos