Guatemala gana arbitraje tras años de resistencia pacífica en La Puya
La empresa minera estadounidense Kappes, Cassidy & Associates (KCA), dirigida por el empresario Daniel W. Kappes, demandó al Estado de Guatemala por USD 499 millones ante un tribunal internacional, luego de que su proyecto minero El Tambor fuera suspendido por resoluciones judiciales tras la resistencia pacífica de comunidades organizadas en defensa de su territorio. El caso fue resuelto recientemente a favor del país, en un fallo que marca un precedente jurídico y político en materia de defensa territorial.
El 23 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó en su totalidad la demanda presentada por Kappes, Cassidy & Associates (KCA) contra Guatemala.
El tribunal arbitral determinó que el Estado no incurrió en responsabilidad internacional y ordenó, además, el pago de USD 379,940.76 a favor del país en concepto de reembolso por costos procesales, según información oficial.
El arbitraje tuvo su origen en la suspensión judicial del proyecto minero El Tambor, ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Dicha suspensión respondió a la constatación de violaciones a derechos colectivos, entre ellas la ausencia de consulta previa, libre e informada, así como la existencia de un conflicto social sostenido en el territorio.
Ante la imposibilidad de continuar con el proyecto, la empresa minera no accionó legalmente contra las comunidades, sino que recurrió a un mecanismo de arbitraje internacional para exigir que el Estado de Guatemala asumiera el costo económico de no imponer la mina, trasladando al país las consecuencias de un rechazo comunitario legítimo.
El fallo y su alcance
El tribunal arbitral concluyó que Guatemala no violó obligaciones internacionales de protección a la inversión, reconociendo que la suspensión del proyecto respondió a decisiones judiciales internas y a un conflicto social real, no generado de manera arbitraria por el Estado.
En términos concretos, el fallo establece que: Un Estado no está obligado a indemnizar a una empresa por la suspensión de un proyecto rechazado socialmente; la defensa del territorio no puede traducirse en una deuda económica para el país; y que la resistencia comunitaria no justifica sanciones financieras internacionales.
La Puya: más de una década de resistencia pacífica
Desde 2012, comunidades del área mantienen un plantón pacífico permanente, conocido como La Puya, para impedir el ingreso de maquinaria minera. Este espacio se consolidó como un proceso colectivo de organización comunitaria, defensa del agua y cuidado del territorio.
A lo largo de más de una década, la resistencia ha enfrentado desalojos, represión policial, criminalización de liderazgos comunitarios y campañas de estigmatización, sin abandonar su carácter no violento. La Puya se convirtió en un referente nacional e internacional de defensa territorial sostenida desde la acción pacífica.
Racismo estructural y disputa por el reconocimiento indígena
El conflicto también estuvo atravesado por el cuestionamiento institucional del carácter indígena del territorio. Durante el proceso, autoridades estatales y empresas extractivas minimizaron o pusieron en duda la identidad indígena Xinka y Kaqchikel de las comunidades afectadas, una práctica recurrente en contextos donde el reconocimiento de derechos colectivos podría frenar proyectos extractivos.
Esta disputa por el reconocimiento formó parte del entramado político y jurídico que derivó en la suspensión del proyecto y evidenció cómo el racismo estructural opera en la gestión del territorio cuando existen intereses económicos en juego.
Fuente: Prensa Comunitaria
