Reformas que matan: los cambios en la Ley de Glaciares y en el derecho laboral son caras del mismo despojo

Desde Catamarca

El contexto (histórico reciente) indica que somos un país crecientemente recolonizado por el capital transnacional. Se ha operado un cambio social profundo, que ha avanzado desarticulando los entramados económicos, territoriales y tecnológicos en pos de la expansión de diferentes tipos de enclaves extractivistas. Los enclaves realizaron un proceso de simplificación, uniformización y vaciamiento territorial para subsumir los fragmentos territoriales a la dinámica de acumulación global, como bases estrictamente proveedoras de materias primas. No hay que olvidarlo: la desindustrialización y reprimarización de la economía fue el proyecto de la última dictadura cívico-militar.

Hoy más que nunca hay que tener memoria y consciencia de qué significa continuar ese modelo. No es sólo un cambio en la matriz productiva, sino una drástica transformación de la estructura social y de la ecuación política real del país. Socialmente hay una pulverización de los niveles de integración, complejidad y desarrollo social alcanzado hasta la década de 1970. La pérdida de empleos de calidad y la caída del salario real no sólo ha erosionado la “clase media”, sino que ha producido una sociedad nueva, fragmentada: crecientemente dualizada, con una pirámide de anchos estratos pauperizados y excluidos y una cúpula cada vez más concentrada.

La precarización social se experimenta no sólo en las condiciones materiales de vida, sino en todas las dimensiones sociales: en la degradación de la salud, de la educación, de la cultura general de la población. La concentración económica se expresa políticamente en una estructura cada vez más autoritaria: hay actores poderosos que tienen el poder fáctico de imponer su agenda al aparato estatal, independientemente de quién esté al frente de su "gobierno".

¿Para qué y para quién modificar la Ley de Glaciares?

Sobre el  proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, políticamente, es relevante preguntarse: ¿quién legisla? Y ¿en función de qué legisla? La primera cuestión es central: mientras que la sanción de la  Ley de Glaciares fue un logro popular, una iniciativa legislativa que nació desde abajo y desde afuera del poder institucional, y que, mediante procesos de movilización popular, de ejercicio de la democracia participativa, halló eco en ciertos legisladores ( Marta Maffei, la gran impulsora, pero también Daniel Filmus, quien jugó un papel articulador clave), para alcanzar su sanción. Ahora, estamos en un proceso inverso.

En 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma —en el recordado "veto  Barrick Gold"—, pero la promulgó, finalmente, en 2010, tras un nuevo tratamiento legislativo. Quienes vienen contra la Ley de Glaciares ahora son los mismos intereses corporativos extractivistas de entonces, con el objetivo de expandir su frontera de explotación mineral. Las grandes empresas transnacionales, a diferencia de las década de 1990, cuando entraron al país tras la  Ley 24.916 de actividad minera, ahora no están solas. Han construido un conglomerado de poder muy compacto y eficaz, con alianzas en burguesías rentistas locales. Se trata tanto políticos como comerciantes y, minoritariamente, una fracción de clase profesional que ha encontrado su nicho en los staffs gerenciales de las grandes transnacionales o han creando sus propias “empresas” subsidiarias y contratistas.

La actual iniciativa de reforma es un proyecto desde arriba, desde actores concentrados con intereses estrictamente financieros y ultra-minoritarios, que busca arrasar una legislación construida y lograda desde abajo.

La segunda cuestión, en función de qué se legisla, contiene el antagonismo de dos criterios: el de la rentabilidad versus el de la habitabilidad. Quienes buscan voltear la ley ven los territorios desde la óptica no sólo reduccionista sino anacrónica de obtención/extracción de la máxima rentabilidad potencial. El argumento es explotar, para exportar, para generar ingresos fiscales, para generar "empleos", blablablá… Para ellos, lo que vale en los territorios es lo que puede ser explotado y valorizado en el mercado mundial. Ven las montañas sólo como fuentes de renta.

Lógico. Esa renta extractiva "se derrama" localmente, pero muy, muy poco y de una manera abismalmente desigual. Sólo grupos privilegiados y familias históricas en el poder (propietario y estatal) son las que mayor tajada pueden sacar de este derrame rentista. A nivel estructural, el extractivismo consolida oligarquías patrimonialistas y eso es muy funcional a un clientelismo asistencial como estrategia de "gobierno".

Frente a ello, la defensa de la integridad socioecológica de los territorios se hace en base al principio de resguardar su habitabilidad. La habitabilidad no es un dato geográfico; es una producción sociohistórica. Los territorios se hacen habitables o no, por obra y gracia de la acción humana. La habitabilidad no es un atributo fijo; precisa ser preservada y mantenida. Depende crucialmente de qué y cómo se produce la subsistencia y la vida social en esos territorios, qué tipo de economías se practican allí. El objeto de la Ley de Glaciares los preserva como reservas estratégicas para el consumo humano; la agricultura, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico.

Las economías de subsistencia (prejuiciosamente estigmatizadas como ‘pobres’) pueden no ser tan rentables y nunca llegarían a los niveles de rentabilidad (de corto plazo) de actividades extractivas, pero sí son altamente redituables para el sostenimiento de la vida. Y altamente redituables a mediano y largo plazo. La sostenibilidad de la habitabilidad no es un principio regresivo ni conservador; es un principio más que realista y más que pertinente para los tiempos que corren y para el nuevo estado de la Tierra.

De los glaciares al trabajo, despojo de los derechos para la vida

Esta “reforma” viene a profundizar un proceso de despojo ya en marcha. El despojo es socioecológico y, por tanto, es perfectamente coherente con el proyecto de “reforma” laboral, que también se está impulsando. Ambos proyectos, no son de “reforma” sino de aniquilación de lo poco que queda en materia de derechos y de resguardos mínimos para la vida de las poblaciones, en cuanto habitantes y en cuanto trabajadoras. Es importante comprender que no se trata de dos proyectos que no tienen nada que ver, sino que, por el contrario, son dos caras y dos dimensiones de un mismo proceso de despojo. Ambos apuntan a la entrega de las dos fuentes básicas de riqueza (el territorio y la fuerza de trabajo) al poder discrecional del capital transnacional más concentrado.

La eliminación de los presupuestos mínimos de protección de glaciares es la supresión de la barrera que hoy —formalmente y de manera muy precaria— está protegiendo las nacientes de las aguas de su destrucción. Y también está protegiendo a las comunidades agrícolas-criadoras-artesanales, que brotan “aguas abajo”. La destrucción de glaciares es destrucción de sus trabajos y sus economías de subsistencia. Impacta socialmente como factor de vaciamiento de los territorios: desplazamiento de capacidades productivas endógenas y despoblación final.

Esa población desplazada va a engrosar una urbanización precaria y ultra dependiente en cabeceras departamentales y provinciales. Va a engrosar un “ejército de reserva” ahora de trabajadores uberizados, mano de obra puesta a disposición para condiciones laborales de ultra-explotación, que es lo que la “reforma laboral” quiere venir a instalar como norma y parámetro de “justicia”. Vaciamiento territorial, desplazamiento poblacional y condiciones de ultra-explotación de la fuerza laboral son tres momentos y efectos de un mismo proceso de despojo. 

Glaciares para vivir en una Tierra en crisis climática

Es fundamental comprender que un glaciar no es “un pedacito de hielo”. Sea grande o pequeño, no es una unidad aislada, ni fragmentable. Con-forma un sistema. Un glaciar es un órgano vital, el más fundamental, el más complejo y frágil a la vez, de un sistema (socio)hidrológico o cuenca. Es la geoforma que da lugar al nacimiento de las aguas y del que depende la cantidad, calidad y disponibilidad de éstas, “aguas abajo”, a medida que descendemos por las curvas de altitud de las geografías montañosas.

En el caso de Catamarca (la provincia desde la que escribo estas líneas), todas las cuencas (socio)hidrológicas nacen y dependen de las altas cumbres de nuestras montañas. El agua disponible en los valles poblados depende, decisivamente, de lo que acontezca en sus nacientes. Eso fue y es el fundamento científico que le da soporte y legitimidad a la actual Ley de Glaciares. Desprotegerlos ahora, como se pretende con esta reforma, es lisa y llanamente desproteger a las poblaciones que —lo sepan o no— viven y dependen hidrológicamente de esas altas cumbres. 

En el caso de Catamarca, es imperioso incluso ir más allá de la actual ley que —como se sabe— sólo establece presupuestos mínimos de cuidado. Precisamos preservar todas las altas cumbres nacientes de aguas. Independientemente de la existencia de glaciares, necesitamos resguardar todas las zonas de recarga hídrica, porque vivimos en una provincia extremadamente árida y las economías locales dependen crucialmente de las aguas que nacen de sus montañas. Esa es la verdadera reforma que necesitamos.

Finalmente, necesitamos una racionalidad acorde al estado actual de la Tierra. En tiempos de crisis climática, descuidar las aguas, entregar las nacientes para su explotación, es lo más anacrónico, lo más irracional y lo menos realista que se puede concebir. Guiarse por el rentismo hoy es anacrónico. Científicamente, pero, sobre todo, social y políticamente.

La preservación de la habitabilidad de los territorios constituye el valor más preciado y crucial para cada población local; para toda la humanidad. Las conclusiones de  una investigación sobre el actual estado de la Tierra, suscripta por más de 15.000 científicos de distintos países deja claro las consecuencias de continuar  negando la crisis climática.  

“Los efectos del calentamiento global son cada vez más graves y existen posibilidades como un colapso social mundial que son factibles y peligrosamente poco exploradas. Se estima que, para fines de este siglo, entre 3.000 y 6.000 millones de personas (aproximadamente entre un tercio y la mitad de la población mundial) podrían encontrarse confinadas más allá de la región habitable, enfrentando un calor extremo, una disponibilidad limitada de agua y alimentos y tasas de mortalidad elevadas debido a los efectos del cambio climático. Las condiciones se volverán muy angustiosas y potencialmente inmanejables para grandes regiones del mundo", describen.

Y continúan: "Advertimos sobre el posible colapso de los sistemas naturales y socioeconómicos en un mundo así, donde enfrentaremos un calor insoportable, frecuentes fenómenos meteorológicos extremos, escasez de alimentos y agua dulce, aumento del nivel del mar, más enfermedades emergentes y un mayor malestar social y conflicto geopolítico.”

Dado este momento de la Tierra, descuidar la habitabilidad es lo más desquiciado que se puede hacer. Es cierto que sacrificar la habitabilidad en aras de la rentabilidad no es un problema sólo local, sino global. Podría decirse que parece ser el “espíritu de la época”. De hecho, el hombre más rico, y uno de los más poderosos del mundo, está destruyendo la habitabilidad de la Tierra, juntando montañas de dinero y soñando con poder ir a vivir a Marte. Pero también es cierto: mal de muchos, consuelo de tontos.

Las élites políticas, cómplices del poder corporativo, otorgan concesiones para un negocio de pocos, dando la espalda a los intereses generales y de largo plazo de la población a la que deberían representar. El vaciamiento territorial, el despojo de las aguas y los suelos, no sólo se traducen en un régimen social que somete a la población a condiciones extremas de precariedad y de súper-explotación laboral, sino que también operan la destrucción de las formas más elementales de un sistema democrático. A 50 años del golpe cívico-militar, la lucha por la democracia y por la defensa de los derechos humanos es hoy una ardua tarea pendiente que tiene como principales obstáculos a quienes nos dicen representar. Sin glaciares no tendremos agua. Sin agua no hay ciudadanía que sobreviva.

Fuente: Agencia Tierra Viva