Acaparamientos con fondos privados y cercamientos digitales en el Brasil de Bolsonaro
Desde mediados de la década del 2000 la inversión institucional en la agricultura comenzó a crecer. De siete fondos destinados a agricultura que había en 2004, hoy son más de 300. ¿Quiénes están en esto? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Qué obtienen los actores financieros y las comunidades locales? La mayoría son fondos de “capital privado”. Dineros inyectados en empresas no registradas en las bolsas o mercados de acciones que no están sujetas a entregar informes públicos. Los fondos de capital privado son administrados por equipos pequeños y especializados, que tienden a atraer a ciertos clientes.
Como el mínimo de inversión es del orden de millones de dólares, inmovilizados entre 5 y 15 años, este tipo de inversiones sólo es accesible a los fondos de pensión, a fondos de capital soberanos, fondos de dotación, firmas familiares, gobiernos, bancos, compañías de seguros y personas de alto patrimonio.
Hoy, la industria del capital privado tiene una sólida presencia en el ambiente de las inversiones. En 2019, se ubicaba en el tercer lugar entre las categorías de inversionistas, con más de 4 billones de dólares bajo su administración. Esto es comparable a los 4.5 billones que manejan los bancos mundiales de desarrollo y supera por lejos los 1.5 billones invertidos por las fundaciones filantrópicas de EUA y Europa.
La industria del capital privado está sujeta a una escasa regulación o vigilancia, lo cual es atractivo para los inversionistas (muchas son offshore, extraterritoriales, en países dedicados a alojar este tipo de fondos). En 2010, Estados Unidos promulgó una ley que exigía que las firmas de capital privado que administraran más de 150 millones de dólares, estuvieran registradas en la Securities and Exchange Commission o SEC (la comisión de seguros y mercado de valores), pero la SEC hace muy poco para llevar un control de estas empresas. La Unión Europea también intenta orientarse hacia una mayor rendición de informes y vigilancia, pero sin hacer muchas olas, mientras el Reino Unido promete que el Brexit significará menos regulación. Brasil, India y otros países tampoco tienen controles estrictos. La actitud despreocupada en relación a los impuestos también es un problema. Los honorarios de los administradores de inversiones se gravan como ingresos, pero las ganancias se gravan como ganancias de capital, a una tasa mucho más baja. La responsabilidad política o social, es casi nula.
El papel de los fondos de pensión
Desde 2011, GRAIN busca poner en evidencia cómo juegan los fondos de pensión en el acaparamiento de tierras para producción agrícola, a nivel global [1]. Expusimos importantes hallazgos y acusaciones en torno a las operaciones de TIAA, el mayor fondo de pensión estadounidense, que invierte en tierras agrícolas como estrategia especial arrastrando a numerosos fondos de pensión hacia sus inversiones en Brasil [2].
Hoy, TIAA tiene una división completa, Nuveen, que administra su portafolio agrario y es el inversionista en tierras agrícolas más grande del mundo.
El sindicato United Auto Workers (UAW) es el mayor sindicato de trabajadores de Estados Unidos y Medical Care Trust administra los beneficios de atención en salud de sus pensionados. UAW tiene 400 millones de dólares invertidos en tierras agrícolas en Brasil a través de Proterra, Black River y Amerra. Proterra y Black River son firmas de capital privado dedicadas a adquirir tierras agrícolas creadas de una partición de Cargill. Proterra administra la enorme suma de 3 mil millones de dólares, incluidos 600 millones de dólares en fondos comprometidos por los inversionistas pero aún no invertidos. Un fondo que administran con dinero de UAW es el Black River Agriculture Co-Invest Fund A, que compró participación controladora de fincas en Australia y América Latina, por entradas netas de 14.1%. Amerra, por su parte, invierte en la compra de deudas y activos privados centrados en la agricultura, administrando 1800 millones de dólares. Amerra tiene una reputación menos que estelar. La empresa, conocida por ir a la caza de activos en dificultades, una estrategia conocida como “inversión buitre”, ha estado bajo demanda por varios importantes bancos, por ayudar y ser cómplice del fraude cometido por Transmar, comercializador internacional de cacao. Hace poco, sus ofertas por bienes de agronegocios brasileños fueron bloqueadas y se le acusó judicialmente por otros asuntos. Las propiedades en tierras agrícolas de UAW pueden haber cambiado desde 2017, pero la pregunta es si los trabajadores saben lo que ocurre, y en qué grado, y si ejercen control sobre cómo son administrados sus fondos.
En julio de 2020, el International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers (un sindicato internacional de trabajadores en servicios de atención en hotelería, restaurantes “y otros trabajadores aliados”), urgió a las organizaciones de trabajadores a “presionar por instrumentos de inversión pública, respaldados por garantías de los bancos centrales, que apoyen empleos sustentables y la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, cortando el cordón umbilical que une el futuro de los trabajadores con los multimillonarios de los bonos basura”. Dada la profunda conexión “umbilical” entre capital privado, acaparamiento de tierras y el sistema alimentario, este llamado es muy urgente.
El capital privado reúne inversionistas que asumen el control de activos —de tierras agrícolas a terminales de granos, plantas procesadoras de carne y distribución de alimentos— y perturba la realidad de campesinos, pescadores y trabajadores. Aunque sus operaciones son poco claras y rara vez rinden cuentas, crecieron desde la crisis financiera de 2008 y hoy su mayor concentración y presencia está en el Sur global.
Esto es parte de un proceso mayor: las finanzas —bancos, fondos, compañías de seguros y similares— se hacen del control de la economía real, incluidos los bosques, las cuencas hidrográficas y los territorios de la población rural en lo que se llama “financiarización”. Desarraigan comunidades, acaparan recursos, cimentan un modelo de agricultura industrial de exportación, y trasvasan el poder hacia remotos directorios, donde personas sin conexión con la agricultura, deciden sobre asuntos locales, a veces cruciales, aunque sólo estén para hacer dinero.
Es desconcertante que los principales actores en la industria del capital privado sean los fondos de pensión de los trabajadores, seguidos por las instituciones financieras gubernamentales para el desarrollo. Pese a que deciden todo lo que hacen sus fondos de inversión con el dinero, no guardan conexión con las personas cuyo dinero invierten, mucho menos entre ellos y las comunidades afectadas por estas inversiones.
Cercamientos digitales
América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. El avance de la frontera agrícola, inducido sobre todo por la demanda global de soja y carne es central en profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria.
Según una evaluación de la FAO, a principios de siglo había unas 2 mil 800 millones de hectáreas de tierras cultivables para expandir la frontera agrícola en el mundo, 80% de las cuales estaría en África subsahariana y América Latina, sobre todo en siete países: Angola, Congo, Sudán y Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Una revisión del estudio, en 2012, redujo la extensión de las llamadas “zonas de expansión cultivables” a mil 400 millones de hectáreas, al excluir las tierras de baja calidad para la agricultura, las áreas de protección forestal y de usos no agrícolas. Con las múltiples crisis post-2008, la presión para controlar las tierras, el agua y la biodiversidad en estas “zonas con reservas de tierras” aumentó, sea para producir o como activos financieros. Las llamadas “soluciones climáticas basadas en la naturaleza”, que se centran en bosques y ecosistemas como reservas de carbono, intensifican aún más la competencia por las reservas de tierras y la especulación inmobiliaria en todo el mundo.
Existen cinco zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria identificadas en América del Sur: la Orinoquía o los Llanos Orientales en Colombia; Matopiba (acrónimo para los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía) en el Cerrado brasileño; y las regiones a lo largo de la ruta del flujo de salida de producción de la hidrovía Paraná-Paraguay, los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni en los bosques secos chiquitanos en Bolivia, el Chaco Seco Paraguayo y el Chaco Argentino. En las cinco zonas de expansión, se puede identificar:
1. Alta concentración de las mejores tierras cultivables en predios de gran extensión, casi siempre con más de 2 mil hectáreas. En el Cerrado brasileño, por primera vez, aparecen propiedades mayores de 1 millón de hectáreas con soja cosechada en Mato Grosso y Bahía.
2. Ocupación mayoritaria de estas tierras por monocultivos de soja o pastos para la ganadería (pecuaria) para exportar mercancías agrícolas y un aumento significativo de la deforestación. De las 16 millones 500 mil hectáreas convertidas por la agricultura en Brasil en los últimos 10 años, 12 millones de hectáreas fueron con soja.
3. Aumento del control de las tierras (por adquisición o contrato) y de la infraestructura logística para exportar por parte de grupos económicos extranjeros, sobre todo comercializadoras. Destaca el control de terminales portuarias estratégicas por parte de Cargill y COFCO en todas estas zonas de expansión y la intensa inversión para adquirir tierras en Matopiba por parte de fondos de pensiones e inversión.
4. Procesos en curso de digitalización de la gobernanza de la tierra —para resolver derechos de propiedad mediante catastros con la georreferenciación de áreas— descuidando los territorios colectivos en todos los países analizados y así sentar las bases para abrir tierras al mercado.
5. Titulación individual masiva de la propiedad privada y suspensión de los procesos de titulación colectiva y de reforma agraria.
6. Leyes y políticas específicas para atraer inversiones del mercado de capitales en tierras, infraestructura logística y en cadenas de valor del agronegocio. Este proceso lo anclan a patrimonios rurales creados especialmente para servir de garantía en deudas, como la tierra (o fracciones de ella), la cosecha futura o los “servicios ambientales”. Resalta la transformación de los títulos del agronegocio en Brasil en activos mobiliarios, los cuales pueden ser emitidos en moneda extranjera, y gestionados por el mercado financiero con exención de impuestos en sus transacciones.
En los cinco países, los catastros con georreferenciación se volvieron requisito para regularizar la tierra y acceder a políticas públicas y créditos. El Banco Mundial invierte masivamente en digitalizar la gobernanza de la tierra y los recursos naturales sobre ella, como los 45 millones 500 mil dólares para inscribir los inmuebles rurales particulares del Cerrado brasileño en el Catastro Ambiental Rural (CAR).
Ahora, Brasil, por decreto, permite la regularización agraria sobre terrenos públicos hasta por mil 500 hectáreas a partir del CAR y de informaciones que brinda el solicitante mismo.
Hay una clara prioridad en georreferenciar las zonas de expansión del agronegocio y casi en exclusiva sobre predios rurales particulares, encubriendo, total o parcialmente, los territorios colectivos y los asentamientos que por la reforma agraria gestionan en colectivo sus tierras. Aunque exista una inscripción como territorios colectivos, las instituciones públicas y bancarias vienen exigiendo el catastro como inmueble rural particular, lo que genera la superposición de varios catastros individuales sobre territorios colectivos, o incluso borrar estos territorios del mapa. Esta presión para que se registre como bien predio particular se debe a que las tierras públicas, los territorios colectivos/comunitarios y los asentamientos “de reforma agraria” (por un tiempo determinado) son inalienables y no pueden ser otorgados en garantía de deuda, lo que representa límites al mercado de tierras.
Con este rediseño digital del uso y ocupación de la tierra con foco en inmuebles individuales particulares, y la posterior regularización de tierras pautada en la emisión de títulos individuales para consolidar derechos de propiedad, se pavimenta la inserción de millones de hectáreas en el mercado de tierras, en las cadenas globales de valor y en el mercado de capitales —y pasa a ser posible su venta y ejecución por deuda.
La huella de fuego de los agronegocios en el Amazonas
Pátria Investimentos tiene fama de pionero en la industria del capital privado en Brasil. Hasta 2010 era pequeño, cuando el gigante de los capitales privados de Estados Unidos, Blackstone, adquirió 40% de la compañía. Desde entonces, la firma creó fondos de capital privado y atrajo miles de millones de dólares en inversiones de canadienses, europeos y estadounidenses, y de bancos de desarrollo. La entrada de Blackstone a la compañía marcó su giro hacia los agronegocios, apuntando a la “frontera agrícola” del noreste de Brasil.
En 2015, Pátria creó Pátria Brazilian Private Equity Fund III para financiar la construcción de una polémica terminal de distribución en Pará, diseñada para transportar materias primas agrícolas desde la profundidad del Amazonas hacia los puertos de la costa este. La terminal, que tiene la mayor capacidad de carga y de transporte de granos en el norte de Brasil, es operada por Hidrovias do Brasil, una compañía logística en la que invirtieron Pátria, Blackstone, Temasek, el fondo de pensiones de Alberta, Canadá, la CFI del Banco Mundial y el banco nacional de desarrollo brasileño (BNDEPar) [3]. Esta terminal está vinculada a la agresiva deforestación del Amazonas, debido a la expansión de los agronegocios [4].
En el sur de Brasil, Hidrovias controla 30% de todo el transporte del curso fluvial Paraguay-Paraná. El curso fluvial, impulsado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay desde hace décadas, es un complejo sistema de navegación comercial que sirve a las industrias extractivistas de la región: sobre todo minería, soja y pulpa de papel. Desde sus inicios, es denunciado por las tremendas consecuencias ambientales, sociales y económicas. El impacto incluye erosión de suelos y costa, pérdida de turismo, disminución de las poblaciones de peces, desplazamiento de personas debido a las inundaciones, tráfico humano, pérdida de biodiversidad e invasión de especies no nativas [5].
Por varias irregularidades, los tribunales de Brasil suspendieron permisos de operación de Hidrovias en tres puertos en 2016. En 2017, uno de los silos de Hidrovias, en el puerto granelero de Miritituba, en Itaituba, se desplomó porque su base de apoyo no pudo soportar el peso, dando lugar a la suspensión de otro puerto. A pesar de este y otros problemas, Hidrovias do Brasil informó una utilidad bruta de 100 millones de dólares en 2019, 32% más que en 2018.
Pátria salió a comprar agronegocios y adquirió varias de las distribuidoras independientes de semillas, fertilizantes y pesticidas en el nordeste brasileño. “Vimos que éramos actores a través de distintos puntos de la cadena de valor, en especial en fertilizantes y transporte fluvial y pensamos que habría muchas sinergias en cuanto al flujo de información y la actividad de compra y venta de tierras agrícolas”, señala el director del portafolio de agronegocios de Pátria, Antonio Wever.
Pátria ha lanzado al menos dos fondos de tierras agrícolas destinados a la compra de tierras en la “frontera agrícola” del nordeste brasileño. Su interés son las fincas medianas, de no más de 5 mil hectáreas, cuyos dueños estén en dificultades financieras o donde haya una “actividad transformadora” que lleve las tierras de praderas a la producción de cultivos. Pátria no publica información acerca de sus fondos para tierras agrícolas y solamente pudimos identificar dos propiedades que adquirieron: uno en la parte occidental del estado de Bahía y otra a lo largo de la frontera, en Tocantins, donde hay serios conflictos por la tierra entre las comunidades que tradicionalmente han ocupado las tierras y los agricultores a gran escala que recién llegaron. En agosto de 2020, Pátria adquirió tres fincas de cítricos y cereales que cubrían mil setecientas hectáreas en el estado de São Paulo, tomando el control de la compañía brasileña de servicios de agronegocios, Qualicitrus.
Como otros operadores de capitales privados, Pátria no está interesado en quedarse largo tiempo —sólo diez años. Sus planes son vender a los agricultores más grandes del área o a compañías extranjeras.
Con esta enorme apuesta por expandir la apertura del Amazonas y de El Cerrado a los agronegocios, no es sorpresa que Pátria y Blackstone hayan sido partidarios tan fervientes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Tras su elección, Pátria aseguró a sus inversionistas que el gobierno de Bolsonaro no era un peligro para la democracia y que permitiría “políticas mejoradas”. Blackstone, mientras tanto, bien conocido por sus cercanas conexiones con los principales líderes del Partido Republicano de los Estados Unidos como Donald Trump y Mitch McConnell, fue uno de los principales auspiciadores de la gala en Nueva York, organizada en 2019 por la Cámara de Comercio Brasileña Estadounidense, para homenajear a Bolsonaro como la “Persona del Año”, para la cámara, durante su visita a los Estados Unidos.
Los favores van en ambos sentidos. El gobierno de Bolsonaro convirtió a Hidrovias en socio para la privatización y desarrollo de cientos de kilómetros de la carretera nacional BR-163, que transporta materias primas agrícolas desde el Amazonas hacia el sudeste y que recientemente fue bloqueada por manifestantes de Kayapó, que dicen que la vía está propagando el Covid-19 entre su pueblo. Pareciera que Bolsonaro también consiguió comprometer, durante su visita a Riad en octubre de 2019, una gran inversión del fondo soberano de Arabia Saudita en dos de los fondos de capital privado de Pátria.
Resumen que extrae fragmentos de dos documentos de GRAIN: “Los señores de lo oscuro asaltan el granero. El capital privado hinca el diente en la agricultura” ( www.grain.org/es/article/6541 ) y “Cercas digitales: cercamiento financiero de las tierras agrícolas en América del Sur” ( www.grain.org/es/article/6530 ). Visiten www.grain.org
Notas:
1. GRAIN, “Fondos de pensiones: actores claves en el acaparamiento mundial de tierras agrícolas”, 20 de junio 2011, https://grain.org/es/article/4289-fondos-de-pensiones-actores-claves-en-el-acaparamiento-mundial-de-tierras-agricolasy GRAIN, “El acaparamiento de tierras perpetrado por los fondos de pensión debe terminar” 13 de diciembre de 2018, https://grain.org/es/article/6094-el-acaparamiento-de-tierras-perpetrado-por-los-fondos-de-pension-debe-terminar.
2. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, GRAIN, Inter Pares y Solidarity Sweden-Latin America, “Foreign pension funds and land grabbing in Brazil”, 16 de noviembre de 2015, https://www.grain.org/e/5336, y otros informes disponibles en www.grain.org.
3. Pátria tiene el 55.8% de la propiedad de Hidrovias. Blackstone tiene el 40% de Pátria además del 9.3% de acciones directas en Hidrovias.
4. GRAIN y Grupo Carta de Belém, “Clima, terra e soberania: as narrativas climáticas sobre os territórios do sul global, 28 de noviembre de 2019, https://grain.org/e/6370
5. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, capítulo 9, p. 96, Acción por la Biodiversidad, 2020, http://www.biodiversidadla.org/atlas.
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