El lucrativo negocio de vigilar y castigar

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"La realidad es que, detrás de la construcción de un muro, se entreteje el surgimiento, afianzamiento y normalización de una boyante infraestructura tecnológica que “penetra muy profundo en el interior estadunidense y dentro de las regiones fronterizas de México, Centroamérica, el Caribe y más allá”. Se trata de una expansión constante de tecnologías de monitoreo y vigilancia, incluidas cámaras, aeronaves, sensores de movimiento, drones, vigilancia mediante video, y la tecnología biométrica para los controles fronterizos entre México y Estados Unidos. Es la sofisticación de los programas de detección, detención e incluso represión, y del armamento para contener los estallidos".

En fechas recientes ha ido cobrando foco en la opinión pública internacional el enorme éxodo latinoamericano hacia Estados Unidos y el Norte en general (sobre todo centroamericano y mexicano), pero ahora también una nueva oleada que viene de África, por diversas rutas, que implican cruzar el océano emulando tal vez algunas de las antiguas vías de navegación de los buques negreros, o apostando a viajes aéreos no muy publicitados. Se dice que una de las fuertes puertas de entrada está siendo Colombia, desde donde los migrantes africanos viajan hacia el Norte. 

Hace poco, ante la nueva política migratoria mexicana que busca imitar a su contraparte estadunidense en la vejación, confinamiento y cerrazón de la que es capaz la autoridad migratoria, incluso se organizó una asamblea de migrantes de África exigiendo demandas puntuales al gobierno mexicano.

En un comunicado reciente, que reportó el 31 de agosto Desinformémonos, la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula declaraban: “La población africana en Tapachula exigimos respeto a nuestra dignidad y nuestros derechos. La población de personas de origen africano, obligadas a permanecer en Tapachula, sufrimos una situación humanitaria insoportable en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene; así como de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias. Somos personas desplazadas por fuerza que venimos huyendo desde nuestros países para salvaguardar nuestras vidas y acogernos a la protección internacional en Estados Unidos, Canadá o en su minoría, en México pero hasta el momento no hemos recibido respuesta clara del gobierno mexicano. Exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado que cesen su violencia y dejen de reprimir nuestra legítima protesta, así como a las autoridades migratorias que resuelvan nuestra situación lo antes posible y detengan su hostilidad”.

Y esto es sólo una de las tantísimas aristas que van complejizando las tramas del nuevo escenario migratorio y de exilio que se agolpa en las puertas al sur de México (gracias al servilismo del secretario de Relaciones Exteriores y a la debilidad pusilánime del primer mandatario mexicano,quienes no pudieron sortear la crisis de los aranceles con Trump, pese a haber contado con el respaldo de nueve ex-embajadores y hasta cámaras de comercio que no coincidían con la enjundia trumpista por doblarle el brazo al gobierno mexicano). Lo triste es que mandatario y secretario de Relaciones Exteriores no respondieron a un comunicado oficial donde el presidente les amenazara con imponer 5% de aranceles, sino a un simple twit emitido por Trump en las redes sociales.

Y se impuso Trump, que no “inaugura un nuevo rumbo en el control fronterizo” sino que continúa una estrategia de regímenes anteriores por controlar militarmente la frontera entre Estados Unidos y el resto de América, recrudeciéndola sin duda, pero sobre todo manteniendo un consenso político “forjado en gran medida por las mayores empresas de armamento del mundo (así como de algunas del sector de la seguridad y la tecnología de la información), que han logrado formidables ganancias con el crecimiento exponencial de los presupuestos gubernamentales destinados al control fronterizo. Mediante sus aportaciones a campañas políticas, labores de cabildeo, constante interacción con funcionarios públicos y las puertas giratorias entre el sector y el gobierno estadunidense, estas corporaciones de seguridad y sus aliados gubernamentales han creado un poderosocomplejo industrial de fronteras”. Así escribe Todd Miller en Más que un muro. Enriquecimiento empresarial y militarización de las fronteras estadounidenses, el informe que publica hoy el Transnational Institute y que busca hacer legible no sólo la geopolítica del exilio y la migración, con su cierre, su juego de aceptación y rechazo, sino toda la industria militar, armamentista, de vigilancia, control electrónico y esclavismo implícita y explícitamente diseñada por corporaciones especializadas en contubernio con el gobierno estadunidense.

No es sólo el momento actual. El informe insiste en los consensos políticos de muchos años entre republicanos y demócratas para reforzar la frontera.

Es a partir de la década de 1980 que se comienza a acelerar la tendencia hacia mayores presupuestos para “blindar” la frontera (en realidad para hacerla porosa mediante filtros que contemplan destinos diferentes para diferentes sujetos migrantes [eso es el caso de otro texto completo].

Lo increíble es que el presupuesto en los años ochenta era de 350 millones de dólares (entonces a cargo del Servicio de Inmigración y Naturalización)[INS] y de ahí trepó en diez años a mil 200 millones, a 4 mil 200 millones en el año 2000, a 9 mil 100 millones en 2003 y a 23 mil 700 millones en 2018. Esto ya bajo la terrible tutela de Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la temible ICE (la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas).

Esto significa un aumento de “un asombroso 6 mil por ciento desde 1980”.Como indicador paralelo a este presupuesto, está el aumento en el número de agentes destinados para vigilar y hacer cumplir las tensas y estrictas regulaciones que pasó de 4 mil agentes en 1994 a 21 mil hoy en día.

No obstante, en números locales podemos decir que operan unos 60 mil agentes por órdenes de la CBP), algo que equivale al mayor esfuerzo de “cumplimiento de la ley” en EUA.

El informe de Todd Miller (TNI) resalta entonces algo que los twits de Trump intentan cubrir: el hecho de que la supuesta obsesión del presidente no es sino algo que “distorsiona y oscurece el debate público en torno al control fronterizo”.

La realidad es que, detrás de la construcción de un muro, se entreteje el surgimiento, afianzamiento y normalización de una boyante infraestructura tecnológica que “penetra muy profundo en el interior estadunidense y dentro de las regiones fronterizas de México, Centroamérica, el Caribe y más allá”.

Se trata de una expansión constante de tecnologías de monitoreo y vigilancia, incluidas cámaras, aeronaves, sensores de movimiento, drones, vigilancia mediante video, y la tecnología biométrica para los controles fronterizos entre México y Estados Unidos. Es la sofisticación de los programas de detección, detención e incluso represión, y del armamento para contener los estallidos.

Todo parece remontarse a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1946 (pasada la segunda guerra mundial) que estableció que las medidas de control debían extenderse 100 millas al interior, “lo que hizo que la industria de la frontera se asentara en un ámbito donde residen más de 200 millones de personas (dos tercios de la población estadunidense). Esto implica entonces una estrategia de “capas múltiples” para patrullar la frontera, eimplica también externalizar el cumplimiento de los controles lejos de la frontera, “evitando que los migrantes se acerquen siquiera a las fronteras estadunidenses. Esto se recrudeció a partir del 11 de septiembre, lo que significó transferir fondos y establecer programas para entrenar a guardias fronterizos extranjeros, transferir recursos e infraestructuras para que otros países refuercen sus políticas de frontera.

Suena maquiavélico porque en paralelo con la alarma que pregonan desde las oficinas de la presidencia y las instancias de control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones, las empresas dedicadas a la vigilancia hablan de un “auge sin precedentes”, que tiene que ver con la “inmigración ilegal y la infiltración terrorista”, mayores fondos para el patrullaje fronterizo en países en desarrollo y la “maduración de nuevas tecnologías”.

Para 2022 el mercado será de 52 mil 950 millones de dólares.

Esto implica dividendos impresionantes para corporaciones estadunidenses como Accenture, Boeing, Elbit, Flir Systems, G4S, General Atomics, GeneralDynamics, IBM, L3 Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, PAE, Raytheon, UNISYS, todas ellas implicadas en tecnología de seguridad y sobre todo compañías fabricantes de armamento, firmas que ya acaparan los presupuestos militares de Estados Unidos.

Destacan las firmas que tienen en su haber prisiones privadas, compañías como CoreCivic y Geo Group, las cuales son actores centrales junto con G4Sen proveer con servicios de detención de inmigrantes [y que lucran de los detenidos haciéndoles trabajar por unos salarios ínfimos en condiciones muy precarias].

El volumen y el valor de los contratos con las corporaciones son cuantiosos. Por ejemplo, Lockheed Martin tiene un contrato de más de 945 millones de dólares por mantener y actualizar aviones de vigilancia equipados con sistemas aéreos y de superficie conectados a radares. Con este único contrato, se iguala al presupuesto total que se tenía para la vigilancia fronteriza entre 1975 y 1978.

De igual modo, el monto que se le paga a las corporaciones eclipsa por completo lo que se otorga a los grupos que auxilian refugiados. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, por ejemplo, “destinó 14 millones 900 mil dólares a nueve organismos sin fines de lucro que ayudan a que las personas logren su reasentamiento. Esto es una pequeñísima porción de loque se le otorga en contratos a las corporaciones para detener, monitorear, arrestar, encarcelar y deportar personas”.

Es increíble que todo esto ocurra pese a los escándalos en los que se han visto implicadas varias de las grandes corporaciones de seguridad. UNISYS, por ejemplo, fue hallada culpable de sobrefacturar a los contribuyentes por casi 17 mil horas laborales. “En 2015 Flr Systems fue declarada culpable de soborno y a G4S se le ha acusado de maltrato y de la muerte de personas detenidas en Estados Unidos y el Reino Unido”.

Hablamos entonces de un tramado que incluye centros de detención, cárceles privadas, sistemas de vigilancia, monitoreo, investigación y respuestas de contención, represión e incluso ataque en las vastas franjas fronterizas estadunidenses y de otros países con quienes se cuenten acuerdos migratorios (como ahora sería el caso de México).

No hablamos solamente de Estados Unidos pues su tejido abarca varios países donde existan problemas de “infiltración terrorista” o “inmigración ilegal”.

Todos los contratos en otros países son más difíciles de rastrear pues los fondos fluyen por diferentes organismos dispersos en más de cien programas. El Informe de Todd Miller y TNI “demuestra que Raytheon es uno de los agentes más importantes en este ámbito, y entre 2004 y 2019 recibió más de mil millones de dólares de la Agencia de Defensa para la reducción de Amenazas, habiendo participado incluso en la construcción de fronteras en Jordania y Filipinas. “Según sus propias fuentes, Raytheon ha desplegado ‘soluciones’ fronterizas en más de 24 países europeos, de Oriente Medio, el Sureste Asiático y el continente americano: más de diez mil kilómetros de fronteras terrestres y marítimas”.

El complejo incluye también universidades e institutos que reciben dentro de sus presupuestos de investigación y desarrollo millones de dólares en fondos suficientes para avanzar en la “seguridad nacional”.

Pese a que se declaran bonanzas imprevistas, en realidad tales corporaciones han ido cocinando a fuego lento su actual auge mediante grupos de cabildeo, contribuciones a las campañas de los miembros del comité de asignaciones presupuestarias de la cámara de representantes y reuniones con funcionarios de distintos niveles. Además se cuelan como asesores e incluso como personal a puestos y “posiciones estratégicas de influencia”.

También aprovechan las exposiciones, los seminarios, la creación de redes personales en almuerzos y convivios, con los que los cabilderos profesionales van de la mano con los contratistas, los expertos y los estrategas de la vigilancia, el control, la represión y la extracción de jugosas ganancias de los centros de detención privada.

Desde la venta de sistemas electrónicos, pasando por las armas, el entrenamiento de agentes, los sistemas de administración, gestión y organización de la vigilancia, el monitoreo y la detección, contención, detención, hasta llegar a las cárceles privadas donde se les extrae plus valor enorme a cada recluso, el sistema de lucro de todo este enjambre se va tejiendo hasta configurar un sistema complejo de complicidades, en el ámbito de la política fronteriza y de migración (incluido el componente ideológico que le da forma).

Dice el informe: “Los presupuestos de la CBP han pasado de 14 mil 439 millones 714 dólares en 2017 a 16 mil 690 millones 317 dólares Los presupuestos de la CBP han pasado de 14 439 714 dólares en 2017 a 16 millones 690 317 dólares en 2019, un incremento de más de 2 mil millones de dólares para gastar en más contratistas, tanto nuevos como ya activos. La ICE también ha sido testigo de un aumento de casi 2 mil millones de dólares durante el mismo periodo”. Esto, repetimos, no ha sido súbito. Es el resultado de un largo ascenso y consolidación de todo este sector de la industria de la vigilancia, la represión y los armamentos, en particular en las fronteras estadunidenses. 

Hablamos de los beneficios que logran las empresas con la gran expansión del complejo industrial de fronteras. Las consecuencias se dejan sentir en las vidas humanas, sobre todo en la crisis generalizada e intencionada de muerte y desaparición en los territorios fronterizos.

En conjunto, estamos hablando de “más de 344 mil contratos para servicios de control fronterizo y de inmigración por más de 80 mil 500 millones de dólares”. La ICE, ella sola, emitió 35 mil contratos por unos 18 mil 200 millones de dólares mientras que la CBP unos 64 mil contratos por 27 mil millones de dólares. La Guardia Costera emitió 245 mil contratos por 35 mil 300 millones de dólares . La triste realidad, que le da su tono a esta industria de la represión, es que se sospeche que estas cifras son menores a las reales, pues hay una falta de transparencia en sus contabilidades y operaciones de acuerdo a la Oficina del Inspector General Estadunidense.

Como colofón, pese a lo odioso que aparece Trump como pregonero de todo este sistema policiaco-militar-industrial, no bastará con cambiar de presidente para desmantelar el complejo avispero de guardias privadas ypúblicas conviviendo para lucrar de quienes con la esperanza de evadirse de las tremendas condiciones en casa, creen, aún, que al llegar a Estados Unidos arribarán al paraíso de las libertades y las oportunidades.

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Con información de Todd Miller More than a wall, Corporate Profiteering and the Militarizing of US Borders, Transnational Institute,  www.TNI.org en copatrocinio con No More Deaths  www.nomoredeaths.org.

La versión castellana está disponible desde hoy en la página de TNI.

Fuente: Desinformémonos

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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