Testimonios, reclamos y propuestas en Audiencia Pública sobre el derecho a la tierra
Colmada de representantes de comunidades campesinas e indígenas, la Sala Bicameral del Congreso Nacional fue testigo de la vigencia del reclamo de acceso a la tierra. La extensa audiencia pública fue convocada por la Comisión de Reforma Agraria del Senado y sirvió como escenario de denuncia, exigencia y propuestas relacionadas a la problemática de la tierra.
En un primer momento se escucharon los testimonios de los llamados “casos emblemáticos” donde representantes de las comunidades Kira’y sexta línea (San Pedro), Edilson Mercado (Canindeyú), Hugua Po’i (Caaguazú), Santa Librada (Caazapá) y Pindo’i (Caaguazú). Estos casos mostraron los patrones comunes en el abordaje de la problemática de la tierra por parte del Estado: corrupción y falta de claridad en las documentaciones respecto a la posesión de la tierra, uso del Ministerio Público y la justicia como herramientas para criminalizar a quienes luchan por la tierra, instituciones sin capacidad de respuesta ante las peticiones y reclamos de las personas que exigen acceso a la tierra.
La profundización de la política de violencia contra quienes reivindican el derecho a la tierra fue uno de los puntos más cuestionados, el abogado Walter Isasi, de la CODEHUPY, señaló en ese sentido que desde fines del 2024 hasta la actualidad se han dado, al menos, 11 casos de desalojos forzosos en los que la arbitrariedad por parte del Ministerio Público y la violación de Derechos Humanos fueron la constante. La situación de los Pueblos Indígenas también fue presentada, en ese sentido, Mario Rivarola, indígena de la Comunidad Hugua Po’i, indicó que según la propia legislación nacional los Pueblos Indígenas deberían tener aproximadamente ocho millones de hectáreas a disposición, sin embargo, sólo se encuentran en manos de comunidades indígenas cerca de un millón de hectáreas de tierras, de las cuales menos de 50% se encuentran aseguradas y el resto están bajo amenaza de ser desalojadas.
Tras las contundentes denuncias realizadas por los representantes de las comunidades, las autoridades presentes en representación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y de la Dirección de Registros Públicos, abordaron la situación, aunque sin brindar respuestas satisfactorias para las comunidades que reclaman. “Ante la duda a favor del terrateniente más poderoso” parece ser la política oficial del Estado respecto a la situación de la tierra, además de esto, la falta de presupuesto para adquisición de nuevas tierras, falta de personal en lugares claves para resolver situaciones de disputa y algunos otros nudos quedaron expuestos ante la población con las intervenciones de los referentes institucionales que debieron enfrentar careos con los presentes, mediados principalmente por la Senadora Yolanda Paredes, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, y la Senadora Esperanza Martínez.
El abogado Abel Areco, parte de BASE-IS, señaló que estos casos son solo ejemplos ya que existen innumerables reclamos territoriales por parte de comunidades campesinas e indígenas a nivel país “estos casos son consecuencia de una realidad de acaparamiento de tierras en pocas manos, sólo 15 propietarios concentran más de un millón y medio de hectáreas en el país, mientras no se realice una desconcentración y redistribución de las tierras, el campesinado seguirá teniendo las puertas cerradas a este derecho”. “Esto no se soluciona con la represión y la violencia como los desalojos que dejan sin casas y comida a familias campesinas, a niños sin escuelas, con eso el Estado paraguayo lo que hace es violar los derechos humanos” indicó.
Durante seis horas el debate sobre el Derecho a la Tierra en Paraguay involucró a diferentes actores; campesinas, campesinos, indígenas, organizaciones no gubernamentales y autoridades de los tres poderes del Estado abordaron desde diferentes miradas una de las problemáticas más antiguas y actuales de la realidad social paraguaya. La extensa historia del despojo sufrido por las comunidades rurales desde 1870, y que se profundiza en las últimas décadas con el voraz avance del agronegocio, fue puesta bajo la lupa, abriendo paso a un resurgir del reclamo histórico del movimiento campesino que lucha por una reforma agraria integral que garantice el acceso a la tierra.