Chile

¿Qué contradicciones surgen cuando una industria que impulsa el país en términos económicos afecta a sus propias comunidades y al ecosistema?

La discusión sobre la minería de  tierras raras en  Penco vuelve a tensionarse: mientras el Biobío enfrenta uno de los índices de desempleo más altos del país, la promesa de miles de puestos de trabajo asociada al proyecto de  Aclara Resources choca con cuestionamientos técnicos, acusaciones de cifras infladas y dudas sobre su verdadero impacto laboral en la comuna.

La disputa por el agua vuelve a tensar el avance de la minería de tierras raras en Penco. Mientras Aclara Resources impulsa su proyecto extractivo en los cerros de la comuna, crece la preocupación por el control de derechos de aprovechamiento y los posibles impactos hídricos de un cuestionado proyecto que dice no usar aguas naturales, pero que mantiene propiedades sobre esteros clave del Gran Concepción sobre los cuales, aseguran, oficializarían prontamente una renuncia sobre sus derechos.

Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben, desean expresar su honda preocupación por la posibilidad de que el próximo domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, salga electo el candidato de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast.

La empresa Los Andes Copper, con sede en Vancouver, promotora del proyecto de mina de cobre y molibdeno Vizcachitas en la región de Valparaíso, Chile, ha lanzado una agresiva campaña contra el alcalde del municipio de Putaendo, Mauricio Quiroz, y el biólogo Arón Cádiz-Véliz. La empresa está ejerciendo presión legal y mediática contra ellos por oponerse a la mina y liderar esfuerzos científicos para proteger la zona que se vería afectada por el proyecto minero.

En el archipiélago de Chiloé, el mar ha sido durante siglos fuente de identidad, alimento y sustento. Sin embargo, la expansión de la industria salmonera, una de las más lucrativas del país después del cobre, ha transformado profundamente el paisaje y las dinámicas locales.

La paralización de la autorización ambiental de la piscicultura de Salmones Antártica marca un hito para la defensa del río San Pedro/Wazalafken, luego de que el Tribunal Ambiental de Valdivia reconociera que se trata de un proyecto obsoleto, con impactos no evaluados y antecedentes de daño al patrimonio. 

La captura corporativa del Estado chileno avanza sin freno: mientras las y los defensores ambientales enfrentan criminalización, violencia y abandono institucional, el poder empresarial se integra en las instancias que debieran proteger la naturaleza. A seis años del Acuerdo de Escazú, la impunidad de industrias como la salmonicultura y los grandes gremios agrupados en la CPC amenaza con vaciar de contenido las políticas ambientales, profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo la vida, los territorios y los derechos humanos.