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"Frente a este modelo de ciencia para las corporaciones, es urgente y posible construir una ciencia para la vida, orientada por principios éticos, relacionales y democráticos. Necesitamos reconfigurar radicalmente la forma en que concebimos y producimos conocimiento. Proponemos un sistema de ciencia y tecnología que parta del diálogo de saberes, que sea transdisciplinario, no como una mera suma de disciplinas, sino como una praxis que cuestione las jerarquías epistémicas y que integre activamente a movimientos sociales, comunidades, organizaciones territoriales y actores históricamente excluidos".

"En el estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Jiaxing Nanhu de China, los autores destacan los efectos perjudiciales de las nanopartículas de dióxido de titanio como disruptores endocrinos intestinales".

La Vía Campesina, que representa a millones de campesinos, trabajadores sin tierra, mujeres rurales y movimientos de base en más de 80 países; declara un estado de alerta política y moral en respuesta a la catástrofe de escalada regional desencadenada por la guerra de Israel contra Gaza y el pueblo palestino en general.

Las organizaciones de la sociedad civil están instando a los gobiernos a poner los derechos humanos en el centro de las negociaciones para un tratado internacional jurídicamente vinculante que responsabilice a las corporaciones multinacionales por las violaciones a los derechos humanos.

Acciones solidaridad de diferentes sectores sociales lograron frenar el desalojo previsto para el día de mañana martes 10 de junio en la Comunidad Indígena Hugua Po’i. La comunidad defiende su territorio ante el intento por parte de agroempresarios de apropiarse del territorio para la producción extensiva de soja transgénica.

Representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y defensores de la soberanía alimentaria – entre ellas Vía Campesina, CNTC, Madre Tierra y ANAFAE – denunciaron que el Congreso Nacional discutirá la reinstauración de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, junto a una nueva propuesta de Ley de Semillas, ambas con el objetivo de privatizar el uso de semillas criollas en Honduras.

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas denunciamos y condenamos la actual ola de desalojos violentos que se están ejecutando en distintos puntos del país.

La decisión del Congreso Nacional de poner nuevamente sobre la mesa la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, acompañada de una nueva Ley de Semillas, ha generado rechazo entre organizaciones campesinas, indígenas y sociales, – entre ellas Vía Campesina, CNTC, Madre Tierra y ANAFAE –quienes denuncian que estas normativas ponen en riesgo el derecho a la alimentación de millones de hondureños.

Del 10 al 12 de junio de 2025, Rosario será sede de un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre organizaciones sociales, académicas y científicas.
Participá de este evento internacional que reúne voces de toda América Latina y el mundo.

La “Conferencia de Bandung”, celebrada en Indonesia en 1955 y considerada a menudo como un punto de inflexión en el proceso de descolonización, reunió a los jefes de gobierno de veintinueve países africanos y asiáticos, así como a representantes de las colonias que aún no se habían independizado. Unidos por las luchas compartidas por la liberación nacional, el Espíritu de Bandung pasó a definir los contornos de la solidaridad Sur-Sur Global en las décadas posteriores.

El 5 de junio se conmemora a nivel global el Día del Ambiente, la jornada instalada por las Naciones Unidas sirve para concienciar sobre la crisis ambiental y llamar a la acción. En Paraguay, el modelo de agronegocios, el avance de la deforestación y la baja intervención estatal derivan en un ciclo de profundas crisis ambientales y sociales.

Los ecologistas señalan que la aprobación de liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública, y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena del cual Costa Rica es firmante.