Argentina: desalojos y juicios por usurpación afectan gravemente a los pueblos indígenas
El próximo 11 de agosto se cumplen once años de la incorporación del inciso 17 en el artículo 75º de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas y otras aptas y suficientes, a una educación bilingüe intercultural, a su propia lengua y cultura y a la participación en aquellas cuestiones que los afecten
Sin embargo, pareciera que todo ha quedado en palabras y que -a pesar del reclamo de las comunidades y de las recomendaciones de organismos internacionales- por parte del gobierno nacional no hay voluntad política de cumplir y hacer cumplir estos derechos. Mientras tanto, la situación de las comunidades se agrava cada vez más y los problemas estructurales que padecen se agudizan día a día.
Los Pueblos Indígenas, la tierra y los recursos naturales
Aunque no se tienen datos oficiales, se estima que en nuestro país hay alrededor de un millón quinientos mil aborígenes, pertenecientes a diecisiete pueblos indígenas. Por lo tanto, los indígenas representan alrededor del 4 % de la población total, aunque en algunas zonas del norte y del sur son considerable mayoría.
El problema central que padecen estos pueblos está relacionado con la tierra y –por consiguiente- con los recursos naturales. Históricamente, las comunidades fueron desplazadas a zonas geográficas marginales, en medio de los pedreros o de selvas inexpugnables. En estos territorios, en los que antiguamente buscaron refugio, hoy sufren una nueva invasión con la expansión de las grandes empresas agrícolas, los proyectos turísticos, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agropecuaria. Motivadas por la necesidad de contar con nuevas tierras para el cultivo de soja transgénica las topadoras y motosierras de grandes corporaciones arrasan y queman la selva, especialmente en las provincias de Salta y Chaco.
Como la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran en sus territorios sin tener la seguridad jurídica de un título de propiedad -en un estudio realizado por ENDEPA se constata que casi el 70 % no tienen el título de propiedad de sus tierras- son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales anteriormente citados. Estas presiones pueden tomar la forma de acciones judiciales en las que, muchas veces, la justicia termina considerando a los indígenas como intrusos en su propia tierra y ordenando su desalojo. Estas injustas situaciones se han incrementado en estos últimos tiempos, tanto en el norte como en el sur, y algunos de los casos mas resonantes se han visto reflejados en los medios de comunicación nacionales, como el caso de la comunidad guaraní de El Tabacal en Orán -provincia de Salta- que ha sido desalojada por la fuerza y demandada por usurpación por la empresa multinacional propietaria del Ingenio San Martín de El Tabacal
Lejos de Buenos Aires y de los centros del poder, las comunidades indígenas poco tienen que decir y hacer frente al “lobby” de los grandes grupos económicos que siguen concentrando la propiedad de la tierra en pocas manos. Los derechos históricos y hasta constitucionales que alegan los aborígenes argentinos no pesan frente a la influencia real, los contactos y el poder económico de las grandes empresas.
Las posibilidades reales de acceder a la tierra por parte de las comunidades se ven también cada vez más limitadas pues las tierras fiscales y reservas -aun existentes en provincias como Salta, y Chaco- están siendo privatizadas aceleradamente por los gobiernos provinciales, aniquilando así la única esperanza de las comunidades de tener un pedazo de tierra en el que vivir.
La explotación de los recursos naturales en zonas indígenas también significa un grave problema que los afecta en forma directa en cuanto esta actividad presiona a las comunidades a abandonar sus tierras tradicionales ya que, al verse afectada la biodiversidad, contaminadas las aguas y el aire, limitado el acceso a territorios tradicionales, ello repercute negativamente en la economía y la cultura de las comunidades que habitan en la región. Emprendimientos mineros tales como la extracción de oro y petróleo, también afectan seriamente a las comunidades debido a la contaminación del agua y el aire, a la intromisión en la vida social y comunitaria y a las restricciones en el uso y goce del territorio.
Por otra parte, en la inmensa mayoría de los casos, tampoco se cumple con la necesaria consulta, antes de emprender o autorizar cualquier tarea de prospección o explotación de los recursos del subsuelo existentes en tierras indígenas, tal como lo establece el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
De estas y otras violaciones al Convenio 169 ha tomado debida nota la Organización Internacional del Trabajo que, hace poco tiempo, ha hecho llegar al poder ejecutivo nacional una comunicación en la que se enumera una lista de observaciones sobre concretas violaciones a los derechos indígenas en Argentina y se recomienda al gobierno argentino que respete y haga respetar estos derechos de los pueblos originarios, ya que así se ha comprometido al adherir a este convenio internacional en el año dos mil.
La lucha de los Pueblos Indígenas continúa
A pesar de la grave situación que están pasando los pueblos indígenas no bajan los brazos sino que –todo lo contrario- el pasado mes de mayo se han movilizado en forma conjunta hacia Buenos Aires para entrevistarse con representantes del Estado Nacional. De esta manera, más de medio centenar de indígenas representantes de los diversos pueblos viajaron –algunos durante más de tres días- para hacer oír sus reclamos ante las autoridades nacionales.
Lamentablemente, tanto los funcionarios como los legisladores faltaron a la cita, quedando de esta manera demostrado que la política indígena del gobierno nacional no prioriza el diálogo directo y franco con los legítimos representantes de las comunidades y el respeto a los derechos indígenas tantas veces declamado.
Ante esta constatación dirigentes indígenas presentaron un pedido de audiencia al Presidente Kirchner, con la esperanza de que alguien se digne escucharlos y que –más allá de las promesas preelectorales- se les brinde alguna solución a los graves problemas estructurales que padecen. Mientras los indígenas siguen a la espera de una respuesta por parte del Presidente de la Nación Argentina y que el Congreso de la Nación sancione una ley que frene los desalojos de las comunidades, las grandes corporaciones siguen despojando de sus tierras a las comunidades, sus topadoras continúan arrasando la selva y se siguen pisoteando los derechos de los indígenas en la Argentina.
Agencia RENA, Internet, 9-8-05