Bolivia: freno a la biopiratería
Las grandes transnacionales y los países desarrollados han puesto sus ojos en la enorme riqueza natural de los países como Bolivia, que poseen una extraordinaria biodiversidad. Los materiales más codiciados por los piratas del primer mundo son los microorganismos, el material biológico que contienen plantas y animales
Estos consorcios extraen el material genético de los microorganismos, hacen la secuenciación de los genes y los van patentando como propios, de la mano de los acuerdos de libre comercio que los Estados Unidos van articulando con muchos de los países del denominado Tercer Mundo.
Así, la intención declarada de la oficina de Comercio de los Estados Unidos al negociar los tratados de libre comercio con los países andinos, en materia de propiedad intelectual, es lograr patentar “plantas, animales y procedimientos y diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales".
Estados Unidos trata de conseguir que sea posible patentar materia viva, componentes de material biológico y los conocimientos de pueblos originarios, que pudieran estar asociados a la biodiversidad, amenazando el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas.
“No queremos que nos patenten. Tenemos 35 mil años de vida”, dice Víctor Cortez, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyo, presente en el encuentro nacional donde se decidió poner freno a la biopiratería internacional, que genera millonarios ingresos para estas transnacionales que adquieren el derecho exclusivo para comercializar semillas o productos naturales.
Según las normas internacionales, las empresas extranjeras que registran a su nombre las semillas y productos de los pueblos originarios pueden enjuiciar a estos mismos pueblos para que dejen de utilizar la semilla, demandándolos por daños y perjuicios y solicitar una millonaria compensación económica.
Ante este abuso, que pone en riesgo los productos nacionales, el encuentro del Senapi en el tema de la biodiversidad acordó avanzar hacia “una norma propia, una ley que proteja nuestros conocimientos tradicionales”.
“No aceptamos estas patentes de la biopiratería ni la apropiación de nuestros conocimientos y recursos naturales y culturales. Se deben reconocer los derechos colectivos de los pueblos”, señalan las conclusiones.
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