Bolivia: presentan estudios sobre impactos en DDHH de las industrias extractivas
El martes 9 de agosto a las 19.00 horas se presentarán dos estudios sobre el impacto en los derechos humanos de las industrias extractivas en las instalaciones del Martadero, Cochabamba, sito en Calle 27 de agosto y Ollantay. La entrada es gratuita
Es de conocimiento público que los grandes proyectos de desarrollo y producción afectan en menor o mayor grado al ambiente natural. Lo mismo vale para los derechos humanos: los megaproyectos afectan el derecho a la salud, al agua, a la justicia, al territorio, a la consulta previa y al trabajo.
En esa dirección el CEADESC (Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales) realizó en el año 2010 dos estudios sobre Impacto a los Derechos Humanos, uno en Muyupampa, en el área Guaraní de Chuquisaca, otro en la Mina de Corocoro, en el territorio Jach’a Suyu Pakajaqi en La Paz que serán presentados en Cochabamba este martes 9 de agosto. ( más información de la presentación aquí).
La legislación nacional, reforzada por marcos internacionales, obliga al Estado realizar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y a consultar a los pueblos indígenas previo inicialización de cualquier obra que los afecte.
En ámbitos nacionales e internacionales se aboga por una normativa complementaria que obligue a realizar una Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH) previamente a la implementación de obras o proyectos para inventariar los posibles efectos en ámbitos centrales de la vida humana.
En el caso del estudio de la Capitanía Muyupampa de Chuquisaca se constató la afectación del Pueblo Guaraní por parte de los estudios de Prospección Sísmica implementados por la empresa transnacional francesa Total entre los años 2007 y 2008.
Este trabajo de prospección tenía el objetivo de conocer la posición de un reservorio de gas natural explorando un área de 630 Km2. Ello implicó la apertura de 21 líneas sísmicas emisoras y 35 receptoras, la perforación de 6.512 pozos cargados y detonados con explosivos; la construcción de 118 helipuertos y 118 campamentos. El estudio identificó la afectación de todo ello en la vida de más de 1800 habitantes de siete comunidades indígenas.
En Corocoro trabajan las empresas mineras COMIBOL y la sur coreana KORES en la explotación de cobre, cuya primera etapa es la producción de cobre en la planta hidrometalúrgica que ha sido instalada en 2009 en territorio ancestral del pueblo aymara Pakajaqi.
La segunda fase tiene previsto invertir 200 millones de dólares en la explotación de un nuevo yacimiento a “cielo abierto” para la producción de cobre electrolítico a partir de este año.
El estudio constató que los derechos humanos de los 600 habitantes de 4 comunidades indígenas Pakajaqi son fuertemente afectados por la expansión de la industria minera en sus territorios ancestrales, ya que están perdiendo sus fuentes de agua y sus tierras de pastoreo.
La preocupación por lo que sucede y lo que aún puede suceder, atañe a la identidad cultural de los pueblos indígenas quienes ven amenazada la integridad de su territorio, las fuentes de agua, su salud y sus medios de vida.