Bolivia: se valida la justicia de los pueblos indígenas
El gobierno de Evo Morales propone conciliar las prácticas y ritos de la justicia comunitaria con la administración formal de justicia
El texto será traducido a los idiomas originarios. Otro paso en el reconocimento de la cultura andina.
El proyecto de ley compuesto de diez artículos, dos capítulos y tres disposiciones finales, fue aprobado por el gabinete de ministros durante su primera sesión del 2007, y será remitida al Poder Legislativo para su correspondiente tratamiento y posterior sanción. Entrará en vigencia a los seis meses de su promulgación, y su traducción será obligatoria a las lenguas originarias de Bolivia.
Los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas son aquellos que desde antes de la colonia mantienen su forma de vida con una identidad propia expresada en sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas ligadas a su estructura de organización territorial y ancestral.
El artículo 171 de la Constitución Política del Estado garantiza a las autoridades de los pueblos indígenas originarios y a las comunidades campesinas el ejercicio de la administración de justicia, de conformidad a sus normas y procedimientos.
“La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado”, asegura la última parte del inciso III del artículo 171 de la Carta Magna. El texto establece que son autoridades originarias las personas que, de acuerdo a las propias formas de organización de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, ejercen representación, gestión y otras funciones inherentes a su calidad de autoridades en un territorio determinado.
Asimismo, señala que las funciones de administración de justicia ejercidas por las autoridades originarias en todas sus instancias, se regirán dentro de los límites de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado. Y en ningún caso se aplicará la pena de muerte.
Por otro lado, el proyecto indica que las decisiones colectivas asumidas por las autoridades originarias son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Se regirán según sus propias normas internas y sus prácticas tradicionales, y no podrán ser sometidas al conocimiento de ninguna autoridad judicial ni administrativa.
Es decir, las decisiones finales de las autoridades originarias sólo podrán ser revisadas por sus instancias superiores, de acuerdo a la estructura de su organización administrativa y territorial. Las decisiones finales de las autoridades originarias se asentarán en actas de acuerdo a sus prácticas culturales con fines de conservación y verificación.
Otro de los puntos del proyecto, está referido a las competencias de los pueblos indígenas. Sostiene que las autoridades de esas comunidades resolverán lo correspondiente a los asuntos sometidos a su conocimiento, dentro de su territorio y entre los miembros de su comunidad, salvo que acuerden remitirla a la justicia ordinaria.
En sintonía con la propuesta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval, expuso la realización de una cumbre democrática entre los máximos representantes de los tres poderes del Estado, con la finalidad de mejorar el desempeño de la administración de justicia.
Por su parte, el presidente Evo Morales, planteó extender ese encuentro entre poderes del Estado a un nivel de pueblos, ya que cada comunidad tiene un sentido particular de la administración de justicia, y que durante años, viene sufriendo los desaciertos de una justicia impuesta y ajena a la realidad de los pueblos indígenas y mestizos que pueblan Bolivia.
Días atrás, Morales había anunciado que uno de los principales objetivos de su gobierno será terminar con el racismo en el país andino, donde más de la mitad de sus nueve millones de habitantes es de origen indígena.