Colombia: noche y niebla, por Carlos Fazio
Colombia es un laboratorio para la puesta en práctica de una renovada modalidad de la guerra sucia contra las organizaciones populares
Los grupos oligárquicos locales y el gobierno de Estados Unidos lograron colocar al frente del Estado a un jefe de los paramilitares, Alvaro Uribe, para que garantice la instrumentación del Plan Colombia, ideado por Washington como caballo de Troya de un proyecto contrainsurgente integral en be-neficio de las compañías multinacionales.
El montaje mediático protagonizado por Uribe el 8 de septiembre, dirigido contra organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, colocados en la picota pública con el sambenito de "terroristas", significa la demonización y criminalización de importantes actores de la sociedad civil y una luz verde para la eliminación física selectiva, la cárcel o el destierro de luchadores humanitarios. Se trata de una tramoya perversa que abreva en los manuales de la guerra sicológica contrainsurgente, cuyo objetivo es la eliminación del "enemigo interno", que ya no es sólo la guerrilla, sino toda la población, en particular la que habita áreas seleccionadas por el capital multinacional para el desarrollo de megaproyectos viales, petroleros, mineros y de control de la biodiversidad. Igual que en el Plan Puebla- Panamá, opera ahí el binomio producción-guerra, la primera como modo de expoliación y saqueo, y la violencia oficial como herramienta legitimadora del neocolonialismo interno. No es casual que parte del burdo montaje jurídico, castrense, paramilitar y me-diático esté dirigido contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, integrada por laicos y miembros de las Iglesias católica y evangélicas, que desarrolla su labor humanitaria en la cuenca del Cacarica, en la región de Riosucio, departamento del Chocó, y otras áreas conflictivas de la geografía colombiana. Otro objetivo de la acción represiva del Estado y su brazo clandestino paramilitar son las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Cavida), que agrupa a campesinos afrodescendientes y mestizos que asumen un proyecto de vida autonómico en su territorio, en medio de la guerra civil entre el Estado oligárquico y las guerrillas, y que resisten la etnofagia y el ecocidio perpetrados por la empresa Maderas del Darién al amparo de la Operación Génesis ejecutada por la 17 Brigada del ejército y el Batallón Flu-vial 20. La ofensiva del "Estado esquizofrénico" colombiano con sus dos identidades simultáneas, una pública y otra clandestina, busca imponer la "verdad oficial" mediante una propaganda de guerra maniquea (amigo-enemigo) que distorsiona y falsea datos o los inventa para lo cual utiliza la sugestión compulsiva y técnicas sicológicas afines.
Como parte de esa estrategia, el general Jorge Enrique Mora Rangel acusó el 21 de agosto a Justicia y Paz de ser el "brazo político" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP) y de haber convertido un asentamiento de 3 mil desplazados internos en "campo de concentración". La disparatada versión, con eje en una caricaturización mentirosa del drama humano de la población negra del Chocó, fue asumida como fuente de la "verdad" por los medios masivos bajo control monopólico, que sumidos en la censura patriótica reproducen de manera acrítica la "teoría de los dos demonios" que remite a un enfrentamiento armado entre las guerrillas de izquierda y las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), mientras el Estado aparece ajeno, como árbitro imparcial. Por vía paralela, en un juicio prefabricado que recupera los patrones del terrorismo de Estado y los regímenes de seguridad nacional, cinco integrantes de Justicia y Paz han sido acusados de los delitos de "conformación, colaboración y promoción de grupos al margen de la ley (FARC), concierto para delinquir y amenazas", y 13 miembros de Cavida incriminados como "testaferros" de Justicia y Paz, "milicianos" y "comandantes de milicia" del frente 57 del "grupo terrorista FARC". Como parte de las acusaciones figuran sus "nexos" con la comunidad Las Abe-jas, de Chiapas, y la organización "Hom-bres sin tierra" (sic), de Brasil.
Esquina geoestratégica del país, con costas sobre el Atlántico y el Pacífico, y asiento de uno de los bancos naturales de reservas genéticas más biodiversos del planeta, la región del Chocó está en la mira del capital multinacional y grandes grupos económicos locales (Sindicato Antioqueño, Sarmiento Angulo, Santo-domingo). Han diseñado obras de infraestructura multinodales (puertos, carreteras, un canal seco interoceánico, hidroeléctricas) y mediante el desalojo forzoso de la población campesina afrocolombiana impulsan una expansión de la frontera agrícola que posibilite la agroindustria de la palma aceitera, la siembra de coca y la explotación de las manchas de árboles de cativo que realiza la empresa Maderas del Darién.
Ante ese modelo de contrarreforma agraria reaccionaria y parafraseando al asesinado arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, Justicia y Paz acaba de dirigir un mensaje al Estado colombiano y las empresas privadas: "En nombre de Dios, en nombre de los sufridos afrodescendientes cuyos lamentos llegan al cielo, cese la represión, cese la mentira, cesen los montajes judiciales, cese la destrucción de la vida y de los territorios". Los mexicanos tenemos que hacer algo para impedir que el sueño nazi de Alvaro Uribe y sus titiriteros en Washington, de desvanecer en la noche y la niebla a miles de pobladores del Chocó y a quienes se oponen al "embrujo autoritario" del jefe de Estado paramilitar, se haga realidad.