Ecuador: líderes indígenas van a juicio por manifestaciones contra Ley de Aguas
A pesar de ya haber sido declarados inocentes por el Tribunal Penal de Azuay, en Ecuador, Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efren Arpi enfrentan este lunes (8) un nuevo juicio en la Corte de Justicia
Los tres activistas son acusados de interrupción de caminos y suspensión de servicios públicos a causa de las manifestaciones realizadas en mayo de 2010 en contra de la aprobación de la Ley de Aguas en el país.
La audiencia penal de los líderes indígenas está prevista para tener lugar a las 15h de este lunes en la Primera Sala Especializada de Penal y Tránsito de la Provincia de Azuay. El juicio ocurre a causa de una apelación presentada por la Fiscalía después de la liberación de los tres activistas, que habían sido acusados por la Fiscalía de "terrorismo y sabotaje” a causa de los protestas contra la Ley de Aguas.
A principios de mayo de 2010, cientos de indígenas fueron a las calles para manifestarse contra la Ley de Aguas. Los indígenas involucrados en la "movilización nacional en defensa de la vida y del agua” consideraban que la norma favorecía a las empresas de minería y que iba a interferir en el control indígena de las fuentes hídricas de sus territorios.
Además de rechazar la Ley, la manifestación indígena tenía como bandera la "unidad en la diversidad en la construcción de un verdadero estado plurinacional e intercultural – Sumak Kawsay”.
La protesta, a pesar de pacífica, fue recibida con fuerte represión policial y los tres "defensores del agua, de la vida y de la Pachamama” fueron detenidos bajo la acusación de "sabotaje y terrorismo”. Sin embargo, poco después, el Tribunal Penal de la provincia declaró inocentes a los tres líderes indígenas y los liberó.
Pérez, Guzmán y Arpi tampoco son los únicos que sufrieron –o que aún sufren– acusaciones de terrorismo y sabotaje en el país. De acuerdo con el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador tiene 189 indígenas acusados de terrorismo, sabotaje o delitos contra la seguridad del Estado. Según informaciones de la prensa local, el Centro observa que el Gobierno ecuatoriano califica a las acciones de movilización como delitos.
Entre las indígenas acusados de esos delitos están: Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari); y Marlon Santi y José Acacho, presidente y vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), respectivamente.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab