El engaño de la Comisión a los gobiernos de la UE para abrir Europa a los transgénicos
Los lobbies pro-transgénicos en Bruselas han lanzado una propuesta para aprobar por la vía rápida nuevos cultivos transgénicos; si consiguen que los políticos aprueben su plan, pronto podríamos estar ante un tipo muy diferente de agricultura en Europa
Sea cual sea el punto de vista que tenga la ciudadanía sobre los alimentos modificados genéticamente (MG), lo que parece claro es que hasta la fecha, Europa ha rechazado esta tecnología. Los consumidores y los gobiernos permanecen escépticos y en todo el continente menos del 0,2% de la superficie de cultivo de cereales corresponde a transgénicos, a pesar de la terrible presión que las empresas del sector ejercen desde hace más de una década sobre las instituciones europeas y nacionales (por cierto, el 80% está en España).
Pero en las últimas semanas el paisaje político ha cambiado radicalmente. Los lobbies pro-transgénicos en Bruselas han lanzado una propuesta para aprobar por la vía rápida nuevos cultivos transgénicos; si consiguen que los políticos aprueben su plan, pronto podríamos estar ante un tipo muy diferente de agricultura en Europa.
¿Qué hay detrás de estos juegos políticos? La respuesta es simple: un engaño. A los gobiernos que son sensibles con los riesgos de los cultivos transgénicos se les ofrece un pacto que tiene truco: se les asegura que tendrán derecho a prohibir los cultivos transgénicos en su territorio alegando simplemente motivos éticos, pero a cambio se les pide que renuncien a todas sus reticencias sobre los problemas para la salud y el medio ambiente, y que no presionen a la Unión Europea para que Bruselas pueda autorizar libremente nuevos cultivos, ya que siempre podrían prohibirlos.
Además, es importante señalar que la experiencia de los últimos diez años ha demostrado que uno no siempre se puede fiar de que los expertos en seguridad alimentaria de Bruselas hagan su trabajo correctamente, máxime si no tienen la presión de los gobiernos críticos; ha demostrado también que la inevitable contaminación genética transfronteriza mina las prohibiciones. En otras palabras, la Comisión tendría carta blanca para aprobar nuevos transgénicos a su antojo y sin impedimentos.
La oferta será probablemente aceptada por algunos estados miembros. Pero es vital que los gobiernos se fijen en la letra pequeña. El acuerdo no vale ni el papel en el que está escrito dado que excluye explícitamente los argumentos más importantes y jurídicamente fiables para prohibir un organismo modificado genéticamente (OMG), a saber: los efectos nocivos de la contaminación genética y el impacto ambiental y sanitario. En su lugar, las razones éticas tienen una base legal de carácter intangible y jurídicamente subjetiva que con toda seguridad sería anulada en los tribunales cuando el ejército de abogados de las empresas biotecnológicas llamen a la puerta de los gobiernos.
La Comisión Europea está tan deseosa de quitarse de encima a esos mismos abogados, que pretende engañar a los estados miembros con un acuerdo vacío y que no ha pasado por las evaluaciones de impacto normales en la Unión Europea. En realidad la Comisón dice entregar un escudo contra los transgénicos, pero éste no ofrece protección alguna.
En palabras de un destacado jurista en asuntos europeos, el profesor Ludwig Kramer, "La Comisión Europea no está dando a los estados miembros los derechos que afirma estar dando. Ha restringido los términos del acuerdo hasta el punto de que aquellas decisiones nacionales que quieran impedir el cultivo de OMG serán un blanco fácil para unas empresas biotecnológicas deseosas de contrarestarlas en los tribunales”.
Los ciudadanos deben ser informados de que en las próximas semanas sus gobiernos podrían caer en una trampa que, de forma irreversible, empeorará la faz de la agricultura europea.
Greenpeace pide a los dirigentes europeos que rechacen el acuerdo en su forma actual y demanda una vez más que el régimen de seguridad para vetar nuevos cultivos transgénicos sea fortalecido, tal y como exigieron unánimemente los estados miembros en el Consejo de ministros de diciembre de 2008.
Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.