El negocio turbio del oro
El proyecto de explotación minera financiado por la Compañía canadiense Barrick Gold podría causar daños irreparables al Medio Ambiente. Chile y Argentina comparten territorio, intereses y responsabilidades
Barrick Gold es una empresa conocida en el mundo de las finanzas por realizar buenos acuerdos económicos. Según un reporte de su página web oficial, las ganancias de los primeros nueve meses han sido cercanas al billón de dólares canadienses, muy cerca de alcanzar la misma cifra en su conversión a los dólares del Tio Sam.
El único detalle que la corporación no menciona, es que para obtener semejante cifra, se han dedicado a desarrollar diversos emprendimientos mineros guiados por la ambición, sin reparar en el peligro que representa para la naturaleza, la utilización de contaminantes como el cianuro de sodio y el arsénico, elementos necesarios para la explotación a rajo abierto. Países como Australia, Perú, Chile y Tanzania, hoy sufren las consecuencias de la fiebre del oro.
En Australia, los indígenas de la tribu Wiradjuri debieron movilizarse para protestar en contra de la contaminación de sus lagos con cianuro. Perú fue testigo de los trabajos realizados en la región de Ancash, en la mina Pierina; que subieron el porcentaje de enfermedades tales como cáncer, en los pobladores de la zona.
Argentina sufre la explotación de la mina Veladero desde 2005 en San Juan. Diversas organizaciones y fundaciones tales como Vida Silvestre, han realizado cartas de denuncia dirigidas al defensor del pueblo, Julio César Orihuela, donde cuestionan el vaciado de deshechos tóxicos sobre el río Jáchal. Los más perjudicados, son aquellos cuyas voces menos se escuchan.
La empresa que se ubica en segundo lugar en cuanto a producción de oro, detrás de la estadounidense Meridian Gold; tiene como objetivo realizar “operaciones globales” para obtener todo el beneficio posible de aquellas regiones que aún cuentan con importantes recursos naturales y leyes complacientes que abren sus puertas a la llegada del “progreso”.
El caso de la mina de Pascua Lama es digno de observar.
En el año 2000 comenzaron las negociaciones en torno a la posibilidad de generar un proyecto de exploración en la frontera de Chile con Argentina.
Ubicado en la Cordillera de los Andes, a 150 kilómetros de la ciudad de Vallenar, provincia del Huasco, y a unos 300 kilómetros de la ciudad de San Juan, el proyecto desde su inicio promete gran cantidad de fuentes laborales para los habitantes de la región y los cuidados requeridos para proteger, rehabilitar y realzar el medioambiente.
Gracias a la implementación de tecnología de última generación, Barrick Gold muestra su actividad como segura y beneficiosa para la ecología. Ellos la denominan “minería responsable” y hasta se enorgullecen de los premios obtenidos por su gestión. Lo cierto es que ocultan información acerca de los peligros de sus métodos de extracción, y desinforman y subestiman a la comunidad al hacer un recorte tendencioso de la realidad.
La página web desde la que difunden la información correspondiente a todos los emprendimientos actuales y futuros, en ningún momento habla del caso de Pascua Lama. Tampoco de la utilización de sustancias tóxicas, ni de la liberación de elementos contaminantes provocada por la modalidad de explotación a Rajo abierto. Los términos “cianuro” y “arsénico” no aparecen mencionados.
Las respuestas que dan a todas las consultas minimizan los riesgos de la explotación, apelan a la seguridad en el tratamiento y transporte de los residuos y basan su discurso en los beneficios económicos que aportaría la explotación minera a la comunidad. Incluso promueven actividades destinadas a acercarse a los futuros perjudicados, como cursos de cocina y capacitación en diversos oficios.
Con respecto al posible traslado de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, la palabra oficial niega la destrucción de los mismos, aduciendo que se trata de un simple corrimiento. El Instituto Argentino de Nievología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha determinado mediante un informe que el 17% de los glaciares serían dañados por el trabajo de la Compañía pues la remoción implica quebrar los hielos con explosivos.
Esto afectaría al sector chileno donde se hallan emplazados los glaciares, y también al planeta Tierra, porque esas reservas son consideradas las más puras de mundo, y son patrimonio de la Humanidad.
Por causa del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado por los entonces presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carlos Menem, Barrick Gold encontró una vía legal y el espacio ideal para explotar los yacimientos vírgenes en la zona de la frontera que antes estaban vedados por el Protocolo de Kyoto.
Hasta el presente, el gobierno chileno y las autoridades ambientales han aprobado las obras. La Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), ha da dado su visto bueno al comienzo de las obras. También lo han hecho el gobierno provincial sanjuanino presidido por el peronista José Luis Gioja y el secretario de Estado de Minería, Felipe Saavedra. Aún así, Barrick Gold se ha encontrado con obstáculos inesperados.
La secretaria de Medioambiente y Desarrollo Sustentable argentina, Romina Picolotti, séntó posición contra la explotación de la mina de Pascua Lama, pues consideró que no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para el comienzo de las obras y se está reclamando una revisión de la legislación minera por tratarse de leyes sancionadas durante el gobierno menemista.
La respuesta del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) de la provincia de San Juan no se hizo esperar. A través de un documento, reivindica la jurisdicción de las provincias en el marco del Pacto Federal Ambiental firmado entre Nación y los estados provinciales. Su presidente Sergio Gurostovich habló de desconocimiento del marco legal vigente y defendió la autodeterminación de las provincias.
El conflicto se origina, según David Barden, quien es colaborador de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA); a partir de que las provincias tienen mucho poder sobre el permiso de operación para la minería, y las leyes nacionales son sólo guías que no determinan sus procedimientos. La ley nacional 24.196 sobre inversiones mineras, establece en su artículo 4 que será de aplicación en todas las provincias del territorio Nacional que hayan adherido expresamente al mismo. Pero son ellas quienes deben dictar las leyes en las que inviten a las municipalidades de sus jurisdicciones a dictar las normas legales en tal sentido.
En cuanto al cuidado del Medio Ambiente, si bien existe una Ley nacional al respecto, la provincia de San Juan tiene sus propias leyes de protección de los recursos de agua, suelo y aire; y ha sancionado la ley de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). Resulta al menos sospechoso, que el 7 de julio de 2006, el gobernador José Luis Rioja haya firmado con ese fin, un decreto en el que se instituye la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).
Desde ambos sectores de la cordillera, organizaciones ambientales relacionadas con el cuidado de la Ecología, la comunidad agrícola y personas que se han unido para luchar contra la inminente explotación de la Minera, piden la intervención de los gobiernos de Argentina y Chile. Lo cierto es que el silencio en torno al tema del emprendimiento binacional Pascua Lama llama la atención en el sector argentino, si se compara con el mediático pronunciamiento en contra de las papeleras de Gualeguaychú. Los medios gráficos de alcance nacional tampoco parecen demostrar interés por un tema que debería estar en primera plana.
El director de Asuntos Ambientales de Barrick Gold en Sudamérica, Rod Jiménez, considera a Pascua Lama como una prioridad para la corporación y proyecta iniciar las operaciones de extracción de oro, plata y también cobre, en 2009.
A la espera de la firma de los permisos ambientales de Argentina, y de un instante de iluminación ecológica que le de un cierre definitivo al emprendimiento minero; las expectativas acerca del desenlace de esta historia se incrementan con el paso del tiempo. Ni los 20 años de vida útil y trabajos en la zona, ni la inversión de mil quinientos millones de dólares justifican un negocio en el cual el Medio Ambiente no recibe ninguna ganancia.
La autora de esta nota es alumna del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos” que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la extensión ISER de Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.