España: más de 70 Organizaciones envían a Zapatero carta expresando preocupación por cultivo de transgénicos
Alertan de la "absoluta ausencia" de regulación de responsabilidades en caso de problemas y falta de medidas contra las contaminaciones
Un total de 71 organizaciones de diversa índole, entre ellas Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han enviado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que expresan sus preocupaciones y demandas en relación a los cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en España.
Según informan en un comunicado, la carta está respaldada por 66 organizaciones más de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA), la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), la Asociación de Comités de Agricultura Ecológica (INTERECO), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), FACUA, Plataforma Rural o WWF/Adena.
En la misiva se recuerda que desde 1998, en España "se siembran cada año miles de hectáreas de maíz modificado genéticamente cuyo cultivo se realiza en unas condiciones técnicas, administrativas y legales insatisfactorias, con absoluta ausencia de regulación de responsabilidades en caso de problemas y falta de medidas para impedir las contaminaciones.
Debido a las grandes incertidumbres sobre la seguridad de los alimentos transgénicos tanto para la salud humana como animal --cada vez existen más datos científicos que ponen seriamente en duda su inocuidad-- y teniendo en cuenta los impactos cada vez más evidentes sobre el Medio Ambiente, esta coalición de organizaciones considera que el Gobierno "debería adoptar una posición más precavida que proteja a la agricultura y a los consumidores".
PUNTOS 'IMPRESCINDIBLES'
En concreto, las organizaciones firmantes consideran "imprescindible" que el Gobierno tenga en cuenta el rechazo mayoritario de la sociedad y tome las medidas oportunas para prohibir el cultivo de transgénicos mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de OGM y se solventen las numerosas lagunas legales.
Asimismo, creen necesario que muestre "una clara intención de establecer un régimen que permita segregar la producción transgénica de la convencional y la ecológica y llevar a cabo una trazabilidad y un etiquetado que garanticen libertad de elección a agricultores y consumidores" y que establezca medidas que garanticen la no contaminación de la producción agraria no transgénica, permitiendo una agricultura y una alimentación totalmente libre de OGM.
Además, consideran imprescindible que el ejecutivo establezca un régimen de responsabilidad en caso de problemas ocasionados por los OGM, tome las medidas oportunas para retirar del mercado la cosecha del maíz 'Bt176' de este año cultivado ilegalmente según la normativa europea y se oponga en el seno de la UE a las iniciativas favorables a una mayor introducción de OGM en el mercado europeo.
"Además de ser insuficiente, el marco normativo existente en la actualidad no se cumple", alerta la coalición. Este mismo año se ha permitido la siembra de las variedades de maíz 'Bt 176', de la multinacional Syngenta que, según la legislación europea, debería haber desaparecido del mercado antes del 31 de diciembre de 2004, pero que el Gobierno ha tolerado este año a pesar de todas las recomendaciones científicas y legales.
En cuanto al resto de variedades autorizadas en España, como las 'Mon 810', este tipo de maíz "no ha pasado por un análisis de riesgo satisfactorio ni concluyente ni se le exige un seguimiento adecuado y el año que viene, su cosecha podría resultar ilegal según la normativa europea".
En el documento, las organizaciones también denuncian que "año tras año se incumple la obligación de hacer público un registro de los campos donde se cultivan OGM, registro que debe estar disponible al público", así como el seguimiento de los OGM liberados al Medio Ambiente que deben realizar las empresas vendedoras de estas semillas que no se ajustan a la legislación europea.
Asimismo, añaden, "no se han puesto en marcha mecanismos oportunos de trazabilidad, a pesar de que son obligatorios desde abril de 2004, y no se realiza en España una correcta segregación entre cosechas transgénicas y convencionales para facilitar el etiquetado y la retirada del mercado en caso de necesidad". "Esta situación está desembocando en graves problemas, y en particular hace que la contaminación por OGM de la cadena productiva se esté incrementando", agregan.
Si bien el Gobierno ha presentado en dos ocasiones borradores de Reales Decretos que pretenden regular la llamada 'coexistencia' entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos, estos textos han sido rechazados por un amplio grupo de colectivos por considerar que no permitirían alcanzar los objetivos de no contaminación de la producción agraria no transgénica ni de asunción de responsabilidad de quien contamina.