Indignación en Aysén por estrategia de expropiación para construir presas en Patagonia chilena
"Indignación. Eso fue lo que transmitió el 20 de abril un grupo de dirigentes de diversas organizaciones de la Región de Aysén (Chile) para denunciar la solicitud y entrega de unas 300 mil hectáreas de concesiones mineras de exploración"
Indignación. Eso fue lo que transmitió el 20 de abril un grupo de dirigentes de diversas organizaciones de la Región de Aysén (Chile) para denunciar la solicitud y entrega de unas 300 mil hectáreas de concesiones mineras de exploración que coinciden con el trazado donde Transelec pretende construir la línea de alta tensión para las represas que quiere construir Endesa en la Patagonia. También coincide con las áreas de las presas y embalses tanto de HidroAysén como de Energía Austral. La idea sería “blindar” todas las eventuales obras necesarias para transmitir energía desde Aysén a Santiago y facilitar, en beneficio de las empresas involucradas, el proceso de expropiación a los dueños quienes en la práctica perderían control de sus propiedades, las que muchas veces han obtenido con su esfuerzo y el de sus padres y abuelos pioneros.
Se unieron en la acusación la Federación Agrícola y Ganadera de Aysén FAGA, el Movimiento Regionalista, la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que fue la organización que realizó un exhaustivo análisis y levantamiento de información que dio como resultado constatar la existencia de 300 mil hectáreas correspondientes a unos 1.600 pedimentos en distinto estado de avance que comprometerían más de 800 predios a nivel regional (entre privados y de áreas protegidas del Estado), calculándose por lo bajo en más de 600 propietarios los afectados.
El vicepresidente de FAGA, Arnoldo Cuevas, expresó en la ocasión que “nosotros como campesinos necesitamos más información, ya que esta empresa nos tiene bastante preocupados. Por ejemplo yo soy del sector rural y la línea pasa por donde yo vivo. Cuando se hicieron las mediciones y los estudios no se le pidió permiso a nadie, sólo se veían vehículos que andaban tomando fotografías y luego supimos que era por esto”. Agregó que en el caso de El Claro “nos preocupa mucho porque estamos a 6 kilómetros de Coyhaique y no me gustaría pasar por debajo de esas líneas de alta tensión y donde ganaderos, chacareros, agricultores nos vamos a ver afectados”.
Cuevas indicó que “estas empresas se aprovechan de este sistema para poder atropellarnos, por lo cual nosotros como FAGA, que tenemos muchas organizaciones asociadas, vamos a hacer un trabajo para que esto pudiera llegar a buen término, es decir, que no se concrete”, aclarando que aunque “muchos campesinos dicen que ‘si hay una Ley que hace que esto yo venderé bien’, están equivocados”.
Paz Foitzick, vocera del Movimiento Regionalista, manifestó que “lo que estamos denunciando acá es la indolencia y falta de transparencia del Estado y del Gobierno para poder informar a quienes se van a ver perjudicados. Estamos hablando de más de 600 propietarios a quienes afectan estos pedimentos mineros, al igual que a un sinnúmero de actividades productivas de nuestra región ligadas a la ganadería, el bosque, la acuicultura a pequeña escala, el turismo”. Agregó que el compromiso de las organizaciones involucradas en la denuncia es “iniciar un trabajo de información en cada una de las comunas y también de organizar al mundo campesino, porque claramente en una región como la nuestra, con aislamiento y falta de acceso a los medios de comunicación, el Estado no ha cumplido con informar y velar por la transparencia de este tipo de procesos... ha habido un dejar hacer”.
El coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, expresó que con el fin de llevar adelante los proyectos de represas se está “abusando del Código Minero para, en la práctica, expropiar los terrenos a la gente y así acceder sin permisos y hacer lo que quieran con una Ley que está destinada a otra cosa”. Explicó que “la concesión minera le da derecho a hacer lo que quiera en el subsuelo, pero tú tienes que acceder al subsuelo. Al tener ese derecho pueden hacer arriba lo que quieran también”.
Hartmann comparó la gravedad de la situación con los derechos de aguas que mayoritariamente están en manos de (o están siendo solicitados por) empresas eléctricas como Endesa, Energía Austral, AES Gener e HidroAysén (asociación entre Endesa y la chilena Colbún). “Los campesinos lo saben muy bien cuando piden derechos de agua y les dicen que no porque ya están solicitados por éstas u otra empresas. Y no pueden usar el agua de su propio campo, y ahí es donde uno dice dónde están los políticos nacionales para ayudar a la gente” indicó.
En la ocasión el miembro de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Enrique Higueras, hizo una detallada exposición de las zonas involucradas en toda la región, señalando que se trata de peticiones rectangulares cada una de las cuales tiene un área promedio de 2 por 2 kilómetros.
Por su parte la Agrupación Defensor Ciudadano a través del abogado Fernando Arancibia informó que como organización también abordarán el tema desde el ámbito de los derechos ciudadanos.