La larga lucha de los agricultores colombianos

Las principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, cuyas negociaciones se cerraron el 28 de febrero de este año, están provocando graves consecuencias en la agricultura colombiana. En este pacto se proclama, entre otras cuestiones, la reproducción de los cultivos para exportación como banano, café, plátano, azúcar, flores y algunas frutas tropicales, en detrimento de los alimentos tradicionales dedicados al consumo interno.

El problema radica en que la producción de bienes exportables está controlada por grandes propietarios, grupos empresariales o empresas internacionales, algunos de los cuales también administran el comercio de esas exportaciones; mientras que la producción de cereales, oleaginosas y alimentos en general reposa en pequeños y medianos productores. Este arreglo productivo está asociado a una desigual distribución de la tierra en Colombia, la cual ha sido una constante en la historia del país, lo que, desde la apertura de la economía se volvió aún peor. Aurelio Suárez Montoya, especialista en agricultura, afirma que los dueños de más de 500 hectáreas, que son el 0,6 por ciento de los propietarios, poseen el 62 por ciento de la tierra.

Otro factor desestructurante para la economía agrícola de Colombia es que, con la firma del TLC, el presidente Álvaro Uribe aceptó la importación de productos agropecuarios que ya se producían en su país. En negociaciones previas, como la del TLC entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (con Bolivia participando como observador) se acordó que el trigo, la cebada, la avena y todos sus subproductos industriales ingresarán a Colombia con un arancel del cero por ciento. Resulta evidente que los pequeños campesinos no tendrán cómo competir con productos que llegarán a precios por debajo del costo de producción.

Las políticas de apoyo al sector agrario colombiano fueron desapareciendo durante el período de aplicación de las reformas estructurales impulsadas por el Consenso de Washington -un conjunto de medidas económicas capitalistas para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), a comienzos de los ‘90.

Si se tiene en cuenta que en la actualidad la población rural de Colombia constituye más de un cuarto de la población total, es evidente que se está en un problema. Si la tierra, base fundamental de los ingresos económicos de gran parte de la población, está en manos de unos pocos inversores extranjeros, el resultado de la ecuación es lógica: incremento de migraciones internas, de violencia, de pobreza, de exclusión y de desarrollo de cultivos de uso ilícito, sumado a una fuerte pauperización del empleo y de la vida en el campo. Según el Ministerio de Agricultura, en el año 2004, siete de cada diez de estos habitantes se encontraban por debajo de la línea de pobreza, más del doble que en 1992.

En este contexto, se da la resistencia de cultivos de coca, antes vinculados a la concepción indigenista y simbólica de este producto y ahora destinada mayormente para el comercio ilícito. Pero esta situación no se dio únicamente en Colombia, sino en otras zonas con climas tropicales, con una tradición cultural proclive para tal cultivo, como Perú, Bolivia, el norte de Argentina, Ecuador, entre otros.

Vale aclarar que la persistencia de este cultivo también tuvo otras causas. Una de ellas es la penalización del cultivo de coca en la década del ‘60; otra es que en 1988 Estados Unidos obligó a los productores de café a romper un acuerdo que sostenía los precios a un nivel razonable.

Así, el producto de mayor exportación de Colombia cayó un 40 por ciento. Cuando los precios del café colapsaron, muchos campesinos optaron por la producción de coca.

El pensador Noam Chomsky afirma con gran exactitud, que según esta lógica “los agricultores locales se deben convertir en productores racionales según los conceptos de la economía moderna, sacando cosechas para exportar. Y, siendo racionales como son, ellos giraron hacia el cultivo que produce más dinero.

Fenómenos similares explican el giro de Colombia hacia el narcotráfico. (…) Lo más seguro es que la gente salga a buscar oportunidades, y las encontró en el mercado norteamericano de alucinógenos”.

Sin embargo, las íntimas relaciones colombiano-estadounidenses quedaron bien claras cuando el 18 de mayo se aprobó la transferencia de una parte del dinero de la campaña antidroga a un fondo de libre disposición.

Colombia recibió así un privilegio que no tiene ninguno de los otros países beneficiados con estos recursos.

De esta manera, 161 millones de dólares pasarán al Fondo de Apoyo Económico (ESF). "Esto normaliza las relaciones entre ambos países y nos permitirá asistir al país en temas que no necesariamente estarán asociados con la lucha contra las drogas", dijo el representante estadounidense, Dennis Hastert, al periódico colombiano El Tiempo.

El analista Luis Alberto Matta Aldana afirmó, en el foro el otro Davos, que la preocupación de los estadounidenses frente al narcotráfico es hipócrita. Por un lado buscan sustitutos sintéticos de los diversos estupefacientes y alucinógenos, para controlar más y mejor el negocio, y por el otro, permiten el funcionamiento de los paraísos fiscales, de tal forma que puedan captar los grandes capitales que deja la droga. No existe un plan de Estados Unidos para desarticular la intacta estructura financiera que se ocupa de la comercialización de la droga, cuyos responsables se encuentran en el corazón mismo de sus grandes ciudades, ligados a menudo con la banca internacional. Menos se menciona, la existencia según datos propios, de un poco más de 20 millones de adictos y consumidores en sus calles. Por otra parte, las fábricas de insumos químicos y aditamentos para hacer la cocaína y heroína en general son norteamericanas y no se conocen sanciones al respecto.

Por este motivo, las políticas represivas implementadas por las administraciones de los Estados Unidos y Colombia para combatir al narcotráfico no han dado resultados en cuanto a la reducción efectiva de las áreas sembradas en cultivos de coca, ni tampoco frente a la producción y tráfico de cocaína. No obstante, en recientes declaraciones publicadas en Agencia Prensa Rural, el responsable antidrogas de los Estados Unidos, John Walters, mostraba como logro de la política de su país, una cocaína más cara y menos pura en las calles de su país. El funcionario argumentaba el fenómeno con la, según él, poca disponibilidad de la droga en el mercado, "se ha minado la vitalidad de la bestia" se atrevió a decir.

Por el contrario, Aidee Moreno, del área de Derechos Humanos de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), dijo que el Gobierno de Uribe jamás mostrará la realidad del problema, porque el más afectado es el campesino, que es quien siembra la coca y no el que la comercializa. Al buscar alternativas ante las fumigaciones se adentra en la selva para poder sembrar más y sostenerse; ya que los que llegan a las ciudades se están muriendo de hambre.

Además, la política antidroga es un fracaso porque no se ofrecen alternativas para los campesinos y porque los cultivos no disminuyeron; y no hay subsidios, ni vías de comunicación, ni mercadeo, por el contrario, con la hoja de coca los compradores van por el producto hasta donde están los cultivos. Desde donde se mire esta política es un fracaso.

Uno de los mecanismos utilizados para erradicar el cultivo de coca es la aspersión por vía aérea de glifosato en alta concentración, que, hasta el momento, no ha logrado acabar con las plantaciones y viene provocando altos niveles de contaminación en el agua, pastizales y en cultivos que tienen los campesinos para consumo personal.

Además existen zonas con una fuerte intervención militar y policial en campos y en vías terrestres y fluviales importantes, en donde se reprime a los productores de coca, se les impide seguir con esa actividad o se les incautan las cosechas. La justificación legal clave, en lo referente a la intervención militarista de las parcelas de pequeños productores, es el Plan Colombia. Este programa, firmado en connivencia con Estados Unidos, combina intervencionismo político, económico y militar pero, hábilmente, se presenta como un plan humanitario para defender la democracia y salvar al mundo de una amenaza, que en este caso es el narcotráfico. Según la opinión de Matta Aldana, el propósito de Estados Unidos con este plan, es el de intervenir en el conflicto social y político interno, para imponer y favorecer a importantes transnacionales del petróleo y del carbón, facilitar la privatización de las principales empresas estatales especialmente en los sectores de salud, educación y comunicaciones, proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero y, principalmente, apoderarse sin impedimento alguno de las enormes riquezas de la amazonía.

En un pronunciamiento del Pueblo indígena Awá, realizado en mayo de este año, se denuncia que “La reacción de la fuerza pública, a su vez deja mucho que desear. Son incontables los casos que hemos recogido sobre abusos de autoridad, detenciones ilegales, uso indiscriminado de la fuerza, tortura, acciones militares desproporcionadas, presencia y permanencia de fuerza pública en zonas habitadas por población civil, entre otras”. En este mismo sentido, Matta Aldana afirma que el “país se enfrasca en una gigantesca carrera armamentista sin precedentes en la región. En la actualidad hacen presencia permanente en territorio colombiano, al menos 400 asesores norteamericanos, y para nadie es un secreto que decenas de ellos son mercenarios, entrenados en conflictos padecidos por África, el Golfo Pérsico y los Balcanes”.

Esta creciente intervención de las Fuerzas Armadas colombianas y estadounidenses en zonas agrícolas se vuelve más compleja por que Estados Unidos ve a los campesinos como un potencial aliado de la insurgencia, de los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), integradas históricamente a las zonas agrarias. De esta manera se criminaliza la resistencia campesina y se reprime sin tener en cuenta el contenido de sus reclamos.

La estrategia va encaminada a debilitar la capacidad organizativa y de movilización del movimiento obrero y sindical, y particularmente del campesinado.

En este contexto, se podría pensar en una posible crisis del cultivo de coca. Sin embargo, no representa el final de la economía regional de este cultivo, mientras no haya una alternativa viable ligada a la reforma agraria y a un nuevo modelo económico y de desarrollo, mientras se tenga lejos el panorama de la legalización, y mientras se mantenga la demanda, la oferta perdurará. La mayor parte de las siembras en 1995 estaban en la región del Guaviare, en 2000 se trasplantaron a la del Putumayo y ahora están en la de Nariño.

Si se continúa con esta política, lo posible de ser esperado es el incremento de la pobreza, el desempleo, la concentración mayor en la tenencia de la tierra, la disminución o desaparición de los cultivos de cereales y oleaginosas y de los que hoy abastecen el mercado interno, en muchos de los cuales la ruina no se da por altos costos sino por la competencia desleal que se pactó con la firma del TLC. Los pequeños campesinos seguirán optando por aquel “mal menor” que es la producción y venta ilegal, a precios irrisorios, de la hoja de coca.

Agencia Periodística del Mercosur, Internet, 6-6-06