México: Explotación de recursos genéticos

Puesto que la iniciativa de la Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos, que a fines de abril fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, es muy ambigua en aspectos cruciales y tiene visos pro empresariales, tal como la denominada ley Monsanto, urge que los legisladores "abran un amplio debate sectorial, una consulta participativa e incluyente", señaló María Colín, asesora legal de la Campaña de Ingeniería Genética de Greenpeace México.

De acuerdo con Colín, esta iniciativa, que fue aprobada el 27 de abril pasado en la Cámara de Senadores y turnada al día siguiente a la citada comisión para su estudio y dictaminación en el próximo periodo de sesiones que comienza en septiembre, tiene como objetivo "regular el acceso a los aprovechamientos de los recursos genéticos, protegerlos, conservarlos y asegurar una justa y equitativa distribución de los beneficios derivados de ese aprovechamiento".

Sin embargo, muchos propósitos son sólo en "teoría", lamentó Colín, quien remarcó que la iniciativa está muy enfocada a "dar legalidad a loscontratos de acceso a los recursos genéticos, los que muchas organizaciones han denunciado como biopiratería".

Según Colín es muy importante que se haga una consulta porque lo que está en juego es la riqueza de la nación, no de particulares o de empresas.

Más cuando México es considerado el cuarto país megadiverso del mundo, pues cuenta con 10 por ciento de la biodiversidad del planeta; además es centro de origen de diversificación de gran cantidad de plantas y de poblaciones silvestres, así como reservorio de genes útiles, indispensables para las conservación de especies, tal como se establece en los considerandos de la iniciativa.

Aunque para Greenpeace México es importante contar con un marco legal que evite la denominada biopiratería -la cual se entiende como el acceso y uso irregular o ilegal de componentes de la biodiversidad y de los conocimientos indígenas asociados- éste debe ser ampliamente consensuado, lo cual, con la iniciativa (que fue presentada desde 2001 por el senador del Partido Acción Nacional Jorge Nordhausen), hasta ahora no ocurre.

En entrevista, Colín detalló que esta propuesta "no asegura la conservación de los recursos genéticos, sino lo que hace es prácticamente legalizar su explotación mediante contratos privados", además de que no tiene "ninguna valoración de tipo ambiental, cultural y social".

Aunado a esto, no prevé que las comunidades indígenas y locales puedan participar con asistencia técnica y financiera en el aprovechamiento de los recursos.

Agregó que otro tema que no se toca en la iniciativa es que "si bien da al Estado y a los pueblos indígenas el derecho a aceptar o no el acceso privado a los recursos genéticos mediante contratos de bioprospección, hay aspectos no definidos; por ejemplo, en las áreas naturales protegidas en las que hay asentadas comunidades, no se establece a quién le competiría firmar los contratos de acceso, si al gobierno federal o a las comunidades".

Tampoco hay nada sobre las "denuncias populares" en caso de que se esté generando la biopiratería; sólo establece para esos casos "infracciones administrativas y nada de responsabilidades civiles y penales".

Colín agregó que en la iniciativa tampoco se incluye lo establecido en las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de ellos, entre otras disposiciones internacionales.

La Jornada, México, 12-5-05