México: exigen a Vicente Fox proteger a familias amenazadas de desalojo por lacandones
Maderas de Pueblos del Sureste demanda a la SRA cumplir acuerdos firmados en 2005
La organización Maderas de Pueblos del Sureste demandó a los gobiernos federal y de Chiapas que adopten las medidas pertinentes para garantizar la integridad física y sicológica de las familias indígenas de las comunidades Flor de Cacao, Viejo Velasco Suárez, San Jacinto Lacanjá y Ojo de Agua el Progreso, amenazadas por los lacandones de ser desalojadas.
En carta dirigida al presidente Vicente Fox, al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y a los secretarios de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, los coordinadores de la organización, Miguel Angel García Aguirre y Luis Miguel Robles Gil, apuntaron que dichas familias tienen más de 20 años de radicar en la región, producto del proceso de colonización que en la pasada década de los años 40 llevó a cabo el gobierno federal.
Pidieron que se dé prioridad al diálogo y la concertación en la búsqueda de una solución y garanticen plenamente los derechos individuales y colectivos de las familias indígenas.
Al respecto, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) aseguró que desde junio de 2003, a partir de la aplicación del Programa de Atención Integral a la Comunidad Zona Lacandona y a la reserva de la biosfera Montes Azules para resolver la problemática agrario-ambiental de la región, "todos los involucrados han sido convocados al diálogo; ningún poblado, asentamiento, grupo y organización han sido excluidos del proceso conciliatorio".
Los habitantes de San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao continúan en un proceso de concertación, mientras que los de Ojo de Agua el Progreso aceptaron ya un convenio de compensación que les permitirá "reubicarse donde deseen y cubrir sus necesidades básicas".
En su escrito dirigido al presidente Fox y al gobernador de Chiapas, los coordinadores de Maderas de Pueblos del Sureste asentaron que "desde finales de los años 40 hasta la fecha el territorio de la Selva Lacandona ha sido objeto de colonización y manipulación agraria por los gobiernos federal y estatal. A lo largo de los últimos 60 años han jugado con la necesidad de tierra y de supervivencia de comunidades indígenas de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, efectuando ahí en 1972, un dudoso acto de reconocimiento agrario sobre una inmensa superficie de selva en favor de un pequeño grupo indígena maya caribe que ni siquiera reclamaba ese territorio, desconociendo con ello entonces, los derechos colectivos de medio centenar de comunidades y generando con ello una compleja problemática socioambiental".
Ante esto 28 comunidades indígenas, asentadas desde hace más de 20 años en la porción norte y noreste de la reserva de biosfera de Montes Azules (zonas Valle de Santo Domingo y el Desempeño) habían venido luchando por su justo reconocimiento y regularización, hasta lograr que en abril de 2005, los gobiernos federal y estatal establecieran una mesa de diálogo denominada Mesa El Limonar, a través de la cual se acordó y firmó el reconocimiento y la promesa de regularización de los 28 núcleos agrarios, mediante la expropiación de la tierra ocupada y la indemnización económica a la llamada comunidad lacandona.
Sin embargo, al parecer se pretende dejar fuera de ese proceso a las comunidades Flor de Cacao, Viejo Velasco Suárez, San Jacinto Lacanjá y Ojo de Agua el Progreso, a las que además se les ha vuelto a amenazar con el desalojo. Incluso, recordaron García Aguirre y Robles Gil, por esa situación de tensión agraria, en 1984 los representantes de la comunidad lacandona, las cuatro comunidades y la SRA firmaron un acuerdo agrario.
La historia de esas comunidades es de engaños, desalojos y ahora nuevamente de incumplimiento de un acuerdo, por lo que Maderas de Pueblos del Sureste demandó a la SRA que se respeten y cumplan los acuerdos firmados en las mesas de El Limonar y que la SRA informe pública, amplia y transparentemente sobre la forma en que 16 comunidades fueron beneficiadas con la compra de 17 mil 200 hectáreas de tierras, ya que actualmente están dejando fuera a las cuatro comunidades que también estaban contempladas en el programa de compra de tierras.
Ambos coordinadores de Maderas de Pueblos del Sureste exigieron que la SRA informe del manejo de los recursos financieros que están siendo utilizados para dar solución a ese tema, de su ejercicio presupuestal y de la ejecución de acciones para resolver el conflicto agrario en Montes Azules.
La SRA explicó que aunque el programa de atención a las comunidades asentadas en Montes Azules inició en 2003, las de Flor de Cacao, Ojo de Agua el Progreso, San Jacinto Lacanjá y Nuevo Tila, se incorporaron al mismo en enero de 2004. A partir de entonces se realizaron trabajos técnicos y censales para determinar la superficie que poseen y que se encuentra dentro de la comunidad lacandona. Los resultados se dieron a conocer a los representantes de los poblados en reuniones celebradas en febrero del mismo año en las oficinas interinstitucionales de San Javier, municipio de Ocosingo, Chiapas.
Agregó que en marzo de 2004, los poblados decidieron retirarse del proceso de atención y el 27 de abril de 2005, junto con 25 poblados más, conformaron el bloque de atención de la mesa agraria con sede en el ejido El Limonar, municipio de Ocosingo. "A partir de ese momento, la SRA ha sostenido diversas reuniones con los representantes de los citados poblados, a quienes se ha explicado su situación jurídica, logrando alcanzar acuerdos con el grupo Ojo de Agua el Progreso, mediante convenio de compensación ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 03 con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, firmado el 6 de junio de 2006, por eso las tierras fueron entregadas a la comunidad lacandona y recibidas por ésta, al ser de su propiedad, el 15 de julio del presente año".
En San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao, agregó la SRA, continúa el proceso de concertación. Los grupos han solicitado ante la comunidad lacandona y las instancias de gobierno su regularización, cuestión que no ha sido aceptada por la asamblea general de la comunidad, propietaria de las tierras ocupadas por los grupos mencionados, por lo que continuará el diálogo que permita alcanzar acuerdos para una solución de consenso entre las partes.
En el caso Nuevo Tila, por decreto expropiatorio del 21 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 diciembre de 2006, se regularizaron 735-92-35 hectáreas, para beneficiar a 27 familias, conforme a los acuerdos alcanzados en la mesa de atención El Limonar. Está en proceso la ejecución del decreto correspondiente.