México: la ley para la soberanía alimentaria, avance en el agro, afirman campesinos
Da orden y certidumbre en programas, presupuestos y reglas relacionados con el sector
Organizaciones campesinas firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo asentaron que la ley de planeación para la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional es un avance para que se establezca una política de Estado para el agro, ya que se da orden y certidumbre en programas, presupuestos y reglas de operación relacionadas con el sector.
Integrantes del Congreso Agrario Permanente, Barzón y Confederación Nacional Campesina comenzarán esta semana un intenso cabildeo con los senadores para tratar de lograr que la citada ley, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados, sea aprobada en el actual periodo de sesiones. "No hay que esperar a que venzan los plazos", dijo Alvaro López Ríos, coordinador en turno del CAP y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
El proyecto de ley, aprobado en el recinto de San Lázaro, establece que la vigencia del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se extenderá hasta el año 2018 y no concluirá en 2007, como estaba previsto; además las cuotas se actualizarán el próximo año tomando en cuenta el tamaño del predio y a partir de 2008 continuará ajustándose en función del índice nacional de precios al consumidor.
También incluye una cuota adicional de 20 por ciento para hasta 30 por ciento del total del padrón, destinado a incentivos a productores que realicen contratos multianuales para agricultura sustentable y reorganización regional de cultivos.
La ley, que ya fue enviada al Senado, incluye la continuación del programa de ingresos objetivo de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria para inducir al desarrollo de mercados agroalimentarios, mediante agricultura por contrato, cobertura de precios, apoyos a infraestructura de almacenamiento y fortalecimiento a la organización comercial de productores, garantías líquidas, entre otros.
Sugiere la creación de un programa de precios y tarifas para insumos y procesos estratégicos, además de la obligación del Estado de destinar 20 por ciento de los recursos federales, equivalentes al menos a 30 mil millones de pesos, anuales para un programa integral de alimentación y nutrición, ya que la meta es eliminar hacia 2015 la desnutrición en el país.
Dicha ley prevé el establecimiento de un programa integral de inversiones estratégicas para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, a través de la cual se tratará de fomentar nuevas inversiones de los sectores social y privado, que se conjugarían con los recursos federales, estatales y municipales para el desarrollo económico y social del campo.
"Es una ley que, por primera vez, da certidumbre y establece reglas claras para el sector. Se define el rumbo de la política de Estado basada en la soberanía alimentaria y se enfoca al tema de la alimentación", dijo el diputado Víctor Suárez Carrera.
El legislador recordó que dicha norma, de ser aprobada en el Senado, está contemplada en las demandas campesinas que quedaron plasmadas en el Acuerdo Nacional para el Campo. Con ella se tratará de reducir la dependencia alimentaria; datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en los pasados cinco años se han importado 50 mil millones de dólares en alimentos, lo que equivale al 54 por ciento de las divisas obtenidas por la exportación de petróleo en dicho periodo y equivale a la utilización de tres de cada cuatro dólares de las remesas.
Agregó que en el Procampo están inscritos 2.7 millones de productores de granos básicos y oleaginosas y esas cuotas han servido para sostener a sus familias, mientras en el programa de ingreso objetivo hay 300 mil productores que generan 12 millones de toneladas de granos y oleaginosas.