México: los estudios ambientales de la presa La Yesca, para cubrir apariencias
Tras la aprobación ambiental del proyecto hidroeléctrico La Yesca, lo que se observa es que el gobierno federal utiliza los estudios de impacto ambiental para "cubrir las apariencias" y no considera realmente los efectos nocivos que se generan a las comunidades, señaló Cuauhtémoc Abarca, de la Asamblea en defensa de la tierra, el agua y contra su privatización
El proyecto previsto en los municipios de Hostotipaquillo, Jalisco y La Yesca, Nayarit, prevé aprovechar los escurrimientos de los ríos Santiago y Bolaños, tendrá una superficie inundable de 3 mil 492 hectáreas y la cortina más alta del mundo con 210 metros, y obtuvo la autorización de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 10 de julio.
La autorización de la manifestación de impacto ambiental "refleja la colusión de intereses" entre funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y el gran capital, lo cual se "hace sin ningún decoro, como ya ocurrió en El Cajón, que ya se inauguró", agregó.
Consideró que La Yesca está en la misma línea de la obra de Nayarit, y las autoridades pretenden, con los estudios de impacto ambiental, cubrir las apariencias para llevar adelante decisiones que ya tomaron desde antes. Hay aspectos ambientales que se deben cuidar, pero dicen que se harán obras de amortiguamiento; "en realidad es una política de depredación ambiental y entrega de recursos al capital".
Estimó que esa obra tendrá un alto costo en términos de viabilidad de las regiones, "el gobierno de Vicente Fox quiere dejar amarradas las cosas antes de irse para que cuando llegue el próximo mandatario no haya marcha atrás a decisiones que ya se tomaron. Es falta de ética gubernamental porque pretenden usurpar funciones que competerían al siguiente gobierno".
La Asamblea, que agrupa 15 organizaciones, entre ellas la Coalición Mexicana por la Defensa del Agua y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, también demandó la cancelación de órdenes de aprehensión y otras acciones de hostigamiento contra luchadores sociales, pero en especial los casos de quienes enfrentan conflictos relacionados con el agua, la tierra y el medio ambiente, como es el caso de seis dirigentes del Frente y Defensa del Agua de Cuautla, Morelos, que se oponen a la construcción de la gasolinera Millenium 3000.
Agregaron que hay otras ocho órdenes de aprehensión contra dirigentes del Sistema de Agua Potable de Tecámac, estado de México, que se oponen al despojo de pozos comunitarios, y al establecimiento de desarrollos habitacionales y de un incinerador.
Detallaron que hay otros procedimientos contra dirigentes del Rescate de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, que están en contra de que se les despoje de su sistema de aguas comunitarias; así como otros residentes de Alpuyeca, que se oponen al basurero a cielo abierto que funciona desde hace 30 años y es un foco de contaminación para la población del lugar; de habitantes de Cuatzingo, Chalco, que han luchando contra la construcción de más desarrollos habitacionales, el gasoducto y las nuevas vías de comunicación que afectan a la población.