Veredicto final del TPP señala violaciones de las empresas transnacionales en América Latina
En la sesión de este año, el Tribunal constató que las empresas transnacionales europeas continúan violando los derechos fundamentales de las poblaciones de América Latina. El TPP destacó además la tolerancia y la complicidad de la Unión Europea en la promoción de los intereses de las ETNs
"El TPP exige a la Unión Europea (UE) y a sus países miembros el respeto de los derechos de autodeterminación de los pueblos para generar modelos de desarrollo compatibles con la defensa de la vida y de los derechos fundamentales". Esto fue lo que dictaminó el veredicto final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionó entre el 14 y el 17 de mayo de este año en Madrid, España.
De acuerdo con el documento titulado "La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos", la sesión del TPP tuvo como objetivo "identificar las consecuencias y corresponsabilidades jurídicas de las políticas de apoyo de la UE a las ETNs [empresas transnacionales]".
En la sesión de este año, el Tribunal constató que las empresas transnacionales europeas continúan violando los derechos fundamentales de las poblaciones de América Latina. El TPP destacó además la tolerancia y la complicidad de la Unión Europea en la promoción de los intereses de las ETNs.
"En términos generales, se puso de manifiesto que la Unión Europea a través del Tratado de Lisboa y del conjunto de reglas, normas y directivas creó el régimen jurídico internacional idóneo para ofrecer un marco normativo en el cual las ETNs (incluidas las de capital público) puedan perseguir sus fines particulares en las diversas áreas de interés estratégico, como las relativas a recursos naturales, energía, comercio, servicios públicos e inversiones", afirmó.
Según el veredicto final del TPP, existe una voluntad política de parte de la UE para permitir que los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación con América Latina sirvan para atender las prioridades económicas de las empresas europeas. El comentario del Tribunal se basa en el hecho de que tales acuerdos y tratados no presentan dispositivos tales como cláusulas democráticas, destinadas a la promoción de la justicia y de una gobernanza de calidad humana.
De acuerdo con el documento final, el Tribunal constató que la apropiación y la explotación económica de los recursos naturales realizadas por las empresas europeas en los países de América Latina "no sólo no suponen ninguna mejora en la calidad de vida de las comunidades en cuyo entorno se desarrollan dichas actividades, sino que con mucha frecuencia les causan perjuicios en forma de privación del acceso a recursos básicos, limitaciones de sus derechos humanos, inclusive el derecho a la vida".
Secuestros, asesinatos de líderes sociales y comunitarios, desapariciones forzadas, criminalización de las comunidades que se oponen a la explotación de los recursos naturales, privatización del agua y contaminación de los acuíferos, dificultad de acceso a medicamentos genéricos, invasión de los territorios indígenas y destrucción del medio ambiente son sólo algunas de las actividades denunciadas por movimientos y organizaciones sociales de América Latina contra las empresas europeas.
A causa de ello, el Tribunal resolvió denunciar y condenar la actitud de las transnacionales estudiadas por el TPP "por las graves, claras y persistentes violaciones a los derechos humanos y a los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas".
De la misma manera, condenó a la Unión Europea por la complicidad en la generación de los impactos causados por las empresas a las comunidades latinoamericanas. Los Estados miembros de la UE y los Estados locales que recibieron a las transnacionales también fueron denunciados y condenados por el TPP por no impedir las violaciones.
El Tribunal también decidió, entre otros aspectos, que pedirá al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un código de conducta obligatorio a las transnacionales, así como un mecanismo internacional para la supervisión de su cumplimiento. También reiterará el pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que designe un relator especial para presentar un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de adoptar el concepto de deuda ilegítima, social, ecológica e histórica.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab