Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La instalación de una antena de telefonía sacudió la tranquilidad de familias de San Vicente, al sur del conurbano bonaerense. Aunque existe abundante prueba internacional del impacto negativo de las radiaciones que emiten estas antenas, el intendente Nicolás Mantegazza permite la instalación en el predio de un club barrial y frente a una escuela. Ya hubo movilizaciones de la comunidad educativa y de los vecinos.

A seis años de recorrer los territorios y compartir las voces de las comunidades afectadas por tres megaproyectos insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico–, un equipo de documentalistas convocados por Desinformémonos volvió a caminar selvas, valles y mares en comunidades indígenas de cinco estados de la república mexicana, para reportar qué ha ocurrido y qué viven los pueblos desde entonces en las regiones donde se expanden esos proyectos que la presidenta Claudia Sheinbaum promete continuar.

Este miércoles se desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla contra los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. El juzgado les negó la libertad y reiteró la detención provisional.

Las amenazas de muerte, los sobornos, la persecución judicial y el exilio forzado son parte de la realidad cotidiana para los defensores de territorios indígenas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Pero existe un costo aún menos visible de esta lucha: el daño emocional acumulado, el miedo que se oculta y que no desaparece, las lágrimas derramadas en la soledad y la desconfianza que se vuelve norma de supervivencia. Este es un recorrido por esas batallas interiores y las formas—aprendidas por necesidad—en que estos guardianes de la tierra buscan mantenerse en pie.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe, una nueva publicación que reúne investigaciones de expertos y expertas de siete países —Perú, Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica— sobre los avances, retos y desafíos para garantizar el derecho a un ambiente sano en la región.

En un manifiesto contundente publicado a las puertas de la COP30, 55 movimientos y organizaciones de 14 países latinoamericanos y del Caribe, se han unido para rechazar los mercados de carbono y defender sus territorios contra una avalancha de proyectos de compensación de carbono que está causando daños en toda la región.

Casi la mitad de los pueblos indígenas que decidieron vivir en aislamiento voluntario podrían desaparecer en los próximos diez años. Así lo advirtió una organización internacional dedicada a la  defensa de sus derechos, que señala la expansión de la explotación forestal, minera y turística como las principales amenazas.

Um projeto internacional inédito do TBIJ, em parceria com a Mídia NINJA, revela preocupações globais com violações de direitos, ameaças crescentes e mudanças climáticas catastróficas.