Pueblos indígenas

Tras casi 30 años de disputa, en marzo de este año, el Ministerio de Defensa rechazó la concesión marítima solicitada por Celulosa Arauco, frenando un proyecto de ducto al mar que amenazaba con contaminar y afectar las actividades pesqueras. Las comunidades mapuche lafkenche y pescadores artesanales lograron la aprobación de dos Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) en la zona. Se trata de una herramienta legal que fue clave para detener el avance de la empresa. La prolongada defensa del mar fracturó la comunidad: mientras algunos firmaron convenios con la empresa, otros mantuvieron la resistencia, dejando heridas que aún persisten.

“Esto no es un simple ataque armado, es la demostración de el gobierno del Estado de Michoacán y el gobierno federal han decidido abandonar deliberadamente su deber de proteger a los pueblos indígenas y, en los hechos, han permitido que el crimen organizado invada, aterrorice y ponga en riesgo la vida de nuestra comunidad”, señaló la comunidad de Cherán en un pronunciamiento colectivo durante el mitin de hoy frente al palacio de gobierno de Michoacán. 

Conversamos con la investigadora América Navarro sobre el desplazamiento forzado en Chiapas, más allá de un drama local y nacional, constituye una consecuencia global del capitalismo más voraz y enemigo de la vida.

En un contexto de creciente preocupación por la represión y el despojo territorial que enfrentan los pueblos originarios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó formalmente ser admitido como “amicus curiae” en la causa judicial que involucra al territorio ancestral de la Comunidad Indígena Cueva del Inca, recientemente desalojada en Tilcara.

Al joven mapuche Rafael Nahuel lo mataron por la espalda. Lo denunció la comunidad Lafken Winkul Mapu en 2017 y ahora lo confirmaron jueces federales con penas de solo cinco años de prisión para los efectivos de la Prefectura Naval. No hubo mención sobre Patricia Bullrich, responsable política de la represión. Un asesinato y la doble vara del Poder Judicial.

Las/os abajo firmantes, académicas/os, militantes, activistas, intelectuales, personas solidarias y acompañantes de los procesos de autonomía indígena en distintas latitudes del mundo, condenamos el ataque armado ocurrido el 2 de julio de 2025 en la comunidad Cherán K'eri, Michoacán.Durante esta jornada, un grupo criminal intentó ingresar al territorio comunal y fue repelido por la Ronda Comunitaria, órgano de seguridad del autogobierno de Cherán, resultando un comunero (rondín) asesinado y otro herido.

A dos años de haber tenido lugar en la provincia la movilización indígena que se opuso a la reforma constitucional inconsulta y su brutal represión, lo que fue conocido como “el jujeñazo” y que dio lugar al Tercer Malón de la Paz a Buenos Aires, varias comunidades marcharon desde La Quiaca hasta San Salvador.

Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.