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Autor Darío Aranda Idioma Español Pais Argentina Publicado 17 marzo 2008 14:14

Soja para hoy, enfermedad para mañana. El costo sanitario de los agronegocios

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La soja es el mayor cultivo del país. Dieciséis millones de hectáreas en diez provincias conforman un desierto verde, con una ganancia anual de 16.000 millones de dólares. Todo el sistema funciona a base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado de causar malformaciones a bebés, abortos espontáneos, cáncer y muerte. La mayor empresa semillera del mundo, la multinacional Monsanto, en el centro de las acusaciones.

Por Darío Aranda

Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel –-de manos, cara y piernas-- en carne viva. Fue el cuadro médico de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La Familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera, un negocio de 16.000 millones de dólares al año. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial “Roundup” --de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo--, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, indígenas, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.

Soja, químicos y acusaciones

La soja sembrada en el país ocupa 16,6 millones de hectáreas de diez provincias y tiene nombre y apellido: “Soja RR”, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato, vendido por la misma empresa. Es un polvo cristalino blanco e inodoro. En su presentación como concentrado soluble se caracteriza por ser un líquido claro, viscoso, color ámbar. Es persistente en el tiempo y permanece largos períodos en el ambiente. También posee la propiedad de viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua.

Los plaguicidas y herbicidas están diseñados para destruir organismos, pero suelen no ser selectivos al cumplir su función, por lo cual ocasionan efectos no deseados en seres vivos, incluido el ser humano. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. Sin el agrotóxico, se debiera recurrir a la contratación de gran cantidad de mano de obra, para tener los pastizales bajo control y que la oleaginosa crezca sin inconvenientes. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato, el más utilizado del país, como inofensivo para al hombre.

Doña Ramona Bustamante tiene 82 años, desde que nació vive en el mismo campo, Puesto de Castro, norte de Córdoba. En 2004 llegó hasta el lugar un grupo de empresarios que mediante la fuerza echó de sus parcelas históricas a decenas de campesinos. A doña Ramona le derribaron el rancho con una topadora, mataron los animales y contaminaron con gasoil el pozo de agua. “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, explicó doña Ramona, que resistió el desalojo junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y se transformó en una referente de la lucha contra los empresarios sojeros. Pero este año sufre, ella y los vecinos que resistieron, un nuevo embate: aviones fumigadores pasan sobres sus casas, arruinan los sembradíos (de autoconsumo), mueren los animales y la salud comienza a resentirse. “Ya hubo intoxicaciones. Después de cada fumigación tienen que ir al hospital. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC.

Campesinos e indígenas acusan a la industria de los agronegocios (donde Monsanto es sólo su cara más visible) de contaminar aire, agua, alimentos y suelo. Estudios médicos puntualizan en efectos agudos, los producidos en un primer momento por una lata dosis de pesticida. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardiaca, electrocardiogramas anormales y daño renal", asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología. A idéntica conclusión llega una investigación, realizada en 2006, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de Rosario, que además apunta a la categorización del agrotóxico: “El glifosato fue erróneamente calificado como toxicológicamente benigno. Los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos”, advertía el bioquímico Federico Paggi. El especialista cita como fuentes a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés), que lo clasifica como clase II, altamente tóxicos, por ser irritante de los ojos; y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala a su ingrediente activo como "extremadamente tóxico". "La revisión toxicológica conducida por un equipo norteamericano de científicos independientes (Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides), indicó efectos adversos en todas las categorías estándar de toxicología: subcrónicos, crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos", detalla el bioquímico.

Para ubicar a los plaguicidas en los diferentes rangos de peligrosidad, la OMS se basa en la toxicidad del químico, medida a través de la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define como un valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso, requerido para matar el 50 por ciento de una gran población de animales de laboratorio expuestos. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período. “Un producto con una baja DL50 puede tener graves efectos crónicos por exposición prolongada, aunque los niveles de exposición sean bajos. Los adelantos científicos comienzan a brindar información. Sobresalen casos de cáncer en niños y adultos, y problemas reproductivos y neurológicos”, explica Kaczewer. El especialista también advierte que la forma de estudio de la OMS tampoco refleja cabalmente los efectos a corto plazo ya que no da una idea de qué porcentaje de la población bajo estudio se sintió mareada o con problemas de coordinación.

A pesar de ser el mayor cultivo del país, el consumo de soja en Argentina no llega al tres por ciento, a pesar de los intento de introducirlo en la crisis de 2001, cuando los grandes productores donaban soja a los comedores comunitarios con el argumento de contribuir a la nutrición infantil. Los detractores retrucaban: “Sólo quieren crear mercado”, afirmaban. La demanda de soja actual proviene de Europa y China, donde es utilizada para alimentación animal (vacuno, porcino y aviar).

Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros del cuestionado herbicida. Un volumen similar al contenido en 330 mil tanques de agua hogareños.

Abortos espontáneos, malformaciones y problemas reproductivos

San Cristóbal es un poblado de quince mil habitantes en el norte de Santa Fe. En agosto de 2005 perdió su habitual tranquilidad. El intendente Edgardo Martino denunció que en el primer semestre del año se habían producido once nacimientos con malformaciones congénitas, y tres habían fallecido a los pocos días. Además, advirtió la existencia de otros tres casos en localidades vecinas. No aventuraba causas posibles, pero reconocía que todas las acusaciones apuntaban a las plantaciones de soja --y los agrotóxicos utilizados--, que habían crecido de forma exponencial en la última década.

En el mismo fenómeno habían fijado su interés un grupo de ecólogos, epidemiólgos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos. A partir de un estudio científico, realizado durante dos años y encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vinculó malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes ambientales, entre ellos el glifosato y sus agregados. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmó Alejandro Oliva, médico e investigador. El estudio, financiado en parte por el Ministerio de Salud de Nación, abarcó seis pueblos de la pampa húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”.

La hipótesis de estudio señalaba que ciertos agroquímicos podrían perturbar la fisiología hormonal. El relevamiento en terreno confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos generados en la actividad agrícola. El estudio explica que el efecto de estos tóxicos puede manifestarse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia, o bien que los padres la hayan absorbido y trasmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. Remarca que los factores ambientales, como la exposición a pesticidas y solventes, contribuyen a la severidad de la infertilidad y pueden empeorar los efectos de factores genéticos preexistentes. La investigación constató que el 40 por ciento de los hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a pesticidas o solventes. Según estudios preliminares, el sistema reproductivo masculino puede padecer severas alternaciones debido a causas ambientales, entre las que se destaca un aumento del cáncer de testículo, malformaciones uro-genetiles, disminución en la calidad seminal y disfunción eréctil.

“Momento de parto. El bebé no llora. La madre desespera. El niño está muerto”, relata en su libro “La soja, la salud y la gente”, el médico rural de Entre Ríos, Gabriel Gianfellice, que aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos –-todo citado en su escrito--, comenzó a investigar qué sucedía en Cerrito –al noroeste provincial--, lugar donde vive desde hace 28 años. Médico familiar, se ocupa desde el nacimiento hasta la atención de abuelos. “Me involucré porque empezaron a aparecer dos patologías, la muerte del bebés durante el parto y muerte fetal precoz (situación donde se produce el embarazo, la bolsa, la placenta, pero no se produce el bebé), que aumentó en forma extraordinaria en toda la zona desde 1999”.

Afirma que en el pueblo hubo un antes y un después de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a percibir los efectos adversos con la reproducción, la gestación y la correcta formación de los órganos durante el embarazo, y problemas de fertilidad. “Ni hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron más de un cien por ciento. En tanto las dermatitis se quintuplicaron. Vivimos fumigados, los avioncitos pasan sobre nuestras cabezas constantemente y los pacientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, relata el médico en tono campechano.

El bioquímico Eric Seralini, de la Universidad de Caen (Francia), descubrió que las células de placenta humana son muy sensibles a Roundup en concentraciones inferiores a las utilizadas en la agricultura. Seralini decidió profundizar en los efectos del herbicida sobre la placenta humana después que un estudio epidemiológico en la provincia de Ontario demostrara que la exposición al glifosato casi duplicaba el riesgo de abortos espontáneos en gestaciones avanzadas. El bioquímico confirmó que en dosis muy bajas de Roundup se provocan efectos tóxicos en células placentarias humanas. El estudio precisó que el glifosato mata una gran proporción de esas células después de dieciocho horas de exposición a concentraciones menores que las utilizadas en el uso agrícola. “Esto podría explicar la gran incidencia de partos prematuros y abortos espontáneos en mujeres agricultoras de Estados Unidos que usan glifosato”, señaló. El médico e investigador argentino Jorge Kaczewer remarcó que el estudio francés “confirmó que el Roundup siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato”ytambién confirmó que el herbicida provoca malformación congénita, muerte neonatal y aborto espontáneo. “Los fetos en gestación, los bebés y niños son los más vulnerables a los impactos sobre la salud de la exposición a agrotóxicos. Y las madres se encuentran en riesgo incrementado”, afirma Kaczewer.

Fumigaciones y cáncer

Un relevamiento del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con Roundup, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. El caso testigo, el barrio Ituzaingó, a las afueras de Córdoba. Allí viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describe la organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que la enfermedad se multiplicaba. El barrio, humilde, de casas bajas, está rodeado de monocultivo. Al este, norte y sur hay campos con soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones llegan hasta las puertas de las viviendas. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación, estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre.

El relevamiento del GRR confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas, y osteogénosis. En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica con voz entrecortada, y se larga con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamenta, y reconoce que todos quisieran dejar el barrio.

Otro de los pueblos censados fue Monte Cristo, Córdoba, donde sobre una población de 5000personas, entre 2003 y 2004 se registraron 37 casos oncológicos, 29 malformaciones congénitas e innumerables fumigaciones. En Las Petacas, Santa Fe, 200 kilómetros al suroeste de Rosario, viven 800 habitantes y en los últimos diez años hubo 42 casos de cáncer y 400 personas con alergias. Sólo en octubre de 2005 murieron cinco personas de cáncer y dos de leucemia. Todos acusan a las fumigaciones. Se repiten las historias en Sebastián Elcano, Jesús María y Santa Francisco, Córdoba. También en San Lorenzo, San Justo, Piamonte, Alcorta y Máximo Paz, Santa Fe. “El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en miles de localidades, y el responsables es sin duda el modelo rural. Es una catástrofe sanitaria impulsada por las grandes corporaciones”, denuncia el GRR.

La investigación encabeza por Alejandro Oliva, del Hospital Italiano de Rosario, recuerda que toda la zona se fumigó por años con “organoclorados” (como se los conoce comercialmente a los productos DDT, heptacloro, lindano y HCH), que de 1960 a 1978 tuvieron amplia difusión junto a los “organofosforados”, como el “Parathión”. Del '78 al '94 la tendencia introdujo el monocrotofós, endosulfán y piretroides. Y desde el '94 se aplicaron piretroides, endosulfán y clorpirifós. “Sin olvidar la rotunda aparición del glifosato y sus agregados”, recuerda el científico y precisa: “Según cifras de la FAO, Argentina ha aumentado en más de un 200 por ciento el uso de agroquímicos, principalmente en la pampa húmeda, debido a los herbicidas que se utilizan en la soja transgénicas”.

El endocrinólogo explica que la incidencia del cáncer en áreas rurales es menor que en las zonas urbanas, pero en su estudio detectaron que algunos tipos de cánceres se encuentran con mayor incidencia en el mundo agrícola, tal es el caso de los linfomas no Hodgkin y los de próstata, asociados con la fabricación y el empleo de agroquímicos. También sobresalen los cánceres de testículo y ovario, mostrando una incidencia tres veces mayor en el primer caso, y de casi dos veces en el segundo, comparados con las estimaciones a nivel nacional. Los cánceres de hígado fueron casi diez veces más y los de páncreas y pulmón, el doble de lo esperado. Los varones parecen haber sido los más afectados por esta enfermedad. En cuanto a la mujer, se registró un aumento de cáncer de mama.

También sobresalieron los cánceres de tipo digestivo. “Esto puede ser por haber sido estas zonas muy expuestas a los clorados, y ahora son zonas expuestas al glifosato, que sabemos produce irritaciones digestivas permanentes”, explicó. También detalló que las hepatitis son un antecedente muy importante para la aparición de cáncer de hígados y páncreas. El estudio toma como muestra áreas consideradas representativas del modelo de agronegocios predominante en la pampa húmeda: localidades rurales de hasta cinco mil habitantes, regiones donde la soja abarca el 95 por ciento de la tierra cultivable y con antecedentes de haber estado dedicadas a la producción agropecuaria al menos desde la década de 1950. Pérez Millán, en el norte bonaerense, y Alcorta, Carreras, Máximo Paz, Santa Teresa y Bigand, todas localidades de Santa Fe.

Justamente en Bigand, una localidad de cinco mil habitantes, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, con intervención de la Cátedra de Toxicología y Química de la UBA, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. En el aspecto laboral, precisa que los trabajadores “en su inmensa mayoría no tienen contrato de trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, remarca el relevamiento. La fecha de publicación fue 2002. Nunca más el Ministerio de Salud estudió el tema.

Muertes y dudas

Alexis, de un año y medio. Rocío y Cristian, ambos de 8 años. “Los primitos Portillo”, como los conocían en el paraje rural Rosario del Tala, poblado de Gilbert, departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos. En siete años, de mayo de 2000 a enero de 2007, los tres fallecieron. Otra prima, Ludmila, de 18 meses, fue internada con un grave cuadro de intoxicación. Norma Portillo, mamá de Cristian, denunció la contaminación del agua y apuntó contra el uso de agroquímicos en las plantaciones de soja que, literalmente, rodean la humilde vivienda familiar. Luego de cada fumigación, los chicos sufrían mareos, vómitos y dolores de cabeza. Uno de los niños se había bañado en un arroyo, que pasa a cien metros de la casa, donde aguas arriba se lavan las fumigadoras. El 15 de enero de 2007, dos días antes de la muerte de Cristian, las avionetas habían fumigado durante todo el día.

La familia Portillo ya no se refresca en el arroyo, ya no usa el agua de pozo para cocinar y beber, y ya no habita donde siempre había vivido. Tuvieron que dejar su vivienda, hace un año, y trasladarse al pueblo, una casa humilde sobre calle de ripio. “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo de casa bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, explica Norma Portillo.

Las versiones oficiales, del hospital local y la Coordinación de Salud de Gualeguaychú, primero hablaron de consanguinidad (un matrimonio está conformado por primos hermanos), luego echaron culpas a “una bacteria desconocida” y más tarde al supuesto estado de desnutrición de los niños. “Es mentira. Nuestros hijos estaban bien comidos, carnes, verduras, leche. Somos pobres, pero la comida no les faltaba”, se indigna Norma y maldice por lo bajo: “Los sojeros nos envenenan y resulta que la culpa es nuestra”.

Pero en la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos ya hablan del “efecto sojero”. “En Rosario del Tala, el Comité de Salud determinó en un solo año cuatro muertes infantiles, todos menores de un año y con malformaciones congénitas”, reveló la periodista Estela Gigena, del Diario El Día, quien con una serie de notas descubrió el caso de los primos Portillo.

Siete meses después de la última muerte, los cuerpos de los primos Portillo fueron exhumados y analizados por la División Química Forense de la Policía de Paraná. No se encontraron rastros de químicos en las vísceras. “En las intoxicaciones crónicas es muy difícil encontrar rastros de pesticidas directos en el material a peritar, y aún más si pasó tanto tiempo”, afirma el abogado Osvaldo Fornari, que presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).

En el casco urbano de Gilbert, donde viven 1500 habitantes, pareciera no hacer faltas estudios. “Los gurises Portillo vivían en el medio de la soja, justo habían fumigado y ellos se bañaron en el arroyo pegado al campo con soja. Todo es mucha coincidencia”, evalúa Armando Ravasio, con tres décadas en el lugar. De oficio mecánico, confiesa que la población está dividida entre los que viven de la soja y lo que no, pero que todos reconocen los males. “El pueblo está rodeado de soja. Los depósitos están dentro del pueblos, las máquinas se lavan en las calles, fumigan todo arriba de nuestras cabezas, hasta arriba de la escuela fumigaron, fíjese el pasto y los árboles como están quemados. Después andamos todos sin poder respirar, los gurises nacen con problemas, la soja nos arruinó la salud, ni el más sojero se lo niega”.

Agricultura sin agricultores

La Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, ambas de Estados Unidos, comenzaron en la década del 50 a promover, mediante la investigación de laboratorio, mayor producción por hectárea es pos de aumentar la rentabilidad. Fue el germen de una agricultura tecnificada, con mayor maquinaria, riego cronometrado y un tipo de semillas híbridas. Al proceso se lo denominó “revolución verde”. Durante las dos primeras décadas, la tendencia fue impulsada por grandes semilleras, por un lado, y las compañías químicas, por otro. “Luego las químicas adquirieron a las semilleras. Se quedaron con todo el negocio, obligando al productor a comprar las semillas y los agrotóxicos que ellas decidieran”, explica la investigadora del mexicano Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), Silvia Ribeiro.

Durante la década del 60 y 70 aumentó el rendimientos de los cultivos, pero también implicó que los agricultores sean cada más dependientes de costosos insumos químicos. La consecuencia fue el desplazamiento generalizado de campesinos fuera de sus tierras y empobrecimiento de los suelos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por quince mil familias de siete provincias, encuentra en este fenómeno el inicio del aumento gigantesco de las grandes ciudades, la pérdida de poder social de las comunidades campesinas, su traslado a barrios de emergencia de las grandes urbes y su empobrecimiento. A fines de los '80, comenzó la llamada “segunda revolución verde”, impulsada por las compañías de biotecnología.

“El campo, a nivel mundial, atraviesa una nueva etapa marcada por la transnacionalización del capital, la utilización de nuevas tecnologías y un impacto social y ambiental silenciado, tendencia potenciada por el auge de los agrocombustibles”, explica Ribeiro, resaltando que el actual modelo de agronegocios es manejado en todas sus etapas por las transnacionales agroquímicas, desde la producción hasta la comercialización, pasando por la venta de semillas y los químicos, hasta la distribución.

De las siete mil empresas que en la década del 80 controlaban la producción de semillas en el mundo, actualmente sólo veinte compañías dominan el 50 por ciento de ese mercado. Un relevamiento del Grupo ETC confirmó la concentración de la industria: entre las diez compañías de semillas más importantes del mundo facturaron, en 2006, 13.000 millones de dólares, el 57 por ciento del mercado de semillas. Las tres principales compañías -–Monsanto, Dupont y Syngenta-- controlan el 39 por ciento del negocio. Monsanto es la empresa de semillas más importante del mundo, con la quinta parte del comercio de semillas y una facturación de 4476 millones de dólares. La compañía fue uno de los motores más importantes de la introducción de semillas transgénicas. Produce semillas resistentes al mismo herbicida que produce, y lo vende como un paquete tecnológico. Con la introducción de la “soja RR” en la agricultura mundial, se disparó el consumo del glifosato de Monsanto.

Con un mercado concentrado y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de químicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embrazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.

Desde fines de los '90, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales señalaron el poder de las compañías biotecnológicas, y de allí se explican la falta de estudios sobre los efectos del modelo sojero. “El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del 'lobby pesticida'”, asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzara el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían al menos parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica. Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, el límite máximo de glifosato residual en soja establecido en Estados Unidos y Europa era de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero a partir de 1996, estos países lo elevaron a 20 miligramos por kilogramo, un incremento de 200 veces el límite anterior. Semejante aumento responde a imposiciones de las empresas productoras de glifosato”, explica Kaczewer.

“Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica. Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. De ahí que no es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a mediano y largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer, y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no solo en la parte agronómica sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos”.

La influencia de los agronegocios avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup, sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo y desconocimiento manifiesto del derecho”. Entre las acciones juzgadas estuvo la orden de asistencia inmediata, por parte del gobierno local, a campesinos. “Nunca me perdonaron que frene las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que dé marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez mas complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión por varias razones, pero la principal es que mi apellido es mala palabra en Formosa y la gente, salvo la muy audaz, no quiere contratar mis servicios porque en los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar mas recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político y los empresarios”.

En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.

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De granero del mundo a desierto sojero

Por Darío Aranda

“Los agronegocios, con la soja a la cabeza, es sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación, eliminación de otros cultivos, destrucción de la biodiversidad y expulsión, siempre de forma violenta, de campesinos y comunidades ancestrales hacia los márgenes de las grandes ciudades”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena sobre el modelo agropecuario vigente, y aporta datos estadísticos: en 1997, en Argentina se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abracando 16,6 millones de hectáreas.

El avance del monocultivo se produjo en la década del '90, cuando el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. Argentina pasó de producir 12,5 millones en la campaña 94/95 a 37 millones en la campaña 03/04. El cultivo desplazó al trigo, y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. En sólo una década, Argentina se transformó en el segundo productor mundial de transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales (como el maíz y el trigo) comenzaron a retroceder, al igual que la industria láctea.

Argentina produce un tercio de las ventas mundiales de soja transgénica y es el tercer exportador mundial de grano (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite. Las exportaciones de soja y sus derivados ingresaron en 2007 al país unos 11.000 millones de dólares y, retenciones mediante, le inyectaron a las arcas del Gobierno unos 2.750 millones de dólares. La expansión del cultivo obedece a los altos precios internacionales, el apoyo de los gobiernos, el sector empresarial y la demanda de las naciones importadoras, especialmente China, convertida hoy en el mayor importador de la soja y sus derivados.

En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el cultivo de soja. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la agricultura de oleaginosas: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta, entre otras. Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empresas y clase política, es padecida por campesinos y pueblos originarios, que son desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo en cuatro años, más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históricas chacras, en el mayor de los casos ubicadas en las afueras de las grandes ciudades. El propio gobernador de la sojera Santa Fe, Hermes Binner, reconoció recientemente que “el proceso de sojización ha vaciado los campos”.

Otras de las claves del avance sojero es la simplificación del manejo de las malezas, por medio del agrotóxico Roundup. Lo que demandaba decenas de hombres, con el herbicida lo realiza una ínfima cantidad de mano de obra. Ya no se ara ni trabaja la tierra con herramientas, para desmalezar se arrojan químicos que queman las plantas y luego se siembran las semillas de soja. Una vez que brota, vuelven a rociar con herbicidas para matar la maleza residual, lo que no perjudica a la soja porque la semilla transgénica está preparada para soportarlos. Según datos de la propia Secretaría de Agricultura, mil hectáreas de soja pueden ser manejadas por sólo cuatro personas. Un tambo con esa superficie requiere de, mínimo, veinte trabajadores. Según los mismos datos oficiales, mientras el área sembrada con soja avanza, los establecimientos agropecuarios desaparecen (entre ellos, gran proporción de tambos). En 1988 había en el país 422.000 chacras, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

“Las principales víctimas de la expansión del modelo sojero son los territorios indígenas, la biodiversidad, el campesinado y los cultivos alimentarios tradicionales. Para ganar espacio para los monocultivos, cientos de comunidades han sido despojadas ilegalmente de sus tierras y se ha arrasado con el 70 por ciento de los bosques nativos. Hoy el desierto verde alcanza las primeras calles de los pueblos y las ciudades”, denuncia el Movimiento Campesino Indígena de Argentina. Y advierten que la situación empeorará. La industria de los agronegocios tiene dos próximas metas: introducir a su negocio diez millones de hectáreas (en detrimento de productores familiares) y los agrocombustibles (la creación de combustible a partir de soja), negocio con el que pretenden avanzar sobre otras cuatro millones de hectáreas.

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Semillas, químicos y una historia oscura

Por D. A.

Monsanto es la empresa semillera más grande del mundo , con un valor de ventas en el 2006 de 4476 millones de dólares, controla el 20 por ciento del mercado mundial de semillas. En sus 107 años de existencia, se le reconoce haber introducido la sacarina a Estados Unidos, ser impulsor del PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos), proveer en la guerra de Vietnam del químico “agente naranja” (utilizado por las tropas estadounidense para arrasar el territorio enemigo), condenas por publicidad engañosa (justamente por su producto Roundup) y denuncias por presionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organismo estatal norteamericano que controla a la industria química.

Con sede central en el estado de Missouri, fue fundada en el 1901 por John Francis Queeny, empleado durante treinta años en la industria farmacéutica, que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento: en la década del 20 ya había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes de productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido sulfúrico. En 1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que alcanzó su era de expansión en la década del 30 con la adquisición de tres empresas químicas. "Desde la década del 40 hasta nuestros días, es una de las cuatro únicas compañías que han estado siempre entre las diez primeras empresas químicas de Estados Unidos", señala Brian Tokar en su investigación "Monsanto: Una historia en entredicho”.

“El herbicida conocido como Agente Naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar. Según la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al Agente Naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica.

La empresa publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Tejas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador Brian Tokar.

En 1976, Monsanto había sido autorizada a comercializar el herbicida Roundup, “que pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, se ufana la publicidad corporativa. En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnología, pero recién en 1995 fueron aprobados una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente a glifosato.

Monsanto continuaba promocionaba el Roundup como "un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas". Pero el 26 de enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar multas por el delito de “publicidad mentirosa”.

En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zarate (Buenos Aires) desde 1956. Hace ocho años, realizó una gran refacción, mediante la cual su planta de producción de glifosato pasó a ser la más grande de América latina. En el último trimestre de 2007, Monsanto Latinoamérica facturó 256 millones de dólares, contra los 90 millones de igual lapso de 2006, un incremento del 184 por ciento. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, anuncia la empresa, que señala al agrotóxico como el responsable de la mitad de sus ganancias. En su sitio de internet asegura que controla el 95 por ciento del mercado de la soja sembrada en el país y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su especialidad y ha creado una verdadera revolución en la actividad agropecuaria de cientos de países”.

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Plan Colombia y glifosato

Por D. A.

Estados Unidos desarrolla desde el 2000 en tierra colombiana fumigaciones para “erradicar las plantaciones de coca”. Con asistencia militar y financiera, la incursión estadounidense fue bautizada “Plan Colombia”. El agrotóxico utilizado para quemar las plantaciones es el glifosato. Pero, además de matar las plantas coca, las denuncias indican que envenena a poblaciones vecinas, trabajadores rurales, animales y chacras para autoconsumo. Las aspersiones en zonas de frontera ocasionaron un conflicto diplomático con Ecuador, que denunció el envenenamiento y enfermedades en las poblaciones fronterizas. Al frente de la demanda se ubicó el vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno: “Hay pruebas de que el glifosato ha generado cáncer y alteraciones del código genético. También han aumentado la posibilidad de que los hijos de los afectados nazcan con malformaciones intelectuales y físicas”.

Una de las fuentes del vicepresidente fue el estudio del científico francés Robert Bellé. En su relevamiento, destaca: "El herbicida sería la causa de algunos tipos de cáncer. El glifosato formulado es el que provoca las primeras etapas de la cancerización”. Además, definió las fumigaciones áreas como “una catástrofe” y señaló que “no es verdad” que el glifosato sea inocuo como sostiene el gobierno colombiano basado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un reciente estudio de la Universidad Católica de Ecuador confirmó que las poblaciones de frontera son “severamente afectadas por las fumigaciones del Plan Colombia”. Detectaron que luego de las aspersiones se produjeron dolores intestinales, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, ardor de ojos, manchas en la piel, visión borrosa, dificultades respiratorias y abortos espontáneos. En 2007, la Defensoría del Pueblo de Ecuador señaló que las fumigaciones del Plan Colombia "causaron daños genéticos en el 100 por ciento de mujeres estudiadas". Según el informe, "presentan lesiones genéticas en el 36 por ciento de sus células. Lo cual implica un daño 800 veces superior a lo normal”. En el mismo año, la Dirección Antinarcóticos de Colombia se ufanó de que, en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense, fumigó con glifosato 170 mil hectáreas.


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