Darío Aranda

El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.

Vecinos bonaerenses denuncian que en plena pandemia se sigue fumigando con agrotóxicos en cercanías de las viviendas. En Mar Chiquita se desoyó un fallo judicial y se habilitaron venenos a 150 metros de los hogares y escuelas.

La Covid-19 y la cuarentena agravaron todos los aspectos de vida de los pueblos originarios de Argentina. Es una de las conclusiones de una investigación inédita, en la que participaron más de cien académicos de doce universidades públicas. Afirman que en los últimos meses se agravaron los desalojos, la violencia y, destacan, la ayuda estatal no llega en tiempo ni forma. Recuerdan que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y hasta para hacerse de agua para consumo. Puntualizan sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo reparación.

Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en una reciente recopilación y dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico. Más de 200 de esos trabajos científicos son de universidad públicas del país. En Argentina se utilizan más de 270 millones de litros cada año, los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.

El crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso qom fue una excepción, por la viralización de un video. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.

No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra: el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.

Falta de alimentos y agua, escasez de leña e imposibilidad de trasladar insumos básicos, discriminación y hasta un adolescente baleado por la espalda (en un campo del millonario Eduardo Eurnekian). Son algunos de los impactos del coronavirus en los pueblos indígenas de Argentina. Naciones Unidas llamó a que los Estados tengan políticas especiales de cuidado y protección para con las comunidades originarias. “Basta de genocidio contra las comunidades”, reclamó Gladis Jara, de la comunidad qom Las Lomas (Santa Fe).

Más de 350 organizaciones de 40 países emitieron una proclama internacional en el Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril. Se trata de una crítica sistémica que remarca la vinculación directa entre las pandemias y la destrucción del ambiente, cuestionan el extractivismo --entendido como pilar del capitalismo--, llaman a un cambio urgente del modelo y apuntan al fondo del problema: “Una economía mundial basada en el mito del crecimiento y el apetito ilimitado por los recursos de la Tierra es la raíz de esta crisis sanitaria y de futuras pandemias”.