Darío Aranda

Publicitada como “la obra del siglo”, la construcción de la represa Portezuelo del Viento (en Mendoza) acumula denuncias de amplios sectores de la sociedad pampeana por la afectación que hará del río Colorado (compartido por cinco provincias). Temen que se repita la historia del río Atuel, represado por Mendoza y que condenó a la sequía, desarraigo y pobreza al oeste pampeano. Alertan de un posible desastre social, económico y ambiental. Un fallo de la Corte Suprema, de 2017, continua sin cumplirse.

Barrios cerrados, agronegocio y minería de litio. Son tres de las actividades que más atentan contra los humedales, reservorios naturales de agua que son vitales para regular las inundaciones, preservar la biodiversidad y evitar el calentamiento global. En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos exigen el freno a su destrucción. Los humedales abarcan el 21 por ciento del territorio nacional, 60 millones de hectáreas y aún no hay una ley específica que los proteja.

Según los últimos datos oficiales, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, una dinámica que continúa expulsando familias.

En Argentina se aprobaron 60 transgénicos en base a informes de las empresas interesadas. El informe de la AGN denuncia que el Estado no tiene en cuenta los impactos sociales ni ambientales.

Científicos argentinos publicaron una investigación inédita a nivel mundial. Confirmaron que el herbicida glifosato junto con arsénico (presente de forma natural en amplias regiones) producen alteración hormonal y daño genético, antesala posible de enfermedades como el cáncer. Existen más de 1000 trabajos científicos que dan cuenta del efecto nocivo del agrotóxico.

Pueblos originarios y asambleas de Catamarca, Chubut y Río Negro exigen que se cumplan los derechos indígenas y ambientales.

Organizaciones sociales y ambientales denunciaron que el fallo, que permitió fumigar a solo 100 metros de las escuelas, se basó en informes empresarios y no tuvo en cuenta estudios de universidades públicas.

En un nuevo aniversario de la Conquista, los pueblos indígenas denuncian la avanzada extractiva y judicialización. Exigen que se aplique la ley y llaman a resistir desalojos.