Organizaciones indígenas se pronunciaron a favor de la expropiación de REPSOL. Pero también pidieron el respeto a los territorios ancestrales, que se cumpla la legislación vigente y alertaron sobre los riesgos de la explotación de gas no convencional.

Tras 15 años de explotación, se convirtió en la mejor prueba de la megaminería: los propios estudios de impacto ambiental hechos por la empresa confiesan cómo afecta a la región, no mejoró la vida del lugar y se multiplican las protestas. El Estado se unió a las corporaciones.

Organizaciones rurales de todo el mundo se movilizan hoy, en el Día Internacional de la Lucha Campesina, en reclamo por otro modelo agropecuario basado en la producción local de alimentos, reforma agraria integral y soberanía alimentaria, es decir el derecho de cada pueblo a determinar qué producción priorizar y el rechazo al modelo basado en las compañías transnacionales de semillas y agrotóxicos.

Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.

Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto.

Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.

"La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería. Darío Aranda preparó este trabajo que resume y explica por qué la Universidad de Córdoba rechazó el subsidio minero."

Bajo la Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.

La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”.

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país.

En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

En la tercera semana de un masivo acampe, para evitar el ingreso de una empresa minera, aumenta el rechazo a la actividad extractiva. El gobierno nacional festejó el récord de exploración minera.

A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario.

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

Un campesino fue asesinado y otro herido en Santiago del Estero al resistir un desalojo. Cuatro campesinos e indígenas fueron asesinados en los últimos dos años por defender el territorio.