Darío Aranda

Imposible hablar de alimentos y no referirse a las semillas. Ramón Vera Herrera es un estudioso y activista en la defensa de la vida y cultura campesina en México. Investigador y editor, explica la importancia de las semillas, el rol de las grandes empresas, las consecuencias de la agroindustria y el papel imprescindible de los pueblos indígenas y campesinos para mantener la diversidad en el agro y en la alimentación.

«Comer es un acto político», definió Andrea Graciano, nutricionista e integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en un panel llamado «Ciencias, alimentación y salud desde los invisibles», en el marco del  VIII Congreso de Salud Socioambiental realizado en Argentina. Con disertantes locales, de México y España se abordó el sistema agroalimentario, los derechos humanos, la microbiota, el cuidado de las semillas y el rol de las corporaciones y Gobiernos.

El VIII Congreso de Salud Socioambiental reunirá a científicas y científicos de la región comprometidos con la salud, frente al modelo de transgénicos y agrotóxicos, y con las comunidades afectadas por el extractivismo. "Aspiramos a una reflexión profunda sobre el papel de las ciencias y cómo transitar hacia un futuro más saludable", señalan desde la organización.

“La soberanía alimentaria es el derecho del campesinado a producir alimentos y el derecho de los pueblos a poder decidir lo que quieren comer, cómo y quién lo produce”, resume la Vía Campesina, movimiento internacional rural con presencia en 81 países. El concepto fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la ONU y marcó el camino hacia un sistema agropecuario que prioriza a campesinos, indígenas y la autodeterminación de los pueblos por sobre otro modelo que privilegia a las grandes empresas de insumos, transporte y comercialización. 

La localidad mendocina de Uspallata es epicentro del intento de imponer un proyecto minero de cobre, oro y plata. A pesar de la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, el gobierno provincial avanza junto a la multinacional Solway Holding e incluye represión y criminalización. Detenciones y allanamientos arbitrarios, asambleas y movilizaciones, y una decisión vecinal: no es no.

Emanuel Ginóbili y José Salamida (intendente durante la dictadura militar) fueron juzgados por la Justicia Mapuche por usurpar territorio indígena. En un caso emblemático, la ciudad de Villa La Angostura creció sobre hectáreas que el Estado Nacional había entregado a la comunidad Paichil Antriao en 1902. Crónica de una historia de despojos, racismo y, también, de autonomía y resistencia indígena.

Fue el 19 de julio de 1924, cuando la Gendarmería y la Policía fusilaron a cientos de hombres, mujeres y niños del Pueblo Qom y Moqoit. Los responsables materiales e intelectuales tuvieron impunidad. Se trató de un delito de lesa humanidad perpetrado por una política estatal. El trasfondo, al igual que hoy, los territorios indígenas.

Solicitan la intervención de la ONU para regular el derecho a la alimentación saludable