Darío Aranda

No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra: el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.

Falta de alimentos y agua, escasez de leña e imposibilidad de trasladar insumos básicos, discriminación y hasta un adolescente baleado por la espalda (en un campo del millonario Eduardo Eurnekian). Son algunos de los impactos del coronavirus en los pueblos indígenas de Argentina. Naciones Unidas llamó a que los Estados tengan políticas especiales de cuidado y protección para con las comunidades originarias. “Basta de genocidio contra las comunidades”, reclamó Gladis Jara, de la comunidad qom Las Lomas (Santa Fe).

Más de 350 organizaciones de 40 países emitieron una proclama internacional en el Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril. Se trata de una crítica sistémica que remarca la vinculación directa entre las pandemias y la destrucción del ambiente, cuestionan el extractivismo --entendido como pilar del capitalismo--, llaman a un cambio urgente del modelo y apuntan al fondo del problema: “Una economía mundial basada en el mito del crecimiento y el apetito ilimitado por los recursos de la Tierra es la raíz de esta crisis sanitaria y de futuras pandemias”.

Más de cien organizaciones campesinas y socioambientales apoyan los cuidados de cuarentena, coinciden en la importancia de la salud por sobre los negocios --como sucede con el coronavirus--, pero reclaman que se actúe de forma similar ante los agrotóxicos.

"El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal, con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas, y requiere de acción continua", afirmó António Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU), al presentar el informe mundial sobre el clima, que alertó sobre el continuo aumento de la temperatura, la fusión de los hielos (tanto en el Ártico como en la Antártida), el aumento de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el incremento del nivel del mar. De continuar el cambio climático, la ONU advirtió graves impactos socioeconómicos, en la salud, desplazamientos forzados y crisis alimentarias.

El calentamiento global expande el hábitat de los mosquitos, que traen enfermedades tropicales a zonas templadas. La tala aumenta el contacto con animales que pueden transmitir virus. El tráfico de animales y el agronegocio también como factores de peso.

Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. 

Agrotóxicos prohibidos en Europa y de uso libre en Argentina. Herbicidas e insecticidas a los que solo se les mide su toxicidad aguda (en el corto plazo) y no crónica (sostenida en el tiempo). Y 108 formulaciones “altamente peligrosas” que empresas multinacionales promocionan y comercializan en el país. Son algunos de los aspectos destacados en una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal). Además del famoso glifosato, denuncia el uso de los agrotóxicos atrazina, clorpirifos, paraquat, fipronil e imidacloprid, entre otros. Las empresas responsables: Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences y Atanor.