Nahuel Lag

El ministro Luis Caputo anunció medidas para abaratar el precio de los agrotóxicos que afectan el ambiente y la salud de la población. Al mismo tiempo, la ministra Sandra Petovello desfinancia el histórico programa ProHuerta, destinado a la agricultura familiar. Guiños a los empresarios del agronegocio para que vendan la cosecha y obtener dólares.

“Vamos pueblo, a volver al campo”, es una de las consignas del movimiento internacional campesino en su Octava Conferencia, espacio que reúne a delegados y delegadas de todo el mundo para pensar y coordinar acciones globales para el acceso a la tierra y el agua, la agroecología y las semillas. También se analizará el avance de los gobiernos de derecha.

El gobierno de Paraguay liberó el trigo HB4, de la empresa Bioceres, con una resolución que aún no se hizo pública y que excluyó toda instancia de control y participación ciudadana. La campaña impulsada por trabajadores gastronómicos, organizaciones sociales y campesinas denuncia las graves consecuencias que puede traer el cultivo: más agrotóxicos, desalojos y deforestación.

La provincia patagónica tiene lo necesario para producir alimentos en cantidad y calidad: agua, tierras y productores con la experiencia y el deseo de sembrar y criar animales, pero los gobiernos apuestan todo a la explotación petrolera, la megaminería y el monocultivo forestal. La agroecología y el comercio justo muestran que es posible otro modelo.

Pasó otra Cumbre Climática (COP27) y se repite el sabor a poco y nada. Mientras reconocen la crisis, no se toman medidas drásticas para combatir el aumento de la temperatura y la destrucción del planeta. Promesas de dinero para los países del Sur, escasas críticas al extractivismo y falta de reconocimiento a la agroecología como parte de las soluciones.

El gobierno creó por decreto el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), un ente autárquico que absorberá las tareas que realiza la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. El nuevo organismo estará en manos del Movimiento Evita. Dudas sobre la operatividad inmediata e incertidumbre sobre el presupuesto.

Tras la modificación, a la medida de YPF, de la Ley 3308 para permitir el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Sur en esa provincia, la Multisectorial Defendamos a Nuestro Golfo advierte que la acción de la Legislatura rionegrina está marcada por la ilegalidad. Alertan sobre los peligros que la actividad petrolífera implica para la vida de las comunidades del lugar.

“La Ley 3308 no se toca”, es el lema en Río Negro. Se trata de una normativa que protege al Golfo San Matías frente a un proyecto de oleoducto impulsado por YPF y el gobierno provincial. Desde la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo alertan por los impactos socioambientales en la costa rionegrina y denuncian la inconstitucionalidad de modificar la ley.