Nahuel Lag

La investigación "Los señores de la tierra" revela el accionar de diez corporaciones que controlan 40 millones de hectáreas y acumulan denuncias por vulneración de derechos. Figuran tres empresas que operan en Argentina: Benetton, Cresud y Arauco. El rol de los fondos de inversión, la complicidad de los gobiernos y la necesidad de reformas agrarias para devolver la tierra a campesinos y pueblos indígenas.

El máximo tribunal de Buenos Aires ratificó una zona de protección de 1.000 metros entre las viviendas y las fumigaciones con agrotóxicos en el Municipio de General Pueyrredón. Resaltó la vigencia de la Ley del Ambiente, con el principio “preventivo y precautorio”; exigió la entrega de agua a las escuelas y solicitó estudios al INTA. Destacó la importancia de “la preservación de la salud y la calidad de vida humana”.

Los trabajadores y trabajadoras del campo llevaron su reclamo al centro porteño. Denunciaron el accionar del gobierno nacional, que atenta contra la producción y la vida rural. Realizaron un verdurazo junto a los jubilados y llegaron hasta el INTA, para cuestionar el vaciamiento del organismo. La única respuesta gubernamental fue un amenazante operativo policial.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

¿Cuáles son las causas de los incendios? ¿Por qué suceden? ¿A quiénes benefician? Habitantes de Epuyén y El Bolsón señalan la complicidad de los gobiernos y precisan cuáles son los sectores beneficiados por las llamas. El accionar tragicómico de Patricia Bullrich, la represión vía judicialización y, de fondo, el poder económico que pretende más territorios.

Mientras gobiernos provinciales avanzan con la adhesión el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desde organizaciones socioambientales, asambleas, sindicatos y pueblos indígenas plantean que, luego de tres décadas de extractivismo, sobran las pruebas para rechazar el saqueo de los territorios. "El RIGI es inconstitucional y habrá alta conflictividad", advierten.

El ministro Luis Caputo anunció medidas para abaratar el precio de los agrotóxicos que afectan el ambiente y la salud de la población. Al mismo tiempo, la ministra Sandra Petovello desfinancia el histórico programa ProHuerta, destinado a la agricultura familiar. Guiños a los empresarios del agronegocio para que vendan la cosecha y obtener dólares.

“Vamos pueblo, a volver al campo”, es una de las consignas del movimiento internacional campesino en su Octava Conferencia, espacio que reúne a delegados y delegadas de todo el mundo para pensar y coordinar acciones globales para el acceso a la tierra y el agua, la agroecología y las semillas. También se analizará el avance de los gobiernos de derecha.