Vanessa Romo

El Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU visitó esta semana varias localidades peruanas y recogió testimonios de víctimas de actividades extractivas. En esta entrevista con Mongabay Latam, Marcos Orellana señala que los estados “no pueden estar ausentes en materia de derechos humanos frente a la contaminación”.

Un cráter se abre entre la arena removida para formar una laguna de agua turbia. Alrededor troncos de árboles talados, cortados desde la raíz, yacen en el suelo en medio de montículos de tierra y piedras. Muy cerca se ve una tolva, un aparato de madera —muy común en la minería ilegal— que recibe el agua extraída con bombas de esa laguna de agua y barro, el material succionado se combina con el mercurio para permitir que pequeños puntitos dorados aparezcan.

"Esta es la historia de cómo una comunidad indígena yagua, asentada en el Trapecio Amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en el 2001, desató una pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato chacras en ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de coca que abastecen hoy al narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y devasta la zona".

Es el tercer derrame provocado por una fuga en el Oleoducto Nor Peruano que se registra en el poblado de San Pedro, en la región de Loreto. Los anteriores ocurrieron en el 2014 y 2016. Hasta el momento se han recogido 1500 barriles de crudo vertidos a 3 kilómetros del río Marañón. La empresa estatal Petroperú sostiene, nuevamente, que el derrame habría sido causado por terceros.