Víctor Ballinas

En el Ángel de la Independencia, decenas de integrantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y ambientalistas, así como ciudadanos independientes, realizaron ayer un mitin para denunciar la política gubernamental que criminaliza la protesta social, y ahí formaron un mensaje de 300 metros cuadrados, cuya consigna fue: “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”

En el municipio de Zinacantepec, estado de México, y en la comunidad de Zaragoza, Veracruz, se viola el derecho humano al agua, considerado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado y ratificado por México desde 1981, el cual contempla también un nivel de vida adecuado, a la salud, así como a un ambiente sano, que tampoco se respetan en estas regiones.

Resalta que "la PFP hizo uso excesivo de la fuerza; la vida institucional, dañada"