Cambio Climático y la expansión de las plantaciones. Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques
El cambio climático no solamente es una realidad que repercute sobre las vidas y el sustento de millones de personas sino que se acelerará si no se instrumentan con urgencia medidas para resolverlo. Los vientos y temperaturas extremos, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar resultantes afectarán a cada vez más personas, millones de las cuales se verán obligadas a emigrar y convertirse en refugiados ambientales.Ante tan dramática hipótesis los gobiernos se han negado hasta ahora a enfocar el verdadero problema, las emisiones de combustibles fósiles, y han centrado su atención en falsas soluciones baratas
CONTENIDO
NUESTRA OPINIÓN
La 13ª ronda del juego del clima en Bali
FABRICANDO DESIERTOS VERDES
Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles
BRASIL: UN CASO EMBLEMÁTICO
Gigantes de la celulosa aniquilan el pueblo, la cultura y el ambiente en el sur de Brasil Brasil: organizaciones sociales de Bahia exigen moratoria al plantío de eucaliptos Brasil: mecanismos de promoción y de oposición a los monocultivos de árboles
UNA MIRADA A LOS ESCENARIOS REGIONALES
Indonesia: la política gubernamental de desarrollo de la palma aceitera Laos: la promoción de las plantaciones forestalesCamerún: los mecanismos estatales para la promoción de las plantaciones de palma aceitera Colombia: por ley, la selva tiene que desaparecer Australia: los numerosos subsidios que recibe Gunns en Tasmania
EL TEMA CENTRAL DE ESTA EDICIÓN: Cambio Climático y la expansión de las plantaciones
El cambio climático no solamente es una realidad que repercute sobre las vidas y el sustento de millones de personas sino que se acelerará si no se instrumentan con urgencia medidas para resolverlo. Los vientos y temperaturas extremos, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar resultantes afectarán a cada vez más personas, millones de las cuales se verán obligadas a emigrar y convertirse en refugiados ambientales.
Ante tan dramática hipótesis los gobiernos se han negado hasta ahora a enfocar el verdadero problema, las emisiones de combustibles fósiles, y han centrado su atención en falsas soluciones baratas. Muchas de estas “soluciones” tienen que ver con la promoción de las plantaciones de árboles en tanto sumideros de carbono o fuentes de biodiésel (palma aceitera) o etanol celulósico (eucalipto, álamo, sauce, etc). La industria de la biotecnología también ha contribuido a estos planes con su investigación en árboles de ingeniería genética capaces de almacenar más carbono (con mayor contenido de lignina) o producir más etanol (mayor contenido de celulosa).
Para contrarrestar efectivamente estas políticas es importante aprender acerca de los distintos mecanismos utilizados por los gobiernos para la promoción de las plantaciones de árboles y aquéllos utilizados por las poblaciones y organizaciones locales para combatirlas. Esperamos que la información brindada en esta edición del boletín sirva para ese propósito.
NUESTRA OPINIÓN
- La 13ª ronda del juego del clima en Bali
En 1992 los gobiernos reconocieron que el cambio climático era una realidad y que había que hacer algo si se quería evitar una gran catástrofe. Como resultado, firmaron y ratificaron la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Han pasado quince años y la Conferencia de las Partes de la Convención se reunirá por 13ª vez en Bali, Indonesia, entre el 3 y el 14 de diciembre de 2007.
¿Cuánto ha hecho esta convención para contrarrestar el problema para cuya solución se creó? ¿Han reducido sus emisiones los principales emisores? El comunicado de prensa preparado para la ocasión por la Secretaría de la Convención responde claramente ambas preguntas:
“Según informaciones presentadas ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero de 40 países industrializados llegó a su máximo histórico en 2005, continuando con la tendencia al alza del año anterior.”
Esto significa que los países que son los principales responsables de la destrucción del clima de la Tierra siguen destruyéndolo. Sin embargo, una vez más concurrirán a la conferencia de la Convención sobre Cambio Climático y presentarán nuevas propuestas... para que todo siga igual.
Negocios: la mejor forma de describir este Convenio. Todo tiene que ver con ahorrar y hacer dinero. Parafraseando al ex presidente Clinton durante su campaña electoral de 1992, no es el clima: ¡es la economía, estúpido!
Una vez más el comunicado de prensa de la Convención brinda pruebas de lo anterior al decir que “El Protocolo de Kioto generó un comercio internacional de emisiones cuyo valor ascendió a US$ 30.000 millones en 2006. La mayor parte del comercio de emisiones ocurrió en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS), que el año próximo estará vinculado con la comercialización [de emisiones de carbono] en virtud del Protocolo de Kioto. El MDL del Protocolo ya está experimentando un rápido crecimiento.”
Es el acceso a esos miles de millones de dólares, y no el clima, lo que importa. Todo el tiempo se están inventando astutos planes que se esconden tras oscuras siglas que el público en general no puede descifrar: MDL, IC, PCF y muchas otras. Ahora en Bali se discutirá en torno a dos nuevas siglas, RED y REDD, que significan “Reducción de emisiones de la deforestación” y “Reducción de emisiones por deforestación y degradación” respectivamente.
El juego de RED/REDD está por empezar en Bali. Los jugadores de los gobiernos del Sur, que están destruyendo activamente los bosques de sus países y por lo tanto liberando enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, declararán que es necesario que se los “compense” para conservar los bosques y el carbono allí almacenado. Los gobiernos del Norte, que contribuyen activamente a la destrucción de esos mismos bosques con inversiones y comercio, declararán su voluntad de pagar siempre que sus propias emisiones de enormes cantidades de dióxido de carbono se “compensen” a través del comercio del carbono.
Por supuesto que es necesario conservar esos bosques, pero no simplemente a causa de su capacidad para almacenar carbono. Entre muchas otras razones, porque ayudan a regular el ciclo del agua y contienen la mayor parte de la biodiversidad terrestre. Más importante todavía, porque son hogar de innumerables pueblos y culturas que dependen de ellos. A ese respecto los gobiernos del Sur necesitan que se les recuerde que la conservación de los bosques es una obligación para con sus propios pueblos y no un bien negociable en el mercado. Por su parte, los gobiernos del Norte necesitan que el mundo entero les recuerde que sus emisiones procedentes de combustibles fósiles están destruyendo el clima del planeta y no pueden “compensarse” pagando para conservar los bosques o comprando créditos de carbono a otros países.
La pregunta es: ¿podemos esperar algo positivo de la reunión de Bali? La triste respuesta es que lo dudamos mucho. Para empeorar las cosas, el Banco Mundial aprovechará esta oportunidad para intentar vender su invento más reciente, llamado Forest Carbon Partnership Facility, mientras que intermediarios del carbono, empresas de energía nuclear, tratantes de agrocombustibles, corporaciones hidroeléctricas, firmas de biotecnología y consultores varios intentarán vender sus mercancías y servicios en lo que ha terminado pareciéndose más a una feria que a una convención de la ONU.
Por supuesto que las ONG que participan en las reuniones de Bali podrán hacer algún control del daño con relación a algunas de las propuestas más perjudiciales presentadas por los gobiernos, pero su principal responsabilidad será informar después al público de lo que sus gobiernos NO están haciendo para resolver el cambio climático. Son las personas, y en particular los grupos más vulnerables como las mujeres, hombres, niñas y niños pobres, quienes más sufrirán y quienes por lo tanto necesitan estar bien informadas, porque solamente personas informadas podrán obligar a los gobiernos a actuar de verdad antes de que sea demasiado tarde. No es la economía: ¡es la humanidad, estúpido!
FABRICANDO DESIERTOS VERDES
- Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles
La actual expansión de monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente, porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.
En la década de 1950 la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo) en territorios de países del Sur, como respuesta a las necesidades de grandes empresas industriales que estaban agotando sus fuentes tradicionales de materia prima.
En las décadas siguientes entran a tallar una serie de actores – Banco Mundial, FMI, BID, Banco Asiático de Desarrollo, procesos de Naciones Unidas sobre bosques (IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como Jaakko Poyry- que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo. El modelo forestal fue cobrando cada vez mayor fuerza a medida que se fue forjando un voraz mercado consumidor –alentado por la propia industria- hasta lograr la enorme expansión actual.
Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas –con leves variantes- en la mayoría de los países, teniendo como destino los mercados de exportación: la industria de cosméticos y recientemente los agrocombustibles para la palma aceitera, la madera y celulosa para los pinos, la industria de celulosa y papel para eucaliptos, el caucho para la industria automotriz.
Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos e indirectos (tales como exoneraciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación, créditos blandos a largo plazo, desgravación de impuestos a la importación de maquinarias y vehículos, construcción de infraestructura, igualdad de beneficios para inversiones del exterior, investigación), hasta concesiones de tierras boscosas.
Los subsidios directos fueron instrumentales en países tales como Chile y Uruguay, mientras que la concesión de zonas de bosque con usufructo comercial de la madera y posterior conversión a plantaciones fue el principal mecanismo de promoción en Indonesia y Malasia/Borneo.
Al mismo tiempo, los estados se hicieron responsables de asegurar –sin costo para las empresas- el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. En la mayoría de los casos la represión forma parte de la “promoción”, tanto para asegurar el desalojo de comunidades campesinas e indígenas para traspasar sus tierras a las empresas en los casos de concesión --como ocurrió en Indonesia, Colombia, Papua Nueva Guinea, Swazilandia, Sudáfrica--, como para garantizar la estabilidad de la propiedad en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras en los casos de venta de tierras.
En ambos casos, el Estado asume la función de garantizar la tenencia segura de la tierra por parte de las empresas, reprimiendo toda reclamación local, como ha ocurrido en el caso de los territorios de los Mapuche en Chile, los Tupinikim, Guaraní y Pataxó en Brasil, las comunidades afrodescendientes en Colombia, Brasil, Ecuador, las comunidades indígenas de Kalimantán Occidental en Indonesia y de Sarawak en Malasia, las etnias Lahu, Lisu y Palaung de Tailandia, por nombrar solo algunos.
En realidad, el desarrollo de la industria forestal se dio en muchos casos al amparo de dictaduras militares, como lo ilustran los casos de los países con mayores áreas de plantaciones: Indonesia durante el régimen genocida de Suharto, de Chile durante la dictadura de Pinochet, de Sudáfrica durante la época del apartheid y de Brasil durante la dictadura militar.
Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, el Protocolo de Kioto, acordado en diciembre de 1997 como parte de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la forestación en gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a "compensar" sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. Como destacamos en la editorial, el Protocolo de Kioto avaló la creación del comercio internacional de emisiones, cuyo valor ascendió a US$ 30.000 millones en 2006. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” termina siendo un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.
El nuevo negocio de los agrocombustibles constituye otra vuelta de tuerca en la promoción de la forestación industrial, creando una nueva boca de mercado para la palma aceitera como materia prima del biodiesel, y con perspectivas de abarcar otros cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico a partir de árboles transgénicos.
Pero a la par de la promoción de las plantaciones forestales se han dado procesos de resistencia a las mismas, que han adoptado diversas formas, desde mecanismos legales hasta luchas populares, y generalmente, ambas. El resultado es que los organismos del Estado se están viendo ahora presionados para adoptar medidas para limitar la expansión de estos monocultivos. Los siguientes son algunos ejemplos que sirven para ilustrar esto.
En Chile, el Parlamento aprobó recientemente el Proyecto de Acuerdo 416 que encomienda a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente investigar y recopilar los impactos sociales, laborales y ambientales del modelo forestal, lo que ha implicado el pedido de informes a los ministerios y la citación de distintas personas a declarar ante la Comisión.
In Ecuador, la propuesta de Constitución de la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) para la Asamblea Constitucional incluye los siguientes conceptos: “Será objetivo permanente del Estado el desarrollo integral y sustentable de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola pesquera, artesanal y agroindustria, que provean de productos de calidad para el mercado interno, con el objetivo de hacer realidad la soberanía alimentario de la población que debe priorizar la provisión de los requerimientos nutricionales sobre la producción de biocombustibles....” “El modelo agrario sustentable implica preservar y enriquecer la diversidad genética de los cultivos, la prohibición de lo transgénicos y las prácticas de monocultivos y, en general, todas las que reduzcan la variedad genética.” “Queda proscrito el acaparamiento de la tierra y el latifundio, cuyas tierras servirán para la integración del minifundio en unidades productivas, fomentar la propiedad comunitaria y la organización cooperativa”.
En Tasmania, el Concejo de la isla King prohibió las plantaciones en tierras agrícolas y eliminó de su planes a la forestación en tanto uso agrícola aceptable (ver Boletín Nº 115 del WRM). Ha habido una creciente movilización contra la empresa celulósica Gunns, realizándose una gran marcha en la capital Hobart en la que participaron unas 15.000 personas.
Cabe mencionar que algunas reglamentaciones vigentes han contenido la expansión indiscriminada de monocultivos forestales. Nos referimos a la Ley Nacional de Aguas de Sudáfrica (Nº 34 de 1998), que reconoce la reducción de los cursos de agua que pueden provocar las plantaciones de árboles y establece límites a su expansión.
A continuación, y a modo de caso tipo, presentaremos un análisis más detallado de la situación en Brasil (uno de los países con mayores áreas de plantaciones): los actores que impulsan el modelo de forestación en gran escala, el proceso de su introducción, los diversos mecanismos que terminaron por conformar la política estatal. También se describen las diversas iniciativas populares que dan voz a los numerosos sectores que han sido despojados de sus tierras y formas de sustento, su cultura, su ambiente y su futuro, pero que a través de una lucha organizada dan forma también a la esperanza.
BRASIL: UN CASO EMBLEMÁTICO
- Gigantes de la celulosa aniquilan el pueblo, la cultura y el ambiente en el sur de Brasil
Con el discurso ideológico del gran capital disfrazado de desarrollo sustentable y salvador de los pobres, las gigantes de la celulosa avanzan sobre el Estado de Río Grande del Sur. Con su capital pagan campañas electorales, financian propaganda engañosa y manipulan el poder público a su antojo.
Son términos de ajuste de conducta (TAC) para permitir el desarrollo de las plantaciones desde ahora, con el argumento de que las empresas no sufran pérdidas económicas. Se trata de financiación de campañas electorales y cambio de directores de los organismos ambientales, además de la presión sobre los técnicos de estos organismos para que aceleren las autorizaciones ambientales.
Los directorios de las empresas, sin ningún escrúpulo, declaran públicamente que los organismos ambientales de competencia técnica deben obedecer las órdenes del gobierno estadual, lo que demuestra claramente que se trata de uma decisión política. El gobierno estadual y el federal están a favor de las plantaciones de árboles. El lineamiento político del gobierno de Lula es el aumento de la celulosa y del biocombustible. La plantación de eucaliptos contempla estos dos intereses y debe promoverse a toda costa.
Se rechaza documento regulador
Para analizar la superficie de plantaciones del Estado y su impacto se realizó una división en zonas para plantaciones, según decisión del gobierno estadual anterior. Se trata de un documento (proyecto de ley 6424/ 05) que agrupa leyes, reglas y normas para orientar las plantaciones, y que señala las zonas más frágiles y las menos frágiles para esa actividad, considerando aspectos sociales y ambientales.
Según la demarcación, el estado se dividió en 45 Unidades de Paisaje Natural (UPNs). En una UPN, la respuesta del ambiente a la plantación de eucalipto es idéntica en toda su extensión, al contrario de lo que pasa en las cuencas hidrográficas- como sugieren algunos críticos de la división en zonas-, que presentan características físicas muy heterogéneas.
Las UPN fueron clasificadas como de alta, mediana o baja restricción para la plantación de árboles. Se aplicaron criterios como la existencia de Unidades de Conservación (federales, estaduales o municipales), la presencia de especies de fauna y flora críticamente amenazadas de extinción (entre ellas, los últimos fragmentos de campo nativo), la disponibilidad hídrica y el riesgo potencial de deficiencia hídrica en verano, la fragilidad de los suelos, el análisis socioeconómico, el registro de territorios indígenas y quilombolas.
De acuerdo con estos criterios se liberaron alrededor de ocho millones de hectáreas para la plantación de árboles, mucho más que el esperado millón de hectáreas previsto por las empresas. Aún así, tanto las empresas como el gobierno estadual rechazan el documento, y se crearon numerosos mecanismos para que no entre en vigencia. Hasta que no sea aprobado por el organismo ambiental competente (CONSEMA) no tiene valor de ley y lo que constituiría un marco para el Estado se deja de lado por presiones políticas.
La presión política en el Estado generó el alejamiento, en cuatro meses, de cuatro presidentes de la Fundación Estadual de Protección del Ambiente Natural (FEPAM), organismo estadual responsable de las autorizaciones y del cambio de la Secretaria de Medio Ambiente. La elección del nuevo secretario de medio ambiente, un fiscal, parece querer ejercer una coacción moral en las acciones de la fiscalía para que no cumpla sus tareas en la defensa del medio ambiente y de los derechos difusos (que se refieren a un bien o interés común) de la población.
Audiencias públicas fraudulentas
La división en zonas debería presentarse a la población en cada una de las UPNs, en audiencias públicas realizadas en el interior. Sin embargo, las audiencias realizadas estuvieron repletas de funcionarios de las empresas de celulosa que iban de una audiencia a otra. La población local, afectada directamente por las plantaciones, no se enteró del contenido del documento y no pudo entrar a las audiencias porque todos los lugares estaban ocupados.
Se fijaron nuevas audiencias públicas para tratar las Evaluaciones de Impacto Ambiental que tienen que ver con los respectivos Informes de Impacto Ambiental de las empresas Aracruz Celulose, Derflin (Stora Enso) y Votorantim Celulose e Papel. La expectativa es volver a repetir el espectáculo. Los estudios que deberían realizarse a lo largo de una década, como mínimo -por ejemplo, los de hidrología- se presentaron como concluidos.
Flexibilización de las leyes pone en riesgo al ambiente
Las zonas fronterizas, adquiridas ilegalmente por la empresa Stora Enso burlando la legislación nacional correspondiente, fueron autorizadas para la plantación de Delfrin -empresa de nombre nacional pero de capital de Stora Enso. Hubo intentos en el Parlamento de modificar esta legislación.
La bancada ruralista, que tiene gran interés en los latifundios de eucalipto por entender que impiden el avance de los asentamientos de reforma agraria, a los cuales considera una amenaza, presentó a nivel federal un proyecto que propone introducir modificaciones al Código Forestal, con el objetivo de flexibilizar las leyes ambientales.
El proyecto de ley 6424/05 está actualmente en la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones sugeridas está la plantación de árboles exóticos en zonas de reserva legal. La actual legislación brasileña establece que la superficie de Reserva Legal debe ser de 80% en la Amazonia, 35% en la región de Cerrado dentro de los Estados que componen la Amazonia Legal y 20% de la propiedad en las otras regiones del país. La Reserva Legal es una zona en la que debe mantenerse la vegetación nativa que cumple la función ecológica de habitat para la biodiversidad y/o proveedora de servicios ambientales tales como abastecedora de productos forestales, protección del suelo y cuerpos de agua, control de plagas e incendios y captación de carbono de la atmósfera. Si se aprueba, el proyecto permitirá el avance de la plantación de materia prima a gran escala para la producción de agrocombustibles, principalmente de palma aceitera en la Amazonia y el avance de los monocultivos de eucalipto en el resto de Brasil.
La expansión de las zonas con eucalipto que inicialmente eran para la producción de celulosa y papel serán transformadas a mediano plazo en monocultivos para la producción de agrocombustible. José Goldemberg, investigador de la Universidad de San Pablo, afirma que la solución para la crisis energética en términos científicos es invertir en investigaciones para extraer el combustible a partir de la celulosa, con rendimiento energético hasta diez veces mayor que el alcohol brasileño. Hoy en día, la tecnología para la transformación de celulosa de eucalipto en combustible todavía es sofisticada y está en manos de Shell y British Petroleum. De esta forma, las plantaciones de eucalipto sirven para asegurar la hegemonía y el control sobre los agrocombustibles. El cambio de la matriz energética petrolera por otros productos está generando cambios en la sociedad, ya previstos por el Grupo Rockefeller, que consolida su dominio sobre la matriz energética del planeta.
Por suerte, las hormigas también molestan a las gigantes
La ilegalidad de las empresas, confabuladas con el Estado, se hizo evidente a partir de la firma de contratos de forestación con los asentados de la reforma agraria para el establecimiento de plantaciones en sus predios. El contrato no podría firmarse con los asentados porque ellos aún no tienen la posesión de la tierra. La plantación en los asentamientos fue una buena estrategia de marketing. Las empresas divulgaban por todos lados que la plantación de monocultivos era buena y cumplía su función social, porque hasta los asentados estaban plantando. En mayo de este año los asentados arrancaron los árboles o las mudas de eucalipto que habían plantado en los lotes.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), hizo una marcha con 1700 personas entre setiembre y noviembre. El 16 de octubre fue la Jornada contra las multinacionales y por la soberanía alimentaria. Acamparon delante de Votorantim y cortaron eucaliptos plantados por las empresas Votorantim Celulose (Bagé) y Stora Enso (Rosário do Sul) como estrategias para llamar la atención de la población y del gobierno para que destine recursos públicos a otros fines y no a estas grandes empresas.
Este año, Votorantim (VCP) recibió 40 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que de social solo tiene el nombre. Caixa RS, Banrisul y BRDE manifestaron que sobran recursos para la financiación de plantaciones. Las empresas de celulosa están vinculadas a las coronas europeas y en Brasil reciben incentivos fiscales y exoneraciones de impuestos, bajo la Ley Kandir. Así, se exporta noventa y cinco por ciento de la celulosa sin pagar impuestos. En el estado de Río Grande del Sur las empresas exportadoras reciben exoneración del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios). Mientras tanto, la población aguarda indefinidamente préstamos para pequeños proyectos de turismo, de agroecología, y para la formación de una red productiva que genere un desarrollo sustentable.
Además de la presión popular, ONGs ambientalistas iniciaron uma acción civil pública exigiendo que se cumplan las leyes ambientales y se preste atención a la división de zonas para la plantación de árboles. Últimamente la decisión de la jueza federal Clarides Rahmeier desplazó de la esfera estadual hacia el organismo federal, IBAMA, la misión de liberar zonas para las plantaciones en Río Grande del Sur. Esta disposición reavivó el debate. Intendentes de algunos municipios fueron a la capital para cuestionar la decisión judicial. Todo cambio, por menor que sea, en los planes estipulados por el gobierno y las empresas, genera grandes presiones de parte de éstas, que presentan cifras astronómicas de la posible disminución de sus inversiones en el Estado.
Entrevistado sobre esa decisión, el director de operaciones de Aracruz, Walter Lídio Nunes, dijo “Nos invitaron para desarrollar la Mitad Sur. Nos sorprende que la jueza cuestione un estado de derecho. Nos atrasaremos en el cronograma”. De hecho, vivimos el estado de derecho del capital que domina al medio ambiente y a la población. A partir de la movilización social y judicial es de esperar que algo cambie en la política actual. A fin de cuentas, miles de hormigas también tienen la fuerza de derribar a un gigante.
Por Ana Paula Fagundes, bióloga, correo electrónico: moc.liamtoh@mairros. Más información sobre el tema en la página: www.defesabiogaucha.org
-Brasil: organizaciones sociales de Bahia exigen moratoria al plantío de eucaliptos
El Gobierno del Estado de Bahia, a través del Centro de Recursos Ambientales (CRA) realizó, los días 7 y 8 de noviembre, un seminario con el fin de "iniciar un proceso de discusión y reflexión sobre las perspectivas ambientales, sociales y económicas de la actividad de silvicultura del eucalipto en el Sur y Extremo Sur del Estado, teniendo como base un abordaje territorial, centralizado en la construcción y consolidación de políticas públicas para la región. Este evento representa la continuidad de un proceso de discusión iniciado en junio de este año por el CRA, que busca soluciones participativas y negociadas para los principales conflictos ambientales y socioeconómicos asociados con esta actividad en la región”.
Muchas personas estuvieron presentes, incluyendo a representantes de las empresas de celulosa, representantes de algunas Intendencias Municipales, Foro Ambiental (Foro patrocinado por las empresas de celulosa y con participación de algunas ONGs) y Foro Socioambiental del Extremo Sur (compuesto por Movimientos Sociales, Sindicatos y ONGs).
La presentación del CRA fue tímida, pero trajo números bien diferentes a los anteriores. La sociedad civil sabe que todavía no corresponden a la realidad de la región. Incluso el órgano admite que diversas propiedades con plantaciones de eucaliptos no poseen reserva legal registrada como exige la legislación y que también forma parte de las condicionantes en la autorización para la implantación del proyecto. Según el Ministerio Público del Estado, representado por el Dr. Sérgio Mendes, el CRA no tiene capacidad para fiscalizar, seguir y exigir, por lo menos, el cumplimiento de esta exigencia.
El CRA también trajo disertantes de diversas áreas; el Prof. Fernando Pedrão, Economista del Instituto de Investigaciones Sociales, habló con respecto al modelo de desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales, expropiación de tierras y latifundio con la anuencia del Gobierno Federal y de los Estados; el Profesor Pedro Rocha, del Instituto de Biología de la Universidad Federal de Bahia, mostró claramente los impactos negativos del monocultivo del eucalipto en el Extremo Sur de Bahia sobre la fauna y flora locales, la desaparición de algunas especies y el gran esfuerzo que hacen las especies que quedaron. Según el profesor, muchas especies ni siquiera atraviesan la plantación de eucaliptos.
Walter de Paula Lima, Profesor Titular del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de San Pablo, viejo conocido de las organizaciones del Foro Socioambiental del Extremo Sur por haber participado en la implantación del proyecto Veracruz Florestal --hoy denominado Veracel Celulosa--, trajo datos e informaciones de Sudáfrica del año 1997 e hizo comparaciones de plantaciones de eucalipto y pasturas. Además de eso, durante toda su presentación criticó los carteles de protesta llevados por entidades de los movimientos sociales y esparcidos por el auditorio. Usó en su presentación la frase "El eucalipto no se come", usada por el MST de Bahia en 2005 cuando ocupó una área de Veracel Celulose en protesta por la falta de una política de Reforma Agraria en el Estado de Bahia. Afirmó que debemos tener cuidado con estas frases, que por atrás de las pancartas y de esa frase siempre hay "otras" intenciones. Se rió y menospreció a los manifestantes, mostrando una total falta de respeto por los presentes.
Durante el debate, diversas personas tuvieron la oportunidad de manifestar nuestra indignación. Melquíades, miembro de Cepedes, se refirió a la participación de de Paula Lima en la elaboración de un informe técnico para la implantación del proyecto Veracel, y señaló las irregularidades del proyecto así como el fraude de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)/Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la empresa celulósica. Destacó que incluso los técnicos responsables del documento copiaron las páginas del libro de de Paula Lima como si fuesen de su autoría. Mostró también que las informaciones utilizadas en la presentación del Profesor de Paula Lima ya son afirmaciones superadas y que cualquier trabajador rural tiene conocimiento de que el monocultivo del eucalipto destruye los recursos hídricos, seca el suelo y acaba con la biodiversidad, según lo afirmado por el Profesor Pedro Rocha, del Instituto de Biología de la Universidad Federal de Bahia, en su presentación. Melquíades también impugnó la falta de respeto de de Paula Lima con los movimientos sociales y dijo que, efectivamente, detrás de las frases allí presentadas hay mucha cosa: ¡está el hambre, la violencia, la falta de respeto, el incumplimiento de las leyes, así como detrás de las verdades científicas presentadas por el profesor [de Paula Lima] existe el financiamiento de las empresas del sector del papel y celulosa como Aracruz, Suzano Bahia Sul y Stora Enso!
Al día siguiente fue el turno de la sociedad civil. El Padre José entregó un documento por el Foro Socioambiental del Extremo Sur pidiendo la moratoria de la plantación de eucalipto, ya que el órgano responsable de autorizar las plantaciones asume que no tiene capacidad para actuar según determinan las Leyes, al afirmar que existen solamente 20 técnicos para atender todo el Estado de Bahia.
CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD Y A LOS ÓRGANOS AMBIENTALES SOBRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL MONOCULTIVO DEL EUCALIPTO EN EL SUR Y EXTREMO SUR DE BAHIA
Hace 20 años, fue en la segunda mitad de los años 80, que se realizaron las audiencias públicas de la primera empresa de celulosa y papel, Bahia Sul Celulose. Un pequeño grupo de personas se había preparado bien para poder hacer el seguimiento crítico de la implantación de este primer "Plan de Desarrollo" para la región del Extremo Sur, participando de todas las audiencias públicas, de la Localización, de la Implantación y de la Operación.
Desde el comienzo exigimos siempre el cumplimiento de las leyes existentes. De esta forma, en todas estas audiencias pedimos que antes de nada se elaborara una Zonificación Económica Ecológica (ZEE) con participación de representantes de la comunidad del Extremo Sur, porque tanto representantes de la empresa como del Gobierno confirmaban que un ZEE no era solamente importante sino necesario para garantizar un desarrollo sustentable. El 7 de febrero de 2001 se creó la Legislación Ambiental del Estado 7799, que contempla esta solicitud en el capítulo IV de la Zonificación Ambiental, art. 42, que dice: "La Zonificación Ambiental, elaborada por el Poder Público a nivel del Estado y Municipal, en los respectivos ámbitos de competencia, tiene por objetivo armonizar las políticas públicas con la política ambiental, orientando el desarrollo socioeconómico, de manera de garantizar la calidad ambiental y la distribución de los beneficios sociales”.
Además de ello, buscamos fundamentos en la Constitución Federal, que informa que es de competencia común de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios:
- “Proteger el medio ambiente...” CF/88, art. 23, inciso VI
- “Preservar los bosques, la fauna y la flora” CF/88, art. 23, inciso VII
- “Fomentar la producción agropecuaria y organizar el abastecimiento de alimentos”. (CF/88, art.23, inciso VIII)
Después participamos en todas las audiencias públicas (de la Localización, de la Implantación y de la Operación) de las empresas Aracruz y Veracel. Además de ello, participamos de las audiencias públicas en los momentos en que las 3 Empresas solicitaron el "Sello verde internacional". En todos esos encuentros denunciamos irregularidades, el incumplimiento de las leyes, y cada vez pedimos, con toda calma y educación, que se hiciera el ZEE. Queremos recordar aquí que cuando denunciamos cierta vez que un arroyo se había secado, la respuesta de la empresa certificadora fue: "¡el arroyo no está dentro del área de la empresa!” (Como si el eucalipto solamente consumiese el agua en el lugar donde está plantado.)
En la última gran "audiencia pública" organizada por el IBAMA en 2005, también aquí en Porto Seguro, entregamos decenas de fotografías que prueban irregularidades, anotamos coordenadas de GPS, facilitando la fiscalización, pidiendo una vez más el ZEE... y hasta ahora estamos esperando por lo menos una respuesta. Sabiendo que este Seminario también es para indicar directrices para la autorización ambiental y la Zonificación Ecológica-Económica de la región, según la invitación que recibimos del CRA, vinimos una vez más a participar de este Seminario sobre la problemática del monocultivo del eucalipto, no para pedir un ZEE, porque ya es muy tarde. Solamente con fines ilustrativos, cuando salimos al campo en estos días, constatamos el siguiente hecho: en el camino donde de un lado había monocultivo de caña y del otro eucalipto, encontramos una vaca desnutrida y angustiada que acababa de parir a un becerro. Alrededor de la cría, había por lo menos 50 buitres atacando al recién nacido, y la madre, demasiado débil para defender a su cría. La desaparición de arroyos, riachuelos, "ojos de agua", así como también los cambios en la fauna y la flora, hacen que los buitres, con hambre, estén atacando a los becerros recién nacidos para alimentarse.
Tampoco es la primera vez que oímos al ilustre Profesor Walter de Paula Lima aquí en la región. Él, como otros ilustres profesores, ya pasaron varias veces por aquí. Durante todos estos años también nosotros nos informamos. Descubrimos que en la vieja controversia con respecto a los efectos ambientales del monocultivo del eucalipto, a pesar de los argumentos -generalmente fundamentados en trabajos científicos patrocinados por grandes empresas que hacen la explotación industrial de esa especie- que pretenden colocar en la lista de simples "mitos" a las calamidades causados por el monocultivo del eucalipto a la fertilidad del suelo y a los manantiales de agua, hay una vasta literatura mundial que comprueba, por lo menos, los siguientes puntos fundamentales:
1) La alta demanda de agua en el monocultivo del eucalipto de crecimiento rápido puede agotar la humedad del suelo y perjudicar la recarga del agua subterránea, desestabilizando el ciclo hidrológico.
2) La fuerte absorción de nutrientes en las plantaciones de monocultivos de eucalipto de crecimiento rápido puede generar en el suelo un gran déficit, desestabilizando el ciclo de nutrientes.
3) La liberación de sustancias químicas, o los efectos alelopáticos sobre la microflora, pueden afectar el crecimiento de otras plantas y microorganismos, disminuyendo así, más aún, la fertilidad del suelo.
4) Los árboles genéticamente modificados son una amenaza definitiva para los bosques nativos todavía existentes.
5) Para las especies de la fauna local, las plantaciones del monocultivo del eucalipto son desiertos alimentarios, motivo por el cual aquéllas tienden a desaparecer.
6) La problemática de los efluentes de las fábricas de celulosa que usan el sistema ECF (libre de cloro elemental) para blanquear, que poseen organoclorados (dioxinas y furanos), sustancias cancerígenas, persistentes y con capacidad de ir acumulándose en organismos animales, provocando cáncer, trastornos hormonales y neurológicos, infertilidad, diabetes y debilidad en el sistema inmunológico.
Ante lo expuesto y CONSIDERANDO que “todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán prestadas, en el plazo previsto por la ley, bajo pena de responsabilidad...” (Constitución federal art., 5º, inciso XXXIII)
EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS :
A) UN INFORME COMPLETO de los órganos a nivel del Estado responsables del medio ambiente, identificando a los responsables de la visita técnica, así como los instrumentos y metodología aplicados para las visitas en la Región Sur y Extremo Sur del Estado de Bahia.
B) UN INFORME COMPLETO sobre las fiscalizaciones, investigaciones y relevamientos que esos órganos hicieron durante los últimos 15 años en la región Sur y Extremo Sur del Estado en las plantaciones del monocultivo del eucalipto, incluidos: Órgano del Estado, Nombre de la persona responsable, Tipo de trabajo (fiscalización, relevamiento o investigación), lugares donde fue realizado, participación de terceros y los resultados de estos trabajos, sobre:
1) los impactos hídricos del monocultivo del eucalipto como:
- nivel de la napa freática.
- envenenamiento de la napa freática.
- desaparición de arroyos y riachuelos en la región.
2) los impactos sobre el suelo en las plantaciones de eucalipto a causa de la alelopatía:
- ¿dónde se ubican los puntos / lugares para verificar los impactos de la alelopatía?
- ¿Qué sustancias ecotóxicas se encontraron?
- ¿Cuál fue la pérdida del suelo, nutrientes y fertilidad del suelo a causa de la erosión durante el período en que el suelo queda sin cobertura?
3) la fauna y el desequilibrio biológico en los monocultivos de eucalipto:
- ¿qué investigaciones y relevamientos relacionados con la fauna se realizaron en las plantaciones de eucalipto?
- ¿cuáles fueron los resultados?
4) la flora en los monocultivos de eucalipto y región, principalmente la flora del suelo:
- ¿Qué elementos tóxicos están siendo encontrados en el suelo de los monocultivos de eucalipto y qué otros cambios hubo en la flora dentro de los monocultivos y alrededor de los mismos?
- ¿Cuáles son las diferencias de la flora del suelo en los monocultivos de eucalipto y en las otras plantaciones?
- ¿Qué adaptaciones se hicieron por parte de las empresas a las propiedades físicas, químicas, biológicas e hidrológicas de los ecosistemas existentes, para minimizar los efectos nocivos?
5) las plantaciones de árboles manipulados y/o genéticamente modificados.
- En una reunión en Eunápolis con el Diputado Zilton Rocha, entonces presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, representantes de Veracel admitieron que están haciendo alteraciones con modificaciones genéticas para que los árboles no florezcan más. Además de eso, constatamos diversas veces y en diversos lugares, enfermedades en gran parte de las plantaciones de eucalipto. ¿Cómo hace el Estado un seguimiento de las plantaciones con árboles manipulados y genéticamente modificados?
El Estado de Bahia también tiene la obligación de aclarar a la sociedad los siguientes asuntos:
I) Hasta los años 60, la productividad del monocultivo del eucalipto era de 20 m3 há./año de madera, y en los años 80 aumentó a 40 m3 há./año, y hoy se habla de una producción de hasta 60 m3 há./año. ¿Este aumento de la producción por hectárea no acelera todavía más el proceso de desertificación, agotando el suelo más rápidamente? ¿Este aumento de la producción por hectárea justifica el aumento de la cantidad de tierras que las empresas están ocupando para alcanzar la producción de madera establecida en los pedidos de autorización que presentaron a los órganos públicos? ¿Qué hizo el Estado para fiscalizar y controlar ese proceso de explotación brutal y sin límites del suelo en la región? ¿Qué relevamientos se hicieron en este sentido y cuáles fueron los resultados?
II) SUZANO aumentó la producción de su fábrica en Mucuri, de 680.000 a 1.680.000 Ton./Cel./Año. Para producir 680.000 ton./año se precisaba un EIA/IIA, así como también Audiencias Públicas. ¡En la casi triplicación de la producción, no hubo ni EIA, ni IIA, ni Audiencias Públicas! Triplicar la producción significa, entre otros hechos impactantes, triplicar la cantidad de agua consumida durante el proceso; la necesidad de aumentar la capacidad de la Estación de Tratamiento de Agua, la necesidad de controlar y responsabilizar a la empresa generadora por los residuos sólidos e industriales generados en el proceso de producción, especialmente en lo relativo a los residuos especiales y a los envases de agrotóxicos, entre otros factores. ¿Cómo resolvió el Estado la autorización y la triplicación de la producción de esta Empresa? ¿Cuáles fueron los problemas que eso trajo para la situación ya bastante crítica del río Mucuri? ¿Qué relevamientos se realizaron en este sentido y cuáles fueron sus resultados?
III) También quisiéramos recibir un informe sobre cuántas veces el Estado hizo un análisis de los efluentes de las fábricas de Suzano y de Veracel, y cómo se está manejando el destino final de estos residuos altamente tóxicos;
IV) Si la industria suele invocar en su beneficio la creación de nuevos puestos de trabajo, es necesario que esos números sean conocidos y analizados por la sociedad local para su cotejo con los impactos sociales causados en la agricultura familiar y campesina. Urge investigar si la DRT (Delegación Regional del Trabajo) ha cumplido satisfactoriamente su papel fiscalizador; es preciso tomar conocimiento del plan de salud laboral y otros factores relacionados con el ambiente de trabajo;
V) Es sabido por todos que las grandes empresas solamente se establecen en los países en desarrollo mediante exoneraciones e incentivos fiscales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales tienen que recaudar todos los tributos, generando una perversa concentración de riqueza justamente en las manos de los más ricos y poderosos. Precisamos conocer también los instrumentos fiscales vigentes y su representatividad en el modelo de crecimiento económico defendido por estas empresas.
La expansión desenfrenada del monocultivo del eucalipto viene provocando también conflictos socioambientales y violaciones de los derechos humanos. No tendremos tiempo para detallar estos hechos, pero es fundamental registrar la ocupación ilegal de tierras indígenas; la falta de respeto por los derechos de las poblaciones restantes de quilombos (comunidades de descendientes de esclavos fugados); el agravamiento de las condiciones de existencia de la agricultura familiar y campesina; la paralización de la reforma agraria; la elevación constante de los precios de la tierra en la región; la tugurización creciente de la población expulsada a las periferias de las ciudades, donde es forzada a sobrevivir en condiciones infrahumanas; el desabastecimiento y la inseguridad alimentaria provocados por la disminución de familias agricultoras y por el destino exagerado de tierras solamente para el monocultivo y finalmente la falta de adopción de acciones afirmativas para un desarrollo sustentable e inclusivo.
Considerando que es de competencia común de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y Municipios:
- Proteger el medio ambiente...” CF/88, art. 23, inciso VI
- “Preservar los bosques, la fauna y la flora” CF/88, art. 23, inciso VII
- “Fomentar la producción agropecuaria y organizar el abastecimiento de alimentos”. (CF/88, art.23, inciso VIII)
Solicitamos informaciones sobre qué hicieron el Estado y los Municipios para cumplir la Constitución Federal de 1988, art. 23, inciso VIII.
OBSERVACIÓN FINAL:
Finalmente se impone una observación más: que creemos piadosamente que el Estado no tiene las condiciones humanas y físicas necesarias para cumplir su papel: - garantizar un ambiente sustentable para la población actual y futura.
En varios encuentros realizados, la Directora del CRA, Sra. Bete Wagner, relató que al asumir la dirección del órgano ambiental del Estado contaba tan solo con 20 técnicos ambientales para todo el Estado y solamente 3 ingenieros especialistas en salud pública, teniendo que realizar contrataciones temporales para duplicar estos números, mientras espera la realización del concurso público en 2008.
Frente a este cuadro aterrador resulta forzoso concluir que el Estado no está preparado para evaluar y resolver sobre actividades de alto impacto ambiental. Por lo tanto, rogamos la paralización inmediata de cualquier autorización para nuevas plantaciones de monocultivos de eucalipto (moratoria de la plantación de eucalipto), hasta que el Estado tenga las condiciones necesarias para garantizar un ambiente saludable ahora y en el futuro para la población de Bahia, asegurando la participación de la sociedad civil en todas las etapas de fiscalización.
En nuestra opinión, el Extremo Sur de Bahia ya es en gran parte y el Sur de Bahia está dirigiéndose a transformarse en "REHÉN" en las manos de las empresas de celulosa y papel, y esto es absolutamente INACEPTABLE.
Porto Seguro, 18 de noviembre de 2007.
Foro Socioambiental del Sur y Extremo Sur de Bahia.
- Brasil: mecanismos de promoción y de oposición a los monocultivos de árboles
Para que vastas extensiones de plantaciones industriales de árboles fueran viables en Brasil, se establecieron estrechas interacciones entre gobierno, empresas, bancos, universidades, medios de comunicación así como con instituciones internacionales, financieras, productoras y compradoras. Mediante una gran orquestación política, se crearon mecanismos legales, tributarios, financieros, técnicos y científicos, agrarios y logísticos. Del mismo modo, fueron aumentando las articulaciones contrarias a estas políticas a medida que los monocultivos se expandían.
Inicialmente, la política forestal busca definir un conjunto de técnicas capaces de ordenar la utilización de los recursos forestales. La primera reglamentación de bosques en Brasil data de 1934 con el primer Código Forestal, que define algunas áreas protegidas pero que también incluye la posibilidad de sustituir los bosques por monocultivos de árboles.
En 1965, a través de la Ley 4.771 se edita un segundo Código Forestal en el que surgen nuevas categorías de unidades de conservación. También en este contexto, mediante la Ley 5.106 del 2 de setiembre de 1966, se reglamentaron los incentivos fiscales para la reforestación, que beneficiaban a personas físicas y jurídicas contribuyentes del Impuesto a la Renta. En el caso de personas físicas, podían deducirse del ingreso bruto (para el cálculo del impuesto a la renta) todos los gastos derivados de la actividad hasta un límite del 50% del ingreso. En el caso de personas jurídicas, era posible deducir el valor de los gastos derivados de la actividad hasta el 50% del impuesto debido, y en 1970 por el Decreto- Ley 1.134 (16/11/70) hubo una modificación que implicaba que lugar de deducir los gastos del valor del impuesto debido, el contribuyente podía descontar hasta el 50% de ese impuesto para invertirlo en emprendimientos forestales.
Durante las primeras décadas del siglo XX, algunos estados crearon servicios forestales vinculados a las Secretarías de Agricultura y en 1967 se creó el IBDF (Instituto Brasileño para el Desarrollo Forestal), por Decreto- Ley nº 289, en el ámbito del Ministerio de Agricultura.
Para impulsar el crecimiento económico se hicieron grandes inversiones en desarrollo científico y tecnológico. En 1967 se graduó la primera generación de ingenieros forestales que concluyeron la carrera mantenida por convenio entre el IBDF (Instituto Brasilero de Desarrollo Forestal) y la FAO. En 1968 se creó el Instituto de Investigaciones Forestales (IEPF), por iniciativa conjunta de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ- USP) y de las empresas Champion, Duratex, Rigesa, Suzano y Madeirit. El objetivo del IPEF era el desarrollo y la difusión de tecnología en el área forestal, con financiación para la realización de investigaciones y con recursos del sector público mediante incentivos fiscales para la reforestación.
El apoyo financiero del Estado, a través del BNDE (Banco Nacional de Desarrollo) hizo posible que las empresas líderes se beneficiaran de la Decisión Nº 196/68 para proyectos de instalación y/o ampliación que superaran una capacidad productiva de 100 t por día de celulosa y que aseguraran el abastecimiento propio de madera equivalente por lo menos al 50% de las necesidades calculadas. A partir de 1972 se priorizaron los incentivos para proyectos con producción de más de 1000 toneladas por día, pero se aceptaba que esta meta se alcanzara en dos etapas de 500 toneladas cada una.
La proliferación de grupos ejecutivos sectoriales originó la creación, en 1969, del Consejo de Desarrollo Industrial (CDI), formado por representantes de los ministerios económicos, de las fuerzas armadas, BNDES, Banco do Brasil, además de instituciones representativas del sector privado, como el grupo de papel y celulosa que tuvo la función de formular y coordinar las directrices orientadoras de la expansión sectorial.
En la década del 70 hasta mediados de los 80 fue la fase en la cual las plantaciones de árboles recibieron más incentivos fiscales, con el II Plan Nacional de Desarrollo (II PND). Según este plan, las metas que debían alcanzarse entre 1974 y 1979 para la producción de celulosa y papel representaban un crecimiento del 85% y del 28% respectivamente.
El plan de acción del BNDE para el período 1974-78 incluyó el apoyo a proyectos de celulosa de gran porte para que la economía alcanzara un nivel de producción superior a 2,5 millones de toneladas en 1978.
El FISET (Fondo de Incentivos Sectoriales), creado por el Decreto-Ley 1376/74, fue la forma principal de incentivo fiscal de 1974 a 1988 con préstamos a largo plazo a costos reducidos. Permitía la deducción del impuesto a la renta para inversiones en proyectos de reforestación.
En 1974 se lanzó el Plan Nacional de Papel y Celulosa (PNPC) cuya meta de plantación era de 4 millones de hectáreas de árboles. Para ello se programó la implantación de 30 “Distritos Forestales”- zonas seleccionadas para la racionalización del proceso de no dispersión de los recursos del área forestal. Se estableció una división en subdistritos celulósicos y subdistritos energéticos. La superficie mínima exigida era de 1.000 hectáreas por proyecto y se tenía en cuenta la cercanía a las industrias. Se privilegiaba a las industrias con base forestal propia. Para asegurarse grandes superficies contiguas, el gobierno induciría el establecimiento de las plantaciones en zonas definidas.
Otras modalidades de incentivos concedidos a las empresas privadas estaban relacionadas con conceder la exoneración del Impuesto de Importación (II) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), además de estimular la ampliación de la producción destinada a la exportación.
En 1987 surge el II Plan Nacional de Papel y Celulosa que establecía metas de expansión para 1995 (importación de equipamientos, nuevas reforestaciones y exportación de la producción). La proyección de ampliación de la producción de celulosa fue de 3,5 millones t/año a 6,6 millones t/año.
Además de las financiaciones a gran escala del BNDES, otro mecanismo de financiación y capitalización, principalmente de las empresas de celulosa, fueron los préstamos de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. La captación de recursos en el mercado internacional incluye varias operaciones y bancos, como es el caso de Aracruz Celulose con el banco Den Norske Bank (noruego), Citibank, J.P. Morgan, Chase Manhatan, Bolsa de Valores de Nueva York.
En 2000 se creó el Programa Nacional de Bosques (PNF, sigla en portugués) dentro del Ministerio de Medio Ambiente, bajo la responsabilidad del Directorio del Programa Nacional de Bosques. Se implementó el programa con recursos provenientes del Tesoro Nacional y de la cooperación técnica y financiera externa, principalmente de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), Programa Piloto para Protección de los Bosques Tropicales (PPG7), del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y de los gobiernos de Japón, Holanda e Inglaterra.
De 2004 a 2007, una de las metas del PNF era la expansión de la base forestal plantada, a través de la plantación de 800 mil hectáreas en pequeñas y medianas propiedades, y de 1,2 millones de hectáreas con programas empresariales.
Para ello se crearon algunas líneas de financiación para la plantación de árboles, siendo las principales: BNDES- FINEM (Financiación Directa a Emprendimientos), PRONAF Forestal (coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario desde 2002), PROPFLORA (coordinado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, desde 2002).
Además existen líneas de financiación forestal de alcance regional como el FNO Floresta (Región Norte), FCO Pronatureza (Región Centro-Oeste), FNE Verde (Región Nordeste).
Entre otros estímulos financieros que favorecen las plantaciones forestales figuran el Programa Nacional de Crédito Agrario, como parte del Plan Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y que deriva del acuerdo de préstamo con el Banco Mundial.
Con un conjunto tan amplio de mecanismos para la viabilización de los monocultivos, las empresas hacen fuertes inversiones en campañas electorales de candidatos de todos los partidos y así logran asegurarse el apoyo en el Parlamento, como por ejemplo con el Frente Parlamentario de Silvicultura, además de la bancada ruralista.
De más reciente creación, otra estrategia de expansión de las plantaciones de árboles en Brasil es la de los créditos de carbono, a partir del Protocolo de Kyoto. Uno de los principales mercados que negocia estos créditos es el Mercado Brasileño de Reducciones de Emisiones (MBRE)- una iniciativa conjunta de BM&F y del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
Otro mercado potencial en Brasil es el de los agrocombustibles a base de celulosa, que ya cuenta con inversiones para investigación.
Asimismo están en curso algunas propuestas de modificación del Código Forestal (en trámite en el Parlamento Nacional) que sugiere la reducción de la superficie de reserva legal de la Amazonia del 80% actual al 50% donde ya hubo tala de bosque. En el 30% restante los propietarios pueden plantar especies exóticas.
Iniciativas que se oponen a los monocultivos industriales de árboles
Mientras los monocultivos de árboles crecen, tienen lugar varias articulaciones a fin de restringir la superficie plantada, frenar la expansión e inclusive interrumpir la producción a gran escala.
Entre las acciones restrictivas figuran:
* leyes estaduales como la Ley 6.780/01 del Estado de Espíritu Santo, que prohibía la plantación de eucalipto destinada a la producción de celulosa hasta que fuera concluida y promulgada la Demarcación Ecológica Económica. Pero la Suprema Corte Federal la dejó sin efecto en junio de 2002.
* leyes que garantizan el derecho territorial de pueblos tradicionales como los quilombolas (Decreto- Ley 4887/ 03) también pueden restringir la posesión de tierras por parte de empresas de la celulosa.
* la articulación de la sociedad civil en redes que se organizan para divulgar los impactos de los monocultivos, denunciar, presionar al gobierno y a empresas, proponer alternativas al modelo de desarrollo, entre otras acciones. En este sentido pueden ser citadas la Red Desierto Verde, Via Campesina, Articulación Nacional de Agroecología, Red Brasileña de Justicia Ambiental, Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales.
* la participación de la sociedad civil en audiencias públicas de implantación o expansión de los proyectos industriales. La audiencia pública condiciona la aprobación de los emprendimientos; sin embargo, en la práctica no definen nada.
* denuncias ante el Ministerio Público, los organismos internacionales, las acciones judiciales.
* en varias regiones del país se hicieron ocupaciones de tierras plantadas con eucaliptos por parte de los movimientos sociales del campo, principalmente el MST, en reivindicación de la Reforma Agraria y cuestionando la productividad y la función social (según los artículos 185 y 186 de la Constitución Federal) de estos latifundios.
* también hubo una fuerte articulación de la sociedad civil para exigir al BNDES que cumpliera su carácter de banco público y estableciera políticas de apertura, diálogo y transparencia de sus inversiones, definiera criterios sociales y ambientales más adecuados para disminuir las desigualdades sociales entre la población brasileña, y además dejara de invertir en proyectos privados de agronegocio, como es el sector de papel y celulosa- de acuerdo con la “Plataforma BNDES”, 2007.
Por Daniela Meirelles y Alacir De´Nadai, FASE/ES, correo eletrónico: rb.moc.arret@sesaf
UNA MIRADA A LOS ESCENARIOS REGIONALES
- Indonesia: la política gubernamental de desarrollo de la palma aceitera
Si se analiza la evolución de la legislación sobre plantaciones de Indonesia es posible identificar cinco fases en las políticas gubernamentales para el desarrollo de la palma aceitera en ese país. Las llamaremos fase PIR-Trans (hasta octubre de 1993), fase de desregulación (1993-1996), fase de privatización (1996-1998), fase de cooperativas (1998-2002) y la actual fase de descentralización (2002-2006). Es de señalar, sin embargo, que estas fases nunca fueron del todo diferenciadas y que la iniciación de una nueva etapa no implicaba necesariamente el fin de los procesos iniciados con anterioridad.
PIR-Trans: Antes de octubre de 1993 los esfuerzos del gobierno para establecer plantaciones de palma aceitera se centraban en tomar zonas forestadas de las islas exteriores y adjudicárselas a los operadores de PTPN [empresa estatal de plantaciones], que controlaban tanto los establecimientos inti [operaciones en gran escala en zonas de gran extensión] como los plasma [pequeños establecimientos operados en forma individual], abastecidos de trabajadores y pequeños propietarios gracias al programa Transmigración. En 1986 y 1990 se aprobaron leyes concebidas para garantizar una mejor coordinación entre los organismos del gobierno y así acelerar el proceso necesario para permitir la liberación de tierras boscosas para su conversión. El control sobre los bosques permaneció centralizado y las oficinas forestales regionales (Kanwil Kehutanan) solamente tenían autorización para liberar hasta 100 hectáreas para plantaciones.
Durante este período los derechos consuetudinarios sobre la tierra de las comunidades residentes a menudo no se reconocieron. En su lugar se insertó a los indígenas en los planes de Transmigración, reubicándolos en aldeas transmigrantes formadas con personas del lugar (Translok) o en asentamientos mixtos (Transmigrasi sisipan) compuestos de personas del lugar e inmigrantes auspiciados por el Estado procedentes de Java, Madura y Bali. La mayoría de los planes PIR-Trans adjudicaban solamente dos hectáreas a cada familia transmigrante y se esperaba que en una mitad se cultivara arroz y en la otra palma aceitera para abastecer las fábricas construidas a lo largo del establecimiento central. Los inmigrantes se quejaban de las malas viviendas, los bajos precios de los racimos de fruto de palma aceitera fresco (FFB) y las largas demoras en el pago de salarios, la cancelación de deudas y la transferencia de títulos de propiedad.
Fase de desregulación: En octubre de 1993 el gobierno aprobó dos leyes como parte de un paquete nacional de políticas para la desregulación. El objetivo general de la política era dar a los gobernadores locales mayor autoridad para promover el desarrollo regional, procurando al mismo tiempo que las empresas privadas asumieran un compromiso a largo plazo con las zonas en las que estaban invirtiendo. En virtud de estas leyes los gobernadores podían emitir permisos para la conversión de zonas boscosas de hasta 200 hectáreas, en tanto las superficies mayores siguieron siendo responsabilidad del Directorio General de Cultivos Estatales, en Yakarta. Por otra parte, a las empresas privadas que solicitaron permisos de conversión no se les permitió transferir los derechos sobre las propiedades arrendadas de esta manera.
Fase de privatización: Los últimos años de la dictadura de Suharto fueron testigo de una iniciativa concertada de varios sectores, incluido el de los cultivos estatales, para privatizar las empresas paraestatales, alentar las iniciativas del sector privado y facilitar la inversión directa extranjera. Se aprobaron varias leyes pensadas para acelerar el desarrollo de los cultivos estatales de esta manera y garantizar el juego limpio entre las empresas. Se aclararon los procedimientos para que las empresas obtuvieran permiso para establecer plantaciones: un permiso temporal de un año al comienzo (ijin prinsip), que podía convertirse en permiso permanente (ijin tetap) y al que podía agregársele un permiso de expansión (ijin perluasan). Se introdujeron requisitos para asegurar que las empresas que pensaban convertir bosques obtuvieran primero el consentimiento de las empresas con permiso para madereo (HPH) en esas mismas zonas. Una nueva ley aclaró también que las tierras boscosas taladas y plantadas con cultivos estatales se clasificarían como tierras agrícolas en los Planes Espaciales Provinciales, aunque sin derecho a permisos de plantación.
Fase de cooperativas: La caída del régimen de Suharto dio lugar a una era de reformas (reformasi) que permitió a los políticos con ideas alternativas sobre el desarrollo rural ganar poder durante algún tiempo. Hubo esfuerzos para estimular modelos de desarrollo que permitirían a las comunidades locales beneficiarse más directamente de las tierras y los recursos naturales. Al mismo tiempo que se aprobó una ley que prohibía la conversión de los bosques protegidos (hutan lindung), armonizando así los procedimientos de planificación espacial locales y regionales, se aprobó un decreto que permitía el otorgamiento de permisos de plantación por tres años (ijin usaha perkebunan) a las cooperativas. Los gobernadores provinciales podían adjudicar hasta 1.000 hectáreas y el Ministerio de Bosques y Cultivos Estatales central, hasta 20.000 hectáreas.
Fase de descentralización: La caída de Suharto trajo también un período de cambio político radical en Indonesia, por el cual se confiaron a los gobiernos y legislaturas locales mayores poderes para el control de tierras y recursos y la administración de presupuestos regionales. A partir de 2002 estos cambios tienen también algunos impactos sobre el desarrollo del sector de la palma aceitera, aunque las autoridades locales todavía tienen que limitarse a promover plantaciones de mediana escala. Una nueva ley permite a los regentes a nivel de distrito (bupati) otorgar permisos de hasta 1.000 hectáreas, mientras que todo caso de superposición de límites de distrito es prerrogativa de los gobernadores provinciales. Sin embargo, la autoridad para conceder permisos de más de 1.000 hectáreas fue confiada al Ministerio de Agricultura. Además, en respuesta a las inquietudes sobre el ritmo al que se estaban talando bosques para convertir en plantaciones a pesar de que había grandes superficies de tierras degradadas disponibles para plantar, el gobierno aprobó en 2005 otra ley que establece una moratoria a la conversión de bosques en cultivos estatales.
La moratoria se introdujo tras la firma de una carta de intención entre el gobierno de Indonesia y el FMI, aunque no quedó claro cuánto tiempo debe mantenerse ni si se trata de una moratoria a la propia conversión de la cobertura forestal o una moratoria al cambio de categoría de las tierras boscosas para permitir la plantación. En febrero de 2005 el Ministerio de Bosques emitió dos circulares contradictorias al gobierno local. Una declaraba que la moratoria todavía estaba en vigor y la otra que el Ministerio, con el fin de optimizar el uso de las tierras boscosas para los cultivos estatales, evaluaría propuestas de conversión según sus méritos. Se percibe la misma visión dividida en la forma en que el Ministerio ha respondido a la propuesta de establecer 1,8 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera en el corazón de Borneo.
Extraído de: “Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples”, por el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), Sawit Watch, HuMA y el Centro Mundial de Investigación Agroforestal (ICRAF), ver aquí
- Laos: la promoción de las plantaciones forestales
En los últimos dos años Laos ha experimentado un aumento drástico de la inversión extranjera directa en plantaciones forestales comerciales. El Comité de Planificación e Inversión de Laos informa que en 2005 se aprobaron 21 proyectos por un valor de 17,3 millones de dólares, que en 2006 se elevaron a 39 proyectos aprobados por un valor de 458,5 millones de dólares, y a febrero de 2007 ya se habían aprobado 9 proyectos y había 16 pendientes, por un valor total de 342 millones de dólares. Para dar un panorama algo simplificado: los inversionistas chinos están invirtiendo en plantaciones de caucho en el norte de Laos, las compañías de caucho vietnamitas se han instalado en el sur de Laos, y cuatro compañías están estableciendo plantaciones para celulosa en la zona central (la japonesa Oji Paper, la tailandesa Advance Agro, la india Grasim y la sueco-finlandesa Stora Enso). Las razones detrás de este incremento año a año son complejas, pero sin duda que ha habido un conjunto de políticas gubernamentales que han sido claves en la promoción de las plantaciones industriales de árboles. A partir de la prohibición de la exportación de madera procesada de 1989 y del decreto de 1991 que prohibió el madereo comercial, se han aplicado diversos planes y estrategias forestales nacionales.
Una de las últimas es la Estrategia Nacional Forestal para el Año 2020, publicada en julio de 2005, luego de un proceso de cinco años. La Estrategia 2020 planea incrementar la cubierta “forestal” de 40% a 70% para el año 2020, lo que implica plantar con cultivos industriales de árboles más de 1 millón de hectáreas de tierra no cultivada. Las plantaciones comerciales están eximidas del pago de contribución inmobiliaria y de impuestos y obtendrán derechos de uso de la tierra durante 30 a 50 años y hasta más en zonas económicas especiales.
Sin embargo, no es posible explicar el origen del auge de las plantaciones sin discutir el programa de asignación de tierras y bosques, que ha sido (y sigue siendo) clave en poner la tierra a disposición de las plantaciones comerciales.
Las actividades de asignación de tierras comenzaron a principios de la década de 1990 y finalmente en 1996 se consolidaron en un programa nacional para la asignación de tierras boscosas. El programa Asignación de Tierras y Bosques se creó como el mecanismo principal para delinear los límites de las aldeas tradicionales, dándoles a los aldeanos derechos temporales para utilizar los recursos forestales así como la tierra, con la promesa (en gran parte incumplida) de concederles derechos permanentes en las últimas etapas de su aplicación.
El proceso de Asignación de Tierras y Bosques pronto se convirtió en uno de los principales mecanismos para lograr la superficie de plantaciones de árboles fijada como meta. Las tierras dentro de los límites de la aldea tradicional se consolidaron y reclasificaron para establecer un nuevo mapa. Este nuevo mapa de la aldea fue ideado para abarcar la población actual de la aldea, conservando ciertas tierras de reserva para las generaciones futuras. Las tierras agrícolas se asignaron conforme a los derechos legales por unidad de trabajo, y las tierras boscosas fueron clasificadas según los cinco tipos de bosque identificados en la ley de bosques.
Si bien hubo varios elementos progresistas en el programa, esta reorganización y reubicación tuvo consecuencias severas para las comunidades tradicionales que conforman el 80% de la población de Laos. Esto se debió a que su aplicación se vinculó directamente a la política para estabilizar y luego eliminar el cultivo migratorio tradicional para el año 2010.
Con la presión de este “objetivo nacional”, el uso que la agricultura migratoria daba a los campos no cultivados (barbecho) dejó de reconocerse como un uso válido de la tierra y dentro del proceso de Asignación de Tierras y Bosques estas tierras fueron designadas sistemáticamente como “bosques degradados”. En los hechos esto significó una marcada desviación de los términos de la legislación sobre bosques, que establece que las tierras de bosques degradados son tierras donde el bosque no puede regenerarse naturalmente. La tierra en barbecho normalmente es todo lo contrario –tierra que ha sido reservada por el sistema tradicional de agricultura migratoria específicamente con el propósito de que la tierra se regenere y vuelva a su estado natural, que en la mayoría de los casos es el bosque.
La zona clasificada dentro de la Asignación de Tierras y Bosques como área boscosa sin o con escasos árboles y degradada, alcanzó a un tercio de la superficie total de tierras, es decir, en todo el país se borraron de los mapas vastas extensiones de tierras en barbecho y se reasignaron al establecimiento de plantaciones forestales.
Esto por supuesto sirvió a las compañías forestales, a las que le vino muy bien tener acceso a las tierras en barbecho en lugar de quedar constreñidas (por la ley) a las tierras más degradadas e infértiles donde no podría volver a crecer el bosque. En algunos casos las empresas tuvieron una activa influencia en la clasificación de tierras fértiles como degradadas. El Decreto que formaliza el programa de asignación de tierras y bosques permitió que grupos de Laos y extranjeros obtuvieran derechos sobre las tierras boscosas para la plantación de árboles.
Una de esas compañías fue BGA, una empresa con sede en Nueva Zelanda, cuya concesión para plantaciones fue asumida luego por la compañía japonesa Oji Paper. Si bien hay ejemplos de aldeas que se negaron a permitir que Oji instalara plantaciones de árboles en sus tierras, en muchos casos el personal de la empresa forestal pudo obtener las mejores tierras sumándose al equipo local encargado de la asignación de tierras y bosques y señalándole qué tierra debería ser considerada “degradada” según las imágenes satelitales. Luego los funcionarios de gobierno ayudaron a la empresa a obtener la tierra de los aldeanos.
El entusiasmo del gobierno de Laos por las plantaciones forestales ha demostrado una y otra vez ser injustificado. En demasiados casos las compañías que solicitaron tierra para plantar simplemente se aprovecharon de las normas, obtuvieron tierras boscosas en buen estado, talaron los árboles para obtener gran cantidad de especies maderables valiosas, las replantaron con algún cultivo de triste apariencia, guardaron silenciosamente sus petates y se fueron. A principios de este año el gobierno reconoció que había problemas y declaró una moratoria a nuevas concesiones de tierras en superficies mayores a 100 hectáreas.
Para el año 2003 se había establecido una superficie total de 113.000 hectáreas de plantaciones en el país. La superficie aumentó a 146.000 hectáreas en 2005, con una tasa de supervivencia del 66%. Como reconoce la propia Estrategia 2020, la productividad es menor de lo anticipado. Lamentablemente, los planes para mejorar la situación incluyen mejorar la tecnología relativa al cultivo de árboles y tener plantaciones de mayores dimensiones. Esto seguramente provoque otra oleada de problemas para la población local, que tiene escasas oportunidades de hacer saber su oposición sobre estos cambios.
Desde una perspectiva algo más positiva, la última noticia es que el gobierno se ha percatado de la relación entre la disminución de las zonas boscosas y el enorme aumento de las concesiones de tierra entregadas a compañías tanto extranjeras como nacionales en todo el país. En 1982 los bosques cubrían el 47% del territorio de Laos; ahora se evaluó que bajó al 35% del país. La nueva Autoridad Nacional de Ordenamiento Territorial ha planteado una moratoria a las concesiones de tierra para proyectos agrícolas y de plantación de árboles, para volver a evaluar la política y revisar los proyectos anteriores como forma de garantizar que guarden conformidad con la legislación. El pueblo de Laos estará ansioso por conocer los resultados de esta revisión.
Por: Rebeca Leonard, http://www.terraper.org
- Camerún: los mecanismos estatales para la promoción de las plantaciones de palma aceitera
Una de las principales características de las políticas económicas de Camerún a partir de su independencia ha sido la promoción institucional de las grandes plantaciones industriales. Entre 1971 y 1981 el Estado les adjudicó no menos del 60% de los fondos públicos reservados para el desarrollo agrícola. La característica más importante de estas plantaciones en gran escala era y sigue siendo que están dominadas por apenas unas pocas firmas agroindustriales muy protegidas, oligopólicas y dependientes de tecnologías que exigen grandes inversiones de capital. El establecimiento y la expansión de dichas plantaciones implicaron grandes inversiones (préstamos) y crearon una fuerte dependencia del capital extranjero así como también de la administración y las tecnologías extranjeras.
La iniciativa reciente más importante para la promoción de las plantaciones de palma aceitera es el “proyecto de palma aceitera” de 2001 del Ministerio de Agricultura. Considerado “prioridad nacional”, este proyecto fue lanzado en el marco de una “modernización voluntaria de la agricultura”. Su objetivo es la promoción del desarrollo del sector agroindustrial así como el de las “plantaciones de aldeas”, que es más que nada una forma de subcontratación que beneficia a las agroindustrias y que encarna la “nueva era” de la extensión de la palma aceitera en el país. El objetivo es aumentar la superficie de plantaciones por lo menos 5.000 hectáreas por año con el fin de producir 250.000 toneladas de aceite de palma para 2010.
Sin embargo, en los años 1990 ya existían algunas otras iniciativas. El Estado promovió el desarrollo de las llamadas “plantaciones de aldeas” mediante tres proyectos principales. El proyecto “Pépipalm”, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Agricultura, aspira a brindar supervisión técnica y apoyo financiero a una red de viveros privados de plantines de palma aceitera seleccionados. El proyecto instrumentó un sistema de supervisión y controles regulares. En conjunto, estos viveros vendieron a los pequeños plantadores unas 45.000 plantas en 2000, 73.000 en 2001 y cerca de 130.000 en 2002. Otro proyecto es la “Autoridad para el desarrollo del Sudeste” (South West Development Authority, SOWEDA), que promueve diferentes iniciativas de educación técnica rural y supervisión de las plantaciones de aldeas. También está el “Proyecto de polos de desarrollo rural” (Projet Pôle de Développement Rural, PPDR) creado en 1993, cuya atención se centra en la promoción de las plantaciones contractuales en las aldeas.
En la esfera internacional el principal programa de promoción de las plantaciones de palma aceitera resulta de la iniciativa para los “países pobres muy endeudados” lanzada en 1996 por el G7 y administrada por instituciones financieras internacionales. Para poder presentarse en esta categoría el país tiene que cumplir estrictas condiciones, entre las que se destaca la elaboración de un “documento sobre la estrategia general para la reducción de la pobreza” que demuestre cómo se usarán los recursos obtenidos a través de la mitigación de la deuda. En Camerún este documento incluye una sección específica dedicada al sector de la palma aceitera. Su objetivo es aumentar la producción y la productividad de la palma aceitera para cubrir las necesidades nacionales (en déficit) y mejorar la competitividad internacional. La estrategia de desarrollo se basa en: (1) el desarrollo del sector agroindustrial (a través de privatizaciones, aumento de la producción e instrumentación de nuevas relaciones contractuales con los plantadores de las aldeas); (2) el desarrollo del sector de las aldeas (uso de plantines mejorados, educación técnica, aumento de la productividad); (3) la instrumentación de una red de investigación mejorada, principalmente a través del instituto estatal de investigación agrícola para el desarrollo (IRAD), particularmente activo en la producción y selección de semillas de palma aceitera. El Banco Mundial y la FAO son actores clave en la promoción de este programa, en tanto Francia brinda apoyo técnico y financiero sobre todo mediante el Centro de cooperación internacional para la investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD). La financiación del programa ha alcanzado unos 6 millones de euros y en 2004 ya se habían plantado por lo menos 8.000 hectáreas de palmeras seleccionadas.
Esta breve revisión de los principales programas que promueven las plantaciones de palma aceitera en Camerún demuestra que el papel del Estado, así como el de los actores internacionales, fue y sigue siendo importante incluso en la era del llamado neoliberalismo no intervencionista.
Por Julien-François Gerber, correoelectrónico: se.bau.supmac@rebreG.siocnarFneiluJ. Artículo basado en C. Bakoumé et al. (2002), Revue du secteur rural. Rapport palmier, Yaoundé: IRAD/CIRAD/IITA/FAO, y M.-A. Monfort (2005), "Filières oléagineuses africaines", Notes et études économiques, n°23, p. 55–85.
- Colombia: por ley, la selva tiene que desaparecer
Que la selva desaparezca, pareciera ser la premisa promulgada en los diferentes instrumentos de política creados en Colombia para el sector forestal. No obstante, la mayoría de ellos plantean eufemísticamente objetivos de conservación y protección.
El país ha contado con declaraciones oficiales de política forestal en 1974, 1984, 1989, 1993, 1996 y 2000, además de haberse acogido a los diversos convenios y tratados internacionales que propenden por la conservación de los bosques. Pero, las circunstancias actuales por las que atraviesan las coberturas forestales y las poblaciones estrechamente relacionadas con las mismas, dan prueba de que sus objetivos se han alcanzado apenas de forma parcial; ésta es una de las conclusiones de uno de los informes de la Contraloría de la República sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente (Contraloría General de la Nación, 2002). De esta manera, los propios organismos de control del estado dan cuenta de la ineficiencia de las políticas, que han resultado, aunque sumado a otras causas, en la deforestación y degradación de las selvas del país.
Las declaraciones de política mencionadas, junto al Plan Nacional de Desarrollo Forestal, son antecedentes sobre los que se elaboró la ley 1021 o ley general forestal, expedida en abril de 2006 y rectora de las actividades orientadas al sector forestal, que como veremos más adelante está facilitando acciones en detrimento de las selvas y las comunidades que allí habitan lo que es agravado por la política nacional de fomento a los agrocombustibles, aplicada desde 2002.
La preocupante situación actual del patrimonio forestal y su similitud con lo que sucede en otros países de la zona intertropical responde a una lógica extractivista, que se limita a considerar la naturaleza como una fuente de riqueza y acumulación que revela gran desprecio por los pueblos de los bosques y los derechos ambientales. De tal suerte que el país cuenta con un grueso paquete de medidas y normas para beneficiar la explotación de selvas y el establecimiento de plantaciones, muchas de ellas importadas por el modelo forestal de países que se erigen como prototipo, por ejemplo Chile.
Las primeras normas formuladas, que afectan el patrimonio forestal, dejan ver la huella de esa lógica nociva. Tal es el caso de la ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras, en la que se estipula como propiedad privada “los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica.” (Senado de Colombia, 1936). Se promueve entonces claramente la deforestación y las plantaciones como un hecho positivo, noción perpetuada hasta ahora, aunque la redacción de textos recurra a eufemismos para indicar lo contrario. Esa misma consideración de destrucción de ecosistemas como mejoras, es promulgada por el Fondo Monetario Internacional en su manual de estadísticas de finanzas públicas (FMI, 2001).
De la manera antes descrita se reglamentó la forma para adquirir propiedad sobre la tierra, que en adelante no ha cesado, alcanzando Colombia uno de los niveles de concentración de la propiedad privada más altos en el mundo, estando apiñada en manos de cinco mil latifundistas (Mondragón, 2003). Ha de resaltarse que dicha concentración se ha construido mediante un proceso de violencia que pasa por el despojo a indígenas, hasta el paramilitarismo y la narcocracia (Mejía, 2007).
Ahora bien, las directrices de política nacional no se han limitado al plano del aprovechamiento, que para el caso se ha entendido como explotación, sino que se han ocupado de estimular la creación de empresas de inversiones agroindustriales, responsables en gran medida del arrasamiento de ecosistemas y la violación de derechos humanos y ambientales en el país, como en el caso de la apropiación violenta de tierras de comunidades en el pacífico chocoano para palma (Mejía, 2007). Un ejemplo de dichas políticas es el documento CONPES 2786 de 1995. En su trabajo de 2007, Mejía realiza el siguiente inventario de los estímulos, incentivos y exenciones que buscan estimular cultivos de tardío rendimiento, de exportación y para combustibles, según lo referido por el Ministerio de Agricultura:
- CIF -Certificado de Incentivo Forestal: Ley 139 de 1994: donación de hasta 75% de los costos de establecimiento y del 50% de los costos de mantenimiento de plantaciones, del segundo al quinto año.
- ICR -Incentivo de Capitalización Rural: hasta el 40% del crédito para modernización rural, establecimiento y sostenimiento de pequeños productores.
- AIS -Agro Ingreso Seguro: para pequeños productores cubre hasta el 100% del proyecto. Para medianos hasta el 80% de los costos directos, con el DTF menos dos puntos, plazo 15 años y 3 años de gracia.
- FAG: que respalda el redescuento de créditos presentados ante FINAGRO cuando el productor no da las garantías que pide la banca normal.
- Decreto 1970 de 2005: exención de renta líquida gravable por diez años en cultivos de tardío rendimiento.
- Fomento cauchero según Ley 686 de 2001: a partir de un fondo creado con el 3% de las ventas.
- Fondo de Estabilización de precios de aceite palmero: Ley 101 de 1993.
- Ley 788 de 2002: que exonera al etanol del impuesto al valor agregado –IVA- y de los impuestos y sobretasas a los combustibles; exenciones calculadas en 100 millones de dólares por año (Mondragón, 2007, citando a Aurelio Suárez Montoya).
Además de lo anterior, deben hacerse notar las exenciones tributarias para la reforestación contenidas en el estatuto tributario colombiano, que reducen a grado tan ínfimo los impuestos, que las grandes compañías forestales como Smurfit-Kappa prefieren aplicar a estas exenciones en lugar de la otra lista de incentivos, lo que les resulta más beneficioso para sus ganancias (Funcionario CORPOCALDAS, Comunicación personal).
Todo este conjunto de facilidades para el sector forestal y sus empresarios está en el marco general que provee la actual ley forestal, que como ya se mencionó es altamente lesiva para el patrimonio forestal colombiano y para las comunidades, lo que se puede percibir al analizar la norma desde diferentes perspectivas, como la social, la ambiental, cultural y aun la jurídica, razón por la que han sido presentadas dos demandas en contra de la ley. Las acciones públicas de inconstitucionalidad contra la ley buscan en el primero de los casos que la totalidad de la norma sea declarada inexequible y la segunda que sean eliminados varios de sus artículos más nocivos, los que motivaron en su momento el pronunciamiento de diversos sectores de la población colombiana, entre ellos ambientalistas, negros, indígenas, campesinos y académicos.
Algunas de las implicaciones más graves de la ley están relacionadas con la promoción de energías renovables (agrocombustibles), sentar condiciones para que sean las comunidades quienes tengan que autorizar la explotación en sus territorios colectivos, eliminar las funciones de las autoridades ambientales regionales para ejercer control y supervisión sobre los monocultivos forestales, como en efecto está sucediendo con las plantaciones sumideros de carbono, definir los bosques como una despensa de madera y facilitar la entrega de éstos en concesión, uso de la certificación forestal para entregar más beneficios y exenciones a los madereros, fomento del madereo ilegal, debilitar los derechos de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, adquiridos mediante luchas históricas y que están ahora diezmados por la ley.
Dado la evidente inconveniencia de esta norma, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los derechos comunitarios, los conceptos solicitados por la Corte Constitucional a entidades tan relevantes como la Procuraduría General de la Nación solicitan declarar la INEXEQUIBILIDAD de la integridad de la ley (Procuraduría, 2007); con lo que se ratifica la validez de las denuncias de los diversos sectores sociales.
Una vez que la vías legales no son consideradas como el único medio para alcanzar las reivindicaciones de los movimientos sociales y los afectados, estos han sumado sus esfuerzos y trabajo para resistir la agresión del modelo forestal y sus plantaciones, para lo que conformaron el “Frente por la Vida y Contra el Desierto Verde”, movimiento que se articula a la lucha por la defensa del territorio, los pueblos y su patrimonio, que en el continente impulsan los grupos que conforman la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles RECOMA.
Este grupo está conformado por organizaciones de base, comunidades campesinas, organizaciones sociales y cabildos indígenas del suroccidente del país, región donde se concentran plantaciones de pino y eucalipto sobre la zona media de las cordilleras, que atentan y amenazan contra el territorio, el agua, las formas de vida tradicionales y las culturas indígenas y campesinas. Desde este espacio se adelanta la resistencia del pueblo colombiano a un modelo que desconocemos y que por tanto carece de legitimidad; pero al mismo tiempo desde allí se construyen las propuestas que permiten recrear la vida en las formas que imaginamos día a día.
Se concluye amargamente que en el caso colombiano, como en otros tantos, la legislación, normatividad, exenciones e incentivos diseñados para el sector forestal contribuyen a la destrucción y degradación forestal y por ende al empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades que habitan las selvas y dependen de ellas para su supervivencia.
Por: Diego Alejandro Cardona, CENSAT, correo electrónico: gro.tasnec@savles
- Australia: los numerosos subsidios que recibe Gunns en Tasmania
No hace mucho Tasmania obtuvo el segundo puesto más votado en la esfera del turismo internacional como lugar más hermoso para visitar en el mundo. Tasmania tiene montañas espectaculares y bosques antiguos, playas prístinas, vida silvestre singular en abundancia, clima fresco y templado y escasa población.
Gran parte de esto se declaró Patrimonio Mundial y existen senderos de incomparable belleza para caminatas y excursiones. A pesar de su pequeño tamaño, Tasmania tiene también algunas de las mejores tierras agrícolas de Australia, en general goza de buenas lluvias y se enorgullece de su “imagen limpia y verde”.
Pero eso mismo que vuelve a este lugar tan atractivo ha sembrado la semilla de su potencial caída, porque no solamente turistas y habitantes lo desean. Tasmania se ha convertido en un imán para los depredadores, que vienen en forma de gigantes de la industria de la madera, emprendimientos que ven nuestro patrimonio exclusivamente en términos de dinero. Ahora están destruyendo lo que debería pertenecer no solamente a los habitantes de Tasmania sino al mundo entero.
Esto es en gran parte endémico, pues el mayor peligro en realidad viene de adentro. A lo largo de muchos años la empresa Gunns, de Tasmania, ha ido adquiriendo el control no solamente sobre los bosques sino también sobre el gobierno, al punto de que hoy el estado entero virtualmente les pertenece. Es la mayor empresa de Tasmania y uno de los principales proveedores de astillas de madera del hemisferio Sur; actualmente Tasmania exporta más astillas que todos los otros estados australianos juntos, y eso que es por lejos el más pequeño, con apenas 500.000 habitantes. Gunns tiene tanta influencia que entre la población local esta empresa se conoce como “el Gunnbierno”; ahora quiere construir una fábrica de celulosa y los gobiernos estatal y federal se han deshecho en atenciones para complacerla. Sobre este proyecto llovieron enormes subsidios y financiación; a cambio, Gunns se ha convertido en un importante donante de TODOS los partidos políticos. A pesar de la casi completa oposición del pueblo de Tasmania, que en encuesta tras encuesta ha declarado categóricamente que no quiere esta fábrica ni las cosas desagradables que la acompañan, el proyecto ha sido impulsado por la vía de la aprobación rápida, pasando por alto todos los factores relativos a la evaluación del impacto ambiental y aplicando normas mínimas. De hecho, ¡se exoneró legalmente a Gunns de toda demanda por daños que pueda surgir en el futuro como resultado de sus acciones!
Junto con la fábrica llegaron las empresas de servicios de administración de inversiones (Managed Investment Services, MIS), enormes corporaciones multinacionales que hacen negocio con plantaciones de monocultivos exentas de impuestos. El gobierno federal ha concedido esta exoneración fiscal sobre la falsa base de que las plantaciones pueden usarse como sumideros de carbono e intercambiarse por contaminación industrial. Como Australia no ha ratificado el Protocolo de Kioto, esto brinda al gobierno una excusa para seguir con las emisiones de gases de efecto invernadero de su industria pesada. Estas emisiones se calculan en 22 toneladas por persona y hacen de Australia el país con más CO2 per cápita.
La falacia está en el hecho de que las plantaciones son nada más que un cultivo con rotaciones más largas y no un sumidero de carbono como se alega. Además, el dióxido de carbono en realidad no se puede compensar. Para que fuera un sumidero de carbono la madera tendría que permanecer en pie durante 50 años o más. El período de cultivo de trece años es una ilusión usada por los políticos y las empresas MIS para justificar este cultivo. Después de los primeros trece años se convierte en una cosecha anual, simplemente un ciclo continuo de producción que larga a la atmósfera la misma cantidad de dióxido de carbono que había compensado. Con este proceso no se ha ganado nada, salvo que las empresas MIS hicieron mucho dinero libre de impuestos y el gobierno sigue permitiendo la contaminación en todas partes.
Pero ése es solamente un aspecto. Gracias a la exoneración fiscal el flujo de inversiones es tal que las empresas MIS ahora están comprando todas las tierras agrícolas de Tasmania para convertirlas en monocultivos. La propia Gunns es una de estas empresas. Pueden pagar más que cualquier agricultor auténtico por esta tierra y recientemente usaron su dinero e influencia para que las plantaciones fueran definidas como “cultivo”. Luego cambiaron la legislación relativa a la protección de las tierras agrícolas para dar a este nuevo “cultivo” precedencia sobre todos los demás. En virtud de la Ley de protección de las tierras agrícolas tal cual está ahora, las plantaciones están exentas del cumplimiento de todas las otras leyes y los planes que gobiernan la agricultura auténtica y no pagan impuestos a la tierra ni porcentajes. Los réditos de esta operación son tales que el primer “cultivo” vendido no solamente genera lucro para la empresa por derecho propio sino que también les brinda la tierra gratis. Todo lo que viene después es ganancia pura.
Sin embargo, no son estas plantaciones lo que Gunns necesita para alimentar la fábrica de celulosa; éstas son para exportar como astillas. Las fábricas están siendo alimentadas con lo poco que queda de los bosques antiguos que convierten a Tasmania en un lugar único. En virtud de un acuerdo secreto rodeado de silencio, Forestry Tasmania otorgó a Gunns, a un precio irrisorio, el acceso durante veinte años a los bosques no protegidos que todavía quedan en el país. Pagan apenas 12 dólares australianos por tonelada, la mitad del precio de la madera de las plantaciones, y ni siquiera eso está garantizado, porque el precio se fijó según el precio internacional de la celulosa. Si éste bajara, tal como se espera, el precio que paga Gunns por su madera bajaría también...¡y si llega a menos de US$ 500 por tonelada el precio se vuelve negativo! Resumiendo, le estaremos pagando a Gunns para que destruya nuestros bosques.
Aunque parezca improbable, hoy nos encontramos casi en esa situación: el aporte de Forestry Tasmania a las arcas del estado ha sido CERO los dos últimos años y antes que eso estaba logrando un precio de apenas 2,61 dólares australianos por tonelada. Sin embargo Gunns sí obtiene enormes ganancias que abandonan la isla y se van al continente y a los accionistas internacionales. Los beneficios para Tasmania son las pocas migajas pagadas en forma de salarios mínimos a los subcontratistas que cortan y cargan este tesoro hasta las tres grandes procesadoras de astillas; son 3,5 millones de toneladas anuales que aumentarán a 8 millones de toneladas cuando la fábrica empiece a producir.
El gobierno local es plenamente cómplice y ha resistido con firmeza todos los pedidos para que una Comisión del Delito local o la Real Comisión Nacional investigue la corrupción. Cada uno de los políticos importantes del Estado parece haberse casado con estos gigantes de la madera y uno se pregunta cómo y dónde exactamente se están gastando algunos de esos grandes subsidios que reciben. No deja de ser significativo que dos ex primeros ministros de Tasmania estén hoy en la Junta Directiva de Gunns.
Por Barnaby Drake, correo-e: moc.dnopgib@scipeeb
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Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Número 124 - Noviembre 2007
Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués
Editor: Ricardo Carrere
Movimiento Mundial por los Bosques
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