De Durban a Río+20: ¿y qué hay de nuestra propia agenda? - Boletín N° 174 del Movimiento Mundial por los Bosques

Boletín del WRM
Número 174 - Enero 2012

Agradecemos a las amigas y amigos que contribuyeron con sus comentarios y respuestas a la encuesta que circulamos sobre nuestro boletín. Sus aportes permitirán que mejoremos lo que consideramos una valiosa herramienta de comunicación al servicio de las luchas de las comunidades y pueblos en la defensa de sus territorios y la naturaleza.

CONTENIDOS

NUESTRA OPINIÓN

* De Durban a Río+20: ¿y qué hay de nuestra propia agenda?

COMUNIDADES, BOSQUES Y PLANTACIONES

* Chile: incendios y represión, el legado del modelo forestal

* Brasil: definición de bosque - otro ámbito de resistencia y reconquista

* El monocultivo industrial de árboles en Sudáfrica: la cultura de los curanderos tradicionales enfrentada a la cultura de consumo

* Filipinas: la creciente amenaza de las plantaciones de palma aceitera en Palawan

* Plantaciones industriales de palma aceitera detrás del acaparamiento de tierras en Sierra Leona

* Bolivia: nunca más sin sus pueblos indígenas en aislamiento y en situación de alta vulnerabilidad

* Ecuador: pronunciamiento en defensa de la Pachamama y de la vida

NOTICIAS BREVES

* Nuevo reclamo ante la FAO para definir al bosque por su verdadero significado

* Carta abierta contra la “economía verde”y por la vida

* India: fábrica de Michelin amenaza bosque de los Intocables

* Indonesia: represión policial en apoyo al Proyecto Bima, de minería de oro

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NUESTRA OPINIÓN

- De Durban a Río+20: ¿y qué hay de nuestra propia agenda?

Como era de esperar, la conferencia climática de Durban no tomó ninguna decisión significativa en cuanto al combate de la crisis climática. Un nuevo acuerdo vinculante se firmará, quizás, en 2020. ¿En 2020? Según la red de organizaciones y movimientos llamada Climate Justice Now, esto constituye un “crimen de lesa humanidad”. Parecería que los gobiernos, y en gran medida aquellos más responsables de la crisis climática, han abandonado la idea de tomar en cuenta a las personas, especialmente a las mujeres pobres, que hoy son víctimas del cambio climático y están siendo afectadas o fuertemente amenazadas por él.

Ahora bien, sabemos y hemos visto que esos gobiernos sí toman en cuenta, y mucho, sus propios intereses, sus riquezas, sus empresas transnacionales y sus instituciones financieras. Siguen negando su responsabilidad – histórica – por el cambio climático, y siguen contaminando, incluso más que antes, pero señalan con el dedo a países como China, India y Brasil, que han comenzado a contaminar más. Los pueblos, tanto del Norte como del Sur, e incluso muchos gobiernos, sobre todo del Sur, no son más que observadores en las conferencias. No son consultados, a pesar de que las consecuencias serán enormes para la gran mayoría de la población mundial, que vive en el Sur, y cuya responsabilidad por la crisis climática es ínfima.

El próximo encuentro en el que los gobiernos discutirán sobre el clima y el medio ambiente será la Conferencia Río+20, en junio de 2012, veinte años después de la conferencia de 1992 realizada en la misma ciudad. En 1992, la crisis ambiental ocupaba un lugar más importante en el debate internacional. Veinte años más tarde, el problema del clima y, en términos más generales, el problema ambiental, ya no son prioritarios para los gobiernos del Norte. Aparentemente, sólo les interesan si pueden beneficiar a sus empresas, sus bancos y su crecimiento económico, incluida la posibilidad de compensar su contaminación a través de proyectos REDD+, falsamente destinados a conservar los bosques. Así, no causa sorpresa que la palabra “economía” – y no ambiente, ni clima, ni naturaleza, ni población – figure en el centro del debate de Río+20. Y para que suene mejor, y no tan “lo mismo de siempre”, se le llama “economía verde”.

En Durban, en diciembre pasado, se podía oír, entre las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que hablaban de la conferencia oficial, comentarios como los siguientes: es hora de que construyamos y decidamos nuestra propia agenda, en lugar de seguir la de los gobiernos y sus conferencias, que no conducen a soluciones reales sino a más frustraciones, además de beneficiar a las empresas. Quizás esta idea de una “agenda propia” sería una manera más fructífera de actuar y de influir sobre conferencias y gobiernos.

Tal vez una forma de elaborar esa agenda de los pueblos por las organizaciones y los movimientos podría ser que, en lugar de gastar tiempo, dinero y energía en asistir a las conferencias, se invirtiera tiempo, dinero y energía en encuentros con las comunidades a escala local y regional, para analizar lo que sucede en dichas conferencias y contribuir a discutir sobre acciones locales, regionales, nacionales e incluso internacionales con el fin de ejercer presión sobre los gobiernos. Quizás un impulso coordinado de ese tipo, en muchos países del mundo, en el Norte y en el Sur, antes, durante y después de las conferencias, lograría que los gobiernos estuvieran más dispuestos a escuchar a la gente y a considerar sus reclamos.

Más concretamente, para Río+20 las organizaciones participantes, en lugar de asistir a las conferencias y organizar sus propios programas de actividades, que suelen ser interesantes pero resultan a menudo separadas y fragmentadas, podrían trabajar en la elaboración de un programa conjunto, que incluya un apoyo concreto a las luchas populares contra proyectos destructivos (*), con el fin de presionar a nuestros gobiernos para que adopten soluciones reales para la crisis del clima y las otras vinculadas a ella. Una propuesta de este tipo podría convocar a muchas más personas a nuestras movilizaciones y tendría quizás una influencia mucho mayor sobre nuestros gobiernos. Ese espíritu de cooperación debería continuar más allá de Río+20, para construir un movimiento más fuerte.

Esta propuesta está siendo difundida por el Llamado a la Movilización Conjunta, hacia Río+20 y más allá, lanzado el mes pasado por organizaciones, redes y movimientos sociales embarcados en la organización de la Cumbre de los Pueblos por la justicia ambiental y social, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 23 de junio de 2012, paralelamente a la conferencia Río+20 (el texto completo del llamado está disponible en http://www.wrm.org.uy/RIO+20/Nos_movilizamos.html).

Necesitamos ser creativos, encontrar maneras más eficaces de luchar contra las relaciones desiguales de poder, incluida la desigualdad de las relaciones entre los sexos. Los movimientos sociales nos enseñan que, para modificar dichas relaciones de poder, la formación de un movimiento con mujeres y hombres es una herramienta indispensable. Es posible construir un movimiento fuerte y poderoso, sobre todo si comprendemos que las mujeres y los hombres del mundo entero se ven afectados, si bien de maneras diferentes, por las prácticas de las empresas y demás actores, Estados incluidos, que sólo apuntan a obtener mayores ganancias, con el respaldo de instituciones financieras y gobiernos. Si la opinión de la gente se manifiesta con más fuerza y unánimemente, será cada vez menos fácil para nuestros gobiernos no escucharla o no tenerla en cuenta.

(*) Algunos ejemplos de esto son la lucha de las comunidades contra la industria siderúrgica de las transnacionales Thyssenkrup y Vale, y la de miles de personas contra la expulsión causada por la construcción de infraestructura para la próxima Copa Mundial de Fútbol. Dicho sea de paso, ambos proyectos pretenden formar parte de la “economía verde”, vendiendo créditos de carbono y “compensando” la destrucción ambiental.

COMUNIDADES, BOSQUES Y PLANTACIONES

- Chile: incendios y represión, el legado del modelo forestal

El año comenzó encendido para Chile; las noticias nacionales e internacionales han divulgado los devastadores incendios que afectan a varias regiones del país. Entre ellas están las de la Araucanía y el Bío Bío, en el centro sur chileno. En esas regiones, se extienden más de tres millones de hectáreas de plantaciones de árboles exóticos, de las cuales más de dos millones –plantadas principalmente con pinos y eucaliptos – pertenecen a las empresas forestales Arauco y Mininco, que fueron afectadas por los incendios.

Para los defensores del modelo de los monocultivos forestales en gran escala y de rápido crecimiento, Chile es el “país estrella”. Este negocio ha sido impulsado por el Estado chileno no solamente con el otorgamiento de grandes subsidios sino también con fuerte apoyo militar. Necesita y utiliza todo este apoyo para hacer frente al conflicto sobre la tenencia de tierras que desencadenó con el pueblo Mapuche, puesto que las plantaciones se expandieron en tierras históricamente suyas.

Además del conflicto territorial con los Mapuches, los monocultivos forestales en gran escala han tenido dramáticos impactos. Se ha denunciado largamente que han desplazado bosque nativo causando con ello la pérdida de plantas medicinales y alimenticias así como fauna; han provocado sequía y afectado recursos hídricos, superficiales y subterráneos ya que son árboles que hacen un uso intensivo del agua; han contaminado ecosistemas por el uso masivo de plaguicidas; han dejado comunidades rurales acorraladas; han destruido caminos rurales por el tránsito de maquinaria pesada; han reemplazado suelos ganaderos y agrícolas con la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria; han transgredido lugares sagrados; han contribuido al aumento de la emigración y la pobreza.

Ahora, el brote de incendios muestra la fragilidad del modelo de monocultivo.El director de Mapuexpress, Alfredo Seguel, advierte la responsabilidad que tienen las empresas forestales en los sucesivos incendios, por la introducción de especies exóticas como el pino y el eucalipto, que generan verdaderos desiertos. Seguel revela cómo los lugares donde estallaron los incendios son los mismos donde se ha expandido la plaga de la Avispa taladradora (Sirex noctilio), que ataca los pinos y provoca su muerte, aumentando así el peligro de las plantaciones como focos de incendio.

A pesar de eso, la reacción oficial ha sido la de reforzar su apoyo a las empresas forestales culpabilizando de la tragedia a las organizaciones mapuches y reprimiéndolas.

La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile), envió una carta pública al Presidente Piñera expresando su preocupación por las operaciones policiales que violentaron a comunidades mapuche así como por su invocación de la ley antiterrorista, la ley 18.314, creada durante la dictadura militar de Pinochet, para reprimir la oposición de la dictadura. La Comisión declara que esta ley “no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso”, y que su “uso arbitrario y discriminatorio en la última década ha generado un estigma” sobre el pueblo Mapuche.

El imperio forestal se desmorona, anuncia Alfredo Seguel. Como todo imperio, frente a la crisis, responde con la violencia y la criminalización de la protesta. Pero el pueblo Mapuche continúa la resistencia, en defensa de sus territorios.

La organización chilena ANAMURI, de mujeres indígenas, exhorta a solidarizarse con la comunidad campesina de Quillón, en la región del Bío Bío, cuyas casas y cultivos, rodeados de plantaciones de pinos y eucaliptos han sido arrasados por los incendios. Para contribuir, dirigirse a lc.irumana@gairaterces, http://www.anamuri.cl, tel +562 672 0019

Artículo basado en información obtenida de: “Chile: la caída del imperio forestal”, Alfredo Seguel, enero de 2012, Mapuexpress.net, http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8057; “Carta al Presidente Piñera”, Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile), enero de 2012, http://notascect.wordpress.com/2012/01/09/carta-al-presidente-pinera-2/

- Brasil: definición de bosque - otro ámbito de resistencia y reconquista

El año 2011 fue elegido por la ONU como el año internacional de los bosques. En el horizonte de Rio+20 y de las conferencias sobre el clima (Sudáfrica) y la biodiversidad (India), los bosques son tema de una intensa campaña discursiva.

Con la evidente importancia de los bosques para la vida del planeta, un conjunto de enunciados pretende movilizar a la opinión pública internacional hacia la necesidad y urgencia de proteger los bosques. Por su función vital en la provisión de agua, alimentos, madera, medicinas, etc.; en la regulación de los ciclos hidrológicos y climáticos; en la descomposición y reproducción de la vida - la defensa de los bosques, como slogan de campaña, parece tener un sentido universal. ¿Quién podría estar en contra de la defensa de los bosques? Se trata de un tipo de campaña discursiva que procura construir un “nosotros” que es, al mismo tiempo, emisor y destinatario de tal campaña.

A la campaña en defensa de los bosques de la FAO y de la ONU se suman, entre otras, la iniciativa Programa de Protección de los Bosques, del Banco Mundial; Nova Floresta: Brasil- Escócia de British Petroleum, y otras iniciativas de las empresas Petrobrás, Fibria, Veracel Suzano, Vale do Rio Doce, Plantar, etc. Además de la iniciativa de las industrias de celulosa y siderurgia “verde”, del manejo forestal sustentable, y del WWF, están las "plantaciones de nueva generación". Se formó incluso un grupo internacional llamado Diálogo Forestal (1), que reúne empresas, sociedades científicas y certificadoras, además de organizaciones ambientalistas.

Cualquier búsqueda en Internet muestra la enorme cantidad de vínculos para la protección y promoción de los bosques. Lo que no se explicita, en las primeras búsquedas y en los títulos, es qué se entiende y se quiere hacer entender cuando se enuncia “bosque”. Una supuesta obviedad del concepto, en general, impide la pregunta: “a fin de cuentas, ¿qué es esto, un bosque?”

Para la FAO, que informa el concepto que rige las conferencias internacionales del clima y de la biodiversidad, los bosques significan: “Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de copa superior a 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura.” (2)

En el Protocolo de Kyoto y en los documentos internacionales sobre el clima, en el mismo sentido de la definición de la FAO, se define al bosque que debe ser defendido y fomentado, por ejemplo, en los mecanismos de flexibilización de las tasas de reducción de los países del Norte, como el MDL (mecanismo de desarrollo limpio). Es bosque la:

“Superficie mínima de tierras entre 0,05 y 1 ha, con una cubierta de copa (o una densidad de población equivalente) que excede del 10 al 30% y con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de entre 2 y 5 metros a su madurez in situ. Un bosque puede consistir en formaciones forestales densas, donde árboles de diversas alturas y el sotobosque cubren una proporción considerable del terreno, o bien es una masa boscosa clara. Se consideran bosques también las masas forestales naturales y todas las plantaciones jóvenes que aún no han alcanzado una densidad de copa de entre el 10 y el 30% o una altura de los árboles de entre 2 y 5 m, así como las superficies que normalmente forman parte de la zona boscosa pero carecen temporalmente de población forestal a consecuencia de la intervención humana, por ejemplo, de la explotación o de causas naturales, pero que se espera que vuelvan a convertirse en bosque.” (3)

Para Claudetina, quilombola sexagenaria de la comunidad de Angelim, em Sapê do Norte de Espíritu Santo, el bosque es: “un lugar donde una iba a buscar frutas y semillas, lianas, madera, plantas, raíces; a cazar y pescar. Era también un lugar de fe”. Claudetina habla del bosque desde su experiencia con la Mata Atlántica de su región, en un tiempo pasado, porque, desde los 20 años de edad, vio cómo su bosque fue cortado y sustituido por el manejo forestal de las empresas Aracruz-Fibria y Bahia-Sul Suzano.

Comparadas con la tesis de Claudetina, las definiciones oficiales son claramente insuficientes y formales, ya que enmarcan el término bosque como una “extensión de tierra” con determinadas características, también cuantitativas, cubierta de árboles en diferentes etapas de crecimiento. ¿Qué especies de árboles son ésas? ¿Con qué usos están asociadas? ¿A quién pertenece la tierra? ¿Hay conflicto o amenaza? Tampoco hay, en el discurso oficial, ninguna referencia a otras formas de vida que habitan los bosques: hongos, vegetación no arbórea, animales, pueblos e inclusive el rico universo inmaterial de la fe de Claudetina.

Una importante clave de interpretación de la gramática hegemónica: el concepto de la FAO, que rige el diálogo forestal, deja implícito que el bosque también (o principalmente) puede ser interpretado y coenunciado como: plantación de una única especie de árbol, de rápido crecimiento y a gran escala. En la definición oficial de bosque subyace este sentido, drenando hacia las plantaciones industriales gran parte de las inversiones financieras, de las políticas públicas y privadas, de la investigación científica.

En Brasil, mientras la fuerte bancada del agronegocio desarticuló el código florestal (ver al final de este artículo) en el parlamento, las políticas tienen como núcleo central la expansión de la “base forestal” de eucaliptos y pinos de los actuales 6,5 millones a 12 millones de hectáreas, fundamentalmente para abastecer a las plantas celulósicas y siderúrgicas instaladas en Espíritu Santo, Minas Gerais, San Pablo, Bahía, y planeadas para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará. El pretexto es múltiple: “recuperar áreas degradadas” en Bahía, “neutralizar el carbono de los mega-eventos en Rio de Janeiro, “evitar el apagón forestal” en San Pablo, “crear un polo forestal” en Maranhão y Pará, “mecanismo de desarrollo limpio” en Minas Gerais, “economía forestal” en Río Grande del Sur. El sentido es más lineal: crear las condiciones simbólicas y sociales, financieras, ambientales y jurídicas de promoción de las plantaciones de eucaliptos de rápido crecimiento.

En las palabras de Claudetina, el Código Forestal no es letra muerta sino que permite transmitir a las generaciones más jóvenes, pos-eucalipto, el sentido de los bosques de galería a lo largo de ríos y nacientes que hoy ya no existen. Le permite hablar de la laguna de Murici, a la que iba a pescar en Angelim, hoy totalmente cubierta y seca, después de 40 años de plantaciones de eucaliptos de Aracruz- Fibria.

La memoria de Claudentina no es solo retroactiva sino que es un elemento central de un discurso de resistencia que se vuelca hacia la reconquista y la reconversión territorial.

Versión resumida del informe: “Que é isto – uma floresta? Marketing verde e o código de Claudentina como resistência discursiva”, de Marcelo Calazans, FASE-ES/Rede Deserto Verde. La versión completa puede leerse en portugués aquí

(1) Cf. DIÁLOGO FLORESTAL. www.dialogoflorestal.org.br.

(2) FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, Anexo 2. Términos y definiciones utilizados em FRA 2010.

(3) Decisão 11/CP-7. Anexo 1 (a) adoptada em Marrakech.

¿Qué es el Código Forestal?

El Código Forestal es una ley de 1965 que establece, entre otras disposiciones, que cada propiedad en Brasil debe mantener un área de Reserva Legal (RL), o sea, una cantidad de vegetación nativa cuyo porcentaje varía desde el 20% en el caso de las regiones de la Mata Atlántica, hasta el 80% de la propiedad en la mayor parte de la selva amazónica. Además, el código establece la categoría de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) para proteger ríos, laderas y cimas de cerros. Con relación a los ríos, dependiendo de su ancho, el Código establece franjas mínimas de 30 metros de protección con selva en cada margen de los mismos. (Boletín Nº 166)

- El monocultivo industrial de árboles en Sudáfrica: la cultura de los curanderos tradicionales enfrentada a la cultura de consumo

En los informes sobre los efectos que tienen las plantaciones industriales de eucaliptos, pinos o palma aceitera sobre la vida de la población, los que se mencionan con más frecuencia son los conflictos por la tenencia de la tierra, la disminución de los recursos hídricos, la falta de oportunidades de trabajo y la destrucción de las economías locales. Raras veces, o nunca, se mencionan los efectos específicos sobre aspectos fundamentales de la cultura de los habitantes, a pesar de que pueden tener consecuencias tremendas, puesto que la cultura de un pueblo está estrechamente relacionada con su identidad, su autoestima, su bienestar e incluso su supervivencia.

Tal es el caso de la medicina tradicional en Sudáfrica. Debido a la expansión de las plantaciones industriales de árboles, los curanderos tradicionales de Bushbuckridge, en la zona norte de Sudáfrica, han perdido o tienen restringido el acceso a zonas con especies de árboles indígenas utilizados en la medicina tradicional, y que son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas. En Bushbuckridge, la organización de curanderos tradicionales tiene su propio centro, situado en medio de la comunidad y asiduamente frecuentado por sus miembros, lo cual muestra la importancia de dichas prácticas. Al no poder acceder a ciertas especies de árboles indígenas, la medicina tradicional corre peligro. Ni los curanderos ni la mayoría de las comunidades afectadas fueron consultados sobre si querían o no las plantaciones industriales de árboles (ver testimonio de un curandero tradicional en inglés aquí).

De hecho, en Sudáfrica y en muchos otros países del Sur, las empresas que promueven los monocultivos de árboles no sólo destruyen las culturas locales sino que intentan introducir un nuevo concepto: la cultura de consumo, cuidadosamente “empaquetada” en un discurso salpicado de lindas palabras como “desarrollo”, “progreso” y “creación de empleo”. Por ejemplo, el director de Stora Enso para América Latina, Otávio Pontes, hablando en un video de 2006 titulado “It is Sweden that is too small” sobre los impactos de Stora Enso en Brasil, defiende sin lugar a dudas la “cultura de consumo” cuando afirma que “El consumo de papel permite medir el nivel de educación de una población. Cuanto mayor es el consumo de papel, más alto es el nivel de educación de la gente” ( www.wrm.org.uy/videos).

Sin embargo, la cultura de consumo que, según ese ejecutivo de la industria papelera, hace que la gente sea más educada cuanto más papel utiliza, tiene muy poco que ver con la educación o la alfabetización, incluso si se considera la educación en sentido restringido, por ejemplo, el consumo de libros para actividades tan importantes como leer, estudiar, obtener información y conocimientos. La mayor parte del papel se consume en embalajes y papel descartable (ver “montañas de papel, montañas de injusticia”, en http://wrm.org.uy/Videos_Esp/Consumo.html). Además, ese consumo se concentra en los centros urbanos, muy lejos de las comunidades afectadas, y está fuertemente asociado a la sociedad industrial, orientada hacia las ganancias y el consumo de productos de todo tipo, que ha llevado a la mayor parte de la población del mundo, justamente la que menos consume, y a la naturaleza misma, a la actual situación de cambio climático, hambre y muerte.

La cultura que promueven los curanderos tradicionales y a la cual pertenecen no está basada en el consumo ni en falsa propaganda como la que usa y aplica Stora Enso para su propio beneficio y el de sus accionistas. Los curanderos tradicionales tienen fuertes raíces en el territorio y basan su actividad en el respeto y el conocimiento de la naturaleza; su objetivo es promover el bienestar y la solidaridad en la comunidad. No se trata de ganancias, ni de consumir cada vez más. Mientras sus prácticas se ven amenazadas, su presencia se vuelve aún más importante, en vista de los problemas a los que se enfrentan las comunidades cuando, rodeadas de plantaciones a gran escala, intentan resistir y conservar su cultura.

Esto ha llevado a Geasphere, una ONG local de Mpumalanga, en el Norte de Sudáfrica, a apoyar a los curanderos tradicionales y sus organizaciones y a trabajar activamente con ellos en la lucha contra la expansión de las plantaciones industriales de árboles. Los curanderos tradicionales participan, por ejemplo, en el caucus sobre el agua, una gran coalición de ONG y organizaciones comunitarias referente a la conservación de los recursos hídricos para las necesidades de la población. De más está decir que las plantaciones industriales de árboles, establecidas principalmente por grandes empresas, están relacionadas con esto, puesto que ha sido demostrado desde hace décadas que provocan la disminución de las reservas de agua.

El ejemplo de la participación de los curanderos tradicionales de Sudáfrica en la resistencia y la lucha contra las plantaciones industriales de árboles ha resultado ser crucial, como se ve también en muchos otros lugares. Se trata de un elemento fundamental para fomentar la solidaridad y crear un movimiento entre las comunidades afectadas. Muestra, una vez más, que la gente debe ser respetada, y que su cultura y educación no tienen nada que ver con el consumo creciente y excesivo de papel.

Por Winnie Overbeek, WRM, yu.gro.mrw@einniw

- Filipinas: la creciente amenaza de las plantaciones de palma aceitera en Palawan

Situada entre el Mar de Sulú y el Mar de China Meridional, Palawan es una de las más bellas islas del archipiélago de Filipinas. La isla mide 450 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho en su parte más amplia. A lo largo de sus hermosas playas, enmarcadas por manglares y por el último bosque perenne de llanura, los arrecifes de coral albergan una biodiversidad marina sin igual.

De los aproximadamente 900.000 habitantes de Palawan, cerca del 20% son pueblos indígenas pertenecientes a tres grupos étnicos principales: Tagbanua, Palawan y Batak, que viven principalmente de la agricultura de montaña (arroz, mandioca, maíz, bananas, cocos, etc.), la pesca, la recolección y la comercialización de productos no madereros del bosque (ver Boletín nº 165).

El Gobierno Provincial de la isla se jacta de que Palawan es “un paraíso como no hay otro”. Y, en verdad, además de su bosque sumamente diverso, el lugar posee siete áreas protegidas, declaradas “Refugio de Caza y Santuario de Aves” desde 1967, y “Reserva de Manglar” desde 1981. En 1990, toda la Provincia de Palawan fue declarada por la UNESCO Reserva de la Humanidad y de la Biosfera. La provincia posee también dos Sitios del Patrimonio Mundial: el Parque Marino de Tubbataha Reef y el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa; este último fue recientemente elegido como una de las Siete Maravillas del Mundo.

Sin embargo, ese espléndido paisaje y esa biodiversidad sin par se ven amenazados y en peligro de devastación debido a las actividades industriales.

La minería, como se denunció en boletines anteriores del WRM (Nº 165 y Nº 172) se ha vuelto un gran problema en Palawan. Los enormes peligros que plantea han provocado una oposición generalizada y han dado lugar a una fuerte campaña que exige el cese de dicha industria en Palawan y en otros ecosistemas isleños, y que, hasta ahora, ha reunido más de cuatro millones de firmas (ver http://no2mininginpalawan.com/). Además, los pueblos indígenas, a través de su red (Aldaw Indigenous Network – Ancestral Land/Domain Watch), han lanzado su propia campaña en línea, contra la minería y también contra la expansión de la palma aceitera (ver http://www.petitiononline.com/PA2010/petition.html).

De hecho, los pueblos indígenas y los agricultores artesanales están siendo amenazados por la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera que el Gobierno Provincial comenzó a promover en ciertas zonas de Palawan en 2003, como parte del objetivo nacional que asignó en ese entonces 20.000 ha para ser plantadas hasta 2011.

A pesar de que en muchos otros lugares – inclusive en los países vecinos de Indonesia y Malasia – las plantaciones industriales de palma aceitera han demostrado tener un impacto negativo sobre el ambiente y las comunidades locales, el gobierno de Palawan estableció en 2004 el Consejo para el Desarrollo de la Industria de Aceite de Palma, para hacer de Palawan una de las provincias productoras de dicho aceite en Asia.

En un informe de Forest Peoples Programme (Oil Palm Expansion in South East Asia. Trends and implications for local communities and indigenous peoples; aquí), Jo Villanueva describe en profundidad el cariz que está tomando la industria de la palma aceitera en Palawan, como parte del establecimiento de diferentes tipos de monocultivos, con inversores privados y plantas de procesamiento. En algunas provincias, la palma aceitera ya está compitiendo con otras palmeras nativas, como la buri ( Corypha elata ), un material de cestería popular, cuyo tronco contiene un almidón comestible, mientras que sus brotes o palmitos (ubud) son también comestibles, crudos o cocidos, así como las pepitas de sus frutos.

En otros casos, las plantaciones de palma aceitera están invadiendo tierras cultivadas y superponiéndose con territorios ancestrales; bosques y campos en barbecho (benglay) son convertidos en plantaciones de palma aceitera. Esto reduce el número de zonas de rotación necesarias para el ciclo de agricultura itinerante tradicional, según la cual las áreas usadas para cultivos deben quedar en barbecho durante varios años para que el suelo recupere los nutrientes y la cubierta vegetal. Si las zonas disponibles no son suficientes, corre peligro la durabilidad del sistema de agricultura familiar indígena (Novellino, D., 2011*). Siempre que una gran extensión de tierra donde se realizan cultivos diversos se transforma en un monocultivo, se requiere aplicar productos químicos, como insecticidas y plaguicidas, que agotan los nutrientes del suelo y liberan dióxido de carbono.

La expansión de la palma aceitera ha provocado la compra y la venta masivas de tierras, la invasión de territorios indígenas, la deforestación – como en el municipio de Quezón, donde se está convirtiendo la selva tropical en plantaciones– y la conversión de tierras; todo esto afecta la soberanía alimentaria de las comunidades locales (ver el video de ALDAW en inglés en http://vimeo.com/16570512).

En el Sur de Palawan, la empresa mixta de Filipinas, Singapur y Malasia, Palawan Palm & Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI), es el principal promotor de las plantaciones de palma y vende toda su producción a la compañía hermana Agumil Philippines Inc. (API), que instalará y manejará una refinería de aceite en Maasin, en la provincia de Brooke's Point, para procesar aceite de palma crudo y pepitas de palma. Por lo menos el 70% de su producción se exportará a Singapur, China y Malasia.

Se calcula que API convertirá más de 8.000 hectáreas de tierras agrícolas en plantaciones de palma aceitera, en los municipios de Brooke's Point, Sofronio Spaniola y Quezón.

Otras plantaciones pertenecen a plantadores contratados por API, tanto individuos como cooperativas. También la empresa de construcción Cavite Ideal International Construction and Development Corporation (Cavdeal), que participa en el proyecto de construcción vial del Sur de Palawan, se ha dedicado al negocio del aceite de palma, para lo cual compró 5.100 hectáreas en los municipios de Brooke's Point y Sofronio Spaniola, mientras que la empresa filipina COH compró un total de 700 hectáreas en el Sur de Palawan, también para la plantación de palma aceitera.

En conjunto, el municipio de Española es el que tiene el mayor porcentaje de tierra dedicada a la palma aceitera, si bien ésta se está extendiendo a otros municipios, como Brooke's Point, Bataraza, Rizal, Quezón, etc.

La campaña de la red filipina de pueblos indígenas ALDAW ha identificado el peligro que representa la expansión de las empresas de palma aceitera y está llamando a implementar reglamentaciones más restrictivas sobre el tema, para detener la deforestación, la destrucción de diversos hábitat, la escasez de alimentos y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

En noviembre, ALDAW invitó al WRM a realizar una visita de campo a los municipios de Española, Quezón y Brooke's Point, para comprobar los crecientes impactos de la expansión de la palma aceitera. Durante esa visita nos reunimos con varios miembros de las comunidades indígenas Palawan, en la aldea de Iraray II del municipio de Española. Éstos se quejaron de que sus plantíos de cocoteros estaban siendo destruidos por una plaga que perforaba el tronco de los cocoteros formando grandes redes de pequeños túneles, y que había comenzado a atacarlos después de que las plantaciones de palma aceitera se esparcieran por la región. El coco es muy importante para la subsistencia, porque provee múltiples productos, y el endocarpio seco (copra) se vende para conseguir dinero en efectivo. La destrucción de los cocoteros representa una amenaza para la economía familiar, y agravará seguramente la pobreza del medio rural en las zonas afectadas. Pudimos ver, en una de las hojas amarillentas de un cocotero marchito, ese insecto rojo que ALDAW ha identificado como el picudo rojo ( Rhynchophorus ferrgineus ), un gorgojo de la palmera originario del Sur de Asia. Seguramente le resulta más fácil atacar a los cocoteros que a las palmas aceiteras, que han sido pulverizadas con insecticida. El estudio de Forest Peoples Programme informa que, sólo en Iraray, han sido atacados más de 1.000 cocoteros pertenecientes a veinte agricultores.

En el municipio de Brooke's Point, el gobierno local de Ipilan publicó, el 11 de noviembre de 2011, la Resolución Nº 55, en la cual intima al Gobierno Municipal (Sangguniang Bayan) de Brooke's Point, al Gobierno provincial (Sangguniang Panlalawigan), al Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan (PCSD), al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y a otros organismos involucrados a “tomar medidas inmediatas para contrarrestar el impacto negativo de las plantaciones de palma aceitera y detener la expansión de dichos planes en la jurisdicción de Barangay Ipilan y comunidades vecinas”, debido a que, en algunos lugares, el avance de la palma aceitera “ya está compitiendo e invadiendo áreas cultivadas (por ejemplo, arrozales) en las que se basa la autonomía local”, y a que “también se está expandiendo en tierras indígenas dejadas en barbecho ( benglay ), perjudicando así la viabilidad del sistema agrícola indígena ( uma )”. Además, “los herbicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera están afectando la biodiversidad local, causando la muerte de varias especies de aves, como ha sido confirmado por agricultores e indígenas”.

La expansión de la palma aceitera tiene graves repercusiones en el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, no sólo porque los productos químicos tóxicos utilizados en las plantaciones contaminarían las cuencas y reservas de agua, sino porque los acuerdos de renta y alquiler con las empresas llevan a la pérdida de acceso y de control sobre sus tierras y recursos naturales.

La resolución reconoce que “existe poca información sobre los procesos y procedimientos [‘contratos de renta' y ‘arrendamiento de tierras'] que llevan a otorgar a las empresas de aceite de palma permisos de conversión de tierras y de desmonte”; “algunos miembros de comunidades indígenas han ‘arrendado parte de sus tierras a compañías aceiteras sin saber con claridad de qué tipo de ‘acuerdos' se trataba y sin recibir contratos claros firmados por las empresas”.

Se fomenta el cultivo de palma aceitera en nombre del “desarrollo”, pero ¿el desarrollo de quién? Según ALDAW, “cuando los granjeros de las tierras bajas de Palawan hablan de ‘desarrollo agrícola', lo que más les interesa es cómo mejorar sus cultivos de arroz y encontrar un mercado estable para sus cocos y otros productos agrícolas menores. Cuando los indígenas de las tierras altas hablan de ‘desarrollo agrícola', se refieren a la disponibilidad de suficientes tierras boscosas donde realizar su agricultura itinerante de arroz y otros productos (boniatos, mandioca, taro, maíz, sorgo, etc.)”.

Las plantaciones de palma aceitera, por su propia naturaleza, no son ecológicamente válidas pues disminuyen la biodiversidad, y ciertamente no son una opción sustentable para los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.

La oposición a la palma aceitera está aumentando en Palawan, y pronto se iniciará una nueva campaña internacional para detener su expansión.

Por Raquel Núñez, WRM, yu.gro.mrw@unleuqar, en base a la visita a Palawan dirigida por el equipo de ALDAW INDIGENOUS NETWORK (Ancestral Land/Domain Watch), y a informes sobre el tema elaborados por Dario Novellino, de ALDAW.

(*) The Status of Oil Palm Plantations on Palawan Island (The Philippines), Dario Novellino, 2011.

– Plantaciones industriales de palma aceitera detrás del acaparamiento de tierras en Sierra Leona

Durante 11 años – desde 1991 hasta 2002 – una violenta guerra civil, alimentada por la distribución no equitativa del poder y los recursos, diezmó la población de Sierra Leona. El país se enfrenta ahora a la inseguridad alimentaria y se ha convertido en importador neto de alimentos, debido no sólo a la guerra sino también a las recetas del Banco Mundial y del FMI. Con el fin de fomentar una economía basada en el mercado, esas instituciones impusieron políticas que restringieron los programas agrícolas estatales y las inversiones en agricultura.

Ahora, el gobierno promueve la “agricultura para el desarrollo”, siguiendo el modelo agroindustrial, con fincas más grandes y más mecanizadas, y con incentivos para la inversión extranjera en cultivos a gran escala, especialmente de caña de azúcar y palma aceitera para la fabricación de agrocombustibles. El acceso de los inversores a la tierra se ve facilitado por varias medidas, como la exoneración de impuestos durante 10 años para las inversiones en plantaciones industriales de árboles.

El resultado es un proceso de acaparamiento de tierras; tierras previamente dedicadas al cultivo de alimentos son hoy puestas a disposición de grandes empresas, por medio de arrendamientos que suelen ser a largo plazo, para la producción de productos no alimenticios con destino a exportación. El informe sobre Sierra Leone preparado por el Instituto Oakland (1) revela que “unas 500.000 ha ya han sido arrendadas a grandes inversores agrícolas, en su mayoría extranjeros”, alegando que sólo entre el 12% y el 15% de la tierra arable está siendo “utilizada” o “cultivada”, lo cual implica que el resto está disponible para los inversores.

Sin embargo, como explica el informe, el 60% de la tierra arable de Sierra Leona está ocupado por pequeños propietarios que aplican un sistema llamado barbecho forestal, en el que los campos se cultivan durante unos pocos años, hasta que dejan de ser fértiles, y luego se dejan en barbecho durante 10 a 15 años. Ese período de inactividad cumple importantes funciones: recuperación de los nutrientes del suelo que permite el rebrote de muchas especies de plantas y árboles, conservando así la biodiversidad; captura de carbono; protección de cuencas y reservas de agua. Además, el sistema permite obtener leña, madera para construcción y herramientas, forraje para el ganado, plantas medicinales, ñame silvestre, carne de animales salvajes, frutos silvestres. Todos estos elementos son vitales para las comunidades.

El gran valor ambiental, social y económico del sistema de barbecho forestal está siendo desmantelado por políticas que permiten a grandes compañías extranjeras abalanzarse sobre Sierra Leona para tratar de llenar sus arcas. El Instituto Oakland informa que Quifel Agribusiness (SL) Ltd. (filial de Quifel Natural Resources de Portugal) adquirió 126.000 ha, principalmente de tierra agrícola de llanura o de barbecho forestal, en el distrito de Port Loko, situado en la región oriental del país. La compañía se dedica a la energía renovable y la agroindustria, y tiene una fábrica de biodiésel en Brasil.

Tres contratos de arrendamiento fueron firmados en los subdistritos de Masimera, Koya y Loko Massama, todos ellos por un período de 49 años con la posibilidad de renovarlos por 20 años más, a USD 5 la hectárea; este monto aumenta cada año hasta llegar a USD 8 por hectárea. Según el informe del Instituto Oakland, los tres subdistritos en los que se ubican las tierras arrendadas por Quifel están habitados por pequeños propietarios que cultivan arroz en arrozales de llanura denominados bolilands, así como palma aceitera para uso local, mandioca, patata dulce, ananá, taro, porotos, maíz y muchos otros vegetales, además de mangos, bananas, papayas, cocos, naranjas, limones y pomelos. Producen para su propio consumo y venden el excedente. Cuando los pequeños agricultores de la comunidad de Petifu, subdistrito de Loko Massama, vieron que sus barbechos forestales eran talados para despejar la parcela de Quifel, organizaron una protesta, manifestando que habían sido engañados para que cedieran sus tierras fértiles.

En general, se suele contratar a “agentes” locales, como “coordinadores” para negociar los arriendos. A las comunidades locales, los jefes y los propietarios se les hace creer que el arreglo sólo les aportará beneficios. Los acuerdos carecen de transparencia, las personas potencialmente afectadas no son consultadas, y los riesgos posibles, como la pérdida de campos o los impactos ambientales negativos, no son siquiera mencionados; tampoco se realiza ningún análisis de los efectos sobre la sociedad y la salud.

Las principales razones por las cuales los propietarios y jefes aceptaron arrendar sus tierras fueron las promesas de empleo y otras supuestas oportunidades de “desarrollo”. Sin embargo, no se conoce ningún informe ni documento que indique cuántos empleos serán creados o si dichos empleos compensarán la pérdida de ingresos y la disminución de la producción de víveres. Hasta ahora, las posibilidades de empleo han sido muy restringidas.

Otra empresa agroindustrial que invierte en Sierra Leone y que fue estudiada por el Instituto Oakland es la compañía Sierra Leone Agriculture (CAPARO Renewable Agriculture Developments Ltd.), que se dedica a la producción de palma aceitera para agrocombustibles, aceite comestible y jabón, y que arrienda entre 43.000 y 46.000 ha para realizar las plantaciones correspondientes.

Según datos recabados por el informe y suministrados por la empresa, el arriendo en Sierra Leona es por 45 años, con la posibilidad de renovarlo cada 21 años, y abarca 43.000 ha, para establecer allí plantaciones de palma aceitera con destino a la producción de aceite de palma para el mercado local. El proyecto incluiría refinerías y plantas de procesamiento y supuestamente creará entre 3.000 y 5.000 empleos. Sin embargo, el Instituto Oakland advierte que nada de esto ha sido dado a conocer públicamente en el país.

En lo que respecta a las mujeres, el informe constata que son “extremadamente vulnerables en cuanto a las negociaciones sobre tierras. Si bien representan una parte muy importante de la población agrícola y son esenciales para la seguridad alimentaria, las mujeres (salvo en algunos casos excepcionales) no son legalmente propietarias de tierras. Debido a esto, suelen no estar presentes en las reuniones con los inversores y, cuando lo están, no pueden votar. En muchos casos ni siquiera se enteran de que la tierra que cultivan está siendo arrendada. Así, no es extraño que las mujeres no tengan derecho a percibir una parte del arriendo, aún cuando pierden su tierra”.

Existe actualmente una fuerte presión para reformar rápidamente el sistema de tenencia de tierras en Sierra Leone. Este proceso, financiado por el Banco Mundial, parece responder al deseo de facilitar la inversión agrícola a gran escala. El Instituto Oakland dice que “se teme que la reforma del sistema de tenencia, al favorecer a los inversores, pase por alto los derechos de la población, y en particular los de las mujeres. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil temen que la inversión extranjera desplace a las agricultoras que no poseen título de propiedad de su tierra y que, por lo tanto, no pueden aspirar a obtener compensación”.

La palma aceitera fue siempre un cultivo tradicional en muchas comunidades africanas, pero ahora que está en manos de grandes empresas codiciosas debido a la demanda internacional de aceite de palma y agrocombustibles, se ha convertido en una amenaza. Sin embargo, crece la conciencia sobre el problema. La ONG Green Scenery, de Sierra Leona, ha denunciado la situación de numerosos agricultores que reclaman al gobierno la renegociación del contrato de arrendamiento de 40 años sobre casi 6.500 hectáreas de tierras agrícolas de primera con Socfin Agriculture Company Sierra Leone Ltd (Socfin SL), subsidiaria de la empresa belga Socfin. Los campesinos argumentan que no fueron debidamente consultados y que los estafaron: “la compensación por las plantaciones y la renta anual de la tierra resultan ridículas frente a lo que representa la pérdida de la tierra y del medio de sustento de las familias rurales” (2). La respuesta a la reivindicación ha sido cárcel e inminentes sentencias judiciales.

La organización Salva la Selva ha lanzado una acción de protesta para detener el proyecto de plantación de SOCFIN y restituir la tierra a los agricultores. Pueden participar en ella, en https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/814?mt=1264.

Artículo basado en: (1) “Understanding Land Investment Deals in Africa. Country Report: Sierra Leone”, The Oakland Institute, 2011, aquí; (2) Our Concern, informe de Green Scenery sobre el caso Socfin, aquí

- Bolivia: nunca más sin sus pueblos indígenas en aislamiento y en situación de alta vulnerabilidad

El 7 y 8 de diciembre de 2011 tuvo lugar un encuentro en la ciudad amazónica de Cobija, Bolivia, para analizar la condición de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en situación de extrema vulnerabilidad de la Amazonía y el Gran Chaco, y establecer un plan de acción en torno a su defensa.

Pablo Cingolani informa sobre el encuentro y reflexiona sobre el mismo. A continuación extraemos y adaptamos algunos de los conceptos y conclusiones vertidas en el documento que puede leerse completo en español aquí

En los últimos cinco años, en el marco de una movilización social y cultural impresionante, Bolivia ha vivido (y vive) una época de cambios. Hoy, como nunca, la problemática de los pueblos originarios –sobrevivientes de un genocidio que empezó en el siglo XVI y de un etnocidio que continúa- está en debate, enriquecido y cargado de dinamismo humano sensible y multiplicador y de significados históricos, presentes y por venir.

Si hace sesenta años, el proceso nacionalista buscó integrar al indio de las tierras altas y diluir su identidad en el mestizaje y el sindicato agrario, a la vez que desconocía –en el caso de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas- sus territorios, sobre los cuales lanzó –sucesivamente, a lo largo de décadas- trágicos planes de invasión y dominio estatal-privado sobre los mismos, hoy, el conflicto no sólo sigue abierto y pendiente de resolución, sino que a la vez se vuelve descarnado, ya que se inscribe y se potencia creativa y contradictoriamente en el nuevo entramado legal de derechos –que la nueva Constitución consagra- y en esa movilización permanente de los sectores sociales, que ha signado la última década de la vida nacional.

El encuentro, convocado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), se llevó a cabo con la presencia de (casi) todos los actores intervinientes y convergentes en la problemática de los pueblos en aislamiento y en extrema vulnerabilidad. Estuvieron presentes el gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo, las regionales de la CIDOB, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en La Paz.

Se escucharon diversas ponencias y denuncias sobre situaciones que viven los pueblos en aislamiento, en contacto inicial y en extrema vulnerabilidad pero sobre todo se debatió profundamente la elaboración de un plan de acción mínimo y de ejecución inmediata y de carácter permanente para establecer, por primera vez en la vida democrática del país, una agenda visible y propositiva en defensa de los derechos de los pueblos más olvidados de todos.

La declaración y el plan de acción reconocieron que es urgente y necesario la aprobación de una ley marco de defensa y protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, en Contacto Inicial y en Alto Grado de Vulnerabilidad, y en ese sentido se ve como positivo el anteproyecto de ley elaborado por el Viceministerio de Justicia del Estado Plurinacional.

Se definió como imperioso iniciar un proceso de demarcación y control de todos los territorios indígenas, pero especialmente de aquellos territorios donde habiten Pueblos Indígenas en Aislamiento, en Contacto Inicial y en Alto Grado de Vulnerabilidad. Esto implica que las grandes obras de infraestructura al servicio de proyectos extractivos y agro industriales no pueden seguir cobrando víctimas, devorando pueblos, promoviendo el etnocidio y el genocidio.

Se estableció un plan de acción mínimo que implica: la demarcación y salvaguarda de una zona de reserva para el pueblo indígena Toromona y otra para el pueblo indígena Pacahuara, para la protección estricta del mismo y la intangibilidad de su territorio; el establecimiento de una zona de refugio especial para segmentos del pueblo indígena T´simane en condiciones de muy extrema vulnerabilidad; el llamado a la conformación de comisiones de trabajo multidisciplinarias e interinstitucionales encabezadas por la CIDOB para la identificación de otras zonas de refugio de pueblos o segmentos de pueblos indígenas existentes en el territorio nacional, como las que habitan segmentos de los pueblos Aaona, Chacobo, Yuqui, Mosetén, Ese Ejja, Yuracaré y otros a determinar; y la posterior creación de Zonas de Reserva Absoluta Ayoreo, excluyendo cualquier posibilidad de afectarlas con cualquier tipo de actividad hidrocarburífera y/o minera dentro de sus territorios.

El pronunciamiento final expresa: “Si hace casi tres décadas, se proclamó que Bolivia no podía vivir más sin sus pueblos indígenas, hoy con la misma fuerza y la misma convicción, proclamamos que Bolivia y su Estado Plurinacional sólo podrá existir y ser pleno y digno si defiende y protege a los últimos Pueblos Indígenas en Aislamiento, en Contacto Inicial y en Alto Grado de Vulnerabilidad de la Amazonía y el Gran Chaco”.

“Bolivia nunca más sin sus pueblos indígenas en aislamiento y en situación de alta vulnerabilidad”.

- Ecuador: pronunciamiento en defensa de la Pachamama y de la vida

Con motivo del 15º aniversario del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y en homenaje a Ricardo Carrere (quien hasta diciembre de 2010 fue coordinador del WRM), se realizaron en la ciudad de Quito, Ecuador, las “Jornadas de Pensamiento Ecologista, Ricardo Carrere” (*).

Representantes de pueblos indígenas de la región y redes y organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales se reunieron para aportar los conceptos y análisis resultantes de su trabajo en diversos ámbitos de lucha vinculados al ambiente. Se reflexionó cómo desde el ecologismo ha sido posible integrar conceptos, vincular distintas corrientes y temas, identificar las relaciones de unas actividades con otras y de estas actividades con el poder, así como los vínculos existentes entre el ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, partiendo del reconocimiento de la existencia de valores ancestrales de los pueblos indígenas y su relación con la Pachamama

Otro gran aporte es generar la información resultante de esos análisis como aporte al fortalecimiento de comunidades y organizaciones en sus luchas.

El homenaje a Ricardo Carrere estuvo presente en todo momento ya que su aporte ha sido fundamental al pensamiento ecologista internacional. Ricardo no solo contribuyó con su pensamiento sino que rescató la necesidad de un continuo espacio de expresión que nos llevara a escuchar, pensar, reflexionar y hacer.

El “ Pronunciamiento en defensa de la Pachamama y de la vida ”, reflexión final del encuentro, reafirma la decisión de “mantenernos en resistencia para defender nuestra vida como pueblos y nuestros derechos territoriales. Sólo sobre esta base es posible un Sumak Kawsay, entendido como la vida en plenitud, en armonía con la naturaleza”.

El documento final analiza que “Venimos de un proceso histórico de enfrentar al capitalismo, a la modernización que deshumaniza y mercantiliza la vida, y en tiempos actuales, a la ‘revolución ciudadana', que con estrategias, discursos y banderas distintas pretenden seguir despojándonos de nuestras fuentes de vida. No nos reconocemos pobres, pues si lo fuéramos, las empresas y el estado no nos tuvieran en su mira para quitarnos el agua, la biodiversidad, riquezas naturales que se han convertido en las nuevas bases de acumulación capitalista bajo los criterios de la perversa 'economía verde‘ que se busca imponer como la nueva forma de enriquecimiento de las empresas”.

“En muchos de nuestros pueblos, la palabra ‘pobre' no existe. En el kichwa, por ejemplo, se ha adaptado el concepto a la palabra ‘wakcha', que literalmente significa ‘huérfano/a', pues para este pueblo, pobre es quien carece de familia o comunidad, y por tanto no tiene cómo aplicar la complementariedad, la solidaridad y la reciprocidad, porque se convierte en individualista”.

El documento final señala, entre otras cosas, que: “A propósito de los ‘servicios ambientales', rechazamos que se quiera reducir a la naturaleza y sus funciones a ‘recursos' y ‘servicios', sabemos que el lenguaje es otro mecanismo de dominación e imposición. Nuevamente, basados en nuestras culturas, en las cuales estas nociones no existen, no aceptamos tales palabras; la Pachamama no es un recurso y no presta servicios. Como dice Taita Lorenzo Muelas, del Pueblo Guambiano-Misak de Colombia: ‘El Derecho Mayor indígena originario es legado por nuestros antepasados, es imprescriptible, inalienable e intransferible y no está en venta en todo el continente'.”

Y expresamente, con respecto a la situación en Ecuador, se pronuncia un categórico rechazo a: “cualquier pretensión de ampliar la frontera petrolera en el país; y de manera particular en el Parque Nacional del Yasuní, bloque ITT, 31 y campo Armadillo; territorios indígenas y de los pueblos en aislamiento voluntario. Creemos en la iniciativa de mantener el crudo bajo suelo como el primer paso hacia un país, y un mundo, post-petrolero. No es por dinero que defendemos el Yasuní, y otros lugares amenazados, sino porque estamos conscientes de todo el daño que ocasiona la explotación petrolera en todas sus fases. En las zonas ya afectadas demandamos un proceso de reparación integral y la cancelación del Complejo Petroquímico de la Refinería del Pacífico.

Nos solidarizamos con los hermanos y hermanas que han sido criminalizados, desalojados, reprimidos, por defender el agua, sus tierras y territorios, utilizando mecanismos ilegales y la fuerza pública. Con esto se quiere intimidar para acallar las voces que se oponen a este modelo. No entendemos cómo es que se tilda de terroristas a quienes defienden su propia casa, a quienes defendemos a nuestra Madre.

Repudiamos los hechos de violencia y desalojo acaecidos en Río Grande (Manabí), a causa de la construcción de una represa, y en la comunidad Topo (Tungurahua), reprimida para hacer viable una hidroeléctrica de interés de un poderoso grupo económico. De igual manera rechazamos el chantaje ejercido sobre el Pueblo Secoya a causa de una historia marcada por el petróleo, las plantaciones de palma, los servicios ambientales e incluso la militarización en nombre de la conservación.

Rechazamos todo proyecto extractivista y monocultivos industriales que atenten contra los derechos de la naturaleza. Exigimos la salida de estas empresas.

Nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras afectadas, pues compartimos su mismo espíritu de lucha y resistencia. Más allá de cualquier acuerdo y convenio que se ha impuesto sobre los pueblos, nos queda seguir el camino de la resistencia para defender los territorios, ejerciendo los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y los que protegen los derechos humanos y de la naturaleza”.

Finalmente se anuncia que: “Nuestra lucha es en defensa de la vida, por eso es sagrada y no violenta. Seguimos, luego de tantos siglos, siendo custodios de la Pachamama con sus bosques, páramos, ríos, manglares... Por eso se nos califica de salvajes e ignorantes, para justificar su intervención ‘civilizadora' y ‘modernizadora'. Como diría Galeano, ‘en este mundo, la palabra y el hecho pocas veces se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan'. Nosotras y nosotros queremos, como lo han hecho siempre nuestros pueblos, continuar rompiendo esta fragmentación, vivenciando y poniendo en práctica el Sumak Kawsay, no solo como palabras bonitas, sino en complementariedad, solidaridad y reciprocidad tanto entre nuestros pueblos como con la sagrada tierra, y resistiendo. Nuestra propuesta política es construir un poder de todos los pueblos para defender la Vida en plenitud”.

(*) El encuentro, convocado por la Red de Ecologistas Populares y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, se realizó en Quito, Ecuador, los días 17 y 18 de noviembre de 2011. El Pronunciamiento final puede leerse completo aquí

NOTICIAS BREVES

- Nuevo reclamo ante la FAO para definir al bosque por su verdadero significado

El 21 de enero, en el marco de la “Semana Verde” de Berlín, la organización Salva la Selva entregó al Director de la FAO más de 27.000 firmas de apoyo a la iniciativa encabezada por 613 científicos y profesionales de distintas disciplinas que abordan el estudio de la naturaleza de todo el mundo, que reclama a la FAO la modificación de su definición de bosques.

La definición del organismo ha permitido la sustitución de bosques primarios por monocultivos de árboles de especies exóticas, sin que ello se considere deforestación. Esta definición también ha permitido llamar “bosques” a monocultivos industriales de árboles que se expanden a expensas de la destrucción de otros ecosistemas. Por otro lado, la actual definición no contempla la complejidad estructural de los complejos ecosistemas boscosos ni su capacidad de mantener la biodiversidad o almacenar carbono así como tampoco el rol fundamental que juegan en la vida de las poblaciones locales.

Las firmas fueron recogidas por dos campañas organizadas por Salva la Selva y el Movimiento Mundial por los Bosques WRM.

Queda esperar una pronta respuesta positiva de la FAO en la dirección sugerida por la iniciativa.

- Carta abierta contra la “economía verde” y por la vida

La Convención de Diversidad Biológica y los Gobiernos de Ecuador, Suecia, Noruega, India y Japón celebrarán del 6 al 9 de marzo de este año un “Seminario de Diálogo Global sobre el Aumento del Financiamiento para Biodiversidad” en la ciudad de Quito, Ecuador. El propósito enunciado es el de acordar “mecanismos y recursos financieros” para la biodiversidad.

La organización ecuatoriana Acción Ecológica hace un llamado a suscribir una carta abierta que se presentará ante los participantes del seminario, en la que se denuncia la intención de convertir a la biodiversidad en una parte fundamental de la llamada “economía verde”, que se procura consolidar en los acuerdos de la próxima Cumbre Río+20.

“Con los mismos discursos de alivio de la pobreza, conservación y sustentabilidad que beneficiaron a los sectores industriales, militares y financieros, tratan de convencernos nuevamente que la ‘economía verde', impulsada por los mismos actores, es la solución, se expresa en la carta, la cual denuncia que: “En la práctica, se pretende profundizar la aplicación de medidas neoliberales frente al problema del clima, al manejo de la biodiversidad o a la protección de los bosques”. Como parte de este proceso se identifican “las falsas soluciones al cambio climático, como los Mecanismos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitadas) o la economía llamada TEEB (Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad). Marañas de propuestas que buscan en esencia el control de tierras, bosques, agua y biodiversidad como recurso de compensación por la pérdida de biodiversidad, o como materia prima de nuevas tecnologías”.

Las organizaciones, redes y movimientos sociales firmantes exhortan a los gobiernos convocantes a la reunión de Quito a detener la mercantilización de la naturaleza; impedir el avance de la Economía Verde y “actuar en concordancia con modelos de sociedades distintos del sistema capitalista depredador y que son construidos sobre principios comunitarios y formas de relación con la naturaleza basadas en el cuidado de la vida”.

Para suscribir la carta pueden escribir a: gro.acigolocenoicca@somari, con una copia a: gro.acigolocenoicca@yennovi, o a través de la página web de Acción Ecológica: www.accionecologica.org

La carta puede ser leída en aquí

- India: fábrica de Michelin amenaza bosque de los Intocables

La construcción de una fábrica de neumáticos de la empresa francesa Michelin afectaría bosques, campos de arroz y lagos de la zona de los llamados “intocables”, en el estado de Tamil Nadu, en la zona sur de la India. Unas 1500 familias de intocables sin tierras dependen del cultivo de hortalizas y del bosque del que obtienen hierbas medicinales y frutos salvajes. Sobre todo en la estación seca, cuando las reservas de arroz se acaban, sus vidas dependen de lo que les ofrece la naturaleza. Otras 13 comunidades circundantes también dependen de los bosques y el agua.

Las huelgas de hambre y manifestaciones contra la construcción de la fábrica han obtenido como respuesta golpes y en algunos casos prisión desde febrero de 2011.

Llamamiento a la solidaridad internacional: firma una carta que reclama anular el proyecto Michelin India para salvar el bosque de los Dalit, en https://www.salvalaselva.org/mailalert/822?mt=1273

- Indonesia: represión policial en apoyo al Proyecto Bima, de minería de oro

La policía indoensia atacó a una manifestación pacífica que se llevó a cabo el 24 de diciembre de 2011 en SAPE Harbor, matando a tres personas y dejando heridas a por lo menos otras veintinueve.

Los manifestantes eran miembros del Frente Popular Antiminero (FRAT) y expresaban su oposición al Proyecto Bima, de minería de oro, propiedad de la compañía australiana PT. Arc Exploration Ltd. La explotación minera significará el desmantelamiento de las tierras agrícolas y la alteración de los recursos hídricos, con consecuencias muy perjudiciales para el ambiente y las vidas de la población local, principalmente dedicada a la pesca y la agricultura.

En solidaridad con los manifestantes se firmó una carta internacional, manifestando el apoyo a su lucha legítima por sus derechos y por la protección de los intereses de su comunidad ( aquí).

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