Jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, México

“Nos paramos y no volveremos a estar de rodillas”

La región norte de México es hoy día un polo de concentración financiero-productivo enfocado al apoyo de medianos y grandes empresarios agroexportadores. Desde los ochenta comenzó a incrementarse el fenómeno de migración interna sobre todo de jornaleros agrícolas temporales. Ésta dinámica interna se intensifica, entre otros factores como resultado de la consolidación de una agenda neoliberal que comenzó a ponerse en marcha a partir del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) cuyo gobierno se encargó de concretar lo que se conoce como Contrarreforma Agraria en 1992, así como de allanar el camino para la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y su entrada en vigor hacia 1994. Tal agenda neoliberal ha implicado drásticos cambios en la política económica del país al regirse cada vez más profundamente bajo esquemas de ventajas comparativas implicando el paulatino debilitamiento de la producción de granos básicos, la desarticulación de proyectos o estrategias de desarrollo con fines de dinamización económica endógena, así como el retiro de subsidios o cualquier apoyo gubernamental de carácter financiero-productivo para pequeños productores (a no ser en el marco de una política asistencialista), cuyo tipo de unidad productiva de menos de 5 hectáreas predomina en el país sobre todo  en las regiones centro y sur.

Hacia los noventa la industria hortícola de exportación al norte del país se reestructura tecnológica y económicamente para cumplir con los requisitos de exportación sobre toda hacia Estados Unidos. Paralelamente los empresarios y autoridades al norte del país impulsaron el asentamiento de miles de jornaleros en zonas aledañas a los campos agrícolas, por lo que las luchas desde abajo se concentraron desde entonces en demandas de vivienda digna frente al crecimiento de colonias de jornaleros. Debido a las condiciones de miseria e insalubridad en las que tienen que habitar hasta la fecha en los ranchos agroexportadores en que laboran, los jornaleros agrícolas salen de estos campamentos o cuarteríos para buscar su propia casa o terreno y para exigir los mínimos servicios necesarios, pero ninguno de los municipios da respuesta a los derechos y demandas de los campesinos. Tres décadas de crisis en el campo mexicano ligadas a los ajustes estructurales neoliberales arriba mencionados, son antecedente de la migración masiva de jornaleros agrícolas quienes por necesidad viajan hacia estos enclaves económicos teniendo que vivir en condiciones de hacinamiento, aislamiento, exposición a sustancias tóxicas, endeudamiento, precariedad en las viviendas y explotación de trabajo.

El VSQ, la geografía que contextualiza ésta lucha, se encuentra en la región semidesértica del norte de México que se ha venido consolidado como uno de los polos de atracción para jornaleros agrícolas migrantes junto con otros 19 estados del país. Ahí se siembra con semillas mejoradas y fertirrigación, invernaderos computarizados y plantas empacadoras. Hay aproximadamente 8 mil hectáreas de tomate, fresa, pepino, cereza y cebolla de exportación, la mayoría protegidas por malla sombras e invernaderos.  La zona del VSQ se configura por 5 delegaciones (Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y el Rosario) que comprenden el 70% del territorio de Ensenada, Baja California con una población de 95 mil habitantes de los cuales aproximadamente el 80% son inmigrantes.

En el país se calcula la presencia de 3.2 millones de jornaleros agrícolas (Red de Jornaleros Internos, 2015), de los cuáles 1.2 millones migran a diferentes zonas agrícolas para la cosecha de flores, frutas, hortalizas, caña de azúcar o café. Se estima que hoy día hay 80 mil jornaler@s en el VSQ de los que sólo 32 mil se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los principales lugares de emisión de jornaleros agrícolas migrantes se encuentran en los municipios de los estados más pobres de México como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz e Hidalgo teniendo como principales comunidades originarias a los mixtecos, zapotecos, triquis, tlapanecos, amuzgos, nahuas, purépechas, tarahumaras y tepehuanos.

La región del Valle se caracteriza por la alta escasez de transporte público y por su aislamiento condición que ha obligado a los pueblos a instalarse a lo largo de la Carretera Transpeninsular, principal vía de comunicación y transporte para la industria agroexportadora que fue tomada en señal de protesta con el comienzo del paro laboral. La ocupación o colonización bordea 137 km. de la Carretera Transpeninsular, hay aproximadamente 29,656 viviendas con un promedio de 3.19 personas en cada una, muchas con una sola habitación, piso de tierra, techo de cartón y plástico donde los muebles son un lujo inalcanzable para la mayoría de los jornaleros agrícolas. Los cuarterios donde habitan son construcciones rectangulares de 3×3 m2 que sirven de dormitorio y cocina hasta para cinco personas. En todos estos cuarterios se comparten servicios sanitarios donde hay un espacio para asearse y bañarse y otro con el excusado donde sólo los divide una cortina de plástico. Estos conjuntos habitacionales están custodiados por guardias de seguridad, hay control de horarios, de visitas, de energía eléctrica, de entrada y de salida.

La vida de un jornalero comienza desde las tres de la madrugada momento en que las mujeres se levantan para preparar la comida a la luz de velas o de fogones. La jornada laboral, que oscila entre 10 y 15 horas los siete días de la semana con un tiempo de descanso de 15 a 20 minutos, comienza hacia las 6:30 cuando entran al surco a sacar plástico, deshierbar, azadonar, plantar, anillar, enredar y desbrotar. Dependiendo de la temporada pizcan fresa, frambuesa y arándanos por los que reciben entre ocho y diez pesos por caja, producto que finalmente se exporta con un precio aproximado de 28 a 30 dólares. Cortan calabazas, pepino, tomate, cebolla, coles de Bruselas, apio, chícharo y ejote recibiendo salarios que van de los 120 a los 150 pesos mexicanos por día.  El 90% de esta población flotante y permanente no cuenta con un contrato formal  [1] ligado a este indicador esta la constante exclusión institucional de la que los campesinos son blanco desde sus lugares de origen motivo por el cual el 81% no han logrado concluir la secundaria y no cuentan con acta de nacimiento lo que convierte en inaccesible cualquier reclamo de acceso a la salud o demanda por antigüedad de trabajo.

De ahí la relevancia del levantamiento colectivo que los jornaleros agrícolas comenzaron a articular desde marzo de 2015 para visibilizar las indignas condiciones de vida en las que se encuentran como producto de estructurales violaciones de sus derechos más fundamentales, de las pésimas condiciones de vivienda (insuficiente electricidad y  alumbrado público, falta de agua potable, de pavimentación, de drenaje, escasez de centros de abasto, escuelas y servicios de salud), de la sobre-explotación laboral y de la vulnerabilidad no sólo respecto a las condiciones de trabajo que enfrentan sino por la política de exclusión social que se hilvana desde sus lugares de origen. La ausencia de otra opción de empleo, así como la forma de subcontratación laboral a través de ‘los enganchadores’, quienes van a los pueblos de origen para atraer mediante engaños a l@s jornaleros agrícolas hacia los centros productores prometiendo una vida y trabajos dignos por el pago de un salario justo que jamás cumplen, suponen un vínculo fundamental con el que consiguen que l@s campesin@s emprendan viajes de traslado de hasta 60 horas a este polo de atracción laboral. Tal como señalan las Mujeres en defensa de la Mujer y la Red de Jornaleros Internos, sólo la necesidad extrema explica la asunción de estas condiciones de trabajo ya que es la única oportunidad que les llega.

Este enclave agroexportador, que se coloca entre los más redituables del país donde se generan 6 mil millones de pesos mexicanos al año por comercialización y exportación de productos agrícolas (Heras, 2015), es también muestra de la generalizada explotación infantil que existe en buena parte de los centros productivos del país. Para el caso del VSQ se tiene constancia de la presencia de ‘cuadrillas de pitufos’ conformadas por 35 o 40 niños manejados por personas mayores para desyerbar o hacer otras actividades que los encargados califican de livianas. En este sentido, diversos líderes del movimiento dan testimonio que esta situación cobra realidad en complicidad con la Secretaria del Trabajo de la entidad quienes solapan y ocultan la utilización del trabajo infantil por parte de las empresas. Al respecto Adelita San Vicente de Semillas de Vida también señala la necesidad en la que se ven l@s trabajador@s agrícolas (bajo tales condiciones de explotación laboral ya que mayor tecnología y aumento de productividad significa dinámicas de sobre explotación para l@s jornaler@s debido a que se paga por trabajo a destajo 120-150 pesos al día por aproximadamente 6 surcos de 80 a 100 metros cada uno) para incorporar al trabajo a sus hijos y parejas con el fin de asegurar los ingresos suficientes para una familia, en sus palabras “Los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos porque se les paga a destajo. El producto de la labor de todos ellos, se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado”.

El Valle de San Quintín es solo una muestra del abuso laboral estructural y sostenido por décadas en diferentes geografías del país. Refleja una realidad presente en por lo menos 19 entidades federativas donde prevalece la ausencia de derechos laborales y condiciones de trabajo seguras y justas, la carencia de seguridad social, servicios médicos o viviendas dignas.

De esta manera dimensionamos el paraíso laboral que constituye el VSQ, debido a que jamás se obliga a los empresarios a reconocer los derechos más básicos de sus trabajadores porque la severa desregulación y precariedad laboral opera como una ventaja comparativa para atraer capital de empresas agroexportadoras que trabajen en México, ya que supone el acceso a una fuerza de trabajo barata. Es así como podemos encontrar diferentes formas de abusos laborales mediante artimañas jurídicas como lo es el llamado “salario integrado”  [2]. Asimismo, el hecho que la demanda de estos enclaves agrícolas sea estacional e intermitente favorece que la organización del trabajo y las leyes que lo regulan sean salvajemente flexibles tal como apunta Lara Flores “La competitividad de estos enclaves se sustenta en el uso depredador de la mano de obra que hacen las empresas, de la misma manera que depredan el ambiente (desertificación o salinización de tierras, contaminación ambiental de desechos, etcétera)” (2015).

Sumado a estas condiciones de explotación laboral se ha corroborado el continuo uso de pesticidas con sustancias altamente tóxicas como el bromuro de metilo, glifosato y el malatión relacionados con importantes repercusiones genéticas entre las que se encuentran enfermedades como el cáncer o malformaciones  [3].  Los jornaleros agrícolas advierten que al emplear estas sustancias tóxicas no usan ningún equipo de protección, lo que les ocasiona mareos, problemas con la vista, dolores agudos de cabeza y vómitos (Heras, 2015) así como también testifican que nadie es alertado con anticipación los sobrevuelos con pesticidas (Sin embargo, 2015).

A pesar y en contra de todas estas condiciones adversas las comunidades han logrado reinventarse en contextos pluriculturales y multilingües, organizándose en proyectos colectivos para complementar o diversificar las fuentes de ingreso familiar pero también para resistir y posicionarse políticamente de cara a la dura vida que la necesidad los empuja a habitar. En este sentido destacan las Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xihi) organización de ex jornaleras que difunden y promueven los derechos laborales, reproductivos y por una vida libre de violencia entre las jornaleras;  los Pueblos Unidos Bajacalifornianos AC organización que integra sobre todo a triquis; el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) cuyo portavoz Justino Herrera, líder triqui, enfatiza la importancia que ha tenido el frente para la organización del nuevo sindicato de facto de los jornaleros agrícolas de San Quintín el Sindicato Independiente Democrático Nacional de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) surgido como resultado de las movilizaciones.  La búsqueda por la formación de éste sindicato se debe a la iniciativa colectiva para deslindar sus acciones, pronunciamientos y posicionamientos de negociación política respecto de las centrales sindicales priístas del país como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), al ser reiteradamente reconocidos como aliados de los intereses empresariales de agroexportadores.

De cara a este contexto, el 17 y 18 marzo de 2015 800 jornaler@s bloquearon 12 puntos a lo largo de 90 km de la carretera Transpeninsular exigiendo el respeto a sus derechos laborales al trazar demandas de aumentos salariales del 100% (que parece justo considerando los ya mencionados pagos que reciben), de afiliación generalizada al Seguro Social y deslegitimando de entrada los contratos colectivos de protección patronal en manos de las referidas centrales sindicales. Poco después ingresó la policía municipal, estatal y federal a los asentamientos de l@s jornaler@s para reprimir la huelga utilizando balas de goma y gas lacrimógeno. En paralelo hubo intentos infructuosos de diálogo con las centrales sindicales y representantes de ranchos agrícolas consiguiendo una primera reunión hacia el 24 de abril. El sábado nueve de mayo de 2015 cuerpos de la policía estatal preventiva de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Baja California entraron en la comunidad triqui de la colonia nueva San Juan Copala cerca del Rancho Seco al recibir una denuncia del dueño del rancho bajo el supuesto que algunos jornaleros querían incendiar sus tierras. Hubo detenidos quienes enfrentaron cargos por obstrucción y daños a las vías generales de comunicación debido al bloqueo de la carretera Transpeninsular fijando como fianza total la absurda cantidad de casi 24 millones de pesos con los que se deberían cubrir los supuestos daños causados (Heras, 2015).

El uso de tácticas dilatorias para desgastar al movimiento es regla en este tipo de conflictos y negociaciones. Aquí se encuentran las gestiones y encuentros por parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS) con autoridades locales, su traslado a la ciudad de México donde tuvieron reuniones con miembros de las dos Cámaras Legislativas, con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda quien acordó que después del ocho de mayo la negociaciones regresarían a San Quintín con alguna respuesta a la agenda de demandas del movimiento. Lo cierto es que cuando llego la fecha el subsecretario dejo plantados a los jornaleros agrícolas bajo la justificación que no tenía transporte para trasladarse al lugar donde sería discutido el pliego petitorio elaborado por la AONEMJUS donde se demandan cuestiones fundamentales como: la creación de un sindicato nacional, gozar de los derechos laborales estipulados en la constitución, en la Ley Federal de Trabajo y en los Convenios Internacionales suscritos por México, el necesario impulso de asambleas comunitarias, la revocación del contrato colectivo que tienen los empleadores con la CTM y la CROM, el respeto al derecho de antigüedad, la afiliación obligatoria al IMSS, el pago de todas las prestaciones incluidos el séptimo día y festivos además del pago de horas extras, el respeto a los derechos de las madres trabajadoras de seis semanas antes y seis semanas después del parto, la eliminación de la tolerancia al acoso sexual a mujeres por parte de ingenieros, mayordomos generales y de cuadrilla y finalmente la municipalización de San Quintín para que el gobierno atienda sus demandas sociales y de infraestructura.

Entre la primera minuta de acuerdos del 14 mayo hasta junio se realizan negociaciones para clarificar conceptos como el “salario integrado” y nuevos términos de contratación, pero finalmente terminan desconociendo los acuerdos hacia el cuatro de junio (Rudiño, Casimiro; 2015). El siete de junio se retoman las negociaciones y se alcanzan acuerdos como el pago de salario entre 150 y 180 pesos por día a partir de la tipificación por tamaño de las empresas, la inscripción de todos los trabajadores al Seguro Social, el pago de aguinaldos e inversión estatal y federal de programas sociales en la zona.

Gracias a la lucha organizada y tenaz de los jornaleros agrícolas se consiguió el registró del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria del Trabajo (Muñoz, La Jornada, 2016). Este es un importante paso frente a las estructuras de desigualdad que los jornaleros agrícolas siguen combatiendo hasta la fecha para hacer valer y que se cumplan los acuerdos que alcanzaron gracias a sus esfuerzos de resistencia organizada. Tal como señala el líder Fidel Sánchez “Mientras ellos son millonarios: tienen yates, sus hijos andan en carros de lujo. Ellos dicen que no pueden incrementarnos el salario a 300 pesos, pero la verdad ellos son ricos gracias a que nosotros dejamos la sangre en los campos” (Rosegal, 2015). Los jornaleros agrícolas son los últimos eslabones de las cadenas de valor del sistema agroalimentario mundial que con la sobre-explotación de su trabajo, así como la simultánea sobre-explotación de escasos y estratégicos recursos naturales profundiza las desigualdades e injusticia estructurales entre los jornaleros agrícolas y la redobladas formas de explotación de los agronegocios que conforman el actual régimen alimentario corporativo consolidando, alarmantemente, sus activos en tierras y agricultura.

Fuente: GRIETA. Medio para armar  www.grieta.org.mx

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Notas

[1] “Los trabajadores tienen modalidades múltiples de contratación-por día, por tarea, por destajo, por labores de cosecha diferenciadas por cultivo, para empaque, y también por tanto con horarios diferenciados (aunque predominan, según se observa, las jornadas de 6am a 5pm con media hora o 15 minutos para comer y seis días a la semana)- y también se mueven en muchos casos con facilidad de una empresa a otra dependiendo la temporada y las tarifas por cultivo” (Rudiño, Casimiro; 2015)

[2] Con el que se abulta el salario base al sumarle diariamente las prestaciones de ley lo que les imposibilita el ahorro o prestaciones como la prima vacacional y el aguinaldo de manera que, cuando al final del año los jornaleros piden aguinaldo, en la empresa les dicen que ya lo recibieron repartido en sus pagos a lo largo del año (Rudiño, Casimiro; 2015).

[3] Al respecto Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) cita una investigación realizada en 2012 por científicos de la Universidad Autónoma de Baja California “Daño genético y exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, México”, la cual reveló que el grupo de jornaleros estudiado presentó el doble de daño genético que las personas no expuestas a plaguicidas (Rosagel, 2015)

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Fuente: Iberoamérica Social