La soberanía alimentaria para nosotros, los emberá, es vida
"La soberanía alimentaria para nosotros, los emberá, es vida. Engloba todos los recursos y riquezas que nos proporciona la Madre Tierra. Sin una soberanía alimentaria fortalecida se pone en riesgo la propia vida. Lastimosamente, la presencia de actores armados y los intereses económicos han hecho que la soberanía alimentaria sea algo que se va perdiendo. Pongo un ejemplo muy sencillo: muchas personas han tenido que dejar de sembrar sus alimentos al ser acusados de colaborar con grupos armados con esos recursos" sostiene Gabriel Marrugo, defensor de derechos humanos y miembro del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (CAMIZBA).
En una tarde soleada de junio, en una València en plena desescalada, nos encontramos en un parque del centro de la ciudad con Gabriel Marrugo, defensor de derechos humanos y miembro del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (CAMIZBA). Entre mucho hormigón, algunos árboles y los juegos infantiles todavía precintados, conversamos con Gabriel un buen rato sobre su tierra de origen y la situación de injusticia y desigualdad que allí se vive a raíz del conflicto armado, que oprime a la población indígena, afro y campesina.
Gabriel Marrugo, ¿cómo presentarías tu tarea como defensor de los derechos humanos en Colombia? ¿A qué se debe tu actual presencia en Valencia?
Mi madre es indígena emberá, lo cual hizo que pese a haber nacido y haberme criado en la ciudad de Barranquilla, decidiera ir al departamento del Chocó, en la zona del Bajo Atrato, a encontrarme con mis raíces. Al ver las necesidades y el abandono de las comunidades de la región, además de los riesgos que suponen los grupos al margen de la ley presentes en el territorio (paramilitares, ELN o el mismo ejército), decidí empezar a luchar y a defender los derechos de las comunidades para visibilizar las problemáticas existentes y tratar de mejorar la situación.
Para responder a la segunda pregunta, debo empezar diciendo que llevar a cabo esta tarea hace que uno se convierta en enemigo de muchos de los actores al margen de la ley que tienen intereses en el territorio. Es por esto por lo que estoy en Valencia, principalmente para salvaguardar mi vida, ya que en diferentes ocasiones he recibido amenazas. Llegué aquí con el Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y estoy aprovechando la estancia para visibilizar y denunciar las problemáticas que vivimos.
Tratando de contextualizar la actual situación: ¿en qué punto se encuentra la implementación de los acuerdos de paz? ¿Podría hablarse de posconflicto o sería más acertado decir que el conflicto, simplemente, se ha reestructurado?
En Colombia hubo un proceso de paz, impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, el cual buscó cerrar el conflicto histórico dado —por más de cincuenta años—entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP. Pese a que ese proceso culminó con éxito y los acuerdos se firmaron en 2016 hay que decir que estos, hoy en día, se están haciendo trizas. El actual gobierno, que ya en su día hizo oposición a los acuerdos, no está respondiendo y no está garantizando su implementación. Claramente, no podemos hablar de posconflicto. Sigue habiendo violencia y asesinatos de líderes sociales, reclamantes de tierra defensores de los derechos humanos y protectores del medio ambiente, hasta el punto de poder decir que están terminando con nuestros pueblos.
No puede decirse que haya una paz estable y duradera. Yo, por lo menos, nunca la he visto.
¿Qué consecuencias hay de esta implementación en los territorios del Chocó?
El departamento del Chocó le apostó fuertemente a la paz y se ha hecho mucho trabajo para que esta sea relevante. La realidad, sin embargo, es que la presencia de actores armados ha aumentado y la violencia sigue siendo parte de nuestro día a día.
El Estado no ha hecho nada para revertir la situación y mejorar las condiciones. Además de no terminar con la presencia de actores violentos, tampoco ha mejorado el sistema de salud o de educación, los cuales son muy precarios, así como tampoco el acceso a la vivienda digna. El departamento del Chocó es, además, el que tiene la tasa de desempleo más alta de todo Colombia. Tampoco en ese sentido se ha presentado ninguna alternativa.
¿Cómo definirías la soberanía alimentaria y qué importancia tiene? ¿Tienen la misma concepción de soberanía alimentaria las comunidades indígenas que las campesinas?
La soberanía alimentaria para nosotros, los emberá, es vida. Engloba todos los recursos y riquezas que nos proporciona la Madre Tierra. Sin una soberanía alimentaria fortalecida se pone en riesgo la propia vida. Lastimosamente, la presencia de actores armados y los intereses económicos han hecho que la soberanía alimentaria sea algo que se va perdiendo. Pongo un ejemplo muy sencillo: muchas personas han tenido que dejar de sembrar sus alimentos al ser acusados de colaborar con grupos armados con esos recursos.
Respecto a la segunda pregunta diría que si bien tanto comunidades indígenas como campesinas sembramos, las indígenas lo hacemos para el sustento propio —para la casa, la comunidad—, pero nunca como negocio. Los campesinos, en cambio, tienen un componente de negocio que hace que la concepción sea, en algunos casos, diferente a la que tenemos los indígenas. Aun así, y pese a las diferencias que puede haber, los campesinos también son protectores del territorio y defensores de la idea de soberanía alimentaria.
¿Cómo afectan a vuestro territorio las políticas y proyectos del gobierno y la intervención de actores privados?
Nuestro departamento, el Chocó, es un territorio con acceso a los dos océanos, Pacífico y Atlántico, además de tener frontera con Centroamérica a través del Tapón de Darién. Eso, sumado a su gran biodiversidad, lo hace una zona estratégica para el desarrollo de proyectos privados.
Un caso podría ser el extractivismo por parte de diversas empresas que sustraen el oro a través de maquinarias que tienen afectaciones muy negativas para el territorio. Por ejemplo, los ríos se ven contaminados y los peces, sustento alimentario de las comunidades, terminan causando efectos perjudiciales —incluso la muerte— a las personas que los ingieren.
El tipo de “desarrollo” impuesto desde estas multinacionales nos hace perder nuestra biodiversidad y supone afectaciones a todo lo que vinculamos con la vida. Estos proyectos privados cuentan, además, con el soporte de grandes sectores de la élite política colombiana: nos llenan de mentira con una visión de desarrollo y empleabilidad, pero en realidad solamente buscan su propio beneficio.
¿Qué consecuencias tiene la implementación de estas políticas y procesos sobre la vida en las comunidades? La violencia directa es la forma de violencia más visible, pero hay otras formas de violencia (cultural, estructural). ¿Qué podrías decirnos sobre estas?
La violencia es un factor determinante en los territorios. Como decía al principio, el asesinato de líderes es algo que tristemente vemos a diario. Cuando denunciamos cuestiones como, por ejemplo, los cultivos ilícitos, nos volvemos enemigos y nos ponemos en el punto de mira de los criminales que hacen presencia en el territorio y que defienden los intereses que desde hace años se mueven con el narcotráfico, detrás de los cuales están también muchos políticos del país.
Teniendo en cuenta esto, está claro que hablar es un problema serio: cuando lo haces sabes que pueden matarte directamente a plomo. Esto hace que haya un sometimiento constante y una tensión por el ejercicio de la violencia.
Pero la violencia no es solamente la que se ejerce de forma directa, sino también, como se planteaba, a través de otras formas. Pondré el ejemplo de la industria maderera. La empresa Maderas del Darién, en los años 2000, ofreció dinero y pagó muy bien para poder explotar la madera de los territorios y llevarla a ciudades como Barranquilla o Medellín. La gente al principio estaba contenta, pero cuando la empresa salió quedó un vacío. ¿Con qué nos encontramos? Nuestra cultura se había visto afectada: la gente ya no sembraba, habían mermado nuestra biodiversidad y nuestro vínculo con la Madre Tierra y se estaban dejando de practicar las costumbres tradicionales. Por otro lado, dejó unas condiciones complicadas en cuanto a desempleo y pobreza. Entonces, podría decirse que fue un proyecto que en ningún caso era sostenible y que en el largo plazo tuvo consecuencias terribles en lo referente a cuestiones culturales y estructurales. Esto también es violencia.
¿Qué tipo de iniciativas ponen en marcha las comunidades para hacer frente a esta situación? ¿Cómo se construyen las formas de resistencia desde lo local? ¿Qué son las Guardias Indígenas y qué papel juegan?
Gran parte de nuestras reivindicaciones las canalizamos a través de lo que llamamos mingas. Nos reunimos, hacemos manifestaciones permanentes, constituimos mesas políticas y de negociación, bloqueamos las vías, etc., para denunciar lo que está pasando en nuestras comunidades y zonas rurales. Con esto exigimos respuestas al Gobierno y lo hacemos siempre de forma pacífica y constructiva, tratando de encontrar soluciones a las problemáticas que vivimos.
Las Guardias Indígenas pensamos en la protección y el cuidado de las comunidades y de los recursos naturales que nos ofrece la Madre Tierra, teniendo siempre en cuenta que hay una importante conexión de tipo espiritual que toma en cuenta las cosmovisiones propias. A través de un bastón de la paz —símbolo de autoridad—, buscamos salvar vidas y cuidar nuestro territorio. Las Guardias son, por lo tanto, una forma de resistencia que nos permite ser firmes y decirles a los actores violentos y al margen de la ley que deben respetarnos. Las Guardias buscan ofrecer seguridad.
Tratando de ampliar el marco y, por tanto, pasando de lo local a lo nacional: ¿cómo entiendes que debería disputarse la lógica del empoderamiento? ¿Cómo pueden hacerse procesos de resistencia a nivel nacional teniendo en cuenta la gran diversidad y las múltiples identidades existentes en Colombia?
Para nosotros, la resistencia y el empoderamiento a nivel nacional tiene importantes dificultades. Por un lado hay el tema de lo complicado que puede ser establecer reivindicaciones con actores muy diferentes; pero, además, debe tenerse en cuenta que hay zonas rurales muy alejadas de los centros urbanos y el acceso a estos es complicado: eso hace que, para llevar a cabo una acción a nivel nacional, la preparación deba hacerse hasta con dos años de antelación.
Pese a las dificultades que pueda haber, unificar las fuerzas de los diferentes territorios y comunidades es fundamental. Con la unidad en la resistencia, sin importar de dónde venimos, no hay quien nos gane. Nunca nadie nos regaló nada: todo lo que tenemos, lo hemos conseguido luchando y reivindicando nuestros derechos. Ya nuestros ancestros lo hicieron y hoy nosotros cogemos ese legado para seguir defendiendo todo lo que creemos justo.