Ni 50 ni 220 metros: prohibición de cultivos y alimentos transgénicos
La coesxistencia con los transgénicos elimina el pricncipio de precaución y es contraria a la seguridad alimentaria. No podemos enfrentar la problemática de los transgénicos separada de la agricultura química. Mucho menos pretender el fomento de una agricultura respetuosa, responsable y agroecológica, sin afrontar los problemas de una alimentación industrializada. La reducción del debate de los transgénicos a la “coexistencia”, nos hace cada vez más impotentes para resolver dichos problemas y reducirá igualmente la defensa de nuestra seguridad alimentaria, presente y futura
LA COEXISTENCIA CON LOS TRANSGÉNICOS ELIMINA EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN[1] Y ES CONTRARIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
El Gobierno del PSOE quiere aprobar, sin más dilaciones, un Real Decreto de coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos. A esta aprobación antecede una sola consulta “secreta e irregular” en la sede de la FSM (9-6-2006) y un plazo de 15 días para alegaciones dado a las organizaciones convocadas. A la reunión fueron invitadas las organizaciones ecologistas, alguna organización agraria y las organizaciones y asociaciones que el Gobierno considera representativas de la producción-distribución-consumo, investigación, regulación y control de alimentos ecológicos[2].
En primer lugar, intenta reparar -en el único Estado de la UE donde se siembran cultivos transgénicos de forma generalizada durante casi una década-, el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de segregación de cultivos, trazabilidad y registros públicos[3]. En segundo lugar, pretende secundar las recomendaciones de la Comisión europea de verano de 2003 y la voluntad del Parlamento europeo en su Informe sobre coexistencia entre plantas cultivadas modificadas genéticamente y plantas cultivadas convencionales y ecológicas (A5-465-2003, 4/12/03), que expresa claramente la subordinación del principio de precaución a la libertad de “elección” de los agentes en el mercado[4].
En ningún momento, el Gobierno del PSOE ha pretendido proteger la agricultura y la alimentación de los riesgos de cultivos y alimentos transgénicos, sino por el contrario, impulsar la coexistencia pacífica en el campo y en el mercado de alimentos químicos, transgénicos y ecológicos. Aunque en marzo de 2005, el Ministerio de Agricultura retiró su primer borrador argumentando que quería elaborar una normativa de coexistencia que incorporase las demandas de los sectores de la alimentación ecológica y las ONGs ecologistas, el siguiente borrador, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, fue presentado a la opinión pública, sin ningún diálogo previo con los sectores mencionados, de cara al verano (19/7/05)y sin pasar por la Comisión de Biovigilancia. Con este último borrador, ambos Ministerios han tardado 3 meses en presentarlo a un número muy reducido de organizaciones a las que, simultáneamente, mantienen entretenidas firmando convenios y solicitando subvenciones[5].
Los diversos borradores
A lo largo de esta legislatura, el Ministerio de Agricultura ha presentado 3 borradores de Real Decreto (4/11/04, 19/7/05 y éste último, 20/4/06). Junto con el borrador de Orden elaborado por el PP en febrero de 2004, son 4 intentos de regular la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos en el Estado Español. Excepto en el cambio de rango de la normativa (de Orden a Real Decreto), los borradores del PP y del PSOE son herederos de la misma voluntad, desarrollar los cultivos y alimentos transgénicos, y pretenden el mismo objetivo, legalizar la contaminación para proseguir la industrialización y globalización de los alimentos que exigen las multinacionales del agronegocio.
Los distintos borradores aparentan, a los solos efectos de sus impactos comerciales, evitar, tanto los daños a la producción de las parcelas colindantes, como la retirada de materias primas y productos alimenticios con niveles de contaminación por encima de los tolerados legalmente –es decir, en cultivos químicos declarados “libres de transgénicos” y en cultivos ecológicos-. Esta regulación de coexistencia no se ocupa de la gestión de los riesgos de contaminación de los cultivos y alimentos transgénicos que tengan que ver con la contaminación ambiental, la salud humana o las posibilidades de supervivencia de una agricultura ecológica y libre de transgénicos.
El nuevo proyecto apenas se diferencia del borrador de orden del PP y de los 2 borradores de Real Decreto del PSOE anteriores a éste. En las distintas ediciones, preámbulo, estructura, contenido y anexos son los mismos. Únicamente difieren en matices de competencias de las CCAA –capacidad de aplicar medidas más restrictivas que incorporó el 2º borrador del PSOE y retiró en el último- y en la distancia de seguridad entre cultivos de maíz transgénicos y no transgénicos –25 metros en el borrador del PP y primero del PSOE, 50 metros en el segundo y 220 metros en este último-. Además de una insuficiencia demostrada de las distintas distancias de seguridad propuestas para evitar la contaminación de polen de maíz transgénico (puede llegar hasta 800 metros, según los expertos), el conjunto de medidas (durante el cultivo, en la cosecha y el almacenamiento) resultan inadecuadas para proteger de la transferencia y contaminación genética a los microorganismos del suelo y a otras especies silvestres y de cultivo. Tampoco sirven para impedir la resistencia que las plagas de otros cultivos generan ante los insecticidas segregados por los maíces transgénicos o la eliminación de insectos beneficiosos para combatir esas mismas plagas. Nada hacen frente a la transferencia genética de resistencia a herbicidas por parte de los cultivos transgénicos a las hierbas que compiten con otros cultivos no transgénicos. Por último, están lejos de protegernos de las alergias de origen desconocido, de la incorporación de genes transgénicos a través de la cadena alimentaria y mucho menos, de asegurar una alimentación segura y fuera del control de las multinacionales para las generaciones futuras.
El contenido más significativo para juzgar la intención del legislador es haber mantenido un artículo de excepciones (art. 9) en todos los borradores que permite saltarse las normas si las parcelas colindantes no tienen cultivos de la misma especie o si los agricultores de la misma zona acuerdan todos sembrar transgénicos (contaminación generalizada). Aunque las medidas obligatorias destinadas a reducir la contaminación –distancia de seguridad, zonas de refugio o tampón, rotación de cultivos, cosechado independiente y segregación de cosechas, etc., son medidas de dudosa efectividad, al menos podrían considerarse “desincentivadoras” del uso de cultivos transgénicos por las molestias y el gasto ocasionado. Estas excepciones simbolizan la verdadera voluntad del Gobierno, más allá de gestos publicitarios como apoyar la prohibición de transgénicos en otros Estados de la UE y no hacerlo en el propio. Por el contrario, aprovechan para ampliar la lista de variedades transgénicas autorizadas y se retrasan en retirar las rechazadas por la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria [6].
El problema mayor: sustitución del principio de precaución a priori por la coexistencia a posteriori
El verdadero problema arranca del cambio de perspectiva ocurrido en materia de transgénicos en la UE poco antes de finalizar la moratoria. En lugar de considerar a la propia tecnología en sus fundamentos, forma de aplicación e intereses a los que sirve, un peligro del que hay que protegerse y que agudiza los problemas que dice resolver, se acaba concediendo una aceptación general, promoviendo una evaluación caso por caso y basada en argumentos políticos a favor de las multinacionales y disfrazados de exclusivamente técnicos. El principio de precaución es desterrado a una posición decorativa y casi testimonial porque deja de ser un instrumento preventivo, al exigir la demostración científica del daño.
Invocando al principio de precaución, se impuso desde 1998 a 2004, una moratoria acordada en Consejo de Ministros de junio de 1998 que, en la práctica, ha paralizado durante 6 años nuevas autorizaciones en la UE y el cultivo en prácticamente todos los estados miembros, a excepción de España. Con dicha moratoria se creó la ilusión de que la UE, empujada por el rechazo de sus ciudadanos a los alimentos transgénicos, iba a constituir el freno al avance mundial de transgénicos. Sin embargo, sólo sirvió para tranquilizar a la opinión pública (a partir de ahora se harían bien las cosas) y para que las grandes ONGs ecologistas, líderes del movimiento antitransgénico, aceptasen la evaluación “caso por caso” si ésta, como prometía, era rigurosa.
La moratoria fue levantada una vez que la normativa de autorización había fortalecido la evaluación de riesgos y se había desarrollado una normativa de etiquetado que permitiera identificar los alimentos transgénicos y detectar si los alimentos no transgénicos que llegaban al consumidor final contenían transgénicos por encima de un nivel determinado (se acepta un 0,9% de contaminación accidental y no hay obligación de etiquetar productos de origen animal alimentados con piensos transgénicos). También se producía bajo la amenaza de denuncia de la OMC por obstruir el acceso a los mercados europeos. Con el etiquetado apareció la “libre elección” como argumento democrático para maquillar una imposición. Este fortalecimiento exigía más controles administrativos y más seguimiento, medidas todas ellas costosas para países del Sur que, tras el cese de la moratoria europea, quedaban a su suerte.
Casi un año antes de levantar la moratoria, se inicia una apuesta por regular la coexistencia como mecanismo para legalizar la convivencia de los cultivos y alimentos transgénicos en el campo y en el mercado y en sustitución del principio de precaución. Parte de la consideración de que los cultivos y alimentos transgénicos autorizados son “inocuos” porque han superado el proceso de autorización evaluados “caso a caso”.
De esta suerte, la única dimensión necesaria para la coexistencia, en el campo y en el mercado, de alimentos transgénicos, químicos y ecológicos, es regular las normas “precisas” para que cada una de las producciones pueda venderse sin ser expulsada del mercado al detectarse una contaminación transgénica ilegal (por no tener autorización o por haber resultado contaminado un producto no transgénico).
También puede contemplar (no es el caso del proyecto del PSOE) en caso de incumplimiento, un régimen sancionador. Ni siquiera sirve para minorar de forma suficiente, los efectos económicos y de pérdida de mercados que la contaminación causa a productores “convencionales” y ecológicos, mucho menos para, en palabras del Parlamento Europeo, “ser la condición previa de gestión de riesgos” provocados por los transgénicos. Las medidas correctoras y su seguimiento trasladan a la administración pública y a los agricultores unos costes que, de hecho, sirven a las multinacionales biotecnológicas para financiar la introducción y experimentación de estos cultivos y de sus riesgos.
Este cambio, impulsado por la Comisión a favor de las multinacionales biotecnológicas, es asumido por el Parlamento Europeo y Gobiernos como el nuestro, al dar más importancia a la libertad de los operadores del mercado que a la seguridad y salud de ciudadanos y medio ambiente. También ha colonizado, como podemos observar en sus argumentos para dialogar con la Administración, a las burocracias de las ONGs ecologistas, aunque empleen otro lenguaje para sus bases y los movimientos sociales[7].
La mejor aplicación del “principio de precaución” es la prohibición de los cultivos transgénicos. Ninguna coexistencia es posible
El Gobierno del PSOE presenta la normativa de coexistencia como la única fórmula posible, hoy por hoy, de evitar la contaminación que se ha generalizado precisamente por el consentimiento de cultivar transgénicos cuando no había garantías de ausencia de riesgos ni beneficios reales para los agricultores, más allá de la propaganda de las empresas de semillas. Durante casi una década, las principales ONGs ecologistas en el Estado Español (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace), en aplicación del “principio de precaución” en el terreno de los transgénicos, han defendido una moratoria (paralización de su uso) ante los riesgos que, cultivos y alimentos transgénicos, podían causar sobre la salud y el medio ambiente. Sin embargo, desde marzo de 2005 y sin renegar explícitamente del principio de precaución, abandonaron la exigencia de una moratoria y realizaron una campaña de captación de adhesiones a favor de una reglamentación de coexistencia de los cultivos transgénicos[8].
El motivo para este cambio fue la llamada del Gobierno del PSOE para negociar los contenidos mínimos de esta normativa de coexistencia de los cultivos transgénicos con los no transgénicos. El resultado ha sido el fortalecimiento de la política transgénica del Gobierno y una rebaja de contenidos en el movimiento de lucha contra los transgénicos, lo que facilita su imposición creciente. Las consecuencias del cambio de estrategia a favor del PSOE han producido en los movimientos sociales el aislamiento de los colectivos y organizaciones que hemos denunciado este retroceso en la defensa de una agricultura y alimentación sin transgénicos.
Los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs), ante la iniciativa de negociar la coexistencia de marzo de 2005 cuestionamos su viabilidad, sus razones y el debilitamiento del movimiento de lucha contra los transgénicos. A partir de aquí hemos ido señalando los problemas de esta estrategia seguidista del PSOE y sus servidumbres[9].
Nuevamente y en respuesta a un último borrador del Gobierno del PSOE para regular la coexistencia de cultivos transgénicos con los no transgénicos, la única reacción asumible desde colectivos que defendemos la agroecología y el consumo responsable como base para la seguridad y soberanía alimentarias de todos los pueblos, es que no hay motivos que justifiquen la continuidad de los cultivos y alimentos transgénicos autorizados y, mucho menos, renunciar al principio de precaución o malversarlo en una coexistencia regulada. Cada día aparecen nuevos casos de contaminación sobre cultivos, alimentos y piensos no transgénicos por parte de cultivos comerciales y experimentales transgénicos. Todo ello con el amparo de la legislación más rigurosa del mundo. Si no se frena esta situación, será inevitable la extensión de los transgénicos a otros cultivos. A MEDIO PLAZO, MÁS ALLÁ DE SUS RIESGOS IMPREVISIBLES, LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON INCOMPATIBLES CON LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS. LOS TRANSGÉNICOS HARÁN INVIABLE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA Y LA PROTECCIÓN DE LAS SEMILLAS, TANTO COMUNES (DE USO PUBLICO NO PATENTADO), COMO ECOLÓGICAS.
El planteamiento dominante en el movimiento contra los transgénicos que lideran las ONGs ecologistas y sus socios, a favor de la coexistencia “pacífica” ante la imposición de cultivos y alimentos transgénicos [10], se confirma como insuficiente para abordar los problemas de inseguridad alimentaria, por varias razones:
1) Está encerrado en la lógica interna de los transgénicos y dedicado a responder puntualmente a cada legalización, cada normativa, cada caso de contaminación, lo que impide enfrentar los problemas de la agricultura y la alimentación buscando una salida estratégica.
2) Señala la contaminación transgénica sobre la agricultura convencional, desvinculándola de la contaminación química de ésta última sobre el medio ambiente y la salud humana, cuyos daños llevan 50 años mostrándose, aunque ocurre como en los transgénicos, a medio y largo plazo y por acumulación.
3) El único argumento de participación esgrimido frente a la imposición de los transgénicos es el “derecho a decidir”.
Aunque la propaganda de la industria biotecnológica simula lo contrario, los transgénicos son el desarrollo necesario de la agricultura química en una forma más acabada de despliegue de la agricultura industrial. En comparación a los parámetros de la agricultura química, se presentan como la alternativa [11] a algunos de los problemas generados por ésta (contaminación por químicos, salinidad y erosión de suelos, resistencia de las plagas a los pesticidas, pérdida de cosechas, etc).
La concepción de “química” y “transgénica” como formas -anterior y posterior- de la misma agricultura y alimentación industrial, en su proceso de desarrollo del mercado global, permite identificar mejor los problemas de la agricultura y alimentación actual y la necesidad de abordarlos desde perspectivas agroecológicas: a) independientes de la tecnología de las multinacionales, b) que incorporan los conocimientos campesinos tradicionales, c) más accesibles a l@s pequeñ@s agricultor@s y campesin@s pobres y d) basadas en el diálogo con la naturaleza y con las necesidades de la seguridad y la soberanía alimentarias de toda la población y no sólo de los sectores con solvencia económica.
No podemos enfrentar la problemática de los transgénicos separada de la agricultura química. Mucho menos pretender el fomento de una agricultura respetuosa, responsable y agroecológica, sin afrontar los problemas de una alimentación industrializada. La reducción del debate de los transgénicos a la “coexistencia”, nos hace cada vez más impotentes para resolver dichos problemas y reducirá igualmente la defensa de nuestra seguridad alimentaria, presente y futura, a la aportación de pruebas de sus riesgos y daños, de una en una. Una forma de evitar esa impotencia es mostrar los límites de nuestros planteamientos actuales y articular, a la vez, estrategias de fomento de una agricultura y una alimentación agroecológicas y responsables al margen del mercado global, que incluyan la sensibilización y la participación de personas y colectivos para involucrarse en algo más que rechazar los transgénicos.
NI 50, NI 220 METROS: PROHIBICIÓN DE CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) de Madrid, julio de 2006
NOTAS
[1] El principio de precaución significa que la autorización de cualquier tecnología o cualquier producto, acredite debidamente que no constituye ningún riesgo, presente o futuro, antes de comercializarse. En aplicación de este principio en la UE se autoriza su comercialización sólo si no es nocivo para la salud. En EEUU es al contrario: se comercializa mientras no demuestre su nocividad.
[3] Segregación: es la separación de cultivos transgénicos y no transgénicos en semillas, siembra, recolección, almacenamiento y transporte para impedir la mezcla de unos y otros. Trazabilidad: es el mecanismo por el cual, puede saberse de dónde procede un alimento y/o los ingredientes que han intervenido en su elaboración. Registros públicos: la localización y características de cultivos comerciales y experimentales con transgénicos tienen que incluirse en un registro al que debe tener acceso cualquier ciudadano.
[4] El primer párrafo del preámbulo se inicia con el siguiente texto: “Considerando que la coexistencia entre las variedades modificadas genéticamente, por una parte, y las variedades convencionales y biológicas no modificadas genéticamente, por otra, constituye la base de la libertad de elección tanto de los consumidores como de los agricultores y es al mismo tiempo la condición previa de la gestión de riesgos prescrita en la Comunidad en relación con los organismos modificados genéticamente”. El subrayado es nuestro.
[5] Las organizaciones ecologistas tendrán la oportunidad, por primera vez en la historia de la democracia española, de solicitar subvenciones para gastos de personal, viajes y mantenimiento de sus instalaciones. Durante los meses de mayo y junio se han publicado las normas y las convocatorias que se cierran a primeros de julio. (Orden MAM 1573/2006 de 16 de mayo –BOE núm 123, pag. 19597- y Resolución de 25 de mayo de la Subsecretaría de Medio Ambiente –BOE núm 134, pag. 21621-). Con esta subvención otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, las organizaciones ecologistas, que ya compartían, con la llegada del PSOE al Gobierno, en términos de igualdad, mesa con patronales, sindicatos y organizaciones agrarias, se equiparan también en razones y “raciones” (280.000 euros) para apoyar las políticas institucionales y reducir su ecologismo a la autooposición regulada.
[6] En julio de 2005, coincidiendo con la publicación del penúltimo borrador, se autorizaron 14 nuevas variedades transgénicas del maíz MON-810, alcanzando la cifra de 31 en total. El maíz Bt 176 que debía haberse retirado en enero de 2005, no se hizo hasta julio, ampliando con ello una cosecha en condiciones de ilegalidad.
[7] Una de las debilidades del discurso ecologista sobre transgénicos reside en plantear la prohibición de éstos aludiendo exclusivamente al incumplimiento de las normativas europeas o a aquellas autorizaciones en las que ha habido ocultación de pruebas. Equivale a decir que si se cumpliera la normativa europea (registros de campos de cultivo, trazabilidad, etiquetado, medidas protectoras de cultivos y productos no transgénicos ante contaminación y efectos nefastos sobre agricultura) se aceptarían los transgénicos en régimen de igualdad con el resto de las tecnologías agrarias. Otra es asumir, aunque se argumenten razones de pragmatismo, la necesidad de una normativa de coexistencia para desde ahí, pretender elevar el grado de protección de los cultivos ecológicos en base a reclamar “zonas libres de transgénicos”. Aunque entre los “déficit” criticados a la normativa de coexistencia se señala su preocupación exclusiva en las cuestiones comerciales, los argumentos empleados para con los problemas generados a los agricultores ecológicos son también comerciales: descatalogación de sus productos como ecológicos y consiguiente pérdida de mercado, obviándose los problemas más graves y de fondo.
[8] “Consideraciones básicas a incluir en las normas españolas sobre coexistencia entre cultivos modificados genéticamente, cultivos convencionales y ecológicos” 30 de marzo de 2005.
[9] A continuación incluimos enlace con textos que ilustran los límites de la negociación con el Gobierno en materia de coexistencia:
El fin de la moratoria europea de transgénicos ¿A quién beneficia? (20/6/2004);
No a los cultivos y alimentos transgénicos. Carta a la ministra de medio ambiente (24/11/2004);
La unidad de la izquierda y los transgénicos: una victoria pírrica (17/5/2005);
Carta a Zapatero sobre su política de transgénicos (30/11/2005);
Contra las semillas Terminator y el comercio global de alimentos (16/2/2006);
Transgénicos, un año después. Otra coexistencia es imposible (18/5/2006).
[10] Hace un mes Greenpeace se desmarcó de la coexistencia, con un informe elaborado junto con la Asamblea Pagesa y la Plataforma Transgenic Fora cuyo título era “La Imposible Coexistencia”. Pero, en un nuevo giro hacia el pragmatismo, ahora lidera con la COAG, las alegaciones al último borrador de coexistencia. Este es el doble lenguaje de las burocracias de las grandes ONGs ecologistas.
[11] No elimina el uso de químicos, sólo asevera que se reducen la necesidad de algunos herbicidas e insecticidas. El uso de genes resistentes a algunos herbicidas, abona precisamente la tesis contraria, que aumentará su uso, como se muestra hasta la fecha, en la práctica de la agricultura transgénica.
Grupos Autogestionados de Konsumo de Madrid (GAKs)
Fuente: CAES